Alrededor de las 02:15 de la madrugada de este sábado, bomberos y efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Sáenz Peña, acudieron a la calle 21 bis entre 34 y 36 del barrio Yapeyú tras el aviso de vecinos al 911, donde constataron que un automóvil Fiat Uno rojo se encontraba volcado sobre la calzada con las ruedas hacia arriba. El conductor, un hombre de 72 años, había sido trasladado previamente en ambulancia al Hospital 4 de Junio. De acuerdo a las averiguaciones y registros de monitoreo urbano, el vehículo perdió la estabilidad e impactó contra un poste de alumbrado público antes de quedar volcado. En el sitio, el personal de la División Bomberos y Escuadrón Bomberos Voluntarios realizaron tareas preventivas, efectuaron el corte de batería para evitar incendios y aguardaron el trabajo de la División Criminalística. Posteriormente el rodado fue estabilizado y retirado, quedando a resguardo de un familiar a la espera de la grúa del seguro. El conductor permanece internado, estable y bajo observación médica, mientras la Fiscalía interviniente continúa con las actuaciones por supuesto accidente de tránsito.
Autor: Redacción General
La Bancaria activó una nueva actualización salarial en base a la inflación anunciada por el Indec. Fijó un incremento salarial del 2,9%, tal como marcó el índice de precios al consumidor, y llevó el inicial del sector a los 2.125.068 pesos. La Asociación Bancaria anunció una nueva actualización salarial correspondiente a enero de 2026, con un incremento del 2,9% sobre los haberes de diciembre, en concordancia con el nuevo índice de inflación anunciado hace pocos días. Con esta suba, el salario inicial de la actividad pasó a ubicarse en $2.125.068. El sindicato que comanda el también diputado nacional, Sergio Palazzo, informó que la mejora se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas, tanto remunerativas como no remunerativas. Así, la actualización forma parte del mecanismo acordado previamente entre el gremio y las cámaras empresarias para sostener el poder adquisitivo frente a la inflación. Según detalla el comunicado, las partes retomarán la negociación paritaria integral en la segunda quincena de marzo de 2026, instancia en la que se revisará nuevamente la evolución de los salarios en función del contexto económico. El salario bancario suele ubicarse entre los más altos del mercado laboral formal argentino, debido a la fuerte sindicalización de la actividad y a su capacidad de negociación. Además del incremento mensual, se definió el monto mínimo para el Día del Bancario, que quedó fijado en $ 1.894.425,01. Esa cifra podrá ser actualizada si se registran nuevas variaciones inflacionarias en los próximos meses. El adicional por el Día del Bancario es uno de los conceptos históricos del convenio colectivo del sector y suele actualizarse en sintonía con los acuerdos salariales. Infogremiales
El Instituto de Cardiología de Corrientes concretó el primer implante de válvula aórtica “sutureless” Perceval, una tecnología utilizada para el tratamiento de la estenosis aórtica. La intervención permite tratar la dolencia con menor tiempo quirúrgico y recuperación más rápida. La paciente evolucionó favorablemente y fue dada de alta. Este tipo de prótesis se caracteriza por no requerir suturas convencionales para su fijación, lo que agiliza el procedimiento quirúrgico. Según se informó desde la institución, la técnica permite optimizar los tiempos en quirófano y reducir la duración total de la cirugía. La estenosis aórtica es una patología que afecta la válvula del corazón y dificulta el flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. En determinados pacientes, el reemplazo valvular resulta necesario para mejorar la función cardíaca y la calidad de vida. Desde el Instituto señalaron que la incorporación de esta tecnología amplía el abanico de opciones terapéuticas disponibles. El centro cuenta con más de diez años de experiencia en procedimientos TAVI -implante valvular aórtico transcatéter-, técnica menos invasiva que se utiliza en casos seleccionados. En esta oportunidad, la paciente intervenida evolucionó de manera favorable y recibió el alta médica tras la cirugía. Con este procedimiento, la institución suma una nueva alternativa en el abordaje quirúrgico de la enfermedad valvular aórtica, dentro de su esquema de atención cardiovascular en la provincia. Radiosudamericana
Así lo manifestó el ministro de Seguridad del Chaco, Hugo Matkovich en una rueda de prensa llevada a cabo este viernes en Casa de Gobierno. “Estamos analizando todas las posibilidades para que la Policía del Chaco tenga el reconocimiento económico que se merecen”, dijo. El anuncio del ministro se efectuó durante una acto oficial para reconocer y agradecer públicamente el trabajo de efectivos de la Policía del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial que participaron en la investigación del femicidio de Cecilia Strzyzowski, proceso que culminó con la condena a prisión perpetua para los integrantes del denominado “Clan Sena”, cuyas sentencias fueron leídas el pasado martes 10 de febrero. En este sentido, mediante una rueda de prensa llevada a cabo este viernes por la mañana en Casa de Gobierno en Resistencia, el funcionario se refirió a la situación salarial de la Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en medio de los conflictos registrados en otras provincias como Santa Fe y la posibilidad de reclamos en Corrientes. El funcionario sostuvo que la provincia “ha tenido pautas muy claras” en materia salarial y recordó que el año pasado Chaco realizó “un gran esfuerzo”, ubicándose, según indicó, como la provincia con los salarios más altos a nivel regional para el personal de seguridad. No obstante, reconoció que el contexto económico es complejo y que el Gobierno chaqueño analiza alternativas. “Estamos estudiando todas las posibilidades para que tanto el servicio como la policía tengan un reconocimiento económico que se merecen, siempre dentro de las posibilidades financieras que tiene nuestra provincia, que son complejas”, afirmó. Estos anuncios se dan después de los hechos vividos en Rosario, Santa Fe en los últimos días, donde la policía de provincia reclamó por tres días seguidos, mejoras salariales y óptimas condiciones laborales que fueron concedidas por el gobernador de ese distrito tras los reclamos.
En un frente común que representa diversidad y federalismo de la Argentina, las máximas autoridades laborales de diversas provincias presentaron una nota formal ante el Secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El documento exige la urgente convocatoria a una sesión presencial del Consejo Federal del Trabajo (CFT) para tratar de forma exclusiva el proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, que acaba de conseguir media sanción. La solicitud cuenta con el respaldo de ministros y secretarios de carteras laborales clave, subrayando la relevancia política y social del pedido. Entre los firmantes se encuentran el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Jorge Walter Correa, junto a autoridades de las provincias de Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego. Los firmantes sostienen que las provincias son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional, ya que son quienes enfrentan cotidianamente la conflictividad laboral en el territorio. Además, recuerdan que, según el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212), es obligatorio sesionar al menos cada tres meses, un plazo que debe respetarse especialmente ante debates que comprometen intereses no solo laborales, sino también fiscales y de inspección de las jurisdicciones. Las provincias se unen para reclamarle a Cordero que convoque al Consejo Federal del Trabajo para debatir la Reforma Laboral“Esto no pasó nunca. El Consejo tiene más de 30 años de vida y nunca dejó de funcionar 3 o 4 veces al año, como lo marca la Ley 25.212 , señalaron”. Y agregan: “La última fue la nada misma. Nos citaron en Alem 650, piso 18, nos dieron un poco de agua a cada uno y, más allá de las denuncias que hicimos las provincias respecto del desastre y que el CFT no puede no funcionar en un momento donde ya cerraron 20.000 empresas y se perdieron 300.000 puestos de trabajo, no hubo respuesta”. “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”, sostiene el documento presentado ante la cartera laboral nacional. Ante la magnitud de la reforma que el Senado otorgó media sanción, las autoridades provinciales consideran absolutamente necesario activar este organismo para garantizar que la realidad de cada región sea escuchada. Infogremiales
Este viernes, el gobernador Leandro Zdero, junto a la presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), Ana Mitoire, acompañó la jornada recreativa destinada a personas con discapacidad en la sede del Instituto de Atención y Desarrollo (IAD), en Resistencia. La actividad se desarrolló hoy en el marco de la “Fiesta de Carnaval”, una propuesta organizada por el IAD junto a la red de instituciones Crecer con Todos, con el objetivo de promover la inclusión también en el ámbito recreativo. Durante el encuentro, el mandatario provincial dialogó con autoridades del Instituto de Atención y Desarrollo para avanzar en acciones conjuntas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. “Visitamos el IAD para acompañar esta fiesta de carnaval, bajo el lema de la inclusión que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida, también con la recreación”, expresó Mitoire. En ese sentido, remarcó que “la inclusión debe ser real y esto se logra estando en territorio y acompañando a las personas y a las instituciones, sin intermediarios, tal como lo pide el gobernador”. Por otra parte, la titular del IPRODICH anticipó que 2026 será un año de fuerte presencia territorial, en contacto con los prestadores de servicios. Además, anunció que una de las primeras acciones previstas será la realización de capacitaciones destinadas a fortalecer el trabajo de las instituciones. Asimismo, señaló que se continuará profundizando la inclusión laboral mediante programas vigentes como “Impulsar Chaco” y la Sponsorización para personas con discapacidad. “Invitamos a todos a sumarse a estas iniciativas para avanzar juntos en este camino de inclusión”, sostuvo. En tanto, la coordinadora del IAD, Verónica Perrone, agradeció la presencia del Gobernador y destacó el espacio de diálogo generado para abordar los temas vinculados a las instituciones. “Permanentemente nos acompañan y auditan; juntos vamos avanzando hacia una sociedad inclusiva”, afirmó. El IAD integra la red de instituciones de “Crecer con Todos” y brinda atención a personas con discapacidad en la provincia, articulando acciones con el Estado provincial a través del IPRODICH.
El pago de los empleadores a un fondo para despidos sería compensado con una rebaja en los aportes a la seguridad social; cómo se financian las prestaciones previsionales y qué se modificaría si se aprueba la iniciativa. Las prestaciones de la seguridad social se financian con un mix de recursos que provienen de diferentes fuentes. El proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado y que será tratado en Diputados busca disponer que, como contrapartida del ingreso de dinero a un fondo para eventuales pagos por desvinculaciones de personal, los empleadores tengan una rebaja en la contribución destinada a financiar las prestaciones de la seguridad social a cargo de la Anses. De acuerdo con el texto finalmente votado en la Cámara Alta, el pago de los empleadores con destino a un Fondo de Asistencia laboral (FAL) será de 1% de las remuneraciones del personal en el caso de las grandes empresas, y de 2,5% si se trata de micro, pequeñas y medianas empresas. Lo ingresado se descontaría de las contribuciones para la seguridad social, que así se verían reducidas. En principio, el mecanismo se pondría en marcha el 1° de junio próximo, aunque el Poder Ejecutivo podría postergar la entrada en vigencia hasta un máximo de seis meses, según el texto votado. Y podría establecer más adelante que las alícuotas suban hasta 1,5% y 3%, según sean grande o micro, pequeñas y medianas empresas. Ambas decisiones dependerán de la situación fiscal, porque la medida le quita recursos al Estado para el pago de las prestaciones. Y lo cierto es que la reducción de las cargas no provocaría una caída en los ingresos jubilatorios ni de otro tipo que cobra mensualmente parte de la población (como las asignaciones por hijo). No están previstas, de hecho, modificaciones ni al cálculo de los haberes iniciales de quienes se jubilan, ni a la movilidad posterior de esos ingresos. Lo que ocurrirá, entonces, es que los recursos que no le lleguen a la Anses por efecto del recorte de las contribuciones, le deberán llegar desde otras fuentes, que hoy ya son utilizadas para los pagos de la seguridad social. De todas maneras, es cierto que el gasto previsional podría achicarse este año, o crecer de manera más moderada que en otros períodos, por una razón diferente a la de un cambio en el cálculo de los haberes o en la movilidad. El motivo sería una menor cantidad de nuevos jubilados, considerando que ya no rige la principal moratoria por la cual en los últimos años se otorgó la mayoría de las prestaciones. El sistema previsto por la ley 27.705 para quienes estaban en edad jubilatoria y no habían reunido como mínimo 30 años de aportes, perdió vigencia el 23 de marzo de 2025, y en todo ese año los nuevos jubilados fueron 338.553, un 20% menos que en 2024 (de todas maneras, siguen rigiendo alternativas para cubrir faltantes de aportes). Las contribuciones actuales La iniciativa del Gobierno prevé una reducción “en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social” de igual porcentaje de las remuneraciones que el aporte al FAL. La ley 27.541 fija una alícuota de 20,4% de las remuneraciones para las grandes empresas privadas de servicios o de comercio, y de 18% para el resto de los empleadores (otras actividades y todas las pymes, además de entidades y organismos del sector público). Los recursos de esas contribuciones van a diferentes destinos de la seguridad social, apunta el abogado previsionalista Daniel Pérez. Alrededor de 60 de cada 100 pesos van al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), 26 de cada 100, a asignaciones familiares; algo más 5 de cada 100, al Fondo Nacional del Empleo, y unos 8 pesos de cada 100, al PAMI. Si se pusiera en marcha el FAL, el Estado debería enviar a la Anses más fondos provenientes de impuestos. Eso tendría un efecto fiscal, que el proyecto del Gobierno no indica cómo compensará. Cómo se financian las jubilaciones Las prestaciones pagadas por la Anses tienen tres fuentes de financiamiento: los aportes y contribuciones de empleados y empleadores y de monotributistas y autónomos; una parte de la recaudación de tributos con asignación específica (como todo el impuesto al cheque y algo más de 10% del IVA), y las asignaciones del Tesoro para cubrir el déficit del sistema. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social, en 2025 el 79,4% de los recursos del sistema fueron “propios”, entendiendo como tales a los aportes y contribuciones y a los impuestos con asignación específica), y el 20,6% fue cubierto con giros del Tesoro (dinero de la recaudación general). En 2024, los recursos propios habían cubierto el 87% de los pagos, luego de que a partir de 2021 ese porcentaje subió año a año (en 2020 se tocó un piso de 55%). Si se aprueba la rebaja de las contribuciones, tendería a ampliarse la participación del Tesoro en el financiamiento. “Están considerando una mayor afluencia de impuestos” para el pago de prestaciones, sostiene Pérez, quien enfatiza que no se afectarán los montos de las jubilaciones, porque eso está definido por la ley de Presupuesto. En rigor, el discurso del Gobierno apunta al optimismo respecto de que, como efecto de la ley, crecería la ocupación laboral registrada y, en consecuencia, la recaudación por contribuciones. Pero, ¿en qué medida realmente podría ocurrir eso? “Imposible responder”, analiza el economista Osvaldo Giordano, presidente del Ieral de Fundación Mediterránea y exdirector ejecutivo de la Anses, quien sostiene que, más allá de eso, existen varias razones para una reforma previsional. “La Argentina tiene un gasto previsional relativamente elevado (más alto que el de países con demografía parecida), se gasta mal (hay muchas inequidades, malos incentivos e ineficiencias) y aumenta la expectativa de vida a la vez que baja la natalidad”, describe. Para este año, la ley de gastos del Estado nacional no contempla cambios para el cálculo de las jubilaciones ni para la movilidad mensual según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco se
El espacio plenario por la conmemoración por los 50 años del golpe de estado en Corrientes, decidió convocar a un abrazo en defensa del Espacio de Memoria Regimiento 9 dónde funcionó un Centro Clandestino de Detención y Exterminio en 1976-1977. Será el próximo martes 17 de febrero a las 9 de la mañana. En los últimos días surgieron informaciónes referidas a negociaciones sobre el predio entre el gobierno nacional y provincial, que no manifestaron explícitamente el respeto irrestricto ante un sitio de memoria sobre el terrorismo de estado en argentina. El Tribunal Oral Federal de Corrientes en su sentencia en el Juicio Regimiento 9 del año 2008 – la que se encuentra firme – , reconstruyó: “Que en el Regimiento 9 funciono un Centro Clandestino de Detención y a cargo del grupo de tareas, es donde principalmente se desarrollaron los crímenes . Los imputados actuaron con una gran discrecionalidad, realizaron detenciones ilegales, interrogaron bajo tormentos a los detenidos y los sometieron a condiciones indignas de alojamientos, bajo condiciones inhumanas (malos tratos, vejámenes, torturas); en su mayoría jóvenes de ambos sexos, vinculados a procedimientos que el Ejército realizaba en el marco de la lucha contra la subversión; mientras se los mantenía clandestinamente en cautiverio, para luego decidir el destino final de cada víctima: el ingreso al sistema legal (Poder Ejecutivo Nacional o Poder Judicial), la libertad o simplemente la desaparición física.- También se encuentra probado que el Grupo de inteligencia se componía por el entonces Oficial S2 del R I 9 Capitán (anteriormente Teniente 1°) Juan Carlos De Marchi, el Subteniente (mas tarde Teniente y también S2) Rafael Julio Manuel Barreiro, el Teniente Horacio Losito, y el Alférez Raúl Alfredo Reynoso, perteneciente a Gendarmería Nacional, Institución por entonces subordinada al Ejército en la lucha contra la subversión. El grupo de inteligencia del Regimiento 9, con la colaboración del área de inteligencia de la Sección Corrientes de Gendarmería Nacional, conformaban el grupo de tareas que encabezaba la lucha antisubversiva, tenía pleno poder para actuar de modo discrecional, y contaba con la participación de otros estamentos dentro del Regimiento y Gendarmería, como ser el jefe del R I 9 y el jefe de la Sección de Gendarmería. Se halla probado que a partir de allí el grupo de tareas se dedicó a llevar a cabo los hechos delictivos que componían su objeto, conformando una organización horizontal de mando, mas allá de los grados militares, que si bien eran respetados, todos tenían una parte de la ejecución y en las decisiones, lo que permitió mantener el centro de detención y efectivizar todos los hechos aquí imputados, y que a los efectos de responsabilidad los pone a todos en un pie de igualdad. Se encuentra acreditado que desde el año 1975 se dio comienzo a detenciones ilegales de personas, la realización de interrogatorios bajo tortura de las mismas, en el primer piso de la Jefatura de policía, y el encarcelamiento en la Alcaldía de policía sin informar de ello a familiares de las víctimas. Se encuentra probada la existencia de la cuadra de detenidos en el Regimiento 9, y que inició su funcionamiento aproximadamente en el mes de agosto de 1976. Se encuentra acreditado que los soldados que custodiaban la cuadra de detenidos eran oriundos de las provincias de Santiago del Estero, Formosa y Chaco, que estaban cumpliendo el servicio militar en el Regimiento 9 de Infantería durante el año 1976. También está probado que la última vez que se los vio con vida a Juan Ramón Vargas y Rómulo Gregorio Artieda, estuvieron en el Regimiento 9. Se hallan acreditadas las condiciones indignas que regían en la cuadra de detenidos, donde los allí alojados estaban con esposas o ataduras, vendados, y sometidos a tormentos, objetos de violencia física y mental, malos tratos, en fin, condiciones indignas de toda persona humana. Se ha probado que los imputados han practicado actos de tormentos de lo que dan cuenta las víctimas.Se ha probado que los hechos encuadran en delitos de lesa humanidad”. Corrientes Hoy
“Vamos a tener un trimestre sin plata”, le avisó Toto Caputo a las autoridades porteñas, con las que negocia el pago de la deuda que Nación arrastra con la Ciudad. El mismo mensaje desalentador recibió un gobernador aliado. Desde el Iaraf señalan que la recaudación nacional cayó 7,8% real interanual en enero y la que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. Sobran los ejemplos: la Patagonia nunca recibió los 100 mil millones que prometió Milei para combatir los incendios y Santa Fe tuvo que afrontar sola la mejora de los sueldos de la policía luego de la reciente rebelión, como dejó en claro el gobernador Pullaro. Lo mismo ocurrió con los pagos del Pami a las clínicas de la Patagonia, pisados por Caputo. De hecho, los últimos ATN que repartió fueron en diciembre, desde entonces cero. La economía argentina parece ingresar así a un laberinto conocido: falta plata, no porque el gasto haya explotado, sino porque los ingresos se enfrían y el financiamiento empieza a mostrar límites. El primer problema es fiscal. La recaudación lleva seis meses consecutivos de caída en términos reales y enero marcó el nivel más bajo de los últimos 16 años ajustado por inflación. Según publicó ARCA, los ingresos alcanzaron 18,33 billones de pesos, con una suba nominal del 22% respecto de enero de 2025, pero una caída real frente a la inflación. El dato refleja una economía que pierde dinamismo y complica el equilibrio fiscal. Las razones son conocidas. La suspensión de retenciones, la reducción de aranceles a las importaciones y la baja de impuestos internos impactaron sobre los recursos del Estado. El IVA aportó 6,2 billones, con una mejora nominal del 16,4%, pero el componente aduanero cayó 7,6%. Es una señal clásica de enfriamiento: menos comercio exterior y menor actividad. El impuesto a las Ganancias sumó 3,4 billones, con un aumento nominal del 32,4%, que en términos reales apenas empata con el año pasado. El impuesto al cheque siguió una trayectoria similar. En paralelo, los ingresos al sistema de Seguridad Social crecieron 27,7%, por debajo de la inflación anual, lo que confirma la pérdida de poder adquisitivo del empleo registrado. El resultado es directo: menos recursos disponibles y más presión sobre las cuentas públicas. El economista Nadin Argarañaz, presidente del Iaraf, estimó que la recaudación nacional que queda en manos de Nación cayó 7,8% real interanual en enero y la que se distribuye a provincias y CABA retrocedió 6,6%. La recaudación total, según ese análisis, habría descendido 7,4% real. El segundo factor es financiero. Durante 2025 y el inicio de 2026, la liquidez en dólares permitió sostener al mercado local. Las empresas emitieron Obligaciones Negociables (ON) para refinanciar deuda y traer divisas. Esa dinámica aumentó la oferta de dólares y le permitió al Banco Central comprar reservas sin presionar el tipo de cambio. Pero el mecanismo empezó a mostrar fatiga. En apenas un mes se emitieron más de USD 1.300 millones y luego el acceso al crédito externo volvió a limitarse. El movimiento fue intenso. Telecom colocó cerca de USD 500 millones a una tasa del 8,5%. Banco Galicia emitió USD 216,2 millones. Mirgor USD 26,5 millones destinados a capital de trabajo. Las tasas para empresas de primera línea se estabilizaron entre el 7% y el 9% anual en dólares. El problema es cuánto puede sostenerse. Ahí aparece el límite estructural. El mercado local absorbió cerca de USD 20.000 millones en ON durante 2025 y los analistas empiezan a hablar de saturación. Marina Dal Poggetto adviertió que el fondeo disponible es cautivo mientras no se normalice el acceso al crédito externo, que sigue complejo con el riesgo país por encima de los 500 puntos y Argentina calificada como mercado de frontera. La consultora 1816 agrega otro problema: se refinancia lo que vence, pero cuesta conseguir dinero nuevo para proyectos de largo plazo. Fondos y aseguradoras, además, están cerca de sus límites regulatorios de exposición. El tercer elemento que explica la escasez que advierte Caputo es el tiempo. Faltan tres meses para que ingrese el grueso de los dólares del agro. Entre abril y junio, el trimestre dorado, se concentra la liquidación más fuerte del año, principalmente por soja y maíz. Para la campaña se proyectan 146,4 millones de toneladas y exportaciones por unos 34.800 millones de dólares a lo largo del año. Pero el ingreso efectivo depende de variables que el Gobierno no controla del todo. El clima ya empezó a generar dudas sobre una cosecha récord y, al mismo tiempo, muchos productores esperan mejores condiciones de precio o tipo de cambio antes de vender. “Van a tener que bajar de nuevo las retenciones a cero”, advierte un diputado que conoce al sector. Mientras tanto, el ajuste vuelve a aparecer como la única herramienta disponible para sostener el equilibrio fiscal que defienden Milei y Caputo. La Política Online
Los diputados nacionales Germán Martínez, Paula Penacca y Julia Strada presentaron este viernes una denuncia judicial contra el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo por violación de secreto y falsificación de documentos en el Indec, a raíz de la intervención del gobierno para que no se difunda el nuevo IPC que terminó con la renuncia de Marco Lavagna. La denuncia de los legisladores kirchneristas recayó en el juzgado en lo Criminal y Correccional Nº8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, el mismo magistrado que maneja con lentitud la causa de la estafa Libra y que ya recibió un llamado de atención de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en enero pasado. En el escrito que presentaron, Martínez, Penacca y Strada acusan a Caputo por “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, “violación de secretos y deberes de confidencialidad” y “falsificación de documentos públicos”. La violación de deberes está contemplada en el artículo 248 del Código Penal y forma parte del capítulo sobre los delitos contra la admninistración pública. De probarse en sede judicial, podría caberle al ministro una pena que va de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial. Por otra parte, la vulneración de confidencialidad está prevista en el artículo 157 del Código Penal y castiga al funcionario que revele hechos o información que deberían ser secretos. La sanción sería idéntica, salvo por la inhabilitación por cuatro años para ejercer cargos públicos. Y la falsificación de documentos es lo que reprime el artículo 293 con reclusión de 1 a seis años. Según Strada, “no haber permitido la divulgación del índice que se había anunciado y publicar otro puede considerarse una falsificación”. La denuncia de los diputados se funda en las declaraciones públicas del ministro de Economía ante la crisis que desató el portazo de Lavagna. Por caso, citan el tuit de Caputo en respuesta al periodista Eduardo Feinman, que se hacía eco de la inquietud sobre la intervención del gobierno para no publicar un índice que detone la imagen del gobierno con la inflación al alza. “Eso es falso, @edufeiok. De hecho daba una décima menos que el índice actual. Al menos eso me dijo Marco y también Pedro Lines. Podés chequearlo con ellos mismos”, posteó en X el funcionario de Javier Milei. Lavagna ya no está pero Lines ocupa ahora su lugar y, tal como informó LPO, Caputo anunció cuánto daría la medición antes que el organismo la publicara. “Es su cuenta de Twitter, no puede decir que no sabía o no fue él”, acotó Strada. En el texto de la denuncia, se plantea que “el IPC constituye uno de los indicadores económicos más relevantes del sistema estadístico” porque “impacta en negociaciones salariales, actualización de jubilaciones, determinación de contratos públicos y privados, diseño de políticas económicas, decisiones financieras, política monetaria y credibilidad macroeconómica del Estado argentino”. Además, los legisladores advierten que los datos del IPC “se encuentran protegidos por la ley 17622” y que Caputo excedió “manifiestamente las atribuciones del cargo que detenta”. Por lo demás, repusieron la letra del artículo 17 de esa misma norma. “Los funcionarios o empleados que revelen a terceros o utilicen en provecho propio cualquier información individual de carácter estadístico o censal, de la cual tengan conocimiento por sus funciones, o que incurran dolosamente en tergiversación, omisión o adulteración de datos de los censos o estadísticas, serán pasibles de exoneración o sufrirán las sanciones que correspondan conforme con lo previsto en el Código Penal”, dice ese fragmento. La Política Online
A más de diez días de su desaparición, la Policía del Chaco mantiene un megaoperativo en Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Berthet para dar con Bernabé Navarro, de 82 años, quien padece Alzheimer. Participan fuerzas provinciales y federales, con rastrillajes en zonas rurales y controles en localidades cercanas. La Policía del Chaco intensificó los rastrillajes en Presidencia Roque Sáenz Peña y Villa Berthet para localizar a Bernabé Navarro, el hombre de 82 años que se encuentra desaparecido desde el domingo 1 de febrero. A más de diez días de la denuncia, se mantiene un operativo de búsqueda interprovincial supervisado por el Ministerio de Seguridad, con despliegue simultáneo en ambas localidades tras reportes que indican su posible presencia en Villa Berthet. Del operativo participan efectivos de la Policía del Chaco, la Policía Federal con helicópteros y divisiones especiales como Canes, Investigaciones Complejas y equipos que operan drones con visión térmica. Los rastrillajes se realizan en zonas rurales bajo la modalidad “tranquera por tranquera”, abarcando sectores de Colonia La Matanza y Colonia Sarmiento, además de caminos que conectan Villa Berthet con Quitilipi y San Bernardo. Según los reportes oficiales, pese al despliegue de recursos y las recorridas preventivas con entrevistas a vecinos, hasta el momento los resultados han sido negativos. No se descarta ninguna hipótesis ni área de búsqueda, y la alerta se mantiene incluso en provincias vecinas como Santa Fe. Navarro vestía al momento de su desaparición una camisa a cuadrillé verde claro, jean celeste y alpargatas negras. Se moviliza en una bicicleta verde claro con canasto negro. Desde la fuerza recordaron que el hombre padece Alzheimer, por lo que podría encontrarse desorientado. Las autoridades solicitaron a la comunidad que cualquier información que pueda contribuir a la localización sea comunicada a los servicios de emergencia o a la dependencia policial más cercana.
Omar Canela, titular de Vialidad Provincial, se refirió a la firma del convenio con el Municipio para intervenir 5.600 metros de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, desde Ruta 11 hasta Urquiza. La obra comenzará en marzo, tendrá un plazo estimado de 12 meses e incluirá bacheo, reconstrucción, repavimentación y un nuevo esquema de circulación para reducir siniestros. El titular de Vialidad Provincial, Omar Canela, celebró la firma de un convenio entre la Provincia y el Municipio para avanzar en la refuncionalización de la avenida Soberanía Nacional–Islas Malvinas, en el tramo comprendido entre la Ruta 11 y la avenida Urquiza. “Ayer se firmó un convenio entre el Municipio y la Provincia, donde cada uno hace un esfuerzo, un aporte, para la refuncionalización de la avenida Soberanía y Malvinas Argentinas, del tramo que va desde la Ruta 11 hasta la avenida Urquiza. Son más o menos 5.600 metros”, precisó en contacto con CIUDAD TV. Según indicó, los trabajos comenzarán en los primeros días de marzo con cuatro frentes de bacheo simultáneos a lo largo de la traza. “Los primeros días de marzo ya vamos a estar comenzando con lo que es el bacheo, se largan cuatro frentes de bacheo de manera simultánea a lo largo de la avenida y el plazo estimado de la obra son 12 meses”, detalló. La intervención contempla bacheo, reconstrucción en los sectores más deteriorados y posterior repavimentación con mezcla flexible. Además, incluirá señalización horizontal y vertical, parquización y tareas vinculadas a iluminación, estas últimas a cargo de la empresa SECHEEP. Canela explicó que la refuncionalización implica un nuevo esquema de circulación. “Se va a dividir en dos carriles, uno ascendente que es el carril que está sobre el centro y carril descendente que está sobre la colectora”, señaló. “La principal misión que tiene esta obra es ordenar el tránsito en todo ese sector, entendiendo que hace muchísimo tiempo es muy desordenado y se originan un número muy importante de siniestros y de accidentes”, afirmó. En ese sentido, indicó que se harán interrupciones para limitar los cambios de carril y que “solamente se va a poder hacer intercambios en las esquinas a través de los semáforos”. También se construirán “isletas donde se va a impedir este cambio de carril, va a ser forzado un poco el ordenamiento”, y sostuvo que “es la única manera quizás de empezar a ordenar todo ese sector”. “Es una de las arterias que tiene mayor volumen de tráfico. El último acceso del otro lado del canal Soberanía se ha desarrollado muchísimo y quizá la única arteria pavimentada que tienen conexión es la avenida Soberanía, de manera que la cantidad de tránsito que tiene es enorme”, indicó. Agregó que por allí circula tránsito pesado, incluidos ómnibus que se dirigen a la terminal y camiones habilitados. En cuanto al esquema de trabajo conjunto, señaló que este es el quinto convenio firmado con el Municipio y que se ejecutan tareas de ripio y bacheo en el Gran Resistencia. “Se van ejecutando ya alrededor de 3.000 cuadras de ripio, vamos por 4.000 cuadras de ripio en toda Resistencia”, afirmó. Precisó que las intervenciones incluyen cuneteo, desagües y alcantarillas. “Quedan muchos desafíos por delante para Resistencia, hay cuestiones de desagües, obras de canalizaciones, pavimentos urbanos, pero la demanda supera normalmente a la capacidad de respuesta, hay muchísimo atraso en la infraestructura”, sostuvo. Trabajos en toda la provincia Canela indicó que la modalidad de convenios se replica en otros municipios. Mencionó trabajos en Sáenz Peña, Du Graty, Gancedo, Charata, Las Breñas, Villa Río Bermejito, Concepción del Bermejo, Pampa del Infierno y Los Frentones, con intervenciones urbanas de ripio y mejoramientos. En materia de rutas provinciales, detalló que avanzan obras en la Ruta 13 mediante un crédito bancario; en la Ruta 30, que une Ciervo Petiso con Laguna Limpia, con recursos provinciales; y en la Ruta 48, acceso a Pampa Almirón. Además, anticipó el próximo inicio de la Ruta 9, entre Miraflores y Las Hacheras, y la reanudación de trabajos en la Ruta 6, en la zona de Las Breñas. “Vamos en el transcurso de este año cinco rutas en proceso en ejecución. Es muy buen volumen de trabajo un poco atendiendo las dificultades económicas que estamos atravesando”, concluyó.
Un choque entre un camión de transporte de carga y un colectivo de pasajeros dejó al menos siete personas heridas este mediodía. El siniestro ocurrió en la intersección de Julio Tort y Obligado, cuando un camión de transporte logístico y un colectivo Mercedes-Benz colisionaron dejando varias personas con lesiones. Algunas fueron trasladadas al Hospital Perrando y otras asistidas en el lugar. El hecho se registró alrededor de las 12:30 y, por causas que se intentan establecer, ambos vehículos colisionaron. A raíz del impacto, resultaron lesionados ocupantes del camión y pasajeros del transporte público. Según el parte policial, el conductor del camión, de 31 años, y su acompañante, de 48, fueron trasladados de urgencia al Hospital Perrando para recibir atención médica. En tanto, un pasajero del colectivo, de 53 años, fue derivado por el servicio de emergencias privado EME hacia un centro asistencial. Además, varias pasajeras que se retiraron inicialmente por sus propios medios acudieron minutos después a la guardia hospitalaria. De acuerdo a los informes médicos, una mujer de 50 años fue diagnosticada con traumatismos en el brazo y la rodilla izquierda, mientras que otra pasajera, de 38 años, presentó traumatismo encéfalo craneano (TEC) leve y traumatismo cervical. En el lugar también fueron asistidos el resto de los pasajeros, entre ellos una menor de 5 años y otras tres mujeres, quienes fueron dadas de alta en el sitio al no presentar lesiones de consideración. Tras el siniestro, intervinieron ambulancias del servicio de emergencias, personal de la Comisaría Primera, efectivos de la División Patrulla Preventiva y peritos de la División Criminalística, que realizaron las tareas correspondientes para determinar la mecánica del hecho. Durante el procedimiento, el tránsito permaneció restringido en la zona
Reforma laboral y no regresividad. La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. Por Andrés Gil Domínguez El principio de progresividad y no regresividad es un estándar central del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). En el sistema jurídico argentino, tiene jerarquía constitucional y convencional. La progresividad significa que el Estado tiene la obligación de avanzar de manera constante y sostenida en la realización de los DESCA. La no regresividad es la otra cara del principio. Implica que el Estado no puede retroceder en el nivel de protección ya alcanzado, salvo que exista una justificación extremadamente fuerte. En términos sencillos: si un derecho ya fue reconocido y garantizado en cierto nivel, no puede reducirse arbitrariamente. ¿Cuándo puede operar la regresividad? Está plenamente justificada cuando es razonable y proporcional, no afecta el contenido esencial del derecho, se demuestra que no había otra alternativa menos lesiva y se adoptó tras un análisis serio de respecto de su impacto. La carga de la prueba recae en el Estado. En términos argumentales, no basta alegar ´fomento del empleo´, por el contrario, debe probarse que la reducción de la tutela genera un beneficio social superior y que no existían medidas menos lesivas para alcanzar el mismo fin. Es objetivamente regresiva La ley de reforma laboral es objetivamente regresiva en términos normativos para los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Esto es indiscutible. La media sanción del Senado no respetó los mínimos estándares exigibles en términos de deliberación democrática, liberando de esta manera a sus defensores de la carga de argumentar la regresividad votada. La progresividad es la idea de que una sociedad camina hacia más dignidad: la no regresividad es la garantía de que no se vuelve atrás sin una razón extraordinaria. Cuando se reducen derechos que costaron décadas de lucha y consenso social, no alcanza con invocar promesas abstractas de crecimiento o empleo. Si el retroceso no está sólidamente justificado, deja de ser una reforma y se convierte en una renuncia. En nuestro caso, avalado por una mayoría que, en gran parte, va a sufrir en su vida cotidiana los efectos regresivos de aquello que hoy – vaya uno a saber por qué – apoya. Publicada en Perfil
Marcela Cortés, del Juzgado de Faltas, informó que se notificó en febrero un fallo dictado a fines del año pasado que impone 40 días de prisión efectiva por acoso callejero. Señaló que es la tercera condena por esta temática y explicó cómo denunciar y qué medidas de prueba pueden aportar las víctimas. La jueza de faltas Marcela Cortés confirmó en diálogo con CIUDAD TV que se notificó a las partes un fallo que condena a 40 días de prisión efectiva a un hombre por acoso callejero. “Ese es un fallo que se dictó a finales del año pasado, recién durante este mes de febrero hemos podido notificar a ambas partes, a víctima y victimario”, explicó. Indicó además que “es la tercera condena en el tribunal por la misma temática, acoso callejero”. Sobre el hecho, detalló que la víctima, una joven que regresaba del gimnasio, fue interceptada en la vía pública. “Fue seguida por el señor haciendo referencia a la manera en la que ella estaba vestida y posteriormente hizo tocamientos indebidos en el cuerpo de ella, exhibiendo inclusive sus partes íntimas”, relató. La joven realizó la denuncia y declaró ante el tribunal cuando fue citada. “Con el aporte de cámaras de seguridad de las inmediaciones donde ocurrió el hecho se pudo determinar cómo ocurrió y las demás circunstancias”, precisó. Cortés recordó que este tipo de conductas están contempladas en la normativa vigente. A nivel nacional, la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres incorporó la violencia en el espacio público como modalidad de violencia contra la mujer. En la provincia, el acoso sexual en lugares públicos fue incorporado al Código de Faltas en el artículo 69. “Primero lo que se tiene que saber es que no es piropo, es acoso”, afirmó. Y agregó: “Es una conducta que está prohibida, que si bien fue tolerada durante mucho tiempo, actualmente está reprimida en el código contravencional de la provincia”. La funcionaria señaló que, aunque hubo tres denuncias y en las tres se dictó condena, no se registran más presentaciones. “No hay denuncias. Por eso se pide la difusión del fallo, para concientizar y porque a veces se descree de que no va a pasar nada”, sostuvo. En relación al impacto en las víctimas, indicó que en causas anteriores muchas continuaron con tratamiento psicológico y modificaron hábitos cotidianos. “Genera inseguridad en la víctima. Continúan con tratamiento psicológico, tienen inseguridad de andar en la vía pública, se cambian las formas en las que se visten, a veces piden que la pareja, un amigo o una amiga la acompañe”, describió. Y subrayó: “Las mujeres tenemos derecho a transitar y estar en la vía pública con total libertad y seguridad”. Sobre el procedimiento, explicó que la denuncia puede realizarse en cualquier comisaría o directamente en el Juzgado de Faltas, y también a través del 911. “Se puede hacer la denuncia en cualquier comisaría, en la más cercana de la zona o del barrio donde está la víctima, y luego la causa se remite al Juzgado de Faltas”, indicó. Añadió que terceros también pueden denunciar si presencian el hecho. Recomendó, además, que en el momento del hecho se intenten identificar testigos o cámaras de seguridad. “Lo que se recomienda es ver si hay transeúntes que pudieran haber visto para recabar los datos de estos testigos, si hay cámaras en la zona, como para poder determinar qué medidas de prueba pueden tener”, señaló. En cuanto a los antecedentes, explicó que uno de los condenados anteriores fue abordado junto al área de salud mental, mientras que el hombre condenado ahora ya se encuentra privado de libertad por otro delito contra la integridad sexual, con una pena de dos años y seis meses que cumple hasta mayo de 2027. “Estamos trabajando con el juez de ejecución penal para ver si cumplida esa pena va a cumplir los 40 días acá en la justicia de faltas o si se le hace una acumulación de penas”, detalló. Cortés insistió en la necesidad de visibilizar la problemática. “El gran porcentaje de víctimas son niñas, adolescentes, menores de edad y mujeres muy jóvenes”, afirmó. Y concluyó: “Era necesario que se contemple en el código contravencional y que se criminalice esa conducta”.
El polémico artículo sobre las licencias por enfermedad o accidentes que el gobierno de Javier Milei coló a último minuto en la reforma laboral está generando dudas en los aliados de Provincias Unidas que lo votaron en el Senado, pero ahora no quieren acompañar en Diputados. En medio del desorden de cambios que hizo La Libertad Avanza y en la confusión que generó que el texto no se conociera hasta último momento, pasó casi desapercibido el artículo 44 de la reforma que dispone un cambio clave para los trabajadores. Ese artículo modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que en caso de accidente o enfermedad que no estén ligadas a su trabajo, el empleado “tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración” durante tres meses o seis meses si tiene personas a cargo. “Si la imposibilidad de trabajar no fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador sobre el riesgo en la salud, percibirá el 75% de la remuneración”, agrega. Actualmente, el período de las licencias es de hasta 12 meses y se cobra el 100% del salario. Nadie del Gobierno se adjudicó la paternidad de esta polémica modificación, pero sí salió a defenderla Federico Sturzenegger que sostuvo que “apunta a la reducción de las licencias eternas”. Uno de los ideólogos de la reforma y autor del texto inicial, el abogado laboralista Julián de Diego, se mostró sorprendido por el cambio. “No sé con quién hubo negociaciones por este tema porque salió como un fantasma”, dijo el abogado, que a pesar de trabajar para grandes empresas tomó distancia porque el artículo generará mucha litigiosidad. Si bien el tema se mencionó poco durante la sesión, las críticas empezaron a crecer fuerte en las redes sociales y ya escalaron hasta en los medios más cercanos al gobierno, donde admiten que se les fue la mano. Con ese panorama, el artículo 44 empezó a ser cuestionado por los aliados del gobierno y fuentes de Provincias Unidas adelantaron a LPO que no quieren votarlo en el debate en la Cámara de Diputados. Esto pese a que ya lo votaron en el Senado. El bloque de Provincias Unidas tiene 18 integrantes en Diputados y podría ser clave para complicar al oficialismo. Hay votos que ya están decididamente en contra como el del socialista santafesino Esteban Paulón, que rechaza todo el proyecto. Pero La Libertad Avanza podría tener problemas con otros integrantes del bloque PU o diputados allegados a los gobernadores del espacio que integran otros bloques. En el Senado, el Título I que incluye el artículo 44 fue votado por todos los senadores cercanos a los gobernadores de PU. Los integrantes del bloque que lleva ese nombre, el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, votaron a favor. Lo mismo hicieron los radicales correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, que responden a los hermanos Valdes. La única salvedad fue de parte la senadora chubutense Andrea Cristina, que integra el bloque del PRO pero responde a Nacho Torres. Cristina votó a favor del Título I, pero pidió que quede en la taquigráfica que rechaza el artículo 44. La otra senadora que responde al gobernador de Chubut, Edith Terenzi, votó a favor sin ninguna aclaración. La Política Online
El Gobierno del Chaco participó en la conformación del Consejo de Supervisión de la Vía Navegable Troncal que se centrará en temas estratégicos para la Hidrovía Paraguay–Paraná (HPP) . Por instrucciones del gobernador Leandro Zdero, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, participó de las reuniones llevadas a cabo en la sede Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), encabezadas por su titular Iñaki Miguel Arreseygor, donde se definió la conformación de dos consejos de control, uno para el sur de la HPP y otro para el norte de la misma. La prioridad es el dragado del riacho Barranqueras “Con la licitación del Gobierno Nacional del dragado y balizado de la Hidrovía Paraná Paraguay va a estar garantizada la navegación por los próximos 30 años”, adelantó el ministro Domígnuez y afirmó que es “prioritario” la incorporación del dragado y mantenimiento del riacho Barranqueras al dragado troncal de la Hidrovía Paraguay–Paraná. “Estas medidas resultan claves, no sólo para la provincia del Chaco, sino para todo el Norte Grande”. Habilitación definitiva para el Puerto Las Palmas Finalmente, Domínguez precisó que en las reuniones se avanzó en el análisis de la habilitación definitiva —no precaria— del Puerto Las Palmas, “un estatus que muy pocos puertos del país han logrado y que representa un paso estratégico para consolidar la infraestructura logística y portuaria de la provincia del Chaco y de toda la región”, dijo. Además de funcionarios de las provincias lindantes al río Paraná, estuvieron presentes directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), la Cámara de Puertos Privados, la Cámara de Actividades Portuarias y el Centro de Navegación, entre otras entidades.
La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus), a través de sus áreas de Diplomaturas y Formación Continua, ofrece diversas propuestas académicas orientadas a la gestión y la salud. En este marco, se encuentran abiertas las inscripciones para la Diplomatura en Gestión de Sistemas de Salud, que tendrá una duración de seis meses y una carga horaria total de 125 horas. La propuesta está destinada a profesionales y auxiliares de la salud que se desempeñen en instituciones sanitarias. El cupo es limitado. El objetivo general de la diplomatura es capacitar a los profesionales para abordar los desafíos del sistema sanitario con eficacia y eficiencia. Se brindarán herramientas prácticas para mejorar la gestión y la planificación estratégica, promoviendo la toma de decisiones fundamentadas que aseguren la viabilidad económica y fomenten la innovación en el cuidado de la salud. La modalidad de cursado será mediante clases asincrónicas, con un encuentro presencial por mes. La dirección académica estará a cargo del Magíster Médico José Miguel Bolaños, con la coordinación de la doctora Sandra Alina Bondar.Siendo los profesionales invitados para participar en foros de discusión Esp. Med. Hugo Ramos, Esp. Med. Santiago Romero y Esp. Med. Miguel H. Matta. El inicio del cursado está previsto para abril de 2026.Link de inscripción https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/728X9WEXDO
Este viernes, el gobernador Leandro Zdero constató también el avance de las obras de refacciones integrales en dos establecimientos escolares donde se ejecutan a través del programa provincial “Mejor Escuela”. Primeramente visitó la Escuela de Educación Primaria N°848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas y, más tarde, lo hizo en la Escuela de Educación Secundaria N° 72 “Almirante Brown” de Barranqueras, Este viernes, en el marco del programa provincial “Mejor Escuela”, el gobernador Leandro Zdero supervisó el avance de las obras de refacción integral en la Escuela de Educación Primaria N°848 “Comandante Luis Piedra Buena” de Puerto Vilelas, que presentan un 80 por ciento de ejecución y ya estarían finalizadas antes del inicio del ciclo lectivo. Los trabajos incluyen la refacción integral de los módulos sanitarios, la reparación del sistema eléctrico y la intervención en techos afectados por filtraciones en distintos sectores del edificio. Las obras son ejecutadas a través del programa “Mejor Escuela”, que busca optimizar las condiciones edilicias de establecimientos educativos en todo el territorio provincial. “Estas obras forman parte de una planificación provincial que estamos llevando adelante a lo largo y ancho de la provincia para optimizar las condiciones edilicias de los establecimientos educativos”, señaló el Gobernador. Zdero destacó además que la iniciativa se suma a otras obras de infraestructura escolar que se ejecutan en distintos puntos del Chaco, con el objetivo de garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades educativas. De la recorrida también participaron la subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti y el director de Obras por Administración del Ministerio de Infraestructura, Eduardo Loshner. En la EES Nº72 de Barranqueras Los trabajos contemplan la refacción integral de sanitarios, el sistema eléctrico, la iluminación y los equipos de ventilación, además del reacondicionamiento de la guardería destinada a estudiantes con hijos, con el objetivo de garantizar mejores condiciones edilicias y acompañar las trayectorias educativas. “Estamos avanzando con la planificación de refacciones en edificios escolares para garantizar óptimas condiciones para el inicio del ciclo lectivo”, subrayó el mandatario provincial, quien destacó que la infraestructura es un componente clave para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. Durante la jornada, el gobernador también había supervisado una escuela primaria en Puerto Vilelas y tiene previsto llegar a otros establecimientos, en el marco del plan de intervenciones que se desarrolla en distintas localidades. La subsecretaria de Infraestructura Escolar, Rosana Cerrutti, señaló que “estas recorridas forman parte del seguimiento de las obras que se ejecutan en el área Metropolitana a través del programa “Mejor Escuela”, iniciativa que impulsa el Gobernador Leandro Zdero, con intervenciones integrales en edificios escolares”. Por su parte, el vicedirector de la institución, Daniel Izquierdo, valoró y agradeció la respuesta del Estado ante las necesidades edilicias del establecimiento. “Estamos muy contentos por la presencia de las autoridades, porque están cumpliendo con lo pactado y eso nos pone muy contentos”, expresó.
Se trata del juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas. El Área de Transición de la Unidad Fiscal de Santa Rosa, a cargo de los fiscales federales Iara Silvestre y Federico Iparraguirre, y el fiscal general con funciones de coordinación en el Distrito Bahía Blanca, Horacio Azzolin, requirieron la elevación parcial a juicio de la causa en la que está acusado el juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa. En el expediente, se lo señala como responsable de lesiones y amenazas a seis trabajadores judiciales, en un contexto de violencia, maltrato laboral y de violencia de género en el caso de las cuatro mujeres damnificadas. “Las conductas del imputado que alarmaron y amedrentaron a las víctimas y generaron un temor manifiesto en ellas fueron llevadas a cabo aprovechándose de su jerarquía y consistieron en una serie de actos de humillación, hostigamiento, anulación, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación”, describieron los representantes del MPF en el requerimiento presentado el miércoles pasado. Allí mencionaron que el magistrado asignaba tareas judiciales de forma confusa, se burlaba y hasta determinó una serie de “códigos de imposible comprensión impuestos en función de su jerarquía”. A ello le sumaron que ejercía violencia física sobre objetos, lo que operaba “a modo de amedrentamiento”. Entre las acciones, marcaron también la “sobrecarga selectiva de funciones, inducción en el grupo de trabajo de un constante estado de alerta ante cualquier palabra o situación que indique el posible desencadenamiento de una agresión, juzgamiento de manera ofensiva de la labor judicial, amenazas de llevar adelante sumarios administrativos, bloqueo de iniciativas y complejización de las herramientas para la realización de tareas, ‘hacer el vacío’ y exclusión de personas”. Los hechos ocurrieron en una franja temporal que inició en diciembre de 2012 —cuando el imputado asumió como juez del tribunal— y persistieron luego de formulada, en 2023, la denuncia penal que motivara estas actuaciones. En ese sentido, los fiscales recordaron que Díaz Lacava desobedeció la orden judicial dictada el 19 de abril del 2023 por el Juzgado Federal de Santa Rosa y confirmada parcialmente por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca aquel mismo año, de abstenerse de ingresar al tribunal y de acercarse a las víctimas que se desempeñaban en dicha dependencia, a una distancia mínima de 50 metros. Asimismo, indicaron que incurrió en retardo judicial malicioso en cuatro ocasiones al haber realizado acciones que perjudicaron el funcionamiento del tribunal. Entre ellas, mencionaron la utilización de audiencias orales y distintas misivas —por correo electrónico, oficios judiciales, etc.— “para amedrentar a las víctimas del presente expediente y entorpecer la investigación en su contra”. Por último, también remarcaron un hecho de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público ocurrido el 27 de marzo del 2023 cuando concurrió a una quema de efectos secuestrados en distintas causas penales e impartió ordenes contrarias a la ley al personal del horno pirolítico, intentando que se procediera a la incineración de elementos que no eran aptos ni seguros para ser incinerados en esa instalación. Violencia laboral La causa se inició el 19 de abril de 2023 ante la denuncia que realizaron los damnificados, donde describieron el carácter del imputado como “dominante e intempestivo” y refirieron haber presenciado distintos actos que calificaron como “inadecuados y violentos” de parte del magistrado. En esa línea, los jueces federales Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, integrantes del mismo tribunal que el magistrado acusado, acompañaron la denuncia formulada, con el objetivo de que se esclarezcan los hechos. Según los distintos testimonios, los episodios ocurrieron desde la llegada de Díaz Lacava al Tribunal y fueron intensificándose con el correr de los años hasta que en julio de 2022 empeoraron los maltratos y actos de violencia. En la denuncia, señalaron que intentaron mantener sus funciones, su carrera y su sustento, y explicaron que nunca habían enfrentado al magistrado ya que, según detallaron, “se trata nada más y nada menos que de un juez de cámara”. A su vez, destacaron que fueron destinatarios directos e indirectos de la violencia del juez y que “sintieron que sin quererlo” se volvieron “cómplices” por permitir los maltratos y abusos de autoridad que éste ejercía respecto de otras personas. En el caso, se realizaron peritajes psicológicos practicados a todas las víctimas por los profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Nación y del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación; y entrevistas a las personas damnificadas por profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), los que dieron cuenta del daño en la salud de las víctimas. Los fiscales adjuntaron al requerimiento el registro audiovisual de las declaraciones de las personas damnificadas, con el objetivo de que se tome dimensión “del hondo pesar que embarga a todas las víctimas y a la inmensa mayoría de los/as testigos —empleados/as, funcionarios/as y magistrados— que han comparecido; de los sentimientos de miedo, angustia, dolor, sorpresa, desesperación, enojo, desconfianza, desilusión, tristeza e incertidumbre que los invaden y en ocasiones desbordan, atentando así contra su salud de manera integral”. Consideraron también que la actuación de Díaz Lacava atenta también contra el servicio de una buena administración de justicia, “que es un derecho que sin dudas atañe y en las condiciones actuales perjudica a toda la sociedad pampeana”. Calificaciones legales Los fiscales acusaron a Díaz Lacava como autor material penalmente responsable de los delitos de amenazas en perjuicio de las seis víctimas; amenazas agravadas en perjuicio de dos personas, por tener como propósito compeler a una persona a hacer abandono del trabajo; lesiones en la salud en perjuicio de cinco víctimas; lesiones graves en la salud de un trabajadora por haberla inutilizado