Este sábado, el gobernador Leandro Zdero encabezó la entrega de 32 viviendas en la localidad de Quitilipi, un acto que marcó un avance concreto en el acceso a la casa propia para familias chaqueñas que aguardaron durante muchos años una respuesta habitacional. La actividad contó con la presencia del presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y de Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea; el intendente local, Ariel Lovey, autoridades provinciales y municipales. El Gobernador remarcó la importancia de garantizar procesos justos y accesibles para todos. “Hoy son 32 sueños cumplidos en Quitilipi. Son familias que esperaron durante décadas, algunas más de 35 años, y que hoy acceden a su casa propia a través de un proceso transparente”, expresó. En esa línea, el mandatario provincial destacó que las viviendas se construyen con recursos propios del IPDUV, provenientes del aporte solidario de las familias adjudicatarias. “Ese es el sentido del Instituto de la Vivienda: que el esfuerzo de cada familia permita seguir generando nuevas soluciones habitacionales en toda la provincia”, sostuvo. Zdero también subrayó la transparencia en la adjudicación de las viviendas, garantizando igualdad de oportunidades y reglas claras para todos los inscriptos. Las unidades habitacionales forman parte del programa FO.PRO.VI. (ex Casa Propia Construir Futuro) y se desarrolló en dos manzanas de la ciudad, garantizando criterios claros y transparentes desde su inicio. Cada vivienda cuenta con dos dormitorios, estar-comedor, cocina, baño y lavadero, además de los servicios básicos necesarios para su correcto funcionamiento. El conjunto habitacional dispone de infraestructura esencial como red eléctrica, alumbrado público, agua potable y mejoras en la trama vial, fortaleciendo la integración urbana del sector. Durante el desarrollo de la obra se generaron 45 puestos de trabajo, lo que permitió impulsar el empleo local y dinamizar la economía de Quitilipi, a la par de dar respuesta a la demanda habitacional. Por su parte, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, resaltó que “Para nosotros es una enorme satisfacción poder compartir la felicidad de estas familias y reafirmar el compromiso de continuar con las obras”, afirmó, al tiempo que confirmó la reactivación y continuidad de 64 viviendas más que se entregarán a lo largo del año. En tanto, el intendente Ariel Lovey valoró el trabajo articulado con el Gobierno provincial y destacó el impacto de la política habitacional en la ciudad. “Hoy agradecemos al gobierno provincial por hacer realidad 32 sueños, pero este proceso continúa. Además, ya firmamos convenios para módulos habitacionales destinados a personas en situación vulnerable y avanzamos con nuevas viviendas a través del programa ÑACHEC”, concluyó.
Autor: Redacción General
Las negociaciones se encaminaron la última semana y el acuerdo se confirmó horas antes del cierre de listas. Verónica Magario y Federico Otermín serán los vices y Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario. Al cierre de frenéticas horas de reunionismo y rosca, el peronismo bonaerense definió que el gobernador Axel Kicillof será el nuevo presidente del Partido Justicialista bonaerense, cerrando así un capítulo de internismo que se había abierto a mediados de diciembre, cuando concluyó la gestión del diputado nacional Máximo Kirchner al frente del partido. Los gobernadores peronistas estudian una estrategia para frenar la reforma laboralEl acuerdo de unidad consagró a Verónica Magario como vicepresidenta primera, a Federico Otermín como vicepresidente segundo y a Mariano Cascallares como secretario general. Máximo Kirchner presidirá el Congreso partidario y Leonardo Nardini la junta Electoral. En un documento que circuló en el mediodía del sábado, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se asume enfrente de “un momento decisivo”, que describe como “un contexto de ajuste brutal, desintegración social, entrega de la soberanía y abandono deliberado del Estado Nacional, nuestro pueblo enfrenta las consecuencias de un modelo que castiga a las mayorías, debilita al federalismo y erosiona la convivencia democrática”. “Frente a esta situación, la provincia de Buenos Aires se ha convertido en el principal dique de contención. El gobierno provincial asumió la responsabilidad de ser red y escudo: sosteniendo derechos, trabajo, producción, salud, educación y obra pública allí donde el Estado nacional deserta, y defendiendo a millones de bonaerenses del impacto del modelo de exclusión que impulsa el presidente Javier Milei”, se afirma. El documento rescata el esfuerzo conjunto del gobierno de la provincia y los jefes municipales, reivindica los gobiernos nacionales de Néstor y Cristina y pone en valor la performance electoral de 2025. “En septiembre pasado, el peronismo de la provincia de Buenos Aires demostró algo fundamental: a esta derecha se le puede ganar. Esa victoria no fue solo electoral, sino política. Mostró que hay otro camino posible, basado en la gestión, la cercanía con la gente y la defensa del trabajo, la producción y la justicia social. Hoy, esa experiencia debe proyectarse y fortalecerse”, dice plantando un desafío que supere el el mero acto de la resistencia. “No hay proyecto nacional posible sin la provincia de Buenos Aires, pero tampoco hay futuro para la provincia si a la Argentina le va mal. Por eso, el PJ bonaerense debe continuar su responsabilidad histórica: sumar, convocar, federalizar, articular con las organizaciones sindicales, los movimientos sociales, los gobiernos locales y todos los sectores que resisten el “sálvese quien pueda”, afirma el documento que empieza a poner la mira en el horizonte. En el primer texto que inaugura la nueva etapa del peronismo bonaerense, el PJ ratifica “su repudio absoluto a la injusta condena y detención de Cristina Fernández de Kirchner, enmarcada en un clima creciente de autoritarismo, persecución política y ataque sistemático a las instituciones de la democracia” y “reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de la democracia, la Constitución y las garantías del pueblo, y seguirá denunciando esta condena injusta como parte de una ofensiva más amplia contra el sistema democrático argentino”. Con Presidencia confirmada, esperan que Kicillof ajuste el orden interno Ahora, como nuevo jefe del partido que contiene un total exacto de 1.143.946 afiliados, el más importante de la provincia, el gobernador Axel Kicillof enfrenta un desafío interno. Es que a un año del nacimiento del Movimiento Derecho al Futuro, aún debe ordenar cuestiones internas para evitar un desmembramiento del armado, especialmente si su intención es salir a recorrer las provincias a partir del próximo mes. Un armador seccional del MDF valoró ante Buenos Aires/12 que el espacio haya tenido un crecimiento “exponencial” en solo un año, aunque eso generó “desorden fuerte” en varios estamentos. Para el dirigente, con experiencia en armados electorales, no hay “tranquilidad” de posibles rebeliones de los aliados entre los conductores, dado que la variedad de terminales y la ausencia de un jefe único por sección -a veces por distrito- impida organizar verticalmente el segmento. “Axel negocia muy duro, eso está muy bien, pero una vez que se resuelven las cosas arriba otros sectores arrasan con todo. En eso estamos verdes”, evaluó la fuente. Es que, tanto en el armado de las listas electorales para septiembre de 2025 como para la interna del Partido Justicialista, en los distritos recibían la orden de “prepararse para la guerra”, aunque el clarín que da inicio a la batalla nunca sonó. Ese tipo de situaciones se da especialmente en el interior, donde confluyen dirigentes que responden a diversas terminales del gabinete, líneas internas del peronismo o a los gremios estatales y privados. “Es un desorden y se desdibuja la autoridad del armador seccional”, lamentó un intendente que espera que, ahora, con el gobernador al frente del PJ, esa interna se termine de acomodar. Página 12
Cristian Jerónimo es considerado entre sus pares uno de los dirigentes más lúcidos de la nueva generación de sindicalistas. El jefe de la CGT asegura que los sindicalistas trabajan para “rechazar” la reforma laboral o, al menos, “romper su matriz”. Secretario General del Sindicato del Vidrio, recibe a LPO en su despacho en el tercer piso del mítico edificio de la CGT de la calle Azopardo. Una decena de trabajadores del gremio conversa bulliciosamente en la antesala, después del Consejo Directivo que resolvió la movilización al Congreso para el próximo miércoles, cuando el Senado debata el proyecto de reforma laboral. Jerónimo conversa con Omar Plaini, emblemático jefe de los canillitas, y otros dirigentes de la central que lidera desde el año pasado, en el triunvirato que comparte con Jorge Sola y Octavio Argüello. Suenan teléfonos, entran y salen dirigentes en medio del frenesí, ante el desafío histórico que el presidente Milei le planteó al sindicalismo argentino. Este joven líder sindical, advierte que la nueva conducción de la CGT no teme discutir la reforma laboral. “Lo que nosotros planteamos es que eso se tiene que dar dentro de un ámbito de negociación con las partes interesadas, que son el sector empresarial y el sector sindical y tenemos una herramienta estratégica para eso, que es el convenio colectivo”. Finalmente, una compañera del sindicalista invita a pasar a su oficina a LPO, disculpándose por la demora en medio de la vorágine. “Es que Cristian no vino a calentar la silla”, aclara. -¿Qué decisión tomó la CGT frente al inminente tratamiento de la reforma laboral? -La decisión fue movilizar el 11 de febrero, a las 15:00 a la Plaza de los dos Congresos, repudiando este proyecto de ley de reforma laboral regresivo, que tiene un impacto negativo en el mundo del trabajo con quita de derechos colectivos e individuales. El Consejo Directivo de la CGT ratificó el plan de acción que había aprobado ya en diciembre, con la movilización a Plaza de Mayo y logrando la postergación del debate para febrero. En ese momento, el Gobierno decía que era un trámite exprés. Ahora se ratificó el plan de acción y, en la medida que vaya pasando el tiempo, iremos escalando en las acciones. -En la reunión del Consejo Directivo debe haber habido diferentes posturas. Por ahí, algunos planteos de ir a un paro nacional, otros que pretendían un plan de lucha con medidas escalonadas. ¿Cómo fue esa deliberación? -Los dirigentes tienen responsabilidad institucional. Sabemos que, en este momento tan difícil que vive la Argentina, está claro que no todos pensamos de la misma manera y somos muy respetuosos de las posiciones y los pensamientos que tenemos los distintos compañeros. Por eso somos un cuerpo colegiado y tenemos un consejo directivo, en el cual las diferencias se plasman y se termina aprobando lo que acompaña la mayoría. -Y dada la gravedad que ustedes le atribuyen a la ley por la quita de derechos o por la regresividad de su contenido, ¿no sabe a poco simplemente una movilización sin paro? -No, yo creo que no, porque nosotros tenemos una estrategia, plasmada y desarrollada ya desde diciembre para acá. Digo, no es que es una movilización y nos vamos a quedar en eso solamente. Vamos a seguir trabajando para erosionar lo más posible ese proyecto de ley. -Estuvieron reuniéndose con legisladores y gobernadores de distinto signo político y la información que manejamos es que de parte de gobernadores del peronismo hay una demanda hacia ustedes de que agiten, muevan más y convenzan a los gobernadores que no son peronistas que manden a sus legisladores a rechazar la ley. ¿Qué sienten ustedes en esa conversación con los gobernadores peronistas? -Nosotros hablamos con todos y no desde ahora. Desde hace unos meses, cuando empezó todo esto, nos juntamos con todos los gobernadores y les hicimos el planteo y marcamos cuál era nuestra posición. Y también les generamos conciencia que lo que se estaba discutiendo era cuál es el impacto real que tiene esta reforma en el mundo del trabajo, que es negativo, que no va a generar nuevas incorporaciones. La realidad es que acá lo que no está funcionando es el plan económico de este gobierno. -¿Y qué les contestaron? -En su momento muchos de los gobernadores lo que nos plantearon era que ellos no iban a acompañar nada que no estuviese acordado y avalado por la CGT. Nosotros entendíamos que era la posición correcta. A medida que va pasando el tiempo (fueron cambiando), por una cuestión de intereses propios que tienen de su provincia y con algunas cláusulas maliciosas que tiene este gobierno dentro del proyecto de ley para persuadir o extorsionar de alguna manera que acompañen este proyecto… por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias en la coparticipación. -Los gobernadores enfrentan una situación delicada de sus finanzas, comprometida aún más por la caída de la recaudación… -Sabemos que las arcas de las provincias están desfinanciadas, que tienen una situación difícil, pero me parece que alguna vez tiene que primar la convicción y no olvidarse que los que los votan son el pueblo y, dentro del pueblo, están los trabajadores. La gente no se olvida fácilmente cuando su dirigente político le da la espalda con una medida de esta magnitud, que flexibiliza y deja a los trabajadores desguarnecidos. Lo que plantean algunos sectores, o este gobierno, cuando te dice ahora la gente joven quiere ser monotributista, es una falacia. Todos quieren tener derechos, todos quieren tener movilidad social ascendente, poder vivir mejor, tener un buen salario. Esperemos que los gobernadores manden tanto a sus senadores como senadoras con las convicciones necesarias para que no las dejen en la puerta del Senado. Que tengan claro lo que van a votar. -¿El objetivo de la CGT sigue siendo frenar o voltear la reforma laboral o ya hay en marcha algún plan B como modificarla o atenuarla? -La CGT rechaza de plano esta ley, como lo dijimos el primer día. Estamos trabajando para tratar de conseguir la mayoría
Una investigación sobre los archivos del financista condenado expone al menos 711 menciones al país. Desde correos del FBI sobre víctimas argentinas hasta giros de dinero a Roberto Giordano y una inversión en bonos que salió mal. Una nueva tanda de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha sacado a la luz la conexión local de la red de Jeffrey Epstein. Según una investigación de la periodista de Radio Rivadavia Camila Dolabjian para La Nación, existen al menos 711 extractos en los archivos que mencionan a la Argentina o a ciudadanos argentinos, revelando una trama que incluye posibles víctimas, negocios financieros y vínculos con figuras públicas. Víctimas y modelos Entre los hallazgos más sensibles, un intercambio de correos entre agentes del FBI discute la necesidad de traductores y terapeutas, mencionando explícitamente “comunicar avances a tus víctimas en la Argentina”. Asimismo, los documentos revelan “books” de fotos enviados al correo de Epstein que incluyen los nombres de tres modelos argentinas. Una agencia de modelos de Buenos Aires envió correos tipo newsletter al financista entre 2012 y 2013. Negocios y la “pérdida argentina” Los documentos exponen la faceta financiera de Epstein y su impacto en el mercado local. En 2018, Paul Barrett, agente financiero de Epstein, reportó haber perdido US$ 1.200.000 por el tipo de cambio y bonos argentinos durante la crisis del gobierno de Mauricio Macri. Barrett calificó a la inversión en Argentina como uno de sus “tres peores negocios”, junto con General Electric. Nombres propios: De Giordano a Joe Lewis Los archivos detallan interacciones con diversas figuras vinculadas al país: -Roberto Giordano: Extractos bancarios muestran que el estilista recibió múltiples envíos de dinero por parte del pederasta, la mayoría por montos de US$ 500. -Joe Lewis: Mails de 2009 entre Epstein y el exCEO de Barclays, Jes Staley, discuten sobre el magnate británico; Staley confirma haber pasado un día con Lewis en Bariloche. -“Fred” Machado: Se hallaron contratos y tratativas de 2015 con el empresario acusado de narcotráfico para venderle a Epstein un avión Gulfstream por US$ 10 millones. El viaje que no fue Finalmente, los correos confirman que Argentina podría haber sido el último destino de Epstein antes de su arresto. El 31 de diciembre de 2018, Julian Leese invitó a Epstein a venir al país a cazar en 2019, propuesta que el financista aceptó con un “Sí”, aunque su detención en julio de ese año impidió el viaje.
Los tribunales federales de Mendoza dieron a conocer este viernes la sentencia, tras escuchar el jueves el pedido de los fiscales. La defensa de Bento había pedido prisión domiciliaria y una pena mínima. En sus últimas palabras, el ex juez dijo que la causa “fue una tragedia”. El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza determinó este viernes el monto de las penas y la modalidad de cumplimiento para cada uno de los implicados en la megacausa por corrupción judicial en la que el ex juez federal Walter Bento fue señalado como el jefe de la banda criminal. Para el ex magistrado, la condena fue de 18 años de prisión, inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos y una multa de 540 millones de pesos. El fallo y los años de condena fueron resueltos por unanimidad por las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereyra, quienes viajaron durante los 30 meses que duró el juicio desde sus provincias San Juan y San Luis, porque todos los jueces designados con anterioridad debieron excusarse por haber tenido relación directa con Bento. “Está causa ha sido una tragedia. Como confío en la Justicia voy a seguir luchando, no voy a bajar los brazos”, dijo Bento en las últimas palabras que pronunció después de las 16 en la última jornada del juicio. El Tribunal Oral Federal 2 de Mendoza condenó al ex magistrado por corrupción como el líder de una asociación ilícita, en la cual recibía coimas a cambio de favores procesales de contrabandistas y narcotraficantes. Bento también fue condenado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en maniobras en las que participó su familia. Su esposa, Marta Boiza, era su secretaria privada y su hijo, Nahuel Bento, era secretario de la Cámara Federal. Para Marta Boiza, la esposa del ex juez, la sentencia fue de 6 años en prisión y para Nahuel, de 5. Los integrantes de la Fiscalía habían pedido que quienes están en prisión efectiva y los que están con domiciliaria, sigan en la misma condición hasta que haya una sentencia firme. Por ahora, la esposa y el hijo del exjuez no irán a la cárcel. “Mientras Walter Bento esté y Facundo esté, tienen que estar juntos. Y el hijo no puede ir a la cárcel”, argumentó el abogado Felipe Salvarezza, del equipo del abogado Mariano Fragueiro Frías. La sentencia determinó que no se les quitará la vivienda familiar en el barrio privado Palmares, de Godoy Cruz, donde vive Facundo y su familia. Tampoco un auto en el que traslada al hijo discapacitado. El resto de las propiedades y los vehículos les serán decomisados por entender que los adquirió la familia del ex juez por coimas y corrupción. Los defensores se habían opuesto al decomiso de los bienes inmuebles y los vehículos, en especial la casa del barrio privado Palmares por tratarse de una “vulneración al derecho” de domicilio de Facundo Bento. “Quieren dejarlos en la calle, una muestra del ensañamiento contra Walter Bento”, planteó la defensa del ex juez. Los bienes que el tribunal determinó que serán decomisados son otros seis departamentos de lujo, siete locales comerciales, bauleras y vehículos, propiedades ubicadas en Villa Palmares, Bosques de Mayo, Vistacruz, y centro comercial Il Mercato. También le quitarán autos Audi, BMW, VW y dinero en efectivo. Los bienes decomisados quedarán bajo la custodia de un interventor judicial hasta que la condena quede firme. La sentencia asegura que Bento diseñó, coordinó y supervisó las maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito: “Seleccionó oportunidades de inversión, planificó y canalizó fondos y transferencias de bienes a su familia, a partir de su conocimiento de la ley de lavado de activos. Su esposa fue un vehículo patrimonial primario, con donaciones y transferencias cruzadas de bienes con sus hijos Nahuel, Luciano y Facundo”. Los otros condenados El abogado Luciano Ortego fue declarado culpable del delito de asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario y el tribunal determinó una pena de 8 años de prisión, inhabilitación para ejercer la profesión por 5 años. A Jaime Alba, también abogado, se lo condenó por asociación ilícita en carácter de organizador, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario, 7 años de prisión e inhabilitación especial de 5 años para el ejercicio de la abogacía. Al condenado por narcotráfico Walter Bardinella Donoso se lo declaró culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario 4 años de prisión. Como registra una pena anterior por narcotráfico, corresponde una pena única de 13 años y seis meses de prisión. El comisario Gabriel Moschetti fue condenado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de violación de secretos, y violación de deberes de funcionario público, el tribunal dispuso 3 años y 6 meses de prisión. Al abogado Martín Ríos lo declararon culpable por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos y recibió 5 años de prisión y la inhabilitación especial de 5 años para el ejercicio de la abogacía. Al abogado Francisco “Chato” Álvarez se lo condenó por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por un hecho, y recibió 3 años y 6 meses de prisión. El abogado Matías Aramayo fue condenado por asociación ilícita en carácter de miembro, en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de partícipe necesario por dos hechos. Le solicitaron 4 años y 6 meses de prisión, multa de 127 millones de pesos e inhabilitación del ejercicio de la abogacía por un plazo de 5 años. La investigación que conmocionó a los tribunales federales de Mendoza comenzó a instruirse en marzo de 2020,
Con una masiva participación y un desarrollo ordenado, continúan en el Domo del Centenario de Resistencia los actos de ofrecimiento de cargos para Nivel Primario, que se extenderán hasta el sábado 14 de febrero. Más de cinco mil docentes de toda la provincia participan de este proceso concursal, que pone en juego más de dos mil cargos en establecimientos educativos chaqueños. Organizados por las Juntas de Clasificación de Nivel Primario, sedes Resistencia y Sáenz Peña, los actos comenzaron el pasado lunes e incluyen los concursos de Ingreso, Traslado y Reincorporaciones para maestros y maestras inscriptos. En cada jornada, el Domo del Centenario se vio colmado, reflejando la magnitud de la convocatoria y la expectativa de los participantes. Durante el lunes y martes se llevó adelante el Traslado Definitivo para Maestros de Grado, con la participación de alrededor de 700 docentes. El martes por la tarde fue el turno del ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado de Adultos y de Educación Física. En tanto, el jueves dio inicio, por orden de mérito, el concurso de Ingreso para Maestros de Grado de Educación Primaria Común, que se extenderá hasta el 12 de febrero y contempla aproximadamente 1.300 cargos vacantes. El cronograma continuará el 13 de febrero con el ofrecimiento de cargos para Maestros de Grado de la modalidad Adultos, y finalizará el sábado 14 con el Ingreso para Educación Física, tanto de Primaria Común como de Adultos. Más allá de la instancia administrativa, los actos de ofrecimiento están atravesados por una fuerte carga emotiva. La titularización representa un objetivo central en la carrera docente y se vive como la concreción de un anhelo largamente esperado.“Titularizar es el sueño de cada docente”, coinciden quienes participan, destacando la estabilidad laboral como uno de los principales valores del proceso. “Representa tranquilidad, estar asentada en un lugar y saber que pertenezco a esa institución”, expresó una docente tras firmar su titularización. También se repiten historias ligadas al arraigo y al sentido de pertenencia, especialmente entre quienes logran titularizar en sus localidades de residencia o en escuelas con un fuerte vínculo personal. “Es una escuela a la que le tengo mucho cariño porque me formé allí”, señaló una docente de General Pinedo, luego de acceder a la titularidad en la EEP N°161. En este contexto, los docentes valoraron el acompañamiento del Ministerio de Educación y la organización del proceso por parte de las Juntas de Clasificación. “Que podamos adjudicar cargos en un lapso tan corto es algo que realmente se agradece”, manifestaron, y expresaron expectativas positivas de cara al ciclo lectivo 2026, renovando su compromiso con la educación y con el fortalecimiento de la estabilidad laboral como base para mejorar las trayectorias educativas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el 10 de diciembre de 2025 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el Caso 13.072 respecto Argentina por la discriminación sufrida por Luis Antonio Herrera Corsi por parte de las autoridades de la Provincia de Santiago del Estero, que se vio reflejada en la obstaculización para la obtención de ascensos en su carrera policial. La petición, presentada ante la CIDH en agosto de 2003 indicó que Luis Antonio Herrera Corsi ingresó a la Policía de la Provincia de Santiago del Estero en 1979 y, entre 1996 y 2002, obtuvo evaluaciones reiteradamente positivas por parte de las Juntas de Calificaciones, ubicándose entre los primeros lugares del orden de mérito para ascensos. No obstante, en 1998 fue excluido del listado de oficiales promovidos al grado de Subcomisario, mientras que ascendieron funcionarios con calificaciones inferiores. La parte peticionaria señaló que Herrera Corsi era hermano de dirigentes de un partido político opositor al gobierno provincial y que, tras negarse a afiliarse al partido gobernante, comenzó a ser sistemáticamente postergado en su carrera. Según lo denunciado, las postergaciones de ascenso incluyeron traslados reiterados a dependencias policiales alejadas de su domicilio, así como tareas de vigilancia y seguimiento de su vida laboral y privada, motivadas por su presunta identificación como “enemigo político”. Herrera Corsi presentó reclamos administrativos, acciones judiciales y denuncias ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, que concluyó que fue víctima de actos discriminatorios. Sin embargo, ninguna de estas acciones revirtió su situación y en 2006 fue dado de baja por retiro obligatorio. En su Informe de Admisibilidad y Fondo No. 155/23, la CIDH analizó el conjunto de medidas adoptadas contra Luis Antonio Herrera Corsi y consideró que dichas acciones respondieron a motivaciones políticas. La Comisión destacó que el Estado no aportó elementos que permitieran desvirtuar esta conclusión ni ofreció justificaciones alternativas más allá de invocar la discrecionalidad administrativa, y advirtió que estas prácticas afectaron de manera grave el desarrollo normal de su carrera y resultaron incompatibles con los principios que rigen una sociedad democrática. Asimismo, la CIDH examinó la actuación de las autoridades administrativas y judiciales y observó que la normativa interna sobre ascensos fue interpretada y aplicada sin control suficiente, generando efectos contrarios a los estándares interamericanos. La Comisión señaló que los recursos interpuestos por la víctima no fueron resueltos de fondo, que se consideró la discrecionalidad administrativa como un ámbito exento de control y que no existieron mecanismos efectivos para cuestionar posibles arbitrariedades. También advirtió deficiencias en la notificación de decisiones judiciales y retrasos injustificados en la tramitación de los procesos, lo que impidió un examen adecuado de las denuncias planteadas y el esclarecimiento oportuno de los hechos. Con base a dichas consideraciones, la Comisión concluyó que el Estado argentino es responsable por la violación de los derechos establecidos en los artículos 8.1, 11.1, 11.2, 23.1 c), 24, 25.1 y 26 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en perjuicio de Luis Antonio Herrera Corsi. En consecuencia, solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1-Reparar integralmente las violaciones declaradas, incluyendo el pago de una indemnización por los daños ocasionados. 2-Adoptar garantías de no repetición, mediante la adecuación y correcta aplicación de la normativa sobre ascensos en las fuerzas policiales para prevenir la discriminación por orientación política; el fortalecimiento del marco jurídico para prohibir labores de inteligencia arbitrarias; y la capacitación de las instituciones policiales en igualdad, no discriminación y respeto al debate político en una sociedad democrática.
¿Está la ganadería argentina en condiciones de abastecer simultáneamente al mercado externo y garantizar el consumo interno? ¿A qué precio pagará el kilo de carne el consumidor argentino? Por el Ing. José Sesma ¿A quién no le gusta la carne vacuna, un buen asado?La pregunta parece casi tonta. Sin embargo, en la Argentina actual, empieza a adquirir un significado inquietante. En lo personal, hace tiempo dejé de consumir carne. No por elección, sino por una cuestión de “salud”: la del bolsillo, que ya no permite darse ese lujo. Porque hoy, en la Argentina, consumir carne vacuna se ha transformado en un privilegio. El problema que atraviesa la mayoría de los argentinos es simple y brutal: no se llega a fin de mes. Para muchos hogares, vivir se ha convertido en una misión imposible. En este contexto, quienes aún pueden comprar carne – y en particular asado – forman parte de un grupo cada vez más reducido. Incluso para ellos cabe una advertencia preventiva: comprar ahora y conservar (frizar), no solo ante la posibilidad de nuevos aumentos de precios, sino frente a un riesgo mayor, menos visible pero real: *la eventual escasez o desabastecimiento en el mercado interno. Este escenario no surge de manera aislada. Se inscribe en decisiones estructurales recientes, entre ellas el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca entre la Argentina y los Estados Unidos, firmado en febrero de 2026. Dicho acuerdo habilita la quintuplicación del cupo de exportación de carne vacuna, que pasa de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, con aranceles preferenciales —incluso nulos—, a partir del presente año. Desde una mirada macroeconómica, esta ampliación puede interpretarse como una oportunidad para incrementar el ingreso de divisas. No obstante, desde una perspectiva productiva, social y federal, surge un interrogante central: ¿está la ganadería argentina en condiciones de abastecer simultáneamente al mercado externo y garantizar el consumo interno? La ganadería bovina no responde a estímulos inmediatos. El incremento del stock ganadero requiere tiempo, inversión y previsibilidad. El aumento del número de vientres, la mejora de los índices reproductivos y el ciclo completo de cría, recría y engorde no pueden acelerarse artificialmente. En consecuencia, una expansión significativa de las exportaciones, sin un plan integral de fortalecimiento productivo, puede generar tensiones en la oferta destinada al mercado interno. Estas tensiones suelen trasladarse de forma directa a los precios, profundizando la caída del consumo per cápita de carne vacuna, que ya se encuentra en niveles históricamente bajos. En regiones como el NEA, donde los ingresos promedio son inferiores a los de los grandes centros urbanos, el impacto es aún mayor, consolidando una brecha alimentaria creciente. El debate de fondo no es exportar o no exportar. El verdadero desafío consiste en definir una política ganadera equilibrada, que permita generar divisas sin desatender el abastecimiento interno ni expulsar del consumo a millones de argentinos. Sin planificación, sin incentivos claros a la expansión productiva y sin una estrategia de largo plazo, el aumento de los cupos de exportación corre el riesgo de beneficiar al mercado externo mientras traslada los costos al consumidor local. La carne vacuna no es solo un producto de exportación: es parte de la historia, la cultura y la alimentación básica de la Argentina. Convertirla en un bien inaccesible para su propia población no puede considerarse un daño colateral inevitable, sino una señal de alerta que merece un debate serio, técnico y verdaderamente federal.
El presidente de Estados Unidos consignó que “no cometió ningún error” luego del escándalo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que “no vio” el video eliminado de la plataforma Truth Social donde se observa al ex mandatario Barack Obama y su esposa, la ex primera dama Michelle, caricaturizados como monos, al tiempo que consideró: “No cometí ningún error”. Según informó el sitio DW, Trump fue interrogado por un periodista en el AF1 camino a Florida sobre si el gobierno pediría disculpas al matrimonio por el material audiovisual, a lo que el republicano se negó. “No, no cometí ningún error”, contestó el jefe de Estado, quien confirmó que no va a despedir a la persona que difundió la filmación, sobre la cual aseguró que “no la vi completa” y solo se lo “dio a la gente” para que lo publicaran. “Rezo porque sea falso porque es la cosa más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debe eliminarlo”, dijo esta mañana en X el senador Tim Scott, republicano de Carolina del Norte. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en X que los Obama “representan lo mejor de este país” y que “todos y cada uno de los republicanos deben denunciar de inmediato la repugnante intolerancia de Donald Trump”. El video completo también incluye a otros demócratas como el ex presidente Joe Biden; la ex vicepresidenta Kamala Harris; la representante de la Cámara, Alexandria Ocasio-Cortez; el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani; y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton. Noticias Argentinas
El niño activista por los derechos del colectivo de discapacidad Ian Moche presentó hoy una solicitud a la Cámara baja para que “aplique una sanción disciplinaria o expulse” del cuerpo por “inhabilidad moral” a la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine, luego de que ésta lo acusara de “actuar como autista” y dijera que su madre Marlene Spesso “no estaba bien de la cabeza”. “IAN MOCHE denunció a la Diputada Nacional @lilialemoine por inhabilidad moral para que la Cámara de Diputados aplique una sanción disciplinaria o la expulse del cuerpo. Ahora los representantes del pueblo tienen la palabra”, posteó en su cuenta de la red social X el abogado Andrés Gil Domínguez, quien representa al menor de edad en este caso. El ataque público que le propinó la legisladora libertaria no fue el primero que recibió de una figura del oficialismo. La Agencia Noticias Argentinas dio cuenta del incidente en el que quedó envuelto el propio presidente Javier Milei cuando citó tiempo atrás un tuit en el que se involucraba al niño con una supuesta “operación kirchnerista”, deslegitimando su reclamo por los recortes en el área de discapacidad. Por ese episodio, la familia de Ian Moche denunció “hostigamiento” y “violencia simbólica” por parte del presidente, quien tildó al menor y a su entorno de “kukas”. El ataque de Lemoine contra Moche, que también tuvo como víctima a la madre del menor, fue mucho más directo: “Estamos en una sociedad hipócrita, en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista”.
Dedicada a la producción de granos y algodón, la empresa con sede en Charata arrastra una deuda bancaria superior a $16.200 millones y más de 40 cheques rechazados. El proceso judicial ya está en marcha. Una empresa agrícola con base en el sudoeste chaqueño, que en los últimos años había ganado visibilidad por su financiamiento en el mercado de capitales, terminó formalizando su presentación en concurso preventivo de acreedores. Se trata de Italar SRL, una firma dedicada a la producción agropecuaria que, tras varias campañas adversas, avanzó en un proceso judicial para intentar ordenar su pasivo y negociar con sus acreedores. La compañía había emitido obligaciones negociables y otros instrumentos de corto plazo en la plaza local, pero desde fines de 2025 comenzó a mostrar señales claras de estrés financiero. La situación derivó primero en una cesación de pagos, comunicada en octubre pasado, y luego en la apertura formal del concurso, que quedó firme por sentencia judicial en diciembre. Según consta en el expediente “Italar SRL s/ Concurso Preventivo”, la causa se tramita ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral N°1 de Charata, a cargo del juez Claudio Silvio Hugo Longhi. La apertura del proceso fue dispuesta por la Sentencia N°124 del 4 de diciembre de 2025, mientras que en enero de este año se publicaron los edictos correspondientes. El juzgado fijó como fecha límite el 30 de abril de este año para que los acreedores presenten sus pedidos de verificación de créditos ante la síndica designada, la contadora Claudia Luisa Elizabeth Giménez, con domicilio constituido en la ciudad de Charata. De la emisión en el mercado al incumplimiento Italar no es una empresa masiva ni de alcance nacional, pero sí había logrado acceder al financiamiento bursátil, un canal que en los últimos años se volvió clave para muchas firmas agropecuarias medianas. En octubre de 2025, sin embargo, la compañía informó que no pudo afrontar el pago de la octava cuota de sus obligaciones negociables clases A y B, lo que marcó el inicio formal de la cesación de pagos. En esa comunicación, atribuida a la Comisión Nacional de Valores (CNV), la empresa explicó que atravesaba una pérdida de hasta el 95% de su capacidad productiva, como consecuencia de campañas consecutivas con bajos o nulos rendimientos. El impacto de la sequía y de factores biológicos, como la chicharrita del maíz, golpeó de lleno a la región chaqueño-santiagueña y dejó a muchas explotaciones con márgenes negativos. El incumplimiento financiero no quedó limitado al mercado de capitales. Con el correr de los meses, los registros oficiales comenzaron a reflejar un deterioro acelerado de su perfil crediticio, tanto en el sistema bancario como en el circuito de pagos. De acuerdo con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Italar registra actualmente una deuda bancaria superior a $16.200 millones. Un punto central es la calidad de ese pasivo: la mayor parte se encuentra clasificada en situación 3 y situación 4, categorías que el regulador asigna a deudores con problemas financieros y con alto riesgo de insolvencia, respectivamente. A ese cuadro se suma un volumen creciente de cheques rechazados. Los registros muestran más de 40 cheques sin fondos, por un monto que supera los $1.100 millones, una señal clara de las dificultades de liquidez que enfrenta la empresa. Estos indicadores marcan un empeoramiento respecto de octubre pasado, cuando la firma ya acumulaba cheques rechazados y un endeudamiento elevado, pero aún no había formalizado el concurso. El cierre del crédito bancario y la imposibilidad de refinanciar vencimientos terminaron por empujar a la empresa a la vía judicial. Fundada en 2002 en Charata, Italar comenzó como prestadora de servicios agrícolas, para luego expandirse a la producción propia de maíz, soja, girasol y algodón, con una superficie sembrada que llegó a superar las 11.000 hectáreas, mayormente sobre campos arrendados. En los últimos años también avanzó en la transformación del algodón, con foco en la producción de hilo certificado. El concurso preventivo abre ahora una etapa clave para definir si la empresa logra reordenar su pasivo y sostener la actividad, en un contexto regional todavía marcado por la volatilidad climática y financiera. Para el mercado, el caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan las agrícolas medianas que combinaron apalancamiento financiero con campañas productivas adversas.
La UOM se sumó a la decisión de las dos CTA de realizar un paro con movilización el día que se trate en el Senado la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió realizar un paro y movilización al Congreso para el miercoles próximo, en protesta contra la reforma laboral de Javier Milei. La decisión se conoció poco después de que la Confederación General de Trabajadores (CGT) determine que no hará un paro general sino que solo marchará el miércoles 11 de febrero cuando se trate la reforma en la Cámara de Senadores. Al poco tiempo de conocerse que la cúpula cegetista se negó a un paro de actividades, el sindicato que reúne a los obreros metalúrgicos convocó a un cese de tareas desde las 10 horas del miércoles próximo y una movilización al Congreso, según pudo saber El Destape. La medida del gremio conducido por Abel Furlán se da mientras el sector continúa reclamando la homologación oficial del acuerdo paritario, una situación que eleva la tensión entre el sindicato, las cámaras emrpesarios y el Gobierno Nacional. Pasado el mediodía, el Consejo Directivo de la CGT definió que el plan de lucha contra la reforma laboral mileísta solo tendrá una marcha hacia el Congreso el día que se trate la iniciativa en el Senado. Fue el cotitular de la central obrera Jorge Sola, quien confirmó que la resolución final fue movilizar con una marcha “multitudinaria y contundente a partir del mediodía”, que terminará en una concentración en la Plaza de los Dos Congresos a las 15. “Los senadores tendrán que defender, en el Parlamento, el compromiso de los trabajadores a los que representan”, agregó el dirigente sindical. Durante la reunión de la CGT hubo cuatro opciones en debate: solo movilización; paro y movilización; paro al mediodía y marcha; y paro general por 48 horas con movilización. Los sectores más dialoguistas propusieron solo marchar el miércoles, mientras que la posición más dura pidió un paro general por 48 horas con movilización. Finalmente se impuso la postura de los dialoguistas, que fue “la que más adhesiones reunía”, tal como confirmaron fuentes en la reunión a este medio. Las dos CTA también van al paro La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma y la de los Trabajadores anunciaron este jueves que saldrían con su propio plan de lucha contra la reforma laboral, con acciones de difusión en distintas terminales de trenes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en otras estaciones del conurbano bonaerense este viernes a la mañana. También llamaron a movilizar en Rosario el martes, mientras que a diferencia de la CGT, convocaron a paro y movilización para el 11 de febrero. Las medias de fuerza anunciadas ayer incluyeron una marcha en la ciudad de Córdoba, la cual fue definida por el titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, como “una movilización extraordinaria” en “una provincia estratégica para el desarrollo industrial del país”. El Destape
Su defensa espera la notificación oficial para saber en qué condiciones quedó en libertad y si podrá regresar o deberá continuar bajo medidas cautelares en Brasil. La Justicia de Brasil ordenó la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina que había sido detenida este viernes en Río de Janeiro por el delito de injuria racial. La prisión preventiva fue revocada tras la presentación de un habeas corpus por parte de su defensa, aunque todavía no se conoce en qué condiciones quedó su libertad ni si podrá regresar a la Argentina. El abogado defensor de Páez, Sebastián Robles, explicó que el juez revocó la prisión preventiva, pero aclaró que el equipo legal aún espera la notificación formal para conocer el alcance de la medida. “Estamos esperando que nos notifiquen en qué condiciones se dio la libertad, porque hay que ver si puede retornar al país”, señaló en declaraciones a AR 12. Al momento de conocerse la decisión judicial, Páez se encontraba en una comisaría de Río de Janeiro realizando la revisión médica de rutina. “Ella está en la comisaría haciendo la revisión médica, estamos esperando que culminen estos procesos para que nos notifiquen en qué condiciones quedó en libertad”, agregó Robles. Una libertad sin definiciones claras Según confirmó su abogado, la orden de liberación fue dictada cerca de las 16:30, hora argentina. Desde el mediodía, la joven de 29 años permanecía en una dependencia policial de la ciudad carioca y, pasadas las 17, solo restaban trámites administrativos para concretar su salida. Por ahora, no está definido si Páez deberá continuar en prisión domiciliaria con tobillera electrónica en Río de Janeiro, si se mantendrán las medidas cautelares vigentes o si se le permitirá regresar a la Argentina. Esa definición, indicaron desde la defensa, se conocerá en las próximas horas. Páez está acusada del delito de injuria racial, una figura equiparada al racismo en la legislación brasileña, que prevé penas de dos a cinco años de prisión y no contempla el beneficio de excarcelación bajo fianza. Página/12
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña continúa ejecutando importantes trabajos de mejora en el sistema de iluminación del Parque Lineal, con el objetivo de fortalecer la seguridad, optimizar la eficiencia energética y brindar un entorno más seguro y agradable para quienes disfrutan de este espacio público. Las tareas incluyen el recambio de cables existentes por nuevos, con una instalación aérea, y la colocación de equipos LED que permiten la repotenciación integral del sistema de iluminación. Además, se está trabajando en los tableros eléctricos, donde se realiza el cambio de contactores y llaves térmicas, mejorando el sistema de encendido y la protección de toda la red. La decisión de avanzar con una instalación aérea responde a hechos de vandalismo registrados en el sector, como el robo de cables, que afectaron tanto el tendido subterráneo como el interior de las columnas. Como medida preventiva y de seguridad, el nuevo sistema se ejecuta de forma aérea, utilizando cable preensamblado, y ya se interviene desde la cabina hasta las columnas de mayor altura. Actualmente, los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, con un avance significativo en la instalación de los nuevos equipos y en la repotenciación del sistema, lo que permitirá recuperar y mejorar la iluminación del parque, aportando mayor tranquilidad y mejor calidad de uso para los vecinos y visitantes.
La actividad se desarrollará este sábado 7 de febrero en el Polideportivo Jaime Zapata, ubicado en Padre Cerqueira 2150, en dos turnos: de 10 a 12 y de 17 a 20. La jornada incluirá una instancia teórica y otra práctica en las instalaciones deportivas, permitiendo a los participantes adquirir conocimientos técnicos y perfeccionar su desempeño en la disciplina. Con el acompañamiento del Instituto del Deporte Chaqueño y la organización de la Asociación Civil Sinergia, el campeón mundial de patinaje de velocidad, Julio Mirena, junto a su equipo, brindará una capacitación destinada a deportistas de la región.Desde la Asociación Civil Sinergia destacaron que esta capacitación forma parte de la preparación de sus integrantes con vistas a los World Skate Games 2026, que se realizarán el 18 de octubre en Asunción, Paraguay. Un referente internacional del patinaje Julio César Mirena es uno de los máximos exponentes del patinaje de velocidad a nivel internacional. Nacido en Venezuela y nacionalizado paraguayo, el deportista se consolidó como una figura histórica para el deporte de su país. Entre sus logros más destacados, en 2025 obtuvo la medalla de oro en la prueba de 5.000 metros puntos durante los World Games realizados en Chengdu, China, convirtiéndose en el primer paraguayo en alcanzar un título mundial en esta disciplina. Ese mismo año sumó una medalla de plata en los 10.000 metros puntos y una de bronce en los 1.000 metros sprint sénior en el Speed World Championship disputado en Beidaihe. Además, en 2024 consiguió la medalla de bronce en el Mundial de Italia y en 2025 se adjudicó la maratón de Portugal. Actualmente, Mirena continúa compitiendo en la élite internacional y es una pieza clave del Team Paraguay de cara a los próximos compromisos continentales y olímpicos. La presencia del campeón mundial en la provincia representa una oportunidad única para el desarrollo del patinaje regional y el fortalecimiento del deporte formativo.
En la tarde de este viernes, alrededor de las 16, personal de la División Operaciones Drogas Interior – El Impenetrable, con base en Fuerte Esperanza, llevó a cabo un importante procedimiento antidrogas en el Paraje Puente, en la localidad de Misión Nueva Pompeya. Los implicados demorados intentaron evadir un control y fueron interceptados. El operativo se desarrolló tras tareas investigativas que indicaban que tres hombres, quienes se autodenominaban el “Cartel 111”, transportaban estupefacientes desde la localidad de El Sauzalito hacia Misión Nueva Pompeya, y utilizaban motocicletas para su traslado. Los efectivos desplegaron un operativo estratégico con controles vehiculares y luego observaron dos motocicletas con tres ocupantes de 18,20 y 21 años quienes al notar la presencia policial intentaron evadir el control, pero uno de los móviles logró cerrarles el paso, y los sospechosos perdieron el control de los rodados y fueron rápidamente interceptados e inmovilizados. Luego de su identificación, los agentes procedieron a realizar la requisa, y encontraron en el interior de una mochila tres paquetes de gran tamaño, envueltos en bolsas de polietileno transparente, que contenían una sustancia vegetal verde amarronada con olor característico a marihuana. Tras la prueba de campo y el pesaje correspondiente, el resultado fue positivo para Cannabis Sativa, con un peso total de 2.906 gramos. Además, se secuestraron dos motocicletas y tres teléfonos celulares. Intervino en la causa la Fiscalía Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo del Dr. Carlos Amad, quien dispuso las actuaciones pertinentes. El procedimiento representa un nuevo golpe al tráfico de drogas en el interior provincial, y una vez más La Policía del Chaco demuestra el profesionalismo y el trabajo constante en la lucha contra el Narcotráfico.
Un cálculo alternativo de Equilibra muestra que, con la canasta actualizada, la pobreza subiría y que la caída reciente sería menor de la que reporta el INDEC, mientras que una corrección por subdeclaración de ingresos la reduce. El Gobierno señala que bajó la pobreza, pero un informe muestra que se debe a una falacia de las estadísticas. El INDEC publicó una caída de la pobreza desde el 52,9% del primer semestre de 2024 hasta el 31,6% del primer semestre de 2025, la cifra más baja desde 2018. Ese descenso, en términos numéricos, es abrupto: 21,3 puntos porcentuales. Pero la pregunta que se abre es qué parte de esa caída corresponde a cambios reales en los ingresos y qué parte se explica por cambios en la forma de medirlos. El informe de Equilibra, cuya actualización fue suspendida por el Gobierno, plantea que el nivel de pobreza sería distinto si se actualizaran la canasta y la captación de ingresos. El punto de partida del trabajo de Equilibra es que la pobreza medida por el INDEC mostró “oscilaciones extremas” en los últimos años, lo que sugiere que la serie oficial responde no solo a la evolución real de la pobreza sino también a problemas metodológicos. Según el informe, la pobreza pasó del 35,2% en octubre 2021-marzo 2022 a 52,9% en el primer semestre de 2024, y luego bajó hasta 31,6% en el primer semestre de 2025, pero “ningún indicador relevante asociado a la pobreza mostró una mejora tan significativa”, señala el informe realizado por Lorenzo Sigaut Gravina, Sebastián Lastiri, Gonzalo Carrera y Micaela Bassi. El informe recalcula la incidencia de pobreza entre el segundo semestre de 2018 y el primer semestre de 2025 tomando dos cambios que, para Equilibra, son esenciales. Por un lado, la actualización de la Canasta Básica Total (CBT) con la ENGHo 2017/18 y, por otro, “la corrección por subdeclaración de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH)”. En términos técnicos, la actualización de la CBT se hace mediante la reconstrucción de la canasta con la ENGHo 2017/18 y la aplicación de dos metodologías alternativas, una que excluye restaurantes dentro de los gastos alimentarios y otra que los incluye. El informe señala que, con la ENGHo 2017/18, el coeficiente de Engel (gastos alimentarios/gastos totales) cae de 38,4% a 33,4% o 27,7% según se incluya o no restaurantes, lo que implica que la inversa del coeficiente de Engel crece. En concreto, el resultado es que la línea de pobreza se eleva porque “los requerimientos básicos para ‘no ser pobre’ son más altos” al incluir una mayor proporción de gastos no alimentarios, como servicios o vestimenta. Desde la consultora explican que la actualización de la CBT con ENGHo 2017/18 “eleva la tasa de pobreza 17 p.p. al excluir restaurantes de los gastos alimentarios y casi 8 p.p. incluyendo restaurantes”. En términos de política pública, la diferencia es central, porque implica que una parte importante de la reducción de pobreza oficial podría depender de un umbral de medición que no refleja la realidad de consumo actual. La segunda variable que Equilibra considera determinante es la subdeclaración de ingresos en la EPH, un fenómeno conocido en encuestas de hogares. La consultora se apoya en el trabajo del CEDLAS (Albina et al., 2024) que estima la subdeclaración por percentiles y deciles, lo que produce una curva en forma de “J”. El informe indica que, en los últimos años, la captación de ingresos de la EPH mostró una mejora significativa desde 2023, lo que sugiere que parte de la caída de la pobreza se explica por una mejor captura de ingresos en la encuesta y no por un aumento real de los ingresos. En ese sentido, Equilibra afirma que la corrección por subdeclaración “genera el efecto inverso sobre la serie de pobreza: la hace descender 10,8 p.p. en promedio y afecta significativamente su dinámica”. Esa corrección reduce la pobreza, pero también cambia la trayectoria. Si la EPH capta mejor los ingresos, el nivel de pobreza baja, pero la caída reciente oficial se vuelve menos contundente porque parte de la mejora se explica por el ajuste de captación, no por la mejora real de los ingresos. El trabajo construye dos series alternativas combinando ambos efectos. En la serie que excluye restaurantes dentro del gasto alimentario, la pobreza corregida por ambos efectos arroja una incidencia del 42% en el primer semestre de 2025, “nivel similar a principios de 2022”. En ese escenario, la caída desde el pico del primer semestre de 2024 es de entre 14,2 y 16,4 puntos porcentuales, frente a los 21,3 puntos que reporta el INDEC. La diferencia no es menor: el informe destaca que “la pobreza baja entre 14,2 y 16,4 p.p. frente a 21,3 p.p. de la medición oficial”. Y añade que, en comparación con el último semestre de Alberto Fernández, la reducción sería “entre 2 y 3,5 p.p., debajo de la diferencia informada por INDEC (-8,3 p.p.)”. La segunda serie, que incluye restaurantes, arroja una incidencia del 31,4% en el primer semestre de 2025, “nivel similar a la oficial y mínimos desde fines de 2018”-. En ese caso, la diferencia con el INDEC se reduce, pero el patrón persiste: la caída desde el pico del primer semestre de 2024 sigue siendo menor que la oficial, con una baja de 16,4 puntos frente a 21,3. La consultora explica que en promedio su estimación se ubica “3,3 p.p. por debajo del INDEC”, pero que la brecha se reduce a “-0,2 p.p.” en el último semestre, también por la mejora de captación de ingresos. El Destape
Se reunirán este martes a las 10 en la sede de calle Güemes. Bajo la conducción de Adrián Bellomi e Isaías Alegre, la central obrera chaqueña definirá la metodología de la movilización provincial del 11 de febrero. Denuncian que el proyecto parlamentario representa una “demolición del salario” y un retroceso en derechos adquiridos, afectando directamente el bolsillo y la salud del plantel de trabajadores chaqueños. La Confederación General del Trabajo (CGT) Regional Chaco se declaró en estado de alerta y movilización ante el inminente tratamiento del Proyecto de Reforma Laboral en el Congreso de la Nación. Para coordinar la respuesta local, el Consejo Directivo convocó a un encuentro plenario este martes 10 de febrero, a las 10, en el predio ubicado en Güemes 68, en la ciudad de Resistencia. El objetivo de la reunión es definir el horario y el recorrido de la marcha provincial prevista para el miércoles 11 de febrero, en sintonía con la disposición de la CGT Nacional. La conducción gremial busca que el descontento del sector se sienta en cada estamento de poder, ante una iniciativa que consideran precariza las condiciones de trabajo y cercena la actividad sindical en todo el país. Desde la central obrera chaqueña advirtieron que los cambios legislativos impactarán en puntos críticos del sustento familiar. Entre las preocupaciones principales se encuentran la implementación del “Banco de Horas”, que afectaría el cobro de horas extras, y la modificación en el régimen de indemnizaciones, lo que generaría una licuación del patrimonio del trabajador frente a la inflación actual. “Esta reforma es un viaje al pasado para que el trabajador pierda siempre”, afirmó Adrián Bellomi, Secretario General de la CGT Chaco. El dirigente explicó que no se trata de una modernización, sino de un ajuste encubierto: “Quieren que las empresas devuelvan las horas extras con tiempo libre cuando a ellos les convenga, pagándolas como hora simple. Básicamente, se va a trabajar más para cobrar lo mismo”, sentenció. Por su parte, el referente Isaías Alegre puso el foco en el cálculo de los despidos y el rol de los representantes chaqueños en la Cámara Alta. “Le pedimos a los senadores Juan Cruz Godoy, Silvana Schneider y Jorge Capitanich que antes de levantar la mano miren el recibo de sueldo de un trabajador del Chaco. No voten una reforma que nos quita las vacaciones y nos deja sin defensa”, remarcó. La CGT Chaco enfatizó que, si bien están abiertos a una actualización de las leyes, esta debe realizarse mediante un diálogo tripartito entre trabajadores, patronales y el Estado. El cierre de la jornada del martes determinará el esquema logístico para que el plantel de delegados y afiliados de toda la provincia se manifieste de forma masiva el próximo miércoles.
Un informe de Chequeado alerta que la iniciativa oficial carece de los estándares internacionales de verificación. Advierten sobre riesgos de hostigamiento y señalan la contradicción con el acceso a la información pública. La creación de la “Oficina de Respuesta Oficial” por parte del gobierno de Javier Milei, diseñada para “desmentir activamente la mentira” en redes sociales, encendió las alarmas entre especialistas en verificación del discurso público. Según un informe del Equipo de Chequeado, la iniciativa carece de la independencia necesaria para ser considerada una herramienta de fact checking válida y podría derivar en mecanismos de persecución. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, si bien el Gobierno busca “dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política”, los expertos señalan que el Estado no puede auditarse a sí mismo bajo las reglas del periodismo de datos. El problema de ser “juez y parte” Las organizaciones de verificación independientes se rigen por el Código de Principios de la International Fact Checking Network (IFCN), que exige transparencia en la metodología, el financiamiento y una política de corrección abierta. Contradicciones y antecedentes El informe destaca una paradoja en la gestión actual: mientras promete combatir la desinformación “brindando más información”, la administración de Milei modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública introduciendo nuevas restricciones. De hecho, datos oficiales indican que esta gestión es la que “más pedidos de acceso a la información dejó sin responder” en comparación con los gobiernos de Mauricio Macri y Alberto Fernández. No es la primera vez que un gobierno intenta controlar el discurso mediante “verificadores” oficiales. El informe cita antecedentes como:__IP__ Tanto FOPEA como dirigentes de la oposición ya manifestaron su rechazo, advirtiendo que estas herramientas pueden convertirse en formas encubiertas de hostigamiento y persecución a voces disidentes.
El último acuerdo paritario entre la UOCRA y las Cámaras empresarias de la construcción definió incrementos salariales escalonados para los meses de enero y febrero de 2026, que impactan en todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75 y, por extensión, en el CCT N° 577/10 para tareas específicas como canalización, líneas e instalaciones. El esquema establece un aumento del 2% en enero de 2026 sobre los salarios vigentes al 31 de diciembre de 2025, y un 1,8% adicional en febrero de 2026 calculado sobre los salarios al 31 de enero de 2026. Estos ajustes se aplican como incrementos acumulativos sobre los básicos, definiendo así la nueva estructura de costos laborales para obras públicas y privadas durante ese bimestre. Además de los porcentajes, se acordaron sumas fijas no remunerativas mensuales por categoría, que funcionan como un refuerzo del ingreso en función del rol dentro de obra. Para la Zona A se fijaron los siguientes montos: En términos de valores horarios y mensuales, desde el 1° de enero de 2026 las escalas quedan así: Oficial especializado $5.373 por hora; Oficial $4.596 por hora; Medio oficial $4.248 por hora; Ayudante $3.910 por hora; Sereno $710.248 por mes. A partir del 1° de febrero de 2026, los valores pasan a: Oficial especializado $5.470 por hora; Oficial $4.679 por hora; Medio oficial $4.324 por hora; Ayudante $3.980 por hora; Sereno $723.032 por mes. El acuerdo rige hasta el 28 de febrero de 2026, con una nueva negociación prevista para definir los montos desde marzo. La estructura salarial se organiza además por zonas geográficas, lo que reconoce diferencias de costos y condiciones regionales. La Zona A incluye CABA y provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otras; la Zona B comprende Neuquén, Río Negro y Chubut; la Zona C corresponde a Santa Cruz; y la Zona Austral a Tierra del Fuego. A partir de esta base se ajustan al alza los valores de las demás zonas respecto de la Zona A, impactando en la planificación de presupuestos y licitaciones de obras en cada región. Construar