Más de 400 adultos mayores participaron de la celebración “Primavera en Do Mayor”, organizada por la Dirección de Sistema Integral Gerontológico, dependiente de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Humano. El encuentro se realizó en Colonia Popular, contó con la presencia de la intendente Mariela Soto y tuvo como eje el reconocimiento del rol social de las personas mayores y la promoción de sus derechos. La jornada reunió a integrantes de clubes de adultos y centros de jubilados de Resistencia, Colonia Popular, Barranqueras, Lapachito, Makallé, La Escondida, Presidencia Roque Sáenz Peña, Puerto Tirol y Fontana. Autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano y de los municipios participantes acompañaron el encuentro, que incluyó actividades recreativas y una variada propuesta artística. La jornada contó además con la colaboración de la Subsecretaría de Transporte y Lotería Chaqueña, entre otros organismos. Promoción de derechos y participación activa La directora de Sistema Integral Gerontológico, Ana Orosco, destacó el trabajo articulado entre distintas áreas del Estado para concretar la celebración. “El objetivo primordial es la promoción de derechos de los adultos mayores como protagonistas de las diversas propuestas que se llevan adelante desde la Dirección, revalorizar su rol social”, señaló. En este sentido, la actividad buscó generar un espacio de encuentro, integración y participación, poniendo en valor el protagonismo de los adultos mayores en la vida comunitaria. Música, danzas y elección de los reyes de la primavera El encuentro contó también con la participación de distintos grupos de danzas, cuerpos de baile y conjuntos musicales, muchos de ellos integrados por adultos mayores. Entre las presentaciones se destacó la participación de la Escuela de Folclore Esencia de mi Pueblo, de Colonia Popular, y el grupo Los Llanos, de Fontana, con una propuesta de danzas paraguayas.Uno de los momentos más esperados fue la presentación del reconocido folclorista Marcelo Córdoba, quien ofreció un amplio repertorio y compartió con los presentes parte de sus 25 años de trayectoria en la música. La jornada también incluyó el tradicional desfile de postulantes y la elección del Rey y la Reina de la Primavera, además de regalos y premios sorpresa para los participantes. Con música, baile, risas y espacios de encuentro, “Primavera en Do Mayor” se consolidó como una jornada destinada a celebrar a los adultos mayores, fortalecer los vínculos comunitarios y acompañar su participación activa en la sociedad.
Autor: Redacción General
La prisión domiciliaria de Cristina Kirchner seguirá vigente luego de que la Justicia analizara cómo cumplió las condiciones impuestas desde el inicio de esta modalidad. El juez Rodrigo Giménez Uriburu concluyó que la expresidenta respetó las pautas fijadas por el tribunal durante el período evaluado. Para resolver la continuidad de la medida, el TOF N° 2 revisó los reportes elaborados por la Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. Uno de los puntos analizados fue la permanencia de Cristina Kirchner en el domicilio. También se verificó el funcionamiento del dispositivo de monitoreo electrónico, que no registró inconvenientes durante el período incluido en los informes. Los controles presenciales tampoco detectaron incumplimientos. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal realizó entrevistas domiciliarias de manera aleatoria y señaló que la expresidenta respondió a los requerimientos realizados por los profesionales. En cuanto a las visitas, el informe estableció que se mantuvieron dentro de las autorizaciones otorgadas por el tribunal. Solo se registró una demora de una visitante, situación que fue explicada ante las autoridades judiciales. Una salida autorizada y sin incidentes Durante el período analizado hubo una única salida del domicilio. Se trató de una consulta médica previamente autorizada por la Justicia y, de acuerdo con los informes incorporados al expediente, se desarrolló sin inconvenientes. El tribunal también consideró lo ocurrido alrededor del edificio de San José 1111. Aunque durante este tiempo hubo movilizaciones frente al domicilio de la expresidenta, los informes no consignaron situaciones que alteraran la tranquilidad del vecindario ni reclamos de los vecinos. En ese contexto, Giménez Uriburu sostuvo que Cristina Kirchner mantuvo una conducta acorde con las condiciones establecidas para cumplir la pena bajo arresto domiciliario. La resolución permite así que continúe en su vivienda bajo el esquema de control vigente. Fuente: Página 12
Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, planteó la necesidad de reforzar las medidas preventivas ante la posibilidad de un período de excesos hídricos y advirtió sobre la situación de distintas cuencas de la provincia que, según señaló, requieren trabajos de limpieza y mantenimiento. En los estudios de CIUDAD TV, Martínez Zampa sostuvo que la llegada del fenómeno genera preocupación en el sector productivo, pero también la necesidad de anticiparse a posibles escenarios de emergencia. “Los fenómenos meteorológicos no los podemos manejar, lo único que podemos hacer es tratar de tomar las medidas preventivas y luego, ante las situaciones de emergencia, ya tener previstos ciertos recursos o vías de salida”, explicó. La dirigente rural destacó los trabajos que la provincia presentó recientemente, entre ellos la limpieza de canales y la creación de un centro único de operaciones para gestionar emergencias. Sin embargo, manifestó su preocupación porque, a su entender, la planificación no contempla con suficiente claridad algunas zonas del territorio chaqueño. “Particularmente pienso que hay un trabajo de la provincia que está muy enfocado hacia la zona sur de la provincia”, señaló, y mencionó como sectores que requieren atención las cuencas de los ríos Guaycurú-Iné, de Oro, Tapenagá y Salado. En ese sentido, remarcó la importancia de realizar tareas de limpieza que permitan el escurrimiento natural del agua. “El río Guaycurú y el río de Oro eran ríos navegables y hoy están totalmente tapados”, sostuvo. Martínez Zampa aclaró que la declaración de emergencia no puede realizarse de manera preventiva, sino una vez que se produzcan las precipitaciones y exista una situación que la justifique. Por eso, consideró necesario que estén previstas de antemano las herramientas que deberán aplicarse cuando llegue ese momento. Entre ellas mencionó medidas vinculadas a la comercialización de la producción. Explicó que, ante una emergencia hídrica, un productor puede verse obligado a vender animales de manera anticipada y que esas operaciones no deberían recibir el mismo tratamiento que una venta habitual. También puso el foco en la sanidad animal, debido a que el exceso de humedad puede afectar a los bovinos, y en el estado de los caminos rurales. “Si uno tiene necesidad de sacar hacienda porque se le está inundando el campo, tiene que poder tener el camino disponible para que pueda entrar el camión a sacar la hacienda”, indicó. Otro de los planteos apunta a flexibilizar los trámites administrativos para el movimiento de hacienda durante una emergencia. Según explicó, debería facilitarse el traslado de animales de un campo a otro para evitar que las exigencias burocráticas dificulten una respuesta rápida ante la inundación. Preocupación por las cuencas del este chaqueño La presidenta de la Sociedad Rural del Chaco insistió en que la prevención debe contemplar especialmente a las cuencas de la zona este de la provincia. Señaló que existen reclamos de productores por la falta de mantenimiento en sectores del Tapenagá y del río Salado, además de la preocupación por el Guaycurú-Iné. “El agua tiene que decantar de oeste a este, entonces la zona este, que somos nosotros, la zona ganadera de la provincia, toda el agua va a escurrir naturalmente hacia nuestra zona”, explicó. En ese punto, advirtió sobre las consecuencias que podría generar un exceso hídrico sin vías adecuadas de escurrimiento. “Si no es como que va a ser una pileta”, graficó. La dirigente diferenció además el impacto que una emergencia hídrica puede tener sobre la ganadería y la agricultura. Mientras un productor ganadero puede eventualmente trasladar sus animales si cuenta con caminos transitables, sostuvo que para la agricultura una inundación puede representar una pérdida total de la producción. Martínez Zampa también planteó la necesidad de reactivar las comisiones de manejo de agua, conocidas como COMAS, para avanzar en una administración integral de las cuencas. Señaló que durante períodos de sequía algunos productores realizan intervenciones para retener agua que pueden afectar a otros establecimientos ubicados dentro de la misma cuenca. “El agua tiene que manejarse como un bien de todos, tiene que tener un adecuado manejo”, afirmó, y consideró que la Administración Provincial del Agua (APA) y el Gobierno deben intervenir ante situaciones en las que existan obstrucciones o “tapones” que perjudiquen el escurrimiento. “Tenemos que ser intransigentes y tenemos que tener en cuenta que el agua es un bien que no puede manejarse de acuerdo al capricho o a la necesidad de un solo productor”, sostuvo. Finalmente, aseguró que la entidad continúa articulando pedidos ante el Ministerio, la APA y Vialidad, además de mantener contacto con productores de distintos puntos de la provincia para trasladar al Gobierno las necesidades que puedan surgir ante la llegada del fenómeno.
Mariela Martínez Zampa, presidenta de la Sociedad Rural del Chaco, planteó la necesidad de reforzar las medidas preventivas ante la posibilidad de un período de excesos hídricos y advirtió sobre la situación de distintas cuencas de la provincia que, según señaló, requieren trabajos de limpieza y mantenimiento. En los estudios de CIUDAD TV, Martínez Zampa sostuvo que la llegada del fenómeno genera preocupación en el sector productivo, pero también la necesidad de anticiparse a posibles escenarios de emergencia. “Los fenómenos meteorológicos no los podemos manejar, lo único que podemos hacer es tratar de tomar las medidas preventivas y luego, ante las situaciones de emergencia, ya tener previstos ciertos recursos o vías de salida”, explicó. La dirigente rural destacó los trabajos que la provincia presentó recientemente, entre ellos la limpieza de canales y la creación de un centro único de operaciones para gestionar emergencias. Sin embargo, manifestó su preocupación porque, a su entender, la planificación no contempla con suficiente claridad algunas zonas del territorio chaqueño. “Particularmente pienso que hay un trabajo de la provincia que está muy enfocado hacia la zona sur de la provincia”, señaló, y mencionó como sectores que requieren atención las cuencas de los ríos Guaycurú-Iné, de Oro, Tapenagá y Salado. En ese sentido, remarcó la importancia de realizar tareas de limpieza que permitan el escurrimiento natural del agua. “El río Guaycurú y el río de Oro eran ríos navegables y hoy están totalmente tapados”, sostuvo. Martínez Zampa aclaró que la declaración de emergencia no puede realizarse de manera preventiva, sino una vez que se produzcan las precipitaciones y exista una situación que la justifique. Por eso, consideró necesario que estén previstas de antemano las herramientas que deberán aplicarse cuando llegue ese momento. Entre ellas mencionó medidas vinculadas a la comercialización de la producción. Explicó que, ante una emergencia hídrica, un productor puede verse obligado a vender animales de manera anticipada y que esas operaciones no deberían recibir el mismo tratamiento que una venta habitual. También puso el foco en la sanidad animal, debido a que el exceso de humedad puede afectar a los bovinos, y en el estado de los caminos rurales. “Si uno tiene necesidad de sacar hacienda porque se le está inundando el campo, tiene que poder tener el camino disponible para que pueda entrar el camión a sacar la hacienda”, indicó. Otro de los planteos apunta a flexibilizar los trámites administrativos para el movimiento de hacienda durante una emergencia. Según explicó, debería facilitarse el traslado de animales de un campo a otro para evitar que las exigencias burocráticas dificulten una respuesta rápida ante la inundación. Preocupación por las cuencas del este chaqueño La presidenta de la Sociedad Rural del Chaco insistió en que la prevención debe contemplar especialmente a las cuencas de la zona este de la provincia. Señaló que existen reclamos de productores por la falta de mantenimiento en sectores del Tapenagá y del río Salado, además de la preocupación por el Guaycurú-Iné. “El agua tiene que decantar de oeste a este, entonces la zona este, que somos nosotros, la zona ganadera de la provincia, toda el agua va a escurrir naturalmente hacia nuestra zona”, explicó. En ese punto, advirtió sobre las consecuencias que podría generar un exceso hídrico sin vías adecuadas de escurrimiento. “Si no es como que va a ser una pileta”, graficó. La dirigente diferenció además el impacto que una emergencia hídrica puede tener sobre la ganadería y la agricultura. Mientras un productor ganadero puede eventualmente trasladar sus animales si cuenta con caminos transitables, sostuvo que para la agricultura una inundación puede representar una pérdida total de la producción. Martínez Zampa también planteó la necesidad de reactivar las comisiones de manejo de agua, conocidas como COMAS, para avanzar en una administración integral de las cuencas. Señaló que durante períodos de sequía algunos productores realizan intervenciones para retener agua que pueden afectar a otros establecimientos ubicados dentro de la misma cuenca. “El agua tiene que manejarse como un bien de todos, tiene que tener un adecuado manejo”, afirmó, y consideró que la Administración Provincial del Agua (APA) y el Gobierno deben intervenir ante situaciones en las que existan obstrucciones o “tapones” que perjudiquen el escurrimiento. “Tenemos que ser intransigentes y tenemos que tener en cuenta que el agua es un bien que no puede manejarse de acuerdo al capricho o a la necesidad de un solo productor”, sostuvo. Finalmente, aseguró que la entidad continúa articulando pedidos ante el Ministerio, la APA y Vialidad, además de mantener contacto con productores de distintos puntos de la provincia para trasladar al Gobierno las necesidades que puedan surgir ante la llegada del fenómeno.
El sábado 26 de septiembre, a las 21, el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) recibirá a “EVA. Un ansia fiera en la manera de querer”, una obra de teatro musical con base histórica que recorre distintos momentos de la vida de Eva Duarte. Con autoría de Ana Clara Ambatese, la propuesta aborda la figura de Eva desde su niñez marcada por el desarraigo hasta su consolidación como una de las protagonistas de la vida política y social argentina. Narrada desde la voz y la mirada de Eva, que transita sus recuerdos y se corporiza a lo largo del relato, la obra entrelaza escenas de infancia, cartas familiares, sueños juveniles, luchas políticas, discursos históricos y momentos íntimos. La puesta combina lenguaje poético, recursos del radioteatro y canciones del repertorio popular argentino, con composiciones vinculadas a figuras como Carlos Gardel, Homero Manzi y Eladia Blázquez. A través de estos elementos, construye un recorrido por diferentes dimensiones de Eva Duarte y por el contexto histórico en el que desarrolló su vida pública. Con una duración de 90 minutos, divididos en dos actos, “EVA. Un ansia fiera en la manera de querer” propone un acercamiento teatral a temas como la política, el feminismo, la justicia social, el amor y el legado. Entradas, disponibles en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21.
El sábado 26 de septiembre, a las 21, el Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) recibirá a “EVA. Un ansia fiera en la manera de querer”, una obra de teatro musical con base histórica que recorre distintos momentos de la vida de Eva Duarte. Con autoría de Ana Clara Ambatese, la propuesta aborda la figura de Eva desde su niñez marcada por el desarraigo hasta su consolidación como una de las protagonistas de la vida política y social argentina. Narrada desde la voz y la mirada de Eva, que transita sus recuerdos y se corporiza a lo largo del relato, la obra entrelaza escenas de infancia, cartas familiares, sueños juveniles, luchas políticas, discursos históricos y momentos íntimos. La puesta combina lenguaje poético, recursos del radioteatro y canciones del repertorio popular argentino, con composiciones vinculadas a figuras como Carlos Gardel, Homero Manzi y Eladia Blázquez. A través de estos elementos, construye un recorrido por diferentes dimensiones de Eva Duarte y por el contexto histórico en el que desarrolló su vida pública. Con una duración de 90 minutos, divididos en dos actos, “EVA. Un ansia fiera en la manera de querer” propone un acercamiento teatral a temas como la política, el feminismo, la justicia social, el amor y el legado. Entradas, disponibles en la boletería del teatro, de miércoles a sábados, de 17 a 21.
Alejandro Alberto Vilches presentó su renuncia como secretario Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud. En una nota dirigida al titular de la cartera sanitaria, Mario Lugones, el funcionario comunicó que dejaba el cargo “a partir de este momento” y atribuyó la decisión a “razones estrictamente personales”. “Por medio de la presente le comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento”, señaló Vilches en la nota enviada a Lugones. El funcionario agregó que la decisión responde a “razones estrictamente personales” y agradeció a las autoridades por su designación. La renuncia se conoce en medio de la tensión generada dentro del oficialismo y con los bloques aliados por los cambios en materia de discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y mientras el Congreso debate una prórroga a la emergencia. Vilches había sido designado al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad a partir del 23 de enero de 2026, mediante el Decreto 83/2026. Previamente había ocupado distintos cargos dentro del Ministerio de Salud. La tensión por el capítulo de Discapacidad El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora modificaciones sobre distintos aspectos de la legislación vigente en materia de discapacidad. Entre otros puntos, el texto establece cambios en las condiciones vinculadas con las pensiones por discapacidad, modifica el esquema de prestaciones y plantea cambios en los mecanismos de actualización y financiamiento. La inclusión de estos artículos generó diferencias incluso dentro del oficialismo. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, reconoció que desconocía las modificaciones incorporadas al proyecto y cuestionó que no hubieran sido discutidas previamente en la mesa política. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, sostuvo Bullrich. La senadora también advirtió que este tipo de decisiones “resienten” el vínculo con los aliados parlamentarios, en un contexto en el que el Gobierno deberá negociar el Presupuesto con distintos bloques del Congreso. Fuente: Ámbito
Un millonario robo sacude a LT7 Radio Corrientes, una de las emisoras históricas de la provincia. El hecho habría ocurrido durante la madrugada en las instalaciones ubicadas sobre calle La Rioja 743, en pleno centro de la capital correntina. Según la información conocida hasta el momento, desconocidos habrían ingresado al edificio por el techo y accedido a las oficinas, donde violentaron una caja fuerte y se apoderaron de una importante suma de dinero. La cifra que trascendió rondaría los $50.000.000 en efectivo, aunque este monto todavía deberá ser establecido y confirmado oficialmente por la investigación. Pero hay un dato que genera especial atención: los delincuentes habrían ingresado por la parte superior del edificio y actuado durante la madrugada, aprovechando la ausencia de personal. Otro punto que ya despierta interrogantes está relacionado con el sistema de cámaras de seguridad. De acuerdo con la información preliminar, las cámaras de la emisora permitían monitorear lo que ocurría, pero no estarían realizando grabaciones, por lo que ahora se intenta determinar si esta circunstancia fue aprovechada por quienes cometieron el robo. La pregunta que surge inevitablemente es: ¿los autores conocían de antemano cómo funcionaba el sistema de seguridad del lugar? Tras conocerse el hecho, intervino la Policía y se desplegaron tareas investigativas y periciales en el edificio. Los especialistas deberán determinar por dónde ingresaron exactamente los delincuentes, cómo lograron acceder a la caja fuerte, cuánto tiempo permanecieron dentro y si existió algún tipo de información previa que les permitiera conocer la existencia del dinero y las condiciones de seguridad. Por el momento hay hermetismo alrededor de la investigación y no se informaron oficialmente personas detenidas. El caso quedó bajo investigación y en las próximas horas podrían surgir nuevos elementos que permitan reconstruir cómo se concretó uno de los robos de mayor impacto económico registrados recientemente en la capital correntina. Corrientes Hoy
El proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, enviado por el Gobierno en el marco de un sorpresivo impulso de la Causa Malvinas, fue girado en la Cámara de Diputados a las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, presididas por los oficialistas Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente. La iniciativa consta de 133 artículos y, además de la derogación de la actual Ley 26.659 -sobre sanciones en la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina- y cambios al Código Penal, también introduce modificaciones en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Inteligencia (25.520) y hasta la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos (26.215). En los días posteriores a su presentación, desde la oposición aparecieron las primeras advertencias sobre el extenso proyecto, referidas a delegación de facultades para el Poder Ejecutivo, atribuciones para las Fuerzas Armadas y una especial atención sobre la creación de un tipo penal referido a la “desinformación”, sobre el que ya también han salido a alertar abogados constitucionalistas. “¿Y esto qué tiene que ver con Malvinas? El proyecto incorpora restricciones a la participación de extranjeros en procesos electorales argentinos”, observó el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi, quien puso la lupa sobre distintas definiciones que se incorporan en el texto. “Malvinas no puede ser el caballo de Troya para cambiar todo el sistema de seguridad, defensa e inteligencia”, agregó el exministro de Defensa. Por su parte, desde la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro puso un manto de sospecha sobre una “amnistía” encubierta a empresas que ya han sido sancionadas e inhabilitadas por operaciones vinculadas a Malvinas, al proponer la derogación de la ley por la cual fueron castigadas. Entre los artículos que generaron “ruido” desde que se conoció el proyecto -anunciado por cadena nacional por el Presidente Javier Milei el pasado 3 de septiembre- se encuentran dos que forman parte del Título VI, sobre “fortalecimiento ante la influencia extranjera y otras modificaciones”. El artículo 106 incorpora a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que “las personas humanas extranjeras que no cuenten con residencia permanente en el país y las personas jurídicas extranjeras no podrán realizar actos de financiamiento, organización, dirección o ejecución de actividades de campaña electoral o propaganda electoral”. Por otra parte, el artículo 111 incorpora el artículo 225 bis al Código Penal, con el objeto de establecer penas de prisión de 5 a 12 años para quien “actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado extranjero, organización o agente extranjero, realizare actividades que procuren alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva; y/o promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado argentino o sus habitantes”. “La pena será de 8 a 15 años si la conducta se cometiere mediante amenazas, sobornos, coerción o uso de estructuras criminales”, agrega el texto. Entre sus principales puntos, la iniciativa apunta a endurecer significativamente las sanciones contra empresas y personas que desarrollen actividades económicas en las islas o en los espacios marítimos e insulares reclamados por la Argentina sin autorización nacional. La propuesta deroga la Ley 26.659 y amplía considerablemente su alcance. Mientras la norma vigente estaba centrada principalmente en actividades hidrocarburíferas, el nuevo régimen alcanza a cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no renovables, realizado sin habilitación argentina. Otra novedad es que el proyecto habilita la realización de juicios en ausencia para los delitos previstos en el régimen. Además, se crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Presidente de la Nación e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Economía, Defensa y Relaciones Exteriores, el titular de la SIDE y la Secretaría Legal y Técnica. Ese organismo tendrá facultades para coordinar políticas diplomáticas, económicas, militares, jurídicas y de inteligencia vinculadas con la seguridad nacional. Fuente: Parlamentario
En el marco del Día del Pastor, que se celebra cada tercer domingo de septiembre, el Gobernador realizó un reconocimiento a pastores y referentes de distintas comunidades de la provincia, destacando su tarea cotidiana de acompañamiento, escucha y contención social. Este lunes, el gobernador Leandro Zdero agradeció a los Pastores por el acompañamiento brindado desde el inicio de la gestión y valoró especialmente el trabajo que realizan junto a las familias y comunidades chaqueñas. “Quiero agradecerles desde el momento que asumimos esta responsabilidad, por el acompañamiento que hemos sentido de cada uno de ustedes. En esa valoración y respeto estamos hoy para rendirles homenaje y decirles que valoramos la tarea que cotidianamente hacen”, expresó el mandatario. Zdero también destacó la importancia de profundizar el trabajo conjunto entre el Estado y las instituciones religiosas, y mencionó como herramienta concreta la elaboración de una georreferenciación de las iglesias y congregaciones existentes en la provincia. “Estamos trabajando en una georreferenciación de dónde hay una iglesia, qué pastor está, cómo estamos trabajando y cuál es la articulación que necesitamos tener. Ese registro nos permite también fortalecer el trabajo conjunto”, señaló. Por su parte, el coordinador de Culto, Pablo Paredes, destacó el rol social de los pastores y de las instituciones religiosas, especialmente en el acompañamiento a las familias en momentos de dificultad. “Ser pastor significa acompañar, escuchar, sostener y estar cerca de la familia, especialmente en los momentos difíciles”, sostuvo. Paredes explicó que desde la Coordinación de Culto se viene trabajando para fortalecer los vínculos con las comunidades religiosas y generar herramientas que permitan una mayor presencia territorial. En ese marco, destacó la creación de un mapa interactivo de instituciones religiosas, que ya cuenta con información de más de 1.100 congregaciones de toda la provincia. “Esto no solamente es una herramienta tecnológica, es una manera de estar más cerca. Nos permite conocer, acercarnos a las comunidades del interior y trabajar para llegar a todos los rincones más profundos de la provincia del Chaco”, explicó. El funcionario resaltó además la presencia de pastores provenientes de distintas localidades, incluido El Impenetrable, y valoró el rol que cumplen las comunidades de fe en cada territorio.Paredes destacó también la decisión del Gobierno provincial de mantener abiertas las puertas a las instituciones religiosas y avanzar en espacios de diálogo y articulación. “Desde el comienzo de su gestión, el gobernador Leandro Zdero abrió las puertas del Gobierno de la Provincia a las instituciones religiosas. Su mirada sobre la fe, la familia y los valores que sostienen a nuestra sociedad nos permite entender que las comunidades de fe tienen mucho para aportar en la construcción de un Chaco mejor”, afirmó. Finalmente, remarcó que el objetivo es continuar fortaleciendo los vínculos con las distintas comunidades religiosas, desde el respeto a cada institución y promoviendo espacios de diálogo y trabajo conjunto. “Queremos seguir caminando junto a ustedes, respetando cada comunidad y fortaleciendo los vínculos que nos unen. Cuando hay diálogo, cuando hay fe, cuando hay familia y cuando hay voluntad de servir, podemos seguir construyendo esperanza”, concluyó. Acompañaron este encuentro: el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; el ministro de Gobierno, Carim Peche; el subsecretario de Gobierno, Sebastián Lazzarini; demás autoridades provinciales y Pastores de toda la provincia.
El escándalo de corrupción en la Quinta Presidencial de Olivos que derivó en la caída de la mano derecha de Karina Milei, el despido de varios empleados y la militarización de la residencia, dejó al descubierto una red de negocios oscuros detrás de la Secretaria General y “las chicas superpoderosas”. La Justicia Federal ya tiene en sus manos una denuncia penal por la presunta corrupción en Olivos. La principal apuntada es la ahora ex subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, pero detrás suyo también aparece el nombre de otra mujer de extrema confianza de Karina Milei, su asesora Mara Gorini. El nombre de Gorini vincula directamente con Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, y su empresa +BE. “Son Bombón, Bellota y Burbuja, las chicas superpoderosas de Karina”, ironizó ante LPO una fuente que conoce muy bien toda la trama. Gorini fue socia y apoderada de la productora Foggia Group, a la que renunció cuando ingresó sin cargo formal al gobierno. La firma quedó a cargo de su esposo Marcelo Dionisio y el hijo de ambos, y su sombra estuvo detrás de diferentes negocios con el Estado. El más conocido fue la concesión de Tecnópolis, que Foggia quiso quedarse en asociación con los Werthein. El vínculo de Gorini con Angeletti es un contrato de al menos 55 millones de pesos que Foggia le pagó a +BE por servicios de asesoría. La empresa de la esposa de Adorni tuvo un explosivo crecimiento entre empresas estatales y contratistas que súbitamente se interesaron en el coaching ontológico. El escándalo de Olivos destapó la conexión entre Agudiez y Gorini, dos de las personas de más confianza de Karina. La diputada nacional Marcela Pagano denunció a Agudiez y su cuñado Javier Sosa, ex intendente de la Quinta de Olivos, por la compra millonaria de carne para la residencia y la Quinta de Olivos. La presentación hace un detalle análisis de las incongruencias en los volúmenes de compra y advierte sobre un llamativo agotamiento anticipado de la comida que se había comprado. La hipótesis de la denuncia a la que accedió LPO es que los alimentos comprados por el Estado habrían sido derivados a una empresa de catering de Agudiez y Sosa, “que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros”. En una ampliación de la denuncia, Pagano involucró a Gorini en la trama de irregularidades de la empresa de catering de Agudiez, “Pancitos Caseros”, y el uso de insumos y personal del Estado para un negocio privado. Pagano descubrió una póliza de seguro de accidentes personales para “personal de catering”, emitida por BBVA Seguros y contratada en marzo de 2024 por Analía Agudiez, hermana de la Belén, empleada de la cocina de Olivos y titular formalmente de “Pancitos Caseros”. Entre los beneficiarios de la póliza figuran Foggia Group, Mara Gorini y Marcelo Dionisio, mientras que entre el personal de catering asegurado están Sosa, Analía Agudiez y dos empleadas de Olivos, María Laura Villegas y Camila Tamara Lasychyn Zapata. Es decir que los empleados de Olivos figuran como personal de un servicio privado de catering. “No existe explicación lícita para que una empresa privada asegure laboralmente, como personal propio, al funcionario público que administra la residencia presidencial y a sus colaboradoras directas: o bien esos funcionarios prestaban efectivamente servicios para el emprendimiento privado, o bien se los hizo figurar como tales para satisfacer las exigencias de un contratante, lo que supone la utilización de la identidad y de la función pública al servicio de un negocio particular”, señala la denuncia. Pagano reveló que el seguro fue para el evento “Bizarren Musik Party” realizado en GEBA en marzo de 2024 y fue organizado por Foggia, por lo que Gorini y su esposo figuran como beneficiarios de la póliza. Hubo otro evento el mismo mes en el mismo lugar y con el catering de “Pancitos Caseros”. “El emprendimiento de la cocinera de Olivos prestó el servicio de catering de un espectáculo producido por la consultora de la Secretaría General de la Presidencia, y aseguró para ello, como ‘personal de catering’, al intendente de la residencia y a las dos coordinadoras de su Administración General”, resume Pagano. La sospecha planteada en la denuncia es que los alimentos se desviaron a la empresa de catering de Agudiez y Sosa. “Los alimentos que la Secretaría General compra para Olivos en volúmenes incompatibles con el consumo de una residencia son exactamente los insumos de un servicio de catering para eventos; la persona que administraba la cocina donde esos alimentos ingresaban es la titular del catering; su marido es quien administraba la residencia, recibía la mercadería y certificaba su ingreso; y las dos funcionarias que coordinaban los servicios auxiliares y el control administrativo del predio figuran como personal del emprendimiento. El circuito completo -compra pública, recepción, custodia, salida y comercialización privada- estaba en manos de un mismo grupo familiar y laboral”, dice la denuncia. La presentación apunta a que se investigue a los acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y peculado. La Política Online
El escándalo de corrupción en la Quinta Presidencial de Olivos que derivó en la caída de la mano derecha de Karina Milei, el despido de varios empleados y la militarización de la residencia, dejó al descubierto una red de negocios oscuros detrás de la Secretaria General y “las chicas superpoderosas”. La Justicia Federal ya tiene en sus manos una denuncia penal por la presunta corrupción en Olivos. La principal apuntada es la ahora ex subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, pero detrás suyo también aparece el nombre de otra mujer de extrema confianza de Karina Milei, su asesora Mara Gorini. El nombre de Gorini vincula directamente con Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, y su empresa +BE. “Son Bombón, Bellota y Burbuja, las chicas superpoderosas de Karina”, ironizó ante LPO una fuente que conoce muy bien toda la trama. Gorini fue socia y apoderada de la productora Foggia Group, a la que renunció cuando ingresó sin cargo formal al gobierno. La firma quedó a cargo de su esposo Marcelo Dionisio y el hijo de ambos, y su sombra estuvo detrás de diferentes negocios con el Estado. El más conocido fue la concesión de Tecnópolis, que Foggia quiso quedarse en asociación con los Werthein. El vínculo de Gorini con Angeletti es un contrato de al menos 55 millones de pesos que Foggia le pagó a +BE por servicios de asesoría. La empresa de la esposa de Adorni tuvo un explosivo crecimiento entre empresas estatales y contratistas que súbitamente se interesaron en el coaching ontológico. El escándalo de Olivos destapó la conexión entre Agudiez y Gorini, dos de las personas de más confianza de Karina. La diputada nacional Marcela Pagano denunció a Agudiez y su cuñado Javier Sosa, ex intendente de la Quinta de Olivos, por la compra millonaria de carne para la residencia y la Quinta de Olivos. La presentación hace un detalle análisis de las incongruencias en los volúmenes de compra y advierte sobre un llamativo agotamiento anticipado de la comida que se había comprado. La hipótesis de la denuncia a la que accedió LPO es que los alimentos comprados por el Estado habrían sido derivados a una empresa de catering de Agudiez y Sosa, “que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros”. En una ampliación de la denuncia, Pagano involucró a Gorini en la trama de irregularidades de la empresa de catering de Agudiez, “Pancitos Caseros”, y el uso de insumos y personal del Estado para un negocio privado. Pagano descubrió una póliza de seguro de accidentes personales para “personal de catering”, emitida por BBVA Seguros y contratada en marzo de 2024 por Analía Agudiez, hermana de la Belén, empleada de la cocina de Olivos y titular formalmente de “Pancitos Caseros”. Entre los beneficiarios de la póliza figuran Foggia Group, Mara Gorini y Marcelo Dionisio, mientras que entre el personal de catering asegurado están Sosa, Analía Agudiez y dos empleadas de Olivos, María Laura Villegas y Camila Tamara Lasychyn Zapata. Es decir que los empleados de Olivos figuran como personal de un servicio privado de catering. “No existe explicación lícita para que una empresa privada asegure laboralmente, como personal propio, al funcionario público que administra la residencia presidencial y a sus colaboradoras directas: o bien esos funcionarios prestaban efectivamente servicios para el emprendimiento privado, o bien se los hizo figurar como tales para satisfacer las exigencias de un contratante, lo que supone la utilización de la identidad y de la función pública al servicio de un negocio particular”, señala la denuncia. Pagano reveló que el seguro fue para el evento “Bizarren Musik Party” realizado en GEBA en marzo de 2024 y fue organizado por Foggia, por lo que Gorini y su esposo figuran como beneficiarios de la póliza. Hubo otro evento el mismo mes en el mismo lugar y con el catering de “Pancitos Caseros”. “El emprendimiento de la cocinera de Olivos prestó el servicio de catering de un espectáculo producido por la consultora de la Secretaría General de la Presidencia, y aseguró para ello, como ‘personal de catering’, al intendente de la residencia y a las dos coordinadoras de su Administración General”, resume Pagano. La sospecha planteada en la denuncia es que los alimentos se desviaron a la empresa de catering de Agudiez y Sosa. “Los alimentos que la Secretaría General compra para Olivos en volúmenes incompatibles con el consumo de una residencia son exactamente los insumos de un servicio de catering para eventos; la persona que administraba la cocina donde esos alimentos ingresaban es la titular del catering; su marido es quien administraba la residencia, recibía la mercadería y certificaba su ingreso; y las dos funcionarias que coordinaban los servicios auxiliares y el control administrativo del predio figuran como personal del emprendimiento. El circuito completo -compra pública, recepción, custodia, salida y comercialización privada- estaba en manos de un mismo grupo familiar y laboral”, dice la denuncia. La presentación apunta a que se investigue a los acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y peculado. La Política Online
El 14 de septiembre de 2026, mediante la firma de un Acta Compromiso en las ciudades de Resistencia (Chaco) y Rawson (Chubut), el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal acordaron la creación del Observatorio del Régimen Penal Juvenil (Observatorio RPJ). La iniciativa, suscrita por los presidentes de ambas entidades, el Dr. Jorge Omar Canteros y el Dr. Jorge Luis Miquelarena, representa una estrategia de “federalismo de concertación” diseñada para resolver las asimetrías de información que afectan al sistema de justicia. Contexto y fundamentos institucionales La creación del Observatorio RPJ surge para responder a la dispersión normativa y operativa que debilita la respuesta estatal frente al delito juvenil en el país. Siguiendo el modelo institucional del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de los Ministerios Públicos, este organismo se establece con el fin de asegurar que las políticas de persecución y defensa se apliquen con criterio de especialidad y uniformidad técnica en toda la Argentina. Al integrarse formalmente dentro de la cúpula de la política criminal federal, el Observatorio queda blindado frente a contingencias coyunturales, constituyéndose como una política de Estado orientada a dar continuidad a los diagnósticos e intervenciones. Puesta en marcha y estructura organizativa El diseño del Observatorio contempla un esquema jerárquico de dependencia directa respecto de los Consejos firmantes para asegurar su sostenibilidad política y técnica: • Dirección Especializada: Se designará formalmente una dirección encargada del organismo, proyectando el inicio de sus funciones operativas para el primer trimestre de 2027. • Representación Jurisdiccional: Cada provincia y jurisdicción será invitada a designar representantes jurídicos y técnicos. • Órgano Asesor Interno: El Observatorio funcionará como un órgano consultivo interno para los Ministerios Públicos, concebido para impulsar el cambio de una justicia reactiva hacia una política criminal empírica. Funcionamiento operativo: la Red de Referentes Para garantizar la llegada efectiva del proyecto a todo el territorio nacional, el acuerdo contempla la activación de la Red de Referentes del Observatorio RPJ, la cual actuará en tres fases consecutivas: La primera fase será de designación y formalización Institucional en la que se nombrará a los enlaces jurídicos y técnicos ante el Observatorio por parte de cada Ministerio Público provincial. La segunda fase será de estandarización de canales de reporte e implicará la implementación de protocolos técnicos para garantizar que la información fluya desde las bases operativas al nodo central sin distorsiones. La fase 3 consistirá en el primer relevamiento Federal de diagnóstico, es decir la Ejecución de una consulta nacional sobre recursos disponibles para la presentación del primer informe de recursos institucionales. Esta estructura busca visibilizar y coordinar a los especialistas locales para transformar datos primarios aislados en información procesada útil para la toma de decisiones estratégicas. Gestión del conocimiento e impacto federal El pilar central del Observatorio RPJ es la gestión del conocimiento, entendida como el ciclo integral de recepción, procesamiento, análisis, reflexión y difusión de datos. Al contemplar la heterogeneidad geográfica de sus miembros, el organismo busca que las recomendaciones de política criminal no resulten abstractas, sino que se adapten a las capacidades y desafíos específicos de cada provincia. La identificación precisa de los déficits en la red de especialistas e infraestructura permitirá optimizar la asignación presupuestaria y los recursos estatales, asegurando una respuesta armónica, especializada y respetuosa de los derechos humanos para los jóvenes en conflicto con la ley penal.
La presidente de la Cámara de Diputados, Carmen Delgado, encabezó la entrega del Premio Anual Permanente a los Jóvenes Destacados del Chaco 2026, una distinción creada por la Ley 3615-E para visibilizar el talento, el esfuerzo y el compromiso de jóvenes chaqueños en distintas áreas. La edición 2026 reunió historias y trayectorias diversas. María de los Ángeles Salto, de 18 años, fue reconocida por su trayectoria en natación y atletismo y su aporte al deporte inclusivo; Sabrina Daniela Gordillo, también de 18 años, por su trabajo en literatura y participación juvenil; el músico Bautista Fernández, de 16 años, por mantener viva la tradición del chamamé y la cultura chaqueña; Emilio Sebastián Scozzina Unterholzner, de 28 años, por su investigación en energías renovables y desarrollo sustentable; y Amira Salomé Chain, de 23 años, por su trabajo en ciencia e ingeniería aplicado a problemáticas del ámbito sanitario. Asimismo, se entregó una mención especial a Adriana Delgado, integrante del Seleccionado Argentino de Judo. Del acto participaron integrantes de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento: su presidente, Analía Flores, y los diputados Sebastián Benítez Molas e Iván Gyoker; además de los legisladores Mayra Jarenko, Laura Bissoni, Laura Fogar, Carlos Salom y Adrián Zukiewicz. También estuvieron presentes integrantes de la Comisión Evaluadora: la Dra. Rosa Marinich, el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich, y los diputados Sebastián Benítez Molas y Adrián Zukiewicz. Participó además el vicepresidente del Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI), Alejandro Gorodner. Delgado: “Los perfiles que conocimos nos indican que el camino está bien trazado” Delgado destacó el compromiso y el aporte de los jóvenes reconocidos y valoró especialmente la cantidad de postulaciones alcanzada en esta edición del premio. “Los perfiles que conocimos nos indican que el camino está bien trazado”, sostuvo. Al referirse al origen de la Ley 3615-E, señaló que fue pensada como una manera de “aprender a caminar hacia adelante sin olvidar de dónde venimos”. En ese sentido, resaltó que cada joven, desde su ámbito, aporta con esfuerzo y dedicación, y remarcó que el espíritu de la ley es visibilizar historias que “impulsan y motivan a sus pares”. La presidente de la Cámara agradeció además el acompañamiento de los legisladores y reafirmó el compromiso de la Legislatura de mantener sus puertas abiertas a las nuevas generaciones. “Tratamos de recibirlos para que los diputados conversen con ustedes y sepan que, en el futuro, son ustedes los que pueden estar aquí sentados”, expresó. El diputado Sebastián Benítez Molas resaltó especialmente la posibilidad de que representantes de distintos espacios e ideologías políticas puedan coincidir “en la construcción de una sociedad basada en la paz y el respeto”, entendiendo que se trata de una tarea colectiva que requiere del compromiso de todos. Asimismo, puso en valor la tarea de quienes fueron postulados y postuladas y destacó la dificultad que implicó la selección, debido a la calidad de las propuestas y, especialmente, a la capacidad y vocación de servicio demostradas. Por su parte, Adrián Zukiewicz valoró la tarea realizada para la selección de los reconocimientos y destacó la calidad de las postulaciones recibidas. “Estoy muy contento no solamente de formar parte de la comitiva que tuvo a su cargo la elección, que fue, como dijo el diputado, una tarea muy tediosa, porque la verdad es que tuvimos muy buenos perfiles”, expresó. Reconocimiento a las trayectorias en deporte, cultura, música, ciencia e innovación Deporte. María de los Ángeles Salto, de 18 años, fue distinguida por su trayectoria de más de diez años en natación y atletismo. Representó al Chaco en competencias nacionales y participó de los Juegos Evita, los Juegos Deportivos Facundo Rivas y torneos realizados en Córdoba, Buenos Aires y Tierra del Fuego, donde obtuvo premios y medallas en disciplinas deportivas para personas con discapacidad. Cultura, literatura y participación juvenil. Sabrina Daniela Gordillo, de 18 años, oriunda de Puerto Tirol, recibió el reconocimiento por su aporte en estas áreas. A los 17 años publicó su primer libro, “Bruno decide morir”, una obra que aborda el bullying, la depresión, la salud mental y la importancia de pedir ayuda. Además, participó del Poder Legislativo Juvenil del Chaco, donde debatió y presentó propuestas. Música y cultura chaqueña. Bautista Fernández, de 16 años, conocido como el “Gorrioncito del Chamamé”, fue reconocido por su trayectoria artística y su aporte a la cultura chaqueña. Se acercó al acordeón a los cuatro años y lleva más de una década desarrollando su carrera musical. Sus primeros pasos fueron con un acordeón antiguo que su familia refaccionó y, con el tiempo, compartió escenarios con referentes del chamamé, llevando la identidad cultural de Puerto Tirol y del Chaco a distintos espacios. Ciencia, innovación y desarrollo sustentable. Emilio Sebastián Scozzina Unterholzner, de 28 años, ingeniero electromecánico y estudiante de un doctorado en Ingeniería, fue distinguido por su trabajo vinculado con las energías renovables. Actualmente desarrolla una investigación sobre un prototipo de desalinizador solar de agua, con el objetivo de generar alternativas sustentables que puedan contribuir al acceso a agua de mejor calidad, especialmente en comunidades rurales. También combina su actividad científica con la docencia universitaria y la divulgación. Ciencia, ingeniería e innovación. Amira Salomé Chain, de 23 años, estudiante avanzada de Ingeniería Civil de la UNNE, fue reconocida por un trabajo de investigación que combina herramientas de ingeniería, modelización computacional y simulación para estudiar una problemática vinculada con el pie diabético. De esta manera, aplica conocimientos de su disciplina a una cuestión del ámbito sanitario. Además, participa en espacios de divulgación científica para acercar el conocimiento a la comunidad. Mención Especial. Adriana Bibiana Delgado, judoca nacida en Villa Ángela e integrante del Seleccionado Argentino, inició su práctica deportiva a los 6 años y consolidó un destacable recorrido competitivo desde 2022 alcanzando el primer puesto a nivel nacional en las categorías SUB-18 y SUB-21. Entre sus principales logros se destacan múltiples podios en torneos nacionales (Posadas 2022, Formosa 2023, Santiago del Estero 2023 y 2025, Resistencia 2024, Mar del Plata 2024, Carlos Paz 2024 a 2026, Jujuy 2024 y San Juan 2025 y
La resolución, de más de 600 páginas, fue dictada en el marco del juicio en ausencia y establece embargos de u$s500 millones para cada acusado. Rafecas atribuyó distintos grados de responsabilidad y calificó el atentado como crimen de lesa humanidad y genocidio. El Juez Federal Daniel Rafecas dispuso este lunes el procesamiento de 8 responsables iraníes y libaneses por su participación en el atentado contra la sede de la AMIA. Además, le impuso a cada uno de ellos un embargo de u$s500.000.000. De esta forma avanza el juicio en ausencia. La decisión se produjo en una causa que avanza contra acusados que permanecen prófugos fuera del país y que, de acuerdo con la Justicia argentina, fueron informados de las imputaciones y de los pedidos de extradición sin presentarse ante los tribunales argentinos. La Ley 27.784 habilitó el mecanismo de juicio en ausencia para determinados delitos, entre ellos los vinculados con genocidio, lesa humanidad y terrorismo. En su resolución, Rafecas consideró acreditado que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y que su ejecución fue encomendada a Hezbollah. Según la reconstrucción judicial, la organización contó con una red de apoyo regional y local que tuvo como uno de sus puntos de operación a la Triple Frontera, integrada por Ciudad del Este, Foz de Iguazú y Puerto Iguazú. El magistrado reconstruyó además la preparación del ataque y sostuvo que los responsables adquirieron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994. El vehículo habría sido acondicionado y cargado con unos 300 kilos de explosivos, entre amonal y TNT, para luego ser estacionado el viernes 15 a pocas cuadras de la sede de la AMIA. De acuerdo con la reconstrucción incorporada al fallo, la camioneta permaneció allí hasta la mañana del lunes 18 de julio, cuando fue trasladada para concretar el atentado en un horario de mayor concurrencia en el edificio ubicado sobre la calle Pasteur. Los ocho procesados Rafecas procesó como autores mediatos a cuatro exfuncionarios de alto rango del régimen iraní: Alí Fallahijan, quien era ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, entonces ministro de Relaciones Exteriores; Mohsen Rezai, comandante de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Al Quds. Según la resolución, los cuatro participaron desde sus respectivas posiciones dentro de las estructuras del Estado iraní en la decisión y organización del atentado y posibilitaron que los responsables que actuaron en el terreno llevaran adelante el ataque. Como cómplices necesarios, en tanto, fueron procesados Hadi Soleimanpour, quien se desempeñaba como embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, entonces consejero cultural de la Embajada iraní y referente religioso radicado en Buenos Aires; y Ahmad Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria. Para Rafecas, esos tres imputados realizaron aportes esenciales al plan criminal desde el ámbito diplomático y a través de la estructura local vinculada con Irán. El octavo procesado es Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel El Reda, a quien la resolución atribuye la coordinación de la etapa final del atentado en representación de Hezbollah. La Justicia dispuso, en cambio, la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. Tampoco se analizó la situación procesal del exlíder supremo iraní Alí Khamenei ni la del dirigente de Hezbollah Imad Mughniyeh, debido a que ambos fallecieron, en 2026 y 2008 respectivamente. También quedó fuera del análisis Alí Hussein Abdallah, quien murió en 2020. Crimen de lesa humanidad Uno de los puntos centrales de la resolución es la calificación jurídica adoptada por Rafecas. El juez consideró que el atentado constituye un crimen de lesa humanidad y también encuadró los hechos dentro de la figura de genocidio en los términos del derecho internacional. Los delitos atribuidos comprenden homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el empleo de un medio capaz de generar un peligro común. También se imputó daño agravado por motivos discriminatorios. La resolución se apoya en la investigación desarrollada durante años por la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso. La Fiscalía ya había solicitado el procesamiento de los acusados y la aplicación del juicio en ausencia para los prófugos. Otro de los elementos incorporados al análisis judicial es la hipótesis de que el atentado contra la AMIA estuvo coordinado con otro ataque contra la comunidad judía ocurrido al día siguiente en Panamá. Según la resolución, el 19 de julio de 1994 un pasajero suicida hizo explotar un avión de línea en ese país, provocando la muerte de sus tres tripulantes y 17 pasajeros. Doce de las víctimas pertenecían a la comunidad judía panameña. La investigación sostiene que ambos atentados fueron reivindicados cuatro días después de manera conjunta por Hezbollah desde El Líbano, a través de la denominación de cobertura “Ansar Allah”. La causa por el ataque ocurrido en Panamá continúa abierta en ese país y, según la resolución, existe intercambio de información con la investigación argentina. Ámbito
El ministro de Producción del Chaco aseguró que la Provincia trabaja desde hace meses en la limpieza de canales y el monitoreo de las zonas de riesgo. Señaló que una temporada de lluvias intensas encontraría al territorio con más de 500.000 hectáreas de girasol y otras 250.000 de trigo implantadas. También se refirió a los taponamientos de canales y al pedido de la Sociedad Rural para declarar la emergencia agropecuaria. El Gobierno del Chaco intensificó las tareas preventivas ante la posibilidad de que el fenómeno de El Niño genere lluvias importantes durante los próximos meses. En ese contexto, el ministro de Producción, Oscar Dudik, reconoció que la provincia enfrenta problemas estructurales de infraestructura hídrica y afirmó: “Siempre va a faltar, es una provincia que no resolvió nunca sus problemas estructurales”. En declaraciones a CIUDAD TV, Dudik explicó que desde hace aproximadamente seis meses se vienen realizando tareas de prevención junto con los consorcios camineros, Vialidad Provincial y la Administración Provincial del Agua (APA), principalmente mediante la limpieza de canales. Según sostuvo, algunos de esos canales troncales llevaban entre 15 y 20 años sin un mantenimiento adecuado y, en determinados sectores, incluso encontraron árboles creciendo dentro de los conductos destinados al escurrimiento del agua. El Gobierno provincial confirmó en las últimas semanas que puso en marcha un Comité Provincial de Emergencia para coordinar acciones frente a El Niño. También informó sobre trabajos preventivos en canales, diques y estaciones de bombeo. Entre ellos se encuentra la limpieza del Canal Soberanía y tareas para garantizar el funcionamiento del sistema eléctrico que abastece al dique regulador de ese canal. Un escenario delicado para la producción Dudik planteó que una temporada de precipitaciones abundantes tendría un impacto particularmente sensible porque la provincia atraviesa un momento de fuerte implantación agrícola. El funcionario afirmó que actualmente existen más de 500.000 hectáreas de girasol y unas 250.000 hectáreas de trigo, además de superficies destinadas a garbanzo, maní y carinata. También destacó la situación de la ganadería, con pasturas y aguadas que, según describió, se encuentran en buenas condiciones después del invierno. “Sería un problema no sólo grave para el productor, sino para toda la provincia que se dinamiza y se motoriza en función de la producción”, sostuvo. Por eso, planteó que el principal deseo del sector es que El Niño no se manifieste con la intensidad prevista en otras zonas de Sudamérica. La disputa por los taponamientos Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la existencia de taponamientos y terraplenes construidos sobre canales, una práctica que, según explicó Dudik, tuvo distintos orígenes. El ministro señaló que algunos productores ganaderos obstaculizaron canales durante los años de sequía para reservar agua para sus establecimientos. En otros casos, afirmó, se construyeron terraplenes para impedir que el agua ingresara a determinados campos durante períodos de lluvias intensas. Dudik destacó la legislación que establece sanciones para quienes obstruyan el normal escurrimiento y sostuvo que el objetivo debe ser avanzar hacia un sistema de manejo del agua, que permita conservarla durante los períodos secos y garantizar el drenaje durante los excesos hídricos. En ese esquema, planteó que cualquier intervención productiva sobre el agua debería realizarse con georreferenciación y autorización de la APA, bajo parámetros que permitan controlar tanto la reserva como el escurrimiento. El pedido de emergencia y la respuesta del Gobierno El ministro también se refirió al planteo realizado por la Sociedad Rural del Chaco, que solicitó evaluar medidas preventivas ante las perspectivas climáticas para la campaña 2026-2027. Entre las propuestas se encuentran una eventual declaración de emergencia agropecuaria, prórrogas y suspensiones impositivas, créditos de emergencia, fondos de asistencia y un plan urgente de mantenimiento de caminos rurales y obras hídricas. Dudik consideró que algunos de esos pedidos son “un poco apresurados”, aunque aseguró que el Gobierno evaluará medidas de acuerdo con la evolución del fenómeno. Como ejemplo, recordó que actualmente los productores de zonas bajas y ribereñas pueden trasladar hacienda hacia sectores más altos y recomendó tomar recaudos con anticipación. “No estoy en contra de que se pueda planificar este tipo de situaciones”, aclaró, aunque insistió en que el Gobierno cuenta con un comité de emergencia y una unidad operativa que deberá evaluar las medidas necesarias según el comportamiento de El Niño. El Comité Provincial de Emergencia viene realizando reuniones con municipios, organismos públicos, fuerzas de seguridad, consorcios camineros, entidades productivas y organizaciones sociales para coordinar la respuesta ante posibles lluvias intensas, crecidas y anegamientos. “Siempre va a faltar” Ante la pregunta sobre si la provincia está preparada para un eventual escenario de precipitaciones abundantes hacia octubre, noviembre, diciembre o enero, Dudik evitó afirmar que exista una preparación completa. “Siempre va a faltar”, respondió. El ministro atribuyó esa situación a la falta de resolución de problemas estructurales acumulados durante años y sostuvo que actualmente se están ejecutando trabajos para recomponer parte de esa infraestructura. Mencionó, entre otras intervenciones, la limpieza de canales en distintos puntos de la provincia, el mantenimiento de defensas y diques reguladores en el área metropolitana y obras en localidades del interior. También advirtió sobre el costo de esas tareas. Según ejemplificó, solamente la limpieza del río Muerto de Las Colonias demanda cerca de mil millones de pesos, mientras que una retroexcavadora tiene un costo que estimó entre 180.000 y 220.000 pesos por hora. “Era más fácil hacerlo en 15 años que en un año y medio o dos”, resumió. El Gobierno provincial sostiene que la estrategia apunta a anticiparse al fenómeno y que la coordinación del Comité de Emergencia será determinante para definir nuevas obras, asistencia y medidas productivas a medida que se conozca la evolución de las condiciones climáticas.
En diálogo con CIUDAD TV, el presidente del Concejo Municipal de Resistencia, Alejandro Aradas, aseguró que el Presupuesto 2027 debe prever específicamente el impacto que tendrá el fenómeno de “El Niño” en la capital chaqueña. Además, realizó un pormenorizado análisis sobre las obras que se están ejecutando y sobre las zonas que podrían tener mayores complicaciones. Aradas explicó que el proyecto está siendo elaborado por el Ejecutivo municipal, con una ronda de consultas a las cámaras comerciales tanto en la discusión presupuestaria como en la impositiva y tributaria. “Me parece que tiene que ser así, en constante diálogo con los representantes de los distintos rubros comerciales, y me parece que eso está bueno porque hace también afianzar los vínculos entre el municipio y los distintos sectores”, sostuvo. El concejal reconoció que la discusión presupuestaria suele ser compleja y que la oposición plantea su propia mirada, aunque confió en lograr un acuerdo amplio: “Esperemos que este año lo podamos también aprobar los 11 concejales”. Según Aradas, la gestión municipal iniciada en 2023 viene mostrando resultados visibles que se traducen en un aumento de contribuyentes: “Hemos crecido muchísimo en materia de contribuyentes que antes no tributaban y ahora sí cumplen con el municipio porque recuperamos la confianza”. El plazo límite para la presentación de los proyectos de ordenanza de presupuesto y de la normativa impositiva y tributaria vence el 31 de octubre. El fenómeno de El Niño, un factor determinante Consultado sobre la incidencia del fenómeno climático en la planificación 2027, Aradas fue categórico: “Se prevé que El Niño va a tener sus puntos más complicados en marzo y abril del año que viene”. Detalló que, si bien el municipio ya declaró una emergencia hídrica que habilita el uso de partidas del presupuesto 2026, el de 2027 deberá incorporar las herramientas administrativas necesarias para afrontar los trabajos de limpieza de desagües, compra de bombas y alquiler de maquinaria para la limpieza de canales. Frente a la controversia sobre si conviene declarar la emergencia de manera anticipada o esperar a que el fenómeno se manifieste, el edil remarcó que los fondos presupuestados tienen un destino específico que no puede desviarse: “Los fondos que se aprueban en el presupuesto ya tienen un destino determinado, y si el presupuesto dice que es para alquiler de maquinaria, para limpieza de canales, tiene que ser para eso, no es que se puede desviar o distribuir para otra cosa”. Aradas advirtió que la geografía de Resistencia —atravesada por ríos y canales— agrava el panorama: “Vamos a tener una situación compleja y bastante difícil, si no se mantienen limpios va a ser muy difícil el escurrimiento del agua, porque aparte todo va hacia el Paraná”. Citó además el nivel del río como un dato de alerta: “El Paraná hoy estaba 4,35, si no me equivoco, ya es un número que complica, sobre todo los que viven en las zonas de ribera”. Protocolos de evacuación y memoria de 1998 El funcionario confirmó que participó de una convocatoria del gobierno provincial donde se especificó el protocolo a seguir ante un escenario complejo, con centros de evacuación previstos y un esquema de asistencia tanto para evacuados como para los barrios con distintos niveles de gravedad. En ese marco, recordó la inundación de 1998: “Teníamos los centros de evacuados donde se habían realizado todo un protocolo de asistencia y también a las familias para la vuelta a casa, que fue bastante difícil también”. Sobre la proyección temporal del fenómeno, indicó que los especialistas anticipan picos de lluvia en marzo y abril, aunque aclaró que no se trata de una situación de inundación continua: “No es que vamos a estar inundados de acá hasta marzo, sino que va a haber periodos donde va a haber importantes lluvias”. Explicó que, al cerrarse la comunicación con el río Paraná por las defensas definitivas, el agua de lluvia acumulada dentro del área protegida deberá ser bombeada hacia el otro lado. Las zonas más vulnerables Aradas señaló que, más allá de los mapas de cotas que elabora el municipio, quienes conocen la ciudad ya identifican los sectores más expuestos. Mencionó especialmente al exCampo de Tiro, una zona urbanizada sin desagües adecuados: “Recién ahora se están, hace 4 o 5 meses, trabajando en los distintos esquemas de desagües para que pueda no sufrir las consecuencias de El Niño o mitigar un poco el impacto”. También se refirió a la zona norte, en particular a Villa Río Negro, de la que es oriundo: “En el 98 teníamos un metro y medio de agua dentro de nuestras casas”. Precisó que no toda la zona es igualmente vulnerable, sino principalmente el sector ubicado del otro lado de la defensa definitiva, donde la ausencia de inundaciones en los últimos años llevó a un avance urbano sobre esa área. El concejal detalló las obras en curso sobre desagües troncales y barriales —entre ellos el canal de la 16, el trabajo sobre Colectora Norte y el canal que conecta la avenida Chaco con barrio La Rubita— y remarcó que la responsabilidad ciudadana también es determinante: “Este último fin de semana uno de los desagües que tiene el canal, que desemboca en el canal, estaba lleno de botellas y residuos de basura que van a impedir seguramente el escurrimiento de las aguas”. Sobre la zona de Ribera, indicó que se trabaja en la profundización de canales y en la limpieza de lagunas, además de frenar el avance de construcciones ilegales sobre esos espejos de agua, a los que definió como “el primer paragolpe que absorbe y contiene el agua” en una ciudad. Trabajo articulado con el área metropolitana Consultado sobre la coordinación con los municipios vecinos, Aradas sostuvo que Resistencia mantiene reuniones conjuntas con el Gran Resistencia y remarcó la necesidad de una planificación común: “Si el municipio de Resistencia solamente trabajara en mantener lo que es los límites del municipio, me parece que es ilógico, y que lo que pasa en Barranqueras va a repercutir también en Resistencia”. Citó como ejemplo el trabajo sobre
Seguridad proyecta actividades para unos 7 millones de asistentes y un comando que operará durante 120 horas. Aerolíneas trasladará al Pontífice. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, aseguró que el operativo para la visita del papa León XIV será “el más grande de nuestra historia”, con un despliegue que involucrará a la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires y Córdoba. El dispositivo contempla tres jurisdicciones, tres aeropuertos, tres ciudades, cuatro eventos masivos y 11 eventos cerrados, además de un comando unificado que funcionará durante 120 horas de manera ininterrumpida. Uno de los principales datos aportados por la funcionaria fue la magnitud de la convocatoria. Según explicó, el operativo fue diseñado para un aforo global de aproximadamente 7 millones de personas durante los cuatro días de la visita de León XIV. La cifra contempla el conjunto de las actividades previstas en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján y representa una de las mayores movilizaciones de seguridad organizadas en el país. Monteoliva detalló que ya funcionan tres comandos unificados, correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, activos desde el 8 de septiembre. Además, todas las provincias suscribieron el denominado “Compromiso León XIV”, mediante el cual manifestaron su voluntad de coordinar con el Gobierno nacional y colaborar con el dispositivo de Seguridad Nacional durante la visita. La ministra también señaló que mantuvo reuniones de coordinación con autoridades de seguridad del Vaticano para intercambiar información sobre los protocolos y las prioridades para un evento de esta magnitud. En particular, mencionó un encuentro en Roma con Gianluca Gausi, responsable de la Gendarmería del Vaticano: “Este es un viaje apostólico, pero también es una visita de Estado y fundamentalmente es una bendición para todos los argentinos”, afirmó Monteoliva, quien aseguró que el Ministerio de Seguridad mantendrá el operativo como una prioridad junto con las jurisdicciones y las cinco fuerzas federales. Aerolíneas Argentinas trasladará al Papa Otro de los anuncios realizados durante la presentación fue que Aerolíneas Argentinas será la encargada de trasladar al Pontífice en los tramos internacionales de esta etapa de su viaje. La línea de bandera llevará a León XIV desde Montevideo a Buenos Aires y, al finalizar su estadía en Argentina, desde Buenos Aires hacia Lima, donde continuará su recorrido apostólico. Quirno destacó que detrás del cronograma existe un trabajo de coordinación diplomática, institucional y pastoral entre la Santa Sede, el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios involucrados. El canciller señaló que en las próximas semanas se dará a conocer información práctica sobre participación, acreditaciones, accesos y otros aspectos organizativos. “Esperamos que la presencia del Santo Padre sea una oportunidad de encuentro para los argentinos”, afirmó Quirno al cerrar la presentación. Y dejó una frase que sintetizó el mensaje oficial del Gobierno: “Santo Padre, la Argentina lo espera”. Ámbito
La autopartista Adient dejará de producir en Pueblo Esther y pasará a importar los componentes que utilizaba para fabricar las butacas de la Chevrolet Tracker. La planta llegó a tener 230 empleados y venía atravesando un proceso de reducción de personal desde 2019. La empresa Adient Automotive Argentina SRL cerrará su planta industrial de Pueblo Esther, Santa Fe, y despedirá a los 70 trabajadores que actualmente se desempeñan en la fábrica. La compañía dejará de producir en el país las butacas destinadas a la Chevrolet Tracker de General Motors y comenzará a importar esos componentes desde Brasil. La decisión había sido anticipada por la empresa en mayo y fue comunicada formalmente a los trabajadores en los últimos días. La próxima semana será la última con actividad industrial para la planta ubicada sobre la ruta provincial 16, a pocos metros del arroyo Frías y a unos 25 kilómetros de Rosario. General Motors importará las butacas desde Brasil Desde esa fábrica, Adient abastecía a General Motors con las butacas utilizadas en la Chevrolet Tracker, uno de los modelos que la automotriz ensambla en su planta de Alvear, Santa Fe. Con el cierre, la compañía modificará su esquema de operaciones en Argentina y mantendrá el vínculo comercial con General Motors, pero reemplazará la producción local por la importación de las autopartes desde sus instalaciones en Brasil. Una planta que llegó a tener 230 trabajadores El cierre se produce luego de varios años de reducción de personal. Según señalaron desde el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), la planta atravesaba un proceso de recortes y achique desde 2019. En su etapa de mayor actividad, la fábrica de Pueblo Esther llegó a contar con 230 trabajadores. Además de abastecer a General Motors, la planta produjo componentes para el modelo HRV de Honda, fabricado en Campana, provincia de Buenos Aires. Adient nació en 2016 luego de una división independiente de Johnson Controls. La compañía estadounidense cuenta a nivel internacional con más de 60.000 empleados y alrededor de 200 plantas de fabricación distribuidas en 29 países. Producir en Argentina o importar desde Brasil La decisión de cerrar la planta está vinculada, según la información difundida sobre la compañía, con la ecuación económica entre mantener la producción en Argentina o importar las autopartes desde Brasil. De acuerdo con los balances de la empresa, resultaría más conveniente importar las butacas desde el país vecino que sostener la fabricación local, pese a que la planta de Adient se encuentra a pocos kilómetros de la fábrica de General Motors en Alvear. A ese escenario se suman la retracción del mercado interno, las condiciones cambiarias y la facilidad para ingresar productos desde el exterior. Mundo Gremial
La cantidad de deudores cuyos compromisos fueron transferidos a estas entidades creció con fuerza en el último año, al ritmo del aumento de la irregularidad en los pagos. La creciente morosidad también se refleja en la cantidad de personas cuyas deudas son derivadas a empresas especializadas en recuperarlas. En julio, 882.173 deudores tenían compromisos que habían sido transferidos a casas de cobranza. Se trata de un universo que viene aumentando con fuerza desde mediados de 2025, en línea con el deterioro de la capacidad de pago. Así surge de un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) en base al BCRA, que resalta que las casas de cobranza son entidades que adquieren deudas difíciles de recuperar de bancos y otras compañías a una fracción de su valor original. El objetivo es luego recuperar esos créditos directamente de los deudores y obtener una rentabilidad a partir de la diferencia entre el precio de compra y el monto que finalmente logran cobrar. En total, son 11 entidades acreedoras —entre estudios de cobranza, fondos de inversión y fideicomisos— las que concentran este tipo de cartera. Según los datos, representan el 9,6% de las líneas de crédito morosas, aunque explican apenas el 3,6% del monto total en mora. A su vez, alcanzan al 15% del total de deudores morosos, que pueden mantener además compromisos con otras entidades. “Estas agencias suelen apelar a la presión y al hostigamiento (penado por ley) para forzar el cobro y rentabilizar la operación”, señaló el IAG. De hecho, en la provincia de Buenos Aires se abrió una investigación contra varias billeteras virtuales, dado que se recibieron 2.240 denuncias en seis meses por acoso, falta de información clara sobre créditos y ausencia de mecanismos de desistimiento. Esto se da en un contexto en el que, según la consultora 1816, los préstamos a familias con incumplimientos de más de 90 días alcanzaron el 12,94% en julio. Durante el último año, resaltó el IAG, la cantidad de deudores sin atrasos se redujo en 887.010 personas, mientras que también cayó el número de quienes registraban atrasos de hasta seis meses. En cambio, los deudores con atrasos de entre seis meses y un año aumentaron en 536.899 y los que acumulan más de un año de atraso crecieron en 1.298.950. En términos porcentuales, el grupo con más de un año de atraso aumentó 60% interanual, mientras que el correspondiente a deudas con entre seis meses y un año avanzó 63%. De esta manera, el universo de personas con al menos una deuda en las situaciones más graves de mora —tres, cuatro o cinco— sumó 1,7 millones de deudores adicionales. Por otra parte, el IAG destacó que la mitad de los deudores considerados “irrecuperables” adeuda $77.900 o menos al sumar todas sus obligaciones. El monto mediano adeudado varía según la situación de pago. Para quienes no presentan atrasos es de $128.000, mientras que asciende a $220.700 entre quienes tienen entre uno y tres meses de mora y a $203.000 entre los que acumulan entre tres y seis meses. En los casos de seis meses a un año alcanza $193.500, pero cae a $77.900 entre quienes llevan más de un año de atraso. Aunque se trata de montos muy bajos, la mediana adeudada solo aumentó entre quienes atraviesan las peores situaciones de pago. En el último año, la deuda mediana de los deudores en situación 5 creció un 80% en términos reales, mientras que la correspondiente a los deudores en situación 4 aumentó un 35%. En el resto de las categorías, en cambio, la mediana adeudada cayó en términos reales. Los jóvenes, entre los que más dificultades tienen para pagar La morosidad también presenta diferencias importantes según la edad. En julio, el 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años tenía al menos una deuda en mora, frente al 31,73% entre quienes tienen entre 30 y 44 años y al 23,05% en el grupo de 45 a 59 años. La proporción baja al 16,77% entre las personas de 60 a 74 años y al 14,47% entre quienes tienen 75 años o más. Sin embargo, durante el último año la cantidad de deudores morosos aumentó en todos los grupos etarios. Entre los jóvenes de 15 a 29 años creció 46,9%; en el segmento de 30 a 44 años, 43,1%; entre 45 y 59 años, 46,9%; y entre 60 y 74 años, 44%. Incluso entre los mayores de 75 años se registró un incremento de 28,9%. Infobae