La Asociación Mujeres Rurales Argentinas presentó en Chaco la quinta edición del Premio Lía Encalada, una distinción que reconoce a mujeres vinculadas a la ruralidad de todo el país. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio. Además, referentes de la organización advirtieron sobre los problemas de conectividad, infraestructura vial y despoblamiento que afectan a las comunidades rurales. Por primera vez, la Asociación Mujeres Rurales Argentinas realizó una presentación oficial en la provincia del Chaco para difundir el Premio Lía Encalada, una iniciativa que busca reconocer el trabajo de mujeres que desarrollan actividades vinculadas al ámbito rural en distintas regiones del país. La integrante de la organización, María Elisa Serrano, explicó que se trata de la quinta edición del galardón, que distingue a mujeres de diversos sectores productivos y sociales relacionados con la ruralidad. “El premio es una especie de Martín Fierro de la ruralidad porque contempla muchísimas categorías: ganaderas, tamberas, productoras, tejedoras, emprendedoras, mujeres vinculadas a la agroecología, el cooperativismo, la educación y muchas otras actividades”, señaló en declaraciones a CIUDAD TV. Uno de los aspectos distintivos del reconocimiento es que las candidatas son postuladas por sus propias comunidades. Las propuestas se reciben a través de la página web de la organización y luego son evaluadas por un jurado integrado por especialistas en género, ruralidad y desarrollo productivo. La ceremonia de premiación se realizará los días 2 y 3 de octubre en Mar del Plata, en el marco del tercer Foro Nacional de Mujeres Rurales, un espacio de encuentro, capacitación e intercambio de experiencias que reunirá a unas 300 participantes de todo el país. Presencia chaqueña Serrano destacó que varias mujeres chaqueñas ya fueron reconocidas en ediciones anteriores y mencionó el caso de Mercedes Monzón, oriunda de La Eduvigis, quien resultó ganadora en la primera edición y actualmente integra la comisión directiva de la organización. “Tenemos representantes de prácticamente todas las provincias argentinas y una gran diversidad de actividades productivas. Lo importante es que se reconozca el aporte que hacen estas mujeres a sus comunidades”, afirmó. Los desafíos de la ruralidad Más allá de la convocatoria al premio, Serrano analizó la situación actual de las mujeres que viven y trabajan en zonas rurales y señaló dos problemáticas prioritarias: la conectividad física y la conectividad digital. “Para una mujer rural, tener internet o no tenerlo cambia completamente su realidad. Hoy existen alternativas satelitales, pero muchas veces los costos son demasiado elevados”, explicó. También remarcó la importancia de contar con caminos rurales en condiciones, especialmente para quienes viven alejadas de los centros urbanos. “Muchas mujeres trabajan directamente en el campo o brindan servicios al sector agropecuario. El estado de los caminos y las rutas es fundamental para poder desarrollar sus actividades”, sostuvo. Otro fenómeno que preocupa a las organizaciones del sector es el despoblamiento de las áreas rurales, una situación que repercute directamente en el cierre o la reducción de matrícula de numerosas escuelas rurales. “Muchas familias se ven obligadas a trasladar a sus hijos a los pueblos para que puedan continuar sus estudios, especialmente en el nivel secundario”, indicó. Más mujeres en espacios de conducción Durante la entrevista, Serrano también destacó el crecimiento de la participación femenina en ámbitos históricamente dominados por hombres. En ese sentido, mencionó que actualmente la presidencia de la Sociedad Rural del Chaco está a cargo de una mujer, al igual que la Sociedad Rural de Presidencia de la Plaza y el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la provincia. “Son desafíos enormes y creo que las mujeres están haciendo un muy buen trabajo en esos espacios de representación”, consideró. Cómo postularse Las postulaciones para el Premio Lía Encalada permanecerán abiertas hasta el 31 de julio y pueden realizarse a través de las redes sociales y los canales oficiales de Mujeres Rurales Argentinas. El reconocimiento lleva el nombre de Lía Encalada, considerada la primera mujer ingeniera agrónoma egresada de la Universidad de Buenos Aires, y busca visibilizar el aporte de las mujeres al desarrollo rural, la producción y las comunidades de todo el país.
Autor: Redacción General
La senadora Patricia Bullrich no irá a la reunión convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Casa Rosada, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas con altas fuentes del entorno de la titular del bloque libertario. Los encuentros planificados por Adorni para este martes se realizarán en tres tandas entre el mediodía y la tarde. Desde el despacho de Bullrich aclararon a la Agencia NA que “no puede” porque tiene que encabezar la reunión de la Labor Parlamentaria en el Senado, donde intentará buscar apoyos dialoguistas para volver a postergar la interpelación de Adorni.
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), avanza con la construcción de 53 viviendas en la ciudad de Charata, una obra financiada con recursos provinciales que representa una respuesta concreta a la demanda habitacional y un importante impulso para la generación de empleo local. En el marco de una recorrida por la obra, el presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea, junto a la senadora Silvana Schneider, al intendente Rubén Rach y al vocal del organismo, Daniel Monti, supervisaron el avance de los trabajos. Durante la visita, las autoridades verificaron el progreso de las unidades habitacionales que forman parte del Programa Provincial de Construcción de Viviendas, una iniciativa que refleja el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo de infraestructura social y el acceso a la vivienda para más familias chaqueñas. La ejecución de estas 53 viviendas garantiza la continuidad de un proyecto estratégico para la comunidad de Charata. Además del beneficio que significará para las familias adjudicatarias, la obra genera un importante impacto económico en la localidad, ya que promueve la creación de puestos de trabajo para obreros de la zona, fortalece la actividad de proveedores locales y dinamiza distintos sectores vinculados a la construcción. Desde el IPDUV remarcaron que este tipo de inversiones no solo contribuyen a reducir el déficit habitacional, sino que también impulsan el desarrollo de las economías regionales, consolidando una política pública orientada a mejorar la calidad de vida de los chaqueños mediante obras ejecutadas con recursos propios de la provincia.
El dispositivo se desarrolló en distintos sectores estratégicos de la ciudad y contó con la participación de fuerzas policiales y personal municipal. También se labraron actas por infracciones de tránsito. En el marco de las acciones preventivas destinadas a fortalecer la seguridad vial y el orden público, este lunes por la tarde se llevó adelante un operativo conjunto de Seguridad Vial y Prevención Urbana en distintos sectores de Presidencia Roque Sáenz Peña. El procedimiento se desarrolló entre las 18 y las 19:30 y fue coordinado entre organismos provinciales y municipales, con la participación de efectivos policiales de diversas unidades operativas y agentes de las áreas de Tránsito, Inspección General y Nocturnidad de la Municipalidad local. Durante el despliegue se instalaron puestos fijos de control y se realizaron patrullajes preventivos en corredores estratégicos de la ciudad. Los agentes efectuaron controles selectivos sobre motocicletas y automóviles, verificando documentación, condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes. Como resultado del operativo, fueron retenidas nueve motocicletas vinculadas a grupos conocidos como “wileros”, además de labrarse seis actas de infracción por distintas irregularidades detectadas durante los controles. Las autoridades destacaron que este tipo de intervenciones busca prevenir conductas de riesgo, reforzar la seguridad vial y promover una convivencia más segura en la vía pública. Finalizado el dispositivo especial, continuaron las tareas habituales de prevención mediante patrullajes y controles dinámicos en diferentes puntos de la ciudad.
La nueva Diplomatura de la Universidad Nacional del Chaco Austral iniciará el dictado de clases el 04 de agosto, con modalidad virtual y tendrá una duración de cuatro meses. Está destinada a abogados, carreras afines con la temática y miembros de las fuerzas de seguridad. La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus) abrió inscripciones para una nueva Diplomatura sobre “Ciberdelitos, Investigación y Evidencia Digital”, que iniciará las clases el 04 de agosto con modalidad virtual y se extenderá por cuatro meses, con clases los días martes de 16 horas a 19 horas. Esta propuesta está destinada a abogados que desempeñen o aspiren a desempeñar funciones vinculadas a la litigación penal, la magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la defensa privada, y el ámbito académico. Además, está especialmente orientado a quienes operen o vayan a operar en el marco del Código Procesal Penal Federal; personas que intervengan en el sistema de justicia federales, funcionarios de la administración de justicia y ministerios públicos fiscales y de defensa. Asimismo, la Diplomatura requiere a egresados de la carrera de derecho, carreras afines con la temática, como informática forense, sistemas y miembros de las fuerzas de seguridad. Los contenidos se engloban en tres módulos que agrupan los aspectos teóricos y un taller de práctica para el trabajo sobre casos. Los módulos tratarán las siguientes temáticas: análisis normativo nacional e internacional; análisis de las conductas relevantes que ocurres y su relevancia típica o vacío normativo; investigación en entornos digitales. La propuesta está aprobada por Disposición Nº51/2026- D.S.C.y.H. de la Universidad, bajo la dirección de Juan Manuel Chiaradia y Fernando Eric Heffle y la coordinación de Romina Cano. Información e inscripciones Las personas interesadas pueden acceder al cronograma de clases, información de costos y realizar las inscripciones, a través del siguiente enlace: https://cursos.uncaus.edu.ar/cursos/V62Y080Q4M
En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Ricardo Urturi, salió al cruce de las críticas formuladas por la presidenta de la Asociación de Magistrados, quien calificó la nueva ley de honorarios como “inconstitucional, arbitraria y extorsiva”. También se refirió al juicio político contra el fiscal Collado y el juez Lineras. El presidente del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, Ricardo Urturi, salió al cruce de las críticas formuladas por la presidenta de la Asociación de Magistrados, quien calificó la nueva ley de honorarios como “inconstitucional, arbitraria y extorsiva”. Consideró que esos dichos “son una barbaridad” y que denotan un menosprecio por el sistema republicano y la división de poderes. También se refirió al juicio político contra el fiscal Collado y el juez Lineras. “Primero que nada, como todos sabemos, tenemos un sistema republicano. Este proyecto de ley arrancó durante una de mis presidencias, luego siguió la doctora Elisa Fernández y finalmente con el actual Presidente, el doctor Miguel Vigier, se consiguió la sanción y promulgación. Fue un proceso largo que llevó varios años”, recordó Urturi. El funcionario insistió en que la norma fue sancionada “prácticamente por unanimidad” y promulgada por el Ejecutivo, por lo que cuestionar su validez de entrada resulta, a su juicio, un acto de desprecio hacia la legislatura. “En 1813 la asamblea abolió los privilegios. En la Constitución Nacional todos somos iguales ante la ley. No hay prerrogativas ni privilegios en un sistema republicano, y especialmente los jueces deben estar apegados a las normas”, enfatizó. Urturi destacó que la mayoría de los magistrados, fiscales y defensores se han pronunciado a favor de la ley, y que incluso muchos jueces del interior manifestaron no tener objeciones. “Es una minoría, un grupo minúsculo el que se opone. La mayor parte nos ha comunicado que no tiene ninguna objeción y que de hecho se está aplicando esta norma”, afirmó. Uno de los puntos más polémicos es la creación del Observatorio de la Ley de Honorarios (OCLA), que algunos sectores equiparan a un “Gran Hermano”. Al respecto, Urturi defendió su existencia: “El OCLA tiene como misión algo común en todos los colegios públicos del país: ver cuál es el actuar de los jueces, especialmente en la regulación de los honorarios. Téngase presente que ese es el sueldo de abogadas y abogados”. Además, aclaró que los honorarios no los pagan los jueces, sino los condenados en costas, y que existe un tope legal del 25% del monto del juicio, conforme al artículo 730 del Código Civil y Comercial. “Si hay un proceso de 100 mil pesos, nadie va a tener que pagar más de 25 mil pesos. Decir que se van a regular 3 millones en un juicio de 90 mil es mentira”, sentenció. Sobre el control judicial, Urturi fue contundente: “El juez que manifiesta que no puede ser observado, que no puede ser controlado, pareciera tener privilegios que nada tienen que ver con la independencia judicial. La independencia se garantiza cuando un juez trabaja de acuerdo a la Constitución y la ley. Si se aparta, debe ser controlado, y no debemos tener miedo a eso”. Y agregó: “Los políticos, cuando se mandan macanas, cada dos años votamos y los podemos alejar. Los jueces no están por encima de la ley. Si actúan bien, no va a haber consecuencias. Ya se declaró la inconstitucionalidad de algunas normas de esta ley y no pasó nada, no hubo denuncias. Pero deben soportar la crítica”. Finalmente, Urturi subrayó que el Consejo de la Magistratura chaqueño fue pionero en el país y que su existencia tiene sentido justamente para controlar el desempeño de los jueces. “Sin abogados no hay justicia. Somos pacificadores, llevamos los casos al Poder Judicial. La postura de la asociación de magistrados es inentendible”, concluyó. Suspensión del fiscal Collado y el juez Lineras: “El mensaje es que acá no hay privilegios” El segundo eje de la entrevista giró en torno a la decisión del Jurado de Enjuiciamiento, que la semana pasada resolvió por unanimidad avanzar en el proceso contra el fiscal Collado y el juez Lineras, ambos denunciados por su actuación en la localidad de Sáenz Peña. Urturi explicó que las denuncias surgieron de abogados de la matrícula y del propio fiscal Collado contra el juez, y que el cuerpo encontró mérito suficiente para llevar los casos a plenario. “Entendimos que verdaderamente había cuestiones que merecían ser llevadas al juicio, donde van a poder ejercer su derecho de defensa en el contradictorio. Ambos tienen 10 días abiertos para aportar su defensa”, detalló. El presidente del Jurado insistió en que la decisión no implica prejuzgamiento ni afectación del buen nombre de los magistrados. “Esto no implica mácula alguna. Ellos siguen gozando de su estado de inocencia hasta que haya una condena firme. Pero tienen que ir a dar explicaciones y llevar pruebas”, remarcó. Urturi también se refirió a la renuncia presentada por el fiscal Collado, y aclaró que, según la ley 33b, una vez admitido el proceso de enjuiciamiento, no se puede renunciar. “La renuncia la tiene que interponer ante el Superior Tribunal de Justicia, pero la ley prevé que, una vez admitido el proceso, no se puede renunciar. Esto se conoció como la cláusula Saife, porque antes había jueces que renunciaban o se jubilaban y quedaban exentos”, explicó. En cuanto a la integración del Jurado, Urturi destacó que está compuesto por miembros de distintos estamentos —Poder Judicial, abogados, y representantes políticos— y que la resolución fue unánime. “Tres integrantes pertenecen a la política, pero se resolvió por unanimidad. El mensaje para la sociedad es que acá no hay privilegios, nadie está exento de dar explicaciones”, afirmó. Consultado sobre si la renuncia de Collado podría frenar el proceso, Urturi fue claro: “En principio no, porque además se trata de un fiscal provisorio, pero tiene las mismas garantías, inmunidades y obligaciones que un fiscal titular”. Por último, pidió prudencia y respeto hacia la labor del Jurado de Enjuiciamiento. “Así como pedimos respeto por
Un proyecto del diputado nacional Juan Fernando Brügge propone incorporar un agravante al Código Penal para aumentar las condenas en casos de agresiones a trabajadores de prensa, en el marco de un escenario de reiterados ataques durante coberturas. El legislador Brügge presentó un proyecto de ley que busca reforzar la protección de periodistas mediante la incorporación de un nuevo agravante en el Código Penal. La iniciativa propone sumar el artículo 41 sexies, que establece un incremento de un tercio en el mínimo y el máximo de las penas cuando la víctima de un delito sea un trabajador de prensa atacado en el ejercicio de sus funciones. La propuesta alcanza no solo a periodistas, sino también a integrantes técnicos y auxiliares de los equipos periodísticos, contemplando el rol integral que cumplen quienes participan de la producción informativa. Según el texto, el agravante se aplicará a cualquiera de los delitos contemplados en el Código Penal cuando el hecho esté vinculado con la actividad profesional de la víctima. En los fundamentos, Brügge argumenta que el objetivo es resguardar la labor periodística frente a un contexto que considera de creciente vulnerabilidad, especialmente durante coberturas en la vía pública o en situaciones de conflictividad social. El legislador sostiene que las agresiones a periodistas constituyen, además de un delito contra la integridad física o moral de las personas, una forma indirecta de afectar la libertad de expresión. El proyecto menciona múltiples episodios de agresiones registrados en los últimos años, que incluyen ataques físicos, amenazas y destrucción de equipos de trabajo durante movilizaciones y coberturas en la calle. También cita informes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), que han advertido sobre un número significativo de incidentes contra trabajadores de prensa, muchos de ellos vinculados a hechos de violencia en manifestaciones. Entre los argumentos, se destaca que la incorporación de este agravante apunta a desalentar este tipo de conductas y a enviar una señal clara respecto de la importancia de garantizar el ejercicio del periodismo en condiciones seguras. En esa línea, el proyecto remite a estándares internacionales en materia de libertad de expresión, recordando que distintos instrumentos internacionales reconocen este derecho como fundamental y obligan a los Estados a protegerlo. Asimismo, el texto hace referencia a pronunciamientos de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han advertido sobre el impacto que tienen las agresiones a periodistas no solo sobre las víctimas directas, sino también sobre la sociedad en su conjunto, al generar un efecto intimidatorio que restringe la circulación de información. Brügge retoma una iniciativa similar que ya había presentado en 2017 sin alcanzar tratamiento parlamentario, y plantea la necesidad de avanzar ahora con su aprobación ante la persistencia e incluso el incremento de hechos de violencia contra la prensa. El proyecto fue girado a las comisiones de Legislación Penal y de Libertad de Expresión para su análisis. Parlamento
El gremio que lidera Horacio Arreceygor alcanzó un principio de entendimiento con la cámara empresaria ATVC para los trabajadores de televisión por cable, internet y telecomunicaciones. El acuerdo contempla una actualización automática si la inflación acumulada al 30 de junio supera las previsiones incluidas en la negociación. El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) alcanzó un principio de entendimiento con la Asociación Argentina TIC, Video & Conectividad (ATVC) para actualizar los salarios de los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 223/75, correspondiente al sector de televisión por cable, acceso a internet y telecomunicaciones. Según la propuesta acordada entre las partes, se establece para junio de 2026 un incremento salarial del 6,6% sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a abril de 2026. El porcentaje contempla el impacto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril y una estimación de inflación para mayo y junio. SATSAID incorporó una cláusula por inflación El entendimiento también prevé que, si la inflación acumulada al 30 de junio de 2026 resultara superior a los valores estimados para la negociación, las empresas deberán realizar el ajuste correspondiente con el objetivo de equiparar los salarios con la evolución de los precios durante el período considerado. Asimismo, se acordó que el aumento tendrá carácter de asignación no remunerativa hasta el 31 de julio de 2026 y pasará a integrar el salario remunerativo a partir del 1° de agosto. En relación con lo dispuesto por el artículo 123 del convenio, las empresas retendrán el 50% del incremento neto pactado. La aplicación de esa retención se realizará en dos etapas: un 2% con los salarios de junio y el 1,3% restante con los haberes correspondientes a julio. El acuerdo establece además que las empresas deberán liquidar el incremento junto con los salarios de junio dentro de los plazos legales vigentes. Asambleas para ratificar el acuerdo con ATVC Tras el principio de entendimiento alcanzado con la cámara empresaria, el Consejo Directivo Nacional de SATSAID resolvió convocar a asambleas de personal en todas las empresas del sector para poner la propuesta salarial a consideración de los trabajadores y trabajadoras. Una vez concluido ese proceso, el gremio definirá su posición final. Por otra parte, SATSAID y ATVC acordaron volver a reunirse el próximo 14 de julio a las 17 horas para revisar el impacto económico del entendimiento alcanzado y comenzar formalmente la negociación paritaria correspondiente al período julio de 2026-junio de 2027. Mundo Gremial
La justicia correntina finalmente procedió a rematar el frigorífico La Muralla China S.A. – que se vendió como una inversión “china” que no era tal – para dar por finalizado una historia que comenzó con una desinformación pública. La base del remate es de 5.018.071 dólares y, si al cabo del lapso de una hora, no hubiere postores, se reducirá en un 25%. Todo comenzó en octubre de 2019, cuando el entonces ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, y el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, realizaron un acto para festejar la reapertura del ex frigorífico Tomas Arias, ubicado en la localidad correntina de Riachuelo, el cual, luego de nueve años de inactividad, volvió a funcionar con el nombre comercial de La Muralla China S.A. El evento fue “vendido” en los medios como una inversión de capitales chinos en el sector cárnico argentino, pero eso estaba bastante lejos de ser real porque La Muralla China S.A. – una sociedad constituida en diciembre de 2018 – estaba entonces integrada por supermercadistas chinos nacionalizados argentinos. Luego de registrar varios cierres y reaperturas, en agosto de 2023 la empresa bajó las persianas de manera permanente. Así se fueron sumando pedidos de ejecución y embargos varios tanto del fisco como de los ex trabajadores de la firma. A comienzos del presente mes de junio el juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, declaró la ejecución de La Muralla China a favor de ARCA (ex AFIP) por la suma de 54.592.065 pesos más intereses y costas legales. El remate se realizará el próximo miércoles 8 de julio por orden del Juzgado Civil y Comercial N°11, a cargo de María Virginia Tenev. La subasta estará a cargo de Sebastián Armando Vallejos en la sede del Colegio Público de Abogados de Corrientes. La base del remate es de 5.018.071 dólares y, si al cabo del lapso de una hora, no hubiere postores, se reducirá en un 25%, es decir, 3.763.553 dólares. Bichos de Campo
Será en la Cámara Penal Contravencional y de Faltas porteña en el marco de la apelación a la sentencia que condenó a cuatro personas, acusadas de tirar piedras en la marcha de febrero de 2024. El próximo 25 de junio tendrá lugar la audiencia para tratar la apelación de la condena por atentado a la autoridad de Joaquín Arrua, Pedro Esquivel, Carlos Denuble y Astor Galán Vizgarra, quienes salieron a la calle el 2 de febrero de 2024 a protestar contra la denominada Ley Ómnibus, las bases que Javier Milei había enviado al Congreso. Este fue el único juicio que se llevó a cabo en el marco de la causa judicial iniciada ese día por la detención de 14 personas que se estaban manifestando pacíficamente frente al Congreso Nacional. “Es importante que haya una sentencia absolutoria, porque está en juego el derecho a la libertad de expresión, a la petición de las autoridades y el derecho a la protesta pacífica”, dijo a Página/12 el abogado defensor Martín Alderete, integrante de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep). “La excusa para justificar las detenciones arbitrarias fue que todos estaban tirando piedras”, explicaron desde Cadep. La agrupación recordó que solo 4 pudieron ser llevados a juicio, y allí “la prueba no acreditó la teoría de la acusación”. Esto es porque “a pesar de estar toda la situación registrada en varias filmaciones no se ve a ninguno de los acusados arrojar piedras ni tener ninguna conducta violenta, ni contra la policía ni contra otras personas”. Según Cadep, el resto de la prueba no hace más que avalar la inocencia de sus defendidos. “Los cinco policías se contradicen entre si, cuentan hechos contradictorios a pesar de haber estado en el mismo lugar y en el mismo momento. La prueba que se produjo en el juicio indicó absolutamente lo contrario de la acusación, que es haber tirado piedras”, dijo a Página/12 el abogado Martín Alderete, de Cadep. Y agregó que “los cuatro policías dicen cuatro cosas distintas, o sea, relatan situaciones absolutamente incompatibles entre sí. Por ejemplo, uno dice que había un montón de gente tirando piedras, otro dijo que no vio a nadie tirando piedras salvo la persona que detuvo. Algunos decían que había mucha gente agresiva, otros decían que estaba todo re tranquilo”. Sin embargo, para la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 28 de Ciudad de Buenos Aires, las testimoniales de los policías fueron coherentes. El 16 de marzo condenó a los cuatro que habían sido detenidos en la zona del Congreso, el 2 de febrero de 2024, durante un festival artístico convocado por Unidxs por la Cultura, en protesta contra la ley Bases. Fue el primer juicio, y la primera sentencia, por un hecho en el que se aplicó el cuestionado Protocolo “Antipiquetes” de Patricia Bullrich. Joaquín Arrua, Pedro Esquivel, Carlos Denuble y Astor Galán Vizgarra fueron hallados culpables del delito de “atentado a la autoridad” y condenados a seis meses de prisión en suspenso y a realizar tareas comunitarias. Antes del inicio del debate, el fiscal Tomás Vacarezza desistió de la acusación contra un quinto manifestante. Vacarezza les había adjudicado arrojar piedras y botellas contra los agentes de la Policía Federal que los detuvieron. Sin embargo, como plantearon desde la Cadep, las múltiples filmaciones de aquel día y los testimonios recogidos demuestran que fue al revés, que la violencia fue iniciada por la policía. Dr. Jekyll y Mr. Hyde El abogado Alderete describió que tienen imágenes de tres cámaras, una de Crónica que filma toda la secuencia desde muchos minutos antes, otra de Policía Federal que filma el momento en que se van a producir las detenciones y otra de A24. “Es emblemático el caso de Carlos Denuble, que es un músico que toca la flauta melódica en el momento de la manifestación y que camina 100 metros tocando la flauta melódica en forma pacífica hasta que es detenido y toda esa secuencia está filmada, en ningún momento para de tocar para tirar una piedra”, mencionó. “Esa persona que estuvo tocando la flauta hasta que recibe gas pimienta en la cara y lo detienen, y respecto de esa persona la jueza dice que en algún momento habría tirado una piedra porque en algún momento no fue tomado por una cámara y tuvo cinco segundos para tirar un piedrazo”, planteó Alderete. Y agregó que “la jueza no explica en qué momento ubica esos cinco segundos, no explica de qué manera y no explica por qué el cambio de actitud de una persona que está tranquila tocando la flauta de repente se convierte de Dr. Jekyll a Mr. Hyde y tira una piedra”. Para la defensa, ese es el nivel de arbitrariedad de la sentencia condenatoria. “No hay ninguna prueba fílmica, no hay ningún elemento más allá del testimonio de los policías que, como dije, es contradictorio e incoherente”, apuntó. Así, el jueves 25 a las 13 tendrá lugar la audiencia donde la defensa profundizará los argumentos contra la sentencia. “El planteo central es que más allá de perspectivas, interpretaciones y sesgos que cada uno le pueda dar, lo cierto es que acá la prueba demuestra la absoluta inocencia de nuestros defendidos”, afirmó Alderete. “Respecto de algunos, muestra que es materialmente imposible y respecto de otros, la verdad es que no hay ninguna prueba que lo incrimine y el único elemento es lo que dice un policía que claramente mintió, porque muchos de los dichos de los policías además se contradicen con la prueba fílmica”, añadió. Para el abogado, si se atiene a las pruebas la sala tercera de la Cámara Penal Contravencional y de Faltas, sin duda debería absolverlos. “Nosotros decimos que es un caso de explícita criminalización de la protesta. Si condenan con estos argumentos, avalando los dichos de policías que se contradicen y mienten, bueno, la única explicación, más allá de miradas, más allá de perspectivas ideológicas, es que se intenta criminalizar un hecho de protesta pacífica”, expresó Alderete. “Es importante que se llegue a
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, recibió el alta médica luego de permanecer internado durante varios días, en una noticia que llevó alivio a la familia del capitán de la Selección argentina y a sus seguidores en medio del Mundial 2026. La información fue confirmada por el periodista Ángel de Brito, quien señaló que el padre del astro rosarino ya abandonó el centro de salud y se encuentra recuperándose junto a sus seres queridos. Según trascendió, incluso ya regresó a Rosario para continuar con su recuperación. Cómo pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la evolución favorable de Jorge Messi pone fin a varios días de preocupación para el entorno familiar, luego de que se conociera que atravesaba un cuadro de salud que requirió seguimiento médico. La propia familia había emitido días atrás un comunicado para desmentir rumores y aclarar que evolucionaba favorablemente. La situación había cobrado gran repercusión tras la difusión de versiones falsas sobre su estado de salud, que obligaron al entorno del ex Barcelona y Paris Saint-Germain a salir públicamente a pedir prudencia y respeto por la privacidad familiar. La noticia del alta llegó además a pocos días del cumpleaños número 39 del capitán argentino, quien durante los últimos encuentros del Mundial había reconocido estar atravesando momentos difíciles fuera de las canchas, mientras acompañaba a distancia la evolución de su padre. Con la recuperación de Jorge Messi, el entorno del futbolista recibió una de las noticias más esperadas en plena competencia internacional, mientras el capitán albiceleste continúa enfocado en la participación de la Selección argentina en la Copa del Mundo: marcó los dos goles del triunfo de este lunes por 2-0 ante Austria, que le valió la clasificación a los 16avos de final.
Una mujer de 34 años fue detenida por infracción a la Ley de Estupefacientes, tras el allanamiento secuestraron 31 gramos de cocaína en pequeñas dosis Los efectivos de la División Microtráfico del área metropolitana realizaron patrullajes investigativos para establecer los puntos de venta y consumo de estupefacientes, tras varios días de recorridas detectaron una casa que funcionaba como kiosco narco, y solicitaron allanamiento. Anoche alrededor de las 20 en conjunto con la fiscalía antidrogas, se dirigieron a la finca investigada, ubicada en el por la calle Leo Parcianello y ante un testigo leyeron el mandamiento judicial a la moradora de 34 años e ingresaron al inmueble. En una de las habitaciones hallaron 128 envoltorios con cocaína, con el peso total de 31.7 gramos, además de recortes de polietileno, dos tijeras, y la suma de $58.600 pesos, los cuales se consideraron como elementos vinculados a la venta de estupefacientes, se secuestró lo hallado como así también un teléfono celular. La moradora fue notificada de su aprehensión en la causa Supuesta Infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23737 a disposición de la Fiscalía Antidrogas en turno.
El debate por el Caso Loan debió reiniciarse por dos situaciones protagonizadas por los imputados. Alejandro Vecchi, que representa a la familia del niño, calificó lo ocurrido como una “desprolijidad”, aunque advirtió que la prioridad es evitar cualquier motivo que pueda derivar en la nulidad del proceso. El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, cuando tenía 5 años, tendrá su reinicio tras dos audiencias este miércoles 24 de junio, después de que el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Corrientes decidiera comenzar el debate nuevamente a raíz de una situación generada por uno de los 17 acusados en la causa que reúne dos expedientes. El martes pasado comenzaron a ser juzgadas las 7 personas del caso principal, imputadas por la sustracción del pequeño y su posterior ocultamiento, y las otras 10 procesadas por diferentes delitos mediante los cuáles habrían intervenido en maniobras destinadas a alterar o entorpecer la investigación por su desaparición. El protagonista de la situación que llevó a la suspensión del debate fue Federico Rossi Colombo, que forma parte del segundo grupo. El psicólogo tucumano no se presentó presencialmente al comienzo del juicio, fue declarado en rebeldía y horas después apareció conectado por Zoom con un abogado diferente al que lo había representado hasta este momento. Esto generó tensión y derivó en una serie de discusiones que llevó a los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte a postergar las audiencias y otorgar tiempo para que su nueva defensora pudiera interiorizarse en el expediente. En el segundo día ocurrió algo parecido: Alan Cañete, que también es parte de los imputados por entorpecimiento, llegó una hora tarde. Para el abogado Alejandro Vecchi, que junto a Belén Russo Cornara representan a los padres de Loan, los sucesos constituyen una “desprolijidad” que perjudica a las víctimas, pero reconoció que el tribunal no tenía muchas alternativas para garantizar la validez futura del juicio. “La suspensión del juicio es un desastre para el querellante y para la víctima, porque Loan está vivo y hay que encontrarlo urgente ya que puede sufrir algún tipo de problema, estar necesitando atención médica o sufriendo algún tipo de enfermedad”, afirmó el letrado en diálogo con PERFIL. “Por eso cualquier suspensión del juicio es terrible, tremenda y mala”, añadió. A pesar de esto, Vecchi remarcó que la prioridad debe ser evitar que el debate quede expuesto a cuestionamientos procesales que puedan derivar en la anulación de todo lo actuado más adelante. “Lo peor que podría pasar es que este juicio se anule por algún vicio introducido por algunos de los imputados, que pareciera ser que están para interrumpir, dilatar e introducir cuestiones como estas”, sostuvo. En ese sentido, el abogado apuntó especialmente contra Rossi Colombo, acusado de falso testimonio y otras maniobras vinculadas al grupo de personas que llevaron poco después de la desaparición de Loan a testigos, mayores y menores de edad, al hotel “Despertar del Iberá” en condiciones irregulares. “Este psicólogo o falso psicólogo, no sé qué es, esperó hasta el último día primero para que le pidan la captura, y después para presentarse sin abogado y que el tribunal le ponga uno. Por el Código Procesal hay que darle 72 horas para que el letrado tome conocimiento de la causa”, cuestionó. Con garantías, pero rápido El abogado penalista, conocido por participar de casos de alto impacto, como la representación de la familia de José Luis Cabezas en el juicio por el asesinato del fotógrafo de la revista Noticias, dijo que claro que comparte la necesidad de respetar las garantías y la defensa de los acusados, aunque reclamó celeridad en la causa que lleva más de dos años sin resolverse y tiene un menor desaparecido. “Es una cosa gravísima lo que hizo Rossi Colombo, pero nosotros no podemos perder la oportunidad de que el juicio se haga rápido, con debido proceso y todas las garantías constitucionales para los imputados. Pero que se haga rápido”, afirmó. Luego, recordó que junto a la familia había recomendado un esquema mucho más intenso de audiencias. “Habíamos propuesto que se haga en 45 días corridos, habilitando días y horas inhábiles, como hicimos con el caso Cabezas: sábado, domingo, lunes, martes, feriados, no importa, se trabaja todos los días. Pero el tribunal es el que marca la pauta”, mencionó. Asimismo, indicó que el problema radicaba en el cronograma de los jueces y sus otros casos, ya que solo Ceroleni es de Corrientes (Bracco es de General Roca y Belforte de Formosa). Los acusados en el caso Loan El arranque del juicio se da a tres días de haberse cumplido los dos años de la desaparición de Loan, cuya Alerta Sofía está aún vigente. Según la reconstrucción de los hechos, el niño, que ahora tendría 7 años, desapareció durante un almuerzo realizado en la casa de su abuela paterna, Catalina, en el paraje Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Había llegado con su papá, José y después de comer fue llevado junto a otros chicos a recolectar frutas a un naranjal junto a otros tres adultos, entre los que se encontraba su tía, Laudelina Peña. “En el rango horario de las 13.52 y las 15.26 se consumó la sustracción del menor para luego dar lugar a su ocultamiento hasta el día de hoy”, indica la hipótesis fiscal. Por estos hechos están imputados la ya mencionada Laudelina; su esposo, Antonio Benítez; Daniel Oscar Ramírez y su pareja Mónica Millapi; el matrimonio conformado por la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava y el exmarino Carlos Pérez; y el exocomisario de 9 de julio, Walter Maciel. De acuerdo a la acusación, intervinieron de manera coordinada para sustraer y ocultar al nene, un delito que prevé entre 5 a 15 años de prisión. Los otros imputados están en el expediente paralelo: Federico Rossi Colombo, Nicolás “El Americano” Soria, Elizabet Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Gabriel
En la noche del lunes el Departamento de Investigaciones Complejas detuvo a una pareja por el caso, fueron puestos ante la justicia. Una mujer de 42 años encargada de un comercio ubicado por avenida 9 de julio al 4400 aproximadamente, había denunciado hace días a dos personas que habían realizado compras y exhibiendo comprobantes de transferencias falsas. La causa fue puesta ante la justicia y los efectivos comenzaron una investigación para atraparlos. Anoche alrededor de las 21, supieron que estas dos personas intentaban realizar otra vez la maniobra fraudulenta en comercios ubicados por la misma avenida. Fue así que demoraron a la pareja mayor de edad quienes fueron señalados por la denunciante como autores de las estafas. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial y se procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung que habría sido utilizado para el fin. La fiscalía N° 6 a cargo de Mariana Echeverri dispuso la aprehensión de ambos por la causa Supuesta Estafa, informó la policía del Chaco.
Los últimos detalles de la guerra en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico de Irán y el inicio de las negociaciones para lograr la paz. Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó. El estrecho de Ormuz está “completamente abierto para embarcaciones comerciales”, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo en 60 días. Así lo señaló el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, quien precisó que los barcos no tendrán que hacer ningún pago para utilizar esta vía marítima, al menos durante esos sesenta días. Lo que ocurra después, incluido el tránsito de embarcaciones militares, dependerá del resultado de las negociaciones, agregó. El diplomático anticipó, sin embargo, que “la situación no será la misma que antes de la guerra” en el estrecho de Ormuz puesto que Irán ahora entiende que “nuestros enemigos lo utilizaron para equipar sus bases en el Golfo Pérsico y atacar a nuestro país”. Irán no planea permitir inspecciones del OIEA de sus plantas nucleares atacadas Irán afirmó este martes (23.06.2026) que no planea que el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) realice inspecciones a las instalaciones nucleares iraníes dañadas en la guerra. “No ha habido ninguna reunión con el director general del OIEA, Rafael Grossi, ni existe ningún plan para que el organismo realice inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes dañadas”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, un día después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, afirmase que el país persa había accedido a nuevas inspecciones. Bagaei indicó que no existe un protocolo para las inspecciones de instalaciones nucleares dañadas, algo que Teherán ha reiterado desde los bombardeos de junio del año pasado contra sus principales centros atómicos de Fordo, Isfahan y Natanz. (efe, afp) DW/Efe/Afp
Mientras el desempleo se mantiene elevado, la precarización avanza mucho más rápido en el mercado de trabajo. Casi 10 millones de personas tienen empleos informales. Si el desempleo no llega todavía al doble dígito es porque el gobierno de Milei logró una transferencia brutal de empleos de calidad hacia la precarización. Durante el primer trimestre de 2026, la informalidad laboral volvió a crecer y alcanzó su nivel más alto en la historia, consolidándose como un problema estructural que demandará años en revertirse. Ya hasta suenan redundantes los análisis sobre el mercado laboral en tiempos libertarios. Las políticas anti industrialistas configuraron un traspaso de puestos de trabajo hacia actividades precarizadas, tales como plataformas de transporte o delivery gastronómico. Pareciera que Uber o Rappi son apenas el plafón de un fenómeno inabarcable como el empleo no registrado, universo que por ahora le pone techo a una disparada de la desocupación. Hace dos semanas se difundió una encuesta realizada en barrios populares del partido bonaerense de Florencio Varela. Uno de los resultados arrojó que el 44% de los hogares recurre a la intensificación de las changas para sumar ingresos que le permitan subsistir a fin de mes. A contramano de lo que se percibe en otras variables, las estadísticas del Indec parecen acompañar el sentir callejero. Los datos difundidos por el organismo oficial muestran que el 44,2% de las personas ocupadas se desempeña en condiciones de informalidad, una cifra que representa a casi 10 millones de trabajadores en todo el país y de la que nunca se había tomado registro. El fenómeno se combina con niveles elevados de subocupación, una creciente búsqueda de empleo adicional y una pérdida de calidad en las inserciones laborales. Según la Encuesta Permanente de Hogares, la población con empleo informal alcanzó a 5,9 millones de personas durante el primer trimestre de 2026 en los grandes centros urbanos, que se amplía a casi 10 millones bajo el cálculo sobre la población total. La tasa de informalidad llegó al 44,2%, lo que implicó un incremento de 2,2 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. En contrapartida, el empleo formal representa el 55,7% de los ocupados. Esto significa que más de cuatro de cada diez trabajadores desarrollan actividades al margen de las normas laborales, previsionales o tributarias que regulan el empleo. La cifra refleja una tendencia preocupante: aunque la tasa de empleo se mantuvo relativamente estable en torno al 44,8%, la calidad de los puestos de trabajo muestra señales de deterioro profundo. Crece el trabajo sin aportes jubilatorios Uno de los indicadores más sensibles del mercado laboral es el empleo asalariado sin descuento jubilatorio, considerado una de las principales expresiones de trabajo no registrado. El informe señaló que el 37,9% de los asalariados no cuenta con aportes previsionales realizados por su empleador. Un año atrás esa proporción era del 36,3%, lo que muestra un avance de la precarización incluso entre quienes tienen una relación de dependencia. Además, entre los asalariados informales, el 84,5% tampoco realiza aportes propios al sistema previsional, lo que profundiza su vulnerabilidad futura en materia jubilatoria y de protección social. La informalidad avanza entre asalariados y cuentapropistas La estructura ocupacional también ayuda a entender el fenómeno. Del total de trabajadores ocupados, el 71,8% son asalariados y el 24,2% se desempeña por cuenta propia. A su vez, los trabajadores independientes explican el 37,7% de la informalidad total, mientras que los asalariados representan el 61,5% de los empleos informales. Esto muestra que la precarización ya no se limita a actividades de subsistencia o trabajos ocasionales, sino que alcanza a una porción significativa del empleo asalariado. Más personas trabajan, pero buscan otro empleo Otro dato relevante es el crecimiento de la presión sobre el mercado de trabajo. La tasa de ocupados demandantes de empleo alcanzó el 15,8%. Se trata de personas que ya tienen trabajo pero buscan activamente otro puesto laboral. El fenómeno suele estar asociado a ingresos insuficientes, jornadas reducidas o empleos de baja calidad. A esto se suma una tasa de subocupación del 11,1%, que incluye a trabajadores que realizan menos de 35 horas semanales de manera involuntaria y desean trabajar más tiempo. Un mercado laboral cada vez más fragmentado El informe también muestra que la presión total sobre el mercado laboral alcanzó al 29,6% de la población económicamente activa. Este indicador contempla a los desempleados, a quienes buscan otro empleo y a quienes desean trabajar más horas. En paralelo, la población ocupada llegó a 13,5 millones de personas en los 31 aglomerados urbanos relevados, pero una parte creciente de esos trabajadores se desempeña en condiciones precarias. Los datos del primer trimestre muestran una paradoja cada vez más visible. Aunque el desempleo se mantenga en niveles negativos pero no dramáticos y la actividad económica de señales de recuperación en los sectores primarizados, la informalidad continúa expandiéndose. Con la plena vigencia de la reforma laboral aprobada en febrero, el avance del empleo no registrado se consolida como una de las condiciones necesarias del Gobierno, quien tiene como objetivo central reducir la masa salarial. El Destape
Los afiliados de PAMI pueden recibir la vacuna antigripal sin sacar turno previo en farmacias adheridas. Los afiliados mayores de 65 años, las personas embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses pueden vacunarse presentando únicamente el DNI y la credencial de PAMI. Con la llegada del invierno, confirmó el inicio de la de vacunación antigripal 2026 con un sistema de acceso gratuito y sin turno previo para sus afiliados. La medida busca facilitar la inmunización antes del invierno y permitirá recibir la dosis en las farmacias habilitadas de todo el país. Quiénes pueden acceder a la vacuna antigripal gratuita de PAMI Los afiliados mayores de 65 años, las personas embarazadas y los niños de entre 6 y 24 meses pueden vacunarse presentando únicamente el DNI y la credencial de PAMI. En tanto, los afiliados menores de 65 años que integren grupos de riesgo deberán sumar una orden médica en la que conste el diagnóstico de la patología que justifica la aplicación de la dosis. Para esta temporada, el esquema contempla cuatro vacunas trivalentes autorizadas: Agrippal S1, Agrippal S1 Junior, Influvac y Fluad. Cómo encontrar una farmacia para vacunarse La aplicación de las dosis se realiza exclusivamente en las farmacias adheridas a la red de PAMI. Desde el organismo recomendaron consultar previamente la disponibilidad para confirmar el stock antes de acercarse. Quienes quieran conocer cuál es el punto de vacunación más cercano pueden seguir estos pasos: Además, PAMI mantiene disponible la línea telefónica gratuita 138 para brindar información sobre la campaña y resolver consultas de los afiliados.
El Gobierno de Milei autorizó operaciones de crédito público por hasta USD 5.000 millones con bancos internacionales. La medida fue formalizada a través del Decreto 478/2026, publicado en el Boletín Oficial este lunes, y apunta a conseguir financiamiento para cubrir vencimientos de deuda en dólares. El monto más que duplica la cobertura que dio el Banco Mundial que es de USD 2.000 millones y se produce justo cuando se supo que en el gobierno libertario la deuda externa creció unos USD 30.000 millones, pese a que Caputo intentó dibujar ese mal dato con contabilidad creativa. La norma faculta a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas a definir montos, plazos, monedas, tasas, comisiones y demás condiciones de la operación. También habilita la contratación de bancos, agentes de pago, asesores legales, calificadoras de riesgo y otros participantes necesarios para cerrar el financiamiento. La primera lectura del mercado fue optimista. En varias mesas se instaló la idea de que el Gobierno preparaba una vuelta a Wall Street. Los bonos reaccionaron en alza y el riesgo país de JP Morgan tocó los 422 puntos, un nuevo mínimo para el ciclo. La confusión tuvo un punto concreto: el decreto acepta la jurisdicción de tribunales estaduales y federales de Nueva York. Esa cláusula suele aparecer en emisiones de deuda externa y fue leída como una señal de que el Tesoro volvía al mercado internacional de bonos. La foto era tentadora para la City: bancos globales, Nueva York, dólares y baja del riesgo país. Pero no. La letra chica muestra una ingeniería distinta. El Gobierno no está autorizando una emisión directa de bonos soberanos entre inversores internacionales. Lo que habilita es la toma de préstamos con entidades financieras internacionales, respaldados por garantías parciales de organismos multilaterales. Ese detalle cambia la lectura. Una cosa es que la Argentina salga sola a vender deuda en Wall Street. Otra muy distinta es que tome préstamos de bancos privados con el respaldo parcial del Banco Mundial, el BID y eventualmente la CAF. Los avales son el corazón de la operación. Funcionan como un seguro parcial para los bancos que pongan los dólares. Si una porción del préstamo queda garantizada por un organismo multilateral, el riesgo baja. Y si baja el riesgo, Economía espera conseguir mejores tasas y plazos más convenientes. “Al principio se leyó como regreso a Wall Street por la jurisdicción Nueva York. Después, cuando se miró el decreto completo, quedó claro que era otra cosa: préstamo bancario con paraguas multilateral”, dijo a LPO un operador que sigue la deuda argentina. El esquema ya venía siendo trabajado por el equipo económico. El Banco Mundial aprobó garantías para movilizar hasta USD 2.000 millones en préstamos comerciales. El BID también aprobó una garantía de hasta USD 550 millones, con capacidad para apalancar financiamiento privado adicional. La CAF aparece como otra pieza posible para completar el armado. El objetivo del Gobierno es despejar las dudas frente al vencimiento de deuda. El 9 de julio el Tesoro deberá cancelar USD 4.300 millones. Ya tiene USD 3.680 depositados en el Banco Central. Por eso, Economía busca usar los avales multilaterales como una vía intermedia: no es una vuelta limpia a Wall Street, pero tampoco es financiamiento puramente oficial. Ahora los operadores mirarán tres datos: cuánto se consigue, a qué tasa y qué parte queda cubierta por las garantías. Ahí se sabrá si el decreto alcanza para ordenar julio y si compra tiempo hasta una salida más amplia al mercado. Por ahora, la foto es esta: el Gobierno habilitó créditos por USD 5.000 millones con los avales del Banco Mundial y el BID, los bonos festejaron y el riesgo país bajó. La Política Online
La Asociación Civil La Fábrica Cultural y la Asociación Civil Biblioteca Popular Olga Cristina Fernández anuncian la apertura de la convocatoria al 9° Concurso de Microcuentos en 100 Palabras, una propuesta literaria que este año rinde homenaje a la inolvidable María Elena Walsh, al cumplirse 96 años de su nacimiento. La iniciativa cuenta con el acompañamiento del Banco Credicoop Filial Resistencia, el Centro Educativo Paulo Freire y la SADE Filial Chaco, instituciones comprometidas con la promoción de la cultura, la educación y el desarrollo de nuevos espacios para la creación literaria. Bajo el lema “Cien palabras para María Elena”, el certamen invita a escritoras, escritores, estudiantes, lectores y amantes de la literatura de todo el país a sumergirse en el universo creativo de una de las figuras más importantes de la cultura argentina. Su obra, atravesada por la imaginación, la poesía, la música, el humor y la defensa de la libertad, continúa inspirando a generaciones de niños, jóvenes y adultos. La convocatoria busca promover la escritura creativa a través del formato del microrrelato, un género literario que desafía a contar grandes historias con pocas palabras. En esta edición, los textos deberán reflejar, de manera libre y original, valores presentes en la obra de María Elena Walsh: la fantasía, la infancia, la igualdad, la naturaleza, la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de imaginar otros mundos posibles. Desde hace nueve años, este concurso se ha consolidado como un espacio de participación cultural que fomenta la lectura, la escritura y el encuentro entre autores de distintas edades y procedencias. Además, constituye una oportunidad para acercar la literatura a la comunidad y poner en valor la palabra como herramienta de expresión, reflexión y transformación social. ¿Quiénes pueden participar? La convocatoria está abierta a todas las personas interesadas en la escritura. Cada participante podrá presentar hasta dos microcuentos inéditos, con una extensión máxima de 100 palabras (sin contar el título), firmados con seudónimo. Premios: Los trabajos seleccionados por el jurado recibirán los siguientes premios: Primer Premio: $100.000; Segundo Premio: $70.000; Tercer Premio: $50.000. Además, se otorgarán dos menciones especiales y reconocimientos a los trabajos destacados del cuarto al décimo lugar. Fecha límite: los microcuentos podrán enviarse hasta el 31 de agosto de 2026 a las 23:59 horas.
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña presentó una propuesta que busca promover la inclusión a través del deporte y las experiencias compartidas. Este martes se llevarán adelante dos actividades abiertas a la comunidad junto a Héctor Rodríguez, integrante del grupo de ciclismo inclusivo “Atreverse”, que recorre distintas provincias del país llevando un mensaje de superación y derribando barreras vinculadas a la discapacidad. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa con la participación del secretario de Desarrollo Humano y Deportes Germán Rearte, el subsecretario Ivan Arredondo y demás funcionarios del área de discapacidad y deporte adaptado, quienes destacaron el compromiso de la gestión municipal con la construcción de una ciudad cada vez más inclusiva. “Más allá del evento, queremos destacar la presencia de Héctor y el trabajo que realiza. Sáenz Peña viene creciendo mucho en materia de inclusión y este tipo de iniciativas son dignas de resaltarse”, señaló Rearte. El grupo “Atreverse” está integrado por ciclistas convencionales y personas con discapacidad visual que utilizan bicicletas tándem para compartir la experiencia del pedaleo. Rodríguez explicó que el objetivo del proyecto va mucho más allá del recorrido que realiza por el país. “Lo importante es que las personas se atrevan a vencer sus creencias limitantes. Que alguien se suba a una bicicleta y descubra que puede hacer mucho más de lo que imaginaba. De eso se trata Atreverse”, expresó. El ciclista inició su travesía en abril desde Córdoba y recorrerá once provincias argentinas, además de Paraguay y Uruguay. Chaco representa la sexta provincia de este recorrido, que ya ha dejado experiencias transformadoras en cada ciudad visitada. Actividades para toda la comunidad La jornada comenzará a las 9 de la mañana en el Polideportivo Municipal, donde participarán instituciones educativas y terapéuticas de la ciudad. Allí, niños, jóvenes y personas con discapacidad podrán experimentar el ciclismo adaptado hasta aproximadamente las 12 horas. Por la tarde, desde las 17:30 en Plaza San Martín, la propuesta estará abierta a toda la comunidad. Los vecinos podrán acercarse con sus propias bicicletas para acompañar la actividad o incluso experimentar el uso de la bicicleta tándem, tanto como guías como guiados. “Todos, en algún momento de la vida, vamos a necesitar de otros. La discapacidad no tiene fronteras ni clases sociales; nos atraviesa a todos de distintas maneras. Por eso estas experiencias son tan importantes”, reflexionó Rodríguez. Además, en paralelo se desarrollará un torneo de atletismo adaptado, destinado a estudiantes y personas con discapacidad que deseen participar en pruebas de salto, carrera y lanzamiento. Desde la organización invitaron a todos los saenzpeñenses a sumarse a una jornada que promete dejar una huella profunda. “Quizás dentro de algunos años nadie recuerde nuestros nombres, pero sí recordarán lo que sintieron y descubrieron sobre sí mismos cuando se animaron a hacer algo distinto”, concluyó Héctor Rodríguez.