En diálogo con CIUDAD TV, el intendente de Juan José Castelli, Pio Sander, se refirió a los trabajos que viene realizando ese Municipio ante la amenaza del fenómeno “El Niño”. Reclama acceder a líneas de financiamiento para incorporar maquinarias que permitan hacer frente a un escenario de emergencia. Además, habló sobre los preparativos para el aniversario 90 de la localidad que se festejará el sábado 3 y domingo 4 de octubre. El intendente de Juan José Castelli, Pío Sander, detalló los trabajos que viene realizando el Municipio para enfrentar la amenaza del fenómeno climático “El Niño”, luego de las intensas lluvias registradas en abril pasado. El jefe comunal reclamó al Gobierno provincial el acceso a líneas de financiamiento para renovar e incorporar maquinaria vial. Sander recordó el temporal que golpeó a la localidad hace algunos meses: “A nosotros nos tocó un momento muy difícil allá por el 20 de abril cuando nos llovió más de 250 milímetros en pocas horas y más de 430 milímetros en ocho días”, relató. En ese contexto, el agua llegó hasta la ruta y varios barrios cercanos sufrieron el ingreso de agua a las viviendas. A partir de ese episodio, el Municipio avanzó en la limpieza, ampliación y profundización del canal 1, la vía principal que conduce el agua de la ciudad hacia el reservorio conocido como El Malá. “Con la limpieza del canal 1 nosotros hicimos toda la limpieza, ampliación, profundización y nuevos canales de desagües dentro de la ciudad y en eso estamos trabajando”, explicó, y remarcó que ese trabajo contó con el aporte de la Administración Provincial del Agua (APA) y de Vialidad Provincial. El intendente también hizo referencia a los reservorios internos de la ciudad, a los que se fueron sumando nuevos desagües para agilizar el escurrimiento en los barrios más alejados del canal principal: “Esto es trabajo permanente, constante mantenimiento de los desagües”, sostuvo. “Vamos a tener otra realidad” Consultado sobre qué ocurriría si se repitiera un temporal de las características del de abril, Sander se mostró confiado en que el escenario sería distinto: “Vamos a tener otra realidad. Lo que queremos lograr es que el agua esté la menor cantidad de tiempo dentro de la ciudad”, afirmó. Y agregó: “Con todo lo que hicimos, con lo que estamos haciendo, creo que vamos a lograr que el agua de la ciudad se escurra lo más rápido posible”. El funcionario explicó que toda el agua de la localidad escurre desde el noroeste y el noreste hacia el sureste, y que existe “un solo gran puente que cruza la ruta 95 y que lleva el agua hasta el reservorio, al Malá”. Pedido de créditos para maquinaria Sander confirmó que Castelli presentó en tiempo y forma los informes que el Gobierno provincial solicitó a los municipios sobre las zonas más afectadas por las lluvias: “Nosotros presentamos enseguida todo un diagnóstico y un informe de los barrios que fueron más afectados, de la zona más baja de la ciudad, tal cual nos pidieron”, indicó, aunque reclamó no haber recibido la confirmación de recepción a tiempo. De cara a una reunión con otros intendentes prevista para este viernes en Sáenz Peña, el mandatario adelantó su principal pedido: “Lo que pedimos los intendentes es tener la posibilidad de tener alguna línea de crédito, como era la 613 a través del Banco del Chaco, para podernos financiar algunas máquinas que nos hacen falta”. Sander explicó que el crecimiento de la ciudad —110 barrios alrededor del centro y unos 70.000 habitantes— demanda una renovación constante del parque de maquinaria vial. Comité de emergencia y lugares para evacuados El Municipio ya conformó un comité de emergencia que reúne a instituciones intermedias y organismos provinciales y nacionales. “Estamos participando desde el comité de emergencia para, fundamentalmente, organizarnos por cualquier inclemencia que nos pueda llegar a ocurrir, estemos preparados”, señaló Sander, quien adelantó que ese espacio se reunirá nuevamente. Sobre los posibles refugios para evacuados, el intendente detalló que se trabaja junto a Educación, la Policía y las iglesias de los distintos barrios: “Tuvimos la experiencia nosotros de que eso nos permitió llegar rápidamente a los barrios, albergar gente en las iglesias”, explicó, y mencionó además escuelas y clubes como puntos alternativos de contención. Poda y descacharrado Como parte de la prevención, el Municipio también avanza con un operativo de poda y limpieza de cunetas iniciado a fines de mayo. “Es enorme la cantidad de ramas, miles y miles de camionetas de ramas”, describió Sander, quien atribuyó ese volumen a la vegetación de la zona —algarrobos, palos borrachos y lapachos— y remarcó el objetivo de fondo: “No queremos más que la gente deje la rama en la cuneta, en la alcantarilla, porque después, si llega a llover, eso dificulta el escurrimiento”. Estudiantina y preparativos por el 90° aniversario Además de la agenda vinculada a la emergencia hídrica, Sander se refirió con satisfacción a la estudiantina realizada el fin de semana, un evento que el Municipio organiza junto a los propios estudiantes secundarios. “Tengo una enorme satisfacción, porque lo trabajamos con los chicos, los chicos son las promo y las pre-promo, nosotros fijamos un calendario estudiantil, ese calendario estudiantil lo hacemos con ellos”, explicó. Según detalló, la propuesta no se limita a la fiesta central, sino que incluye charlas, capacitaciones y juegos sobre salud reproductiva y orientación vocacional, además de una expo de carreras. “Miles y miles de personas en el ingreso de la ciudad, acompañando a las promo y pre-promo, a los estudiantes en su día”, describió sobre la jornada. La ciudad se apresta además a celebrar sus 90 años el próximo 3 de octubre, con festejos que se extenderán durante dos jornadas. “Lo hacemos viernes y sábado, porque muchas veces no es fácil montar un escenario, sonido, y nosotros tenemos muchísimos artistas locales, muchos músicos, muchas academias, muchas agrupaciones gauchas”, indicó el intendente. Según precisó, el viernes estará dedicado a los artistas y agrupaciones locales, mientras que el sábado se realizará el acto central a las 18, con un
Autor: Redacción General
La Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos convocó a una movilización nacional para este miércoles 23 de septiembre, a las 11 en la Plaza 25 de Mayo de la capital correntina. La concentración será en simultáneo con movilizaciones previstas en distintos puntos del país. La discusión sobre los recortes y nuevas modalidades para trámites, en las políticas de asistencia a personas con discapacidad, tiene impacto en Corrientes, donde los prestadores trabajan con distintos financiadores, entre ellos obras sociales, PAMI, Incluir Salud e IOSCOR. Marcela Kriskovich, presidenta de la Asociación Civil de Prestadores de Discapacidad Unidos, advirtió que, si cambia el esquema nacional de referencia, las provincias podrían enfrentar una situación similar y las familias podrían quedar obligadas a afrontar diferencias para sostener determinados tratamientos. “Lo que tienen que tomar conciencia es que, si este presupuesto sigue, ¿qué esperás que hagan las provincias?”, planteó. Según explicó, el riesgo que observa es que se genere un sistema con distintos niveles de acceso: quienes puedan pagar la totalidad de una prestación, quienes deban elegir cuáles tratamientos sostener y quienes directamente queden fuera. “El que pierde es la persona con discapacidad”, resumió. Corrientes Hoy
Fue elaborado por el Doctor en Historia Alejandro Jasinski a solicitud de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia. El informe analiza detalladamente todas las pruebas incorporadas a la causa y concluye que no se trató de un incidente aislado ni el desborde de un comisario o unos vecinos atemorizados, sino un eslabón de una cadena larga y sistemática de violencia contra las comunidades indígenas chaqueñas. El 7 de septiembre de 1933, una columna de más de 300 indígenas moqoit, integrada por hombres, mujeres, niños y ancianos, marchaba hacia El Zapallar (hoy General San Martín, Chaco) en busca de trabajo y alimento. Al llegar a las afueras del pueblo, fueron recibidos violentamente por la policía territorial y un grupo de civiles armados, que buscó evitar su ingreso al pueblo mediante la detención de una veintena de personas -entre ellos el cacique, mujeres y niños- y un tiroteo masivo, que produjo un número indeterminado de muertes. Al ser reprimidos, los indígenas se dispersaron en pánico hacia el monte y el río. Luego se mantuvieron en acampe hasta la libertad de sus familiares, y hasta que fueron forzados, en medio de una sequía histórica, a regresar a la reducción de Napalpí, de donde habían salido tiempo antes por falta de recursos y alimentos. El expediente judicial de 1924 Jasinski analiza la investigación judicial de 1924, la que contiene los testimonios de una veintena de indígenas detenidos, entre ellos el cacique Luis Duran. Esas declaraciones, tomadas bajo detención, son unánimes: venían a pedir trabajo y comida, no a pelear, tenían herramientas de trabajo y algunas pocas y viejas armas de caza. También declararon policías y vecinos detenidos en averiguación por los responsables de las muertes, que entonces se limitaron a reconocer sólo a dos. De esos testimonios se desprende que el accionar represivo fue violento, desordenado, desproporcionado en su capacidad de daño y movilidad y contó con cierta iniciativa autónoma de civiles, pese a que debían responder a las órdenes del comisario. El propio instructor del sumario, el comisario inspector Francisco Larrey, abrió la causa hablando del “supuesto avance en actitud hostil”, marcando distancia respecto de la versión policial inicial. Al cerrarla, concluyó que lo ocurrido fue “una protesta de la tribu por su falta de medios de vida” y no “un atentado contra las actividades y contra el orden social”. El expediente, leído en su conjunto, contiene los elementos que tensionan las hipótesis acusatorias iniciales que buscaban distorsionar los hechos y exculpar a los responsables de la represión, aunque no llegó a ninguna conclusión investigativa relevante ni sanción. Una masacre El informe califica los hechos como una masacre. Los criterios son, en primer lugar, cualitativos: una población civil indefensa, con mujeres, niños, ancianos y hombres apenas armados con escopetas de caza, recibida a tiros por una fuerza represiva compuesta por policías y civiles armados, en una relación de fuerzas radicalmente asimétrica y sin que mediara un ataque de las víctimas. Esta calificación no depende de la cifra de muertos, sino de la naturaleza del hecho, que un funcionario estatal ya definió en 1936 como una “estúpida carnicería”. En relación a la cantidad de víctimas, el informe establece que las dos muertes documentadas por el expediente constituyen un piso, no un techo, de manera que sería tan inconducente arriesgar una cifra elevada como erróneo sería limitarse a lo consignado por los archivos de la represión. Es altamente probable que la cifra de víctimas fatales sea elevada, al tiempo que se desconoce el destino de los heridos no asistidos, de quienes pudieron ahogarse al cruzar cursos de agua durante la huida, y de quienes pudieron morir de hambre en las semanas posteriores. La policía que investigó el propio suceso dejó documentadas dos muertes, de la misma manera en que en las masacres de Napalpí en 1924 o de La Forestal en el norte de Santa Fe en 1921 se documentaron sólo cuatro, cuando en realidad se trató de números extraordinariamente superiores. Despojo, sequía y criminalización y compromisos incumplidos En su reconstrucción, Jasinski advierte que la masacre no fue un incidente aislado. El informe sitúa los hechos en un proceso de más de medio siglo de ocupación militar, despojo territorial y explotación laboral sobre la población indígena del Chaco. Hacia 1912 estaba completada la ocupación de las mejores tierras. Los indígenas quedaron forzados a vivir entre chacras y latifundios, imposibilitados de cazar, pescar o recolectar. Un decreto de 1900 obligaba a los indígenas a portar una libreta que acreditara estar al servicio de un patrón y disponía que quienes carecieran de ella serían “capturados y considerados como enemigos”. También se dio en un contexto de sequía prolongada que actuó sobre esa estructura de despojo ya consolidada: una población privada de sus medios de subsistencia, empujada a migrar por un territorio cercado, donde su sola presencia fuera de los límites asignados la convertía en sospechosa. La represión fue ejecutada por una policía territorial estructuralmente imbricada con los intereses de los propietarios locales, a quienes el marco normativo habilitaba a integrar y costear la fuerza, y auxiliada por civiles armados que presionaron al comisario para actuar “enérgicamente”. Por otro lado, el informe documenta que la violencia contra los indígenas no era considerada normal ni aceptable por los actores de la época. La Constitución Nacional reconocía el Derecho de Gentes como fuente de jerarquía constitucional. La Argentina había ratificado la Convención de Ginebra y las conferencias de La Haya. El Tratado de Versalles fue ratificado en 1933, el mismo año de la masacre. Décadas antes, funcionarios como Bialet Massé, Lynch Arribálzaga y el médico de la Cruz Roja Víctor Pongratz habían denunciado la lógica exterminadora. Editoriales de La Voz del Chaco de septiembre de 1933 y notas en La Estampa Chaqueña reclamaron el cumplimiento de las obligaciones morales de integración pacífica de los indígenas que el Estado incumplía. El autor del informe Alejandro Jasinski es Licenciado y Doctor en Historia (UBA), Profesor Adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA
Este evento, denominado “Super Niño”, se caracteriza por un incremento significativo de las precipitaciones en el sur de Brasil, Paraguay y noreste de Argentina, lo que repercute directamente en el aumento del caudal del río Paraná, fuente principal de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El efecto más inmediato – y que ya ha sucedido anteriormente -, es el importante incremento del caudal afluente, que en ocasiones podría llegar a duplicar el promedio histórico. Esta situación hídrica es monitoreada constantemente por el Sector Hidrología – Departamento Técnico, de la Entidad Binacional Yacyretá, analizando los eventos de lluvia, y caudales de los ríos de la cuenca de aporte directo a Yacyretá. Frente a situaciones excepcionales como las previstas bajo este fenómeno, la Entidad Binacional operará -en caso de ser necesario como operación de rutina- sus estructuras de descarga, para evacuar los excedentes a turbinar, con el objetivo en lo posible de atenuar los picos de crecida, logrando un flujo controlado y reduciendo así los riesgos aguas abajo. Gracias al esquema operativo, la Entidad puede alertar con varios días de antelación a las autoridades y a las comunidades ribereñas de la zona de influencia, generando una alarma precautoria y minimizando los posibles daños materiales derivados de este tipo de eventos hidrometeorológicos. Como en ocasiones anteriores, la EBY mantendrá informada a la población acerca de las novedades relacionadas con el fenómeno. De acuerdo con los modelos hidrometeorológicos de predicción dinámicos y estadísticos, la probabilidad de persistencia de condiciones de ENOS -El Niño / Oscilación del Sur- durante lo que resta de 2026 y los primeros meses de 2027 es cercana al 100%. El “Super Niño” y la generación de energía En caso de producirse debido al fenómeno “Super Niño” un crecimiento sustancial en el caudal de ingreso a la Central, este fenómeno no representaría directamente un incremento proporcional de la generación. En centrales de llanura como Yacyretá, las grandes crecidas elevan el nivel del río aguas abajo. Esto reduce el salto neto (la diferencia de altura entre el embalse y el río), disminuyendo la eficiencia operativa de las turbinas. Como consecuencia, se genera menos energía por metro cúbico circulante que en condiciones normales. Corrientes Hoy
En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente de la Cámara de Prestadores de Discapacidad, Fernando Guirado, analizó la crítica situación que atraviesa ese sector a partir de los permanentes ajustes impulsados por la gestión del presidente Javier Milei y que afecta los servicios para las personas con discapacidad. El presidente de la Cámara de Instituciones de Atención a la Discapacidad del Nordeste Argentino (CIADNEA), Fernando Guirado, expresó su profunda preocupación ante el tratamiento del Presupuesto 2027 y el impacto que las modificaciones planteadas tendrían sobre la atención integral de las personas con discapacidad. La entidad advirtió sobre los intentos de derogar artículos clave de la Ley de Emergencia en Discapacidad y alterar el funcionamiento del nomenclador, lo que pondría en riesgo la continuidad de los servicios y las prestaciones básicas. En relación con el panorama general de los servicios y las medidas vigentes, Guirado recordó las dificultades estructurales que atraviesa la temática en el país. Según explicó, “venimos de una crisis de la discapacidad muy fuerte, donde indudablemente la mirada en este último tiempo ha sido esquiva”. A pesar de los marcos legales sancionados para paliar la situación, señaló que “hubo muchas idas y vueltas hasta su implementación en la práctica, que inclusive a la fecha no ha sido completa”. Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el funcionamiento del nomenclador nacional y las consecuencias de desregular o recortar dicho esquema. Al respecto, el dirigente remarcó que “el nomenclador es una pauta mínima y básica para poder garantizar a todas las personas que tienen discapacidad una atención integral”. Asimismo, advirtió sobre el impacto directo en las prestaciones al afirmar que “romper ese sistema trae por consiguiente que van a disminuirse las prestaciones, van a disminuirse los pagos y claramente no se va a garantizar la prestación de servicio”. Las dilaciones en los trámites administrativos y la falta de cobertura oportuna continúan generando graves inconvenientes tanto a las familias como a las instituciones que intentan sostener la contención diaria. Sobre el acceso a los certificados y beneficios, el representante de CIADNEA sostuvo que “una persona que necesita una prestación, a veces tiene que esperar un año, año y medio para que pueda llegar a tener esa prestación”. A esto se suma un contexto burocrático adverso, sobre el cual consideró que “hay una línea directiva retaceando o negando estas prestaciones básicas reconocidas constitucionalmente”. Frente a la discusión parlamentaria del presupuesto y la prórroga de la emergencia, desde la institución apelan a la responsabilidad institucional de los representantes de las provincias de la región. En un llamado directo a la dirigencia, Guirado instó: “llamamos claramente a los legisladores del NEA de todos los colores políticos que indudablemente levanten la bandera de la discapacidad”. Finalmente, enfatizó que el sector se mantendrá expectante y firme en la defensa de los derechos adquiridos, concluyendo que “estamos llamados al diálogo, a tender puentes, a generar esperanza, pero eso no quita a que bajemos la guardia y estemos en alerta”.
La Agencia de Inversiones Chaco llevó adelante anoche una nueva capacitación sobre “Cómo Exportar” en la Casa de las Culturas, destinada a emprendedores, pymes y empresas chaqueñas interesadas en incorporar herramientas para avanzar en el comercio exterior. La actividad se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Leandro Zdero para internacionalizar la producción chaqueña, fortalecer al sector privado y generar nuevas oportunidades comerciales y de inversión. El representante de la Agencia de Inversiones Chaco, Martín Braillard Poccard, destacó la importancia de preparar a las empresas chaqueñas para los desafíos del comercio internacional. “Necesitamos que nuestras pymes estén capacitadas y tengan herramientas para salir a la búsqueda de nuevos mercados”, sostuvo. En ese sentido, adelantó que durante octubre se realizará en Resistencia una ronda de negocios con empresas e importadores de Brasil y Paraguay, en un trabajo conjunto con ProArgentina, la Federación Económica del Chaco y otros actores del sector privado. Además, anunció la participación de la provincia en noviembre en el Paraguay Business Forum, donde empresas y proyectos chaqueños podrán acceder tanto a rondas de negocios como de inversión. Braillard Poccard señaló que Paraguay representa un mercado estratégico por su cercanía y demanda de distintos productos y servicios, entre ellos alimentos, bebidas, productos de limpieza, metalmecánica y software. También mencionó las oportunidades existentes en Bolivia, el norte de Chile, el sur de Brasil y Uruguay. “Tenemos empresas chaqueñas que son competitivas por volumen, cercanía y por lo que producen. Tenemos que capacitarlas para que, cuando se sienten frente a una empresa extranjera, tengan las herramientas y conocimientos necesarios para concretar una exportación”, explicó. Por su parte, la subsecretaria de Planificación, Noel Ibarra, resaltó el acompañamiento del Estado provincial a emprendedores y empresarios. “Tenemos todas las capacidades para transformar a Chaco en un polo productivo. Había mucho talento oculto y hoy tenemos un Estado que acompaña”, afirmó. Ibarra destacó además experiencias de emprendimientos que comenzaron con financiamiento provincial, lograron consolidarse y actualmente cuentan con productos con potencial exportador. En ese marco, remarcó que cada emprendimiento acompañado representa una oportunidad concreta para generar empleo. Más presencia en los mercados Desde la Agencia de Inversiones Chaco señalaron que durante 2026 la provincia viene registrando un crecimiento de sus exportaciones por encima de la media nacional, en un proceso que combina capacitación, asistencia a empresas y apertura de nuevos mercados. La estrategia también contempla el fortalecimiento de la infraestructura y la conectividad comercial, con la habilitación del Puerto Las Palmas, el trabajo sobre el Puerto de Barranqueras y la articulación con las provincias de la Región Litoral. “Es importante que nuestras provincias hermanas conozcan que hay productos chaqueños que pueden llegar a sus góndolas. No todo es salir afuera: también es importante saber que Santa Fe, Corrientes y Misiones compran productos chaqueños”, sostuvo Ibarra. De esta manera, la Provincia busca consolidar un ecosistema productivo que acompañe a emprendedores y empresas desde sus primeras etapas hasta la llegada a nuevos mercados, con capacitación, financiamiento, infraestructura y asistencia técnica. “Cada emprendimiento que acompañamos y cada puerta que abrimos es una posibilidad de un puesto de trabajo”, concluyó Ibarra.
La privatización vial de Milei prevé sumar cinco estaciones de peaje entre la localidad de Nelson (Santa Fe) y la capital del Chaco. La concesión quedó en manos del consorcio que lidera la rosarina Obring – controlada por los hermanos Franco Gagliardo y Pablo Gagliardo – junto con las constructoras Rovial y José Eleutorio Pitón SA. La privatización de la Ruta Nacional 11 que impulsa Javier Milei sumará cinco cabinas de peaje entre Santa Fe y Chaco, donde actualmente no existe ninguna. El cambio llegará con el traspaso del corredor a una concesionaria privada y abrió una discusión por el costo que afrontarán transportistas, trabajadores y usuarios habituales. El fuerte impacto en los costos y reclamo de usuarios. En ese tramo de 497 kilómetros no hay actualmente estaciones de peaje. Cuando pase a la nueva concesionaria privada se habilitarán cinco nuevas cabinas de cobro que encarecerán el transporte de cargas regionales y los gastos de movilidad de quienes recorren el corredor todos los días. El corredor Chaco-Santa Fe fue adjudicado a fines de agosto y su traspaso está previsto para mediados de octubre. Quedó en manos del consorcio que lidera la rosarina Obring —controlada por los hermanos Franco Gagliardo y Pablo Gagliardo— junto con las constructoras Rovial y José Eleutorio Pitón SA. Esas tres empresas, asociadas con Edeca y Pietroboni, ya operan desde principios de año la conexión vial Rosario-Victoria, en la que quedaron bajo la lupa tras aplicar a fines de julio aumentos de entre 385% y 773% en los peajes del puente que une Santa Fe y Entre Ríos. Obring y sus socias obtuvieron la concesión por 20 años con una tarifa inicial para automóviles de $4259 por cabina. Ese valor corresponde a precios de julio del año pasado y, actualizado, rondaría actualmente los $5600 por estación. El contrato prevé instalar los nuevos puestos en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera, Guadalupe Norte y Florencia, todas localidades santafesinas. Reclamos por los costos y la falta de obras Junto con el impacto económico, el principal cuestionamiento apunta a que la concesión no contempla obras nuevas de ampliación ni la transformación de la ruta en autovía. Tras advertir sobre el deterioro de la traza por la falta de mantenimiento de Vialidad Nacional, el senador por San Justo, Rodrigo Borla, señaló que muchos habitantes de Gobernador Crespo deberán pagar peaje varias veces por día para llegar a sus empleos. También remarcó que los camiones que trasladan la producción láctea de la región hacia las plantas ubicadas sobre el corredor afrontarán mayores costos logísticos. El diputado provincial Dionisio Scarpin cuestionó que el esquema oficial “solo contempla trabajos de mantenimiento y repavimentación, pero no las obras de ampliación que se reclaman desde hace años”. “La concesión por 20 años de la RN 11 no puede ser solo para cortar pasto y tapar pozos. La región necesita infraestructura para mejorar la seguridad vial, reducir tiempos de viaje y bajar el riesgo de accidentes”, sostuvo. La expansión del modelo de Javier Milei El coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), Ricardo Lasca, afirmó que “el modelo actual de privatización copia la experiencia de los 90, pero con peores consecuencias, porque ahora habrá más estaciones con tarifas desproporcionadas que perjudicarán a las provincias con menor tránsito”. Según sus cálculos, un automóvil deberá pagar unos $56.000 en peajes para completar un viaje de ida y vuelta entre Santa Fe y Resistencia. En un camión de cinco ejes, ese costo ascendería a $280.000 por recorrido. Lasca agregó que “los peajes actuales no ofrecen una contraprestación para los usuarios y terminan funcionando como un impuesto al tránsito, mientras el Gobierno utiliza los ingresos específicos del sector vial para sostener el déficit fiscal”. Invasión de cabinas El corredor Chaco-Santa Fe no será el único que incorporará cinco nuevos peajes. En el tramo Sur de la ruta nacional 3, entre Cañuelas y Bahía Blanca, actualmente existe una sola estación y se agregarán otras cinco en Gorchs, Azul, Chillar, Tres Arroyos y Dorrego. Ese corredor, junto con los tramos Acceso Sur y Atlántico, quedó en manos del consorcio Corresur, integrado por Concret Nor, Marcalba, Coarco y Pose. La decisión ya motivó protestas de vecinos autoconvocados de Azul y de la ONG Estrellas Amarillas, que organizan banderazos para rechazar la instalación de nuevas cabinas y exigir la conversión de la ruta en autovía. El tercer corredor alcanzado es el Portuario Norte, adjudicado a la constructora CPC, de Cristóbal López. Comprende 528 kilómetros de la ruta nacional 9 entre San Nicolás y Rosario, el acceso A-008 al Gran Rosario y la ruta 33 hasta Trenque Lauquen. Actualmente solo funciona una estación en Lagos, sobre la RN 9. Con la concesión privada se sumarán otras cinco sobre la ruta 33, en Trenque Lauquen, General Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. Letra P
La Cámara tratará este martes la apelación contra los procesamientos por violación de domicilio y desobediencia. La defensa sostiene que la manifestación contra la reforma de la Ley de Glaciares fue pacífica y que no provocó daños ni afectó el funcionamiento del Parlamento. La defensa de 12 activistas de Greenpeace procesados por una protesta realizada en las escalinatas del Congreso pedirá este martes su sobreseimiento durante una audiencia de apelación que se llevará a cabo en los tribunales de Comodoro Py. La audiencia comenzará a las 10.30 en la Sala 2 y contará con la presencia de representantes legales de la organización ambientalista y algunos de los activistas involucrados en la causa. La defensa realizará una exposición oral, mientras que la fiscalía presentará sus argumentos por escrito. Los manifestantes fueron procesados sin prisión preventiva por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público a raíz de una acción realizada el 26 de febrero, mientras en el Congreso se debatía la modificación de la Ley de Glaciares. El juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso además embargos por $2 millones para cada uno de los acusados. Los procesamientos todavía no están firmes debido a la apelación presentada por la defensa, que solicitará a la Cámara que revoque la decisión y dicte los sobreseimientos. La protesta tuvo como objetivo expresar el rechazo a la reforma de la normativa y reclamar por la protección de los glaciares y el agua. Durante la intervención, los activistas utilizaron inodoros de plástico y desplegaron una consigna en las escalinatas del Congreso. Uno de los principales argumentos de la apelación apunta contra la reconstrucción de los hechos realizada en la resolución judicial. Según la defensa, el fallo sostiene que los manifestantes saltaron una reja “cerrada con candados” y que en el lugar había custodia policial, pero afirma que esas circunstancias no aparecen en los testimonios, las cámaras de seguridad ni el video incorporado al expediente. Los abogados también cuestionan la calificación legal de los hechos. Respecto del delito de desobediencia, sostienen que debería haber existido una orden directa destinada a una persona determinada y aseguran que durante la protesta no se produjo una situación de esas características. En cuanto a la acusación por violación de domicilio, plantean que las escalinatas exteriores de un edificio público no pueden ser consideradas un “domicilio” a los efectos de ese delito. Otro de los puntos centrales de la apelación es el carácter pacífico de la manifestación. La defensa remarca que no hubo daños materiales, enfrentamientos ni resistencia ante la llegada de la Policía y señala que la propia resolución judicial reconoce que la acción no afectó el tránsito, a terceros ni el funcionamiento habitual del Congreso. El derecho a la protesta Los representantes legales de Greenpeace sostienen además que el procesamiento no ponderó adecuadamente el derecho constitucional a la protesta. Según el planteo, la resolución debía fundamentar por qué el interés en preservar un determinado perímetro debía prevalecer, en este caso, sobre el derecho de los manifestantes a expresar su rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares. La defensa también hace hincapié en la elección del lugar: la acción se desarrolló frente al Congreso precisamente mientras los legisladores debatían los cambios en la normativa ambiental. Por ese motivo, considera que pedir a los activistas que realizaran la protesta en otro sitio supone desconocer la relación entre el espacio elegido y el mensaje que buscaban transmitir. En su presentación, los abogados citan además la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del posible “efecto silenciador” que puede generar la criminalización de la protesta, no solamente sobre las personas involucradas sino sobre el conjunto de la sociedad. Greenpeace enmarca la intervención del 26 de febrero en una movilización más amplia contra la modificación de la Ley de Glaciares. Según los datos aportados por la organización, más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública realizada en marzo, aunque pudieron intervenir cerca de 200. La organización señaló además que, después de la reforma de la ley, casi 900.000 personas acompañaron un reclamo judicial destinado a recuperar la protección de los glaciares. La Cámara deberá ahora analizar los cuestionamientos formulados por la defensa y resolver si confirma los procesamientos dispuestos por Martínez de Giorgi o hace lugar al pedido de revocarlos y sobreseer a los 12 activistas. elDiarioAR
La Asamblea Legislativa de los kelpers anunció la extensión por cinco años de todas las operaciones ‘offshore’ e informó que la medida cuenta con el respaldo de Londres. Milei está en Nueva York y espera un nuevo gesto de Trump para sostener su flamante postura sobre la soberanía. Mientras Javier Milei hace publicidad de sí mismo con su demagógica campaña de “recuperación de las Malvinas”, el gobierno británico que ocupa el archipiélago volvió a desafiarlo. Prorrogó por cinco años las licencias a petroleras de las empresas que el gobierno argentino dijo que sancionaría y le enrostró tener el respaldo del Reino Unido para tomar esa decisión: “Son recursos nuestros”. La medida que desconoce los anuncios lanzados por el presidente argentino, que buscó un clamor social por el tema de la soberanía, fue anunciada por la Asamblea Legislativa de las islas a través de un comunicado que ratifica la explotación de los recursos naturales y energéticos en ese territorio. Prorrogará todos los permisos vigentes para operaciones petroleras ‘offshore’ (costas afuera), y garantizó “seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”. “Son recursos nuestros que debemos desarrollar, y nos aseguraremos de que dicho desarrollo se realice de manera responsable”, señaló Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de las carteras de Comercio, Industria y Recursos Minerales de Malvinas. La decisión de extender las licencias para actividades de exploración por un periodo inicial de cinco años, con la opción de extenderlas por dos años si las empresas cumplen con sus programas de trabajo “cuenta con el pleno respaldo del Gobierno del Reino Unido”, indica el texto del legislativo isleño. Milei, Malvinas y Europa Ni siquiera enterado de esto, el presidente argentino le dio una entrevista a la prensa francesa en la que provocó de manera gratuita a la comunidad europea, habló de “recuperar las Malvinas” y dijo que su extravagante estrategia va por el lado de la decantación generacional. Al respecto, apuntó a la “transición demográfica” del Reino Unido para reclamar la soberanía de las Malvinas y enfatizó que sus mentadas sanciones a empresas que exploten el archipiélago –una medida que ya estaba vigente y que su gobierno nunca reconoció hasta que el tema cobró actualidad en las redes sociales, no son una declaración de guerra. “De ninguna manera nosotros estamos hablando de un conflicto bélico. Nosotros estamos hablando de recuperar las Malvinas por la vía diplomática”, recalcó. De paso lanzó una provocación a la Unión Europea (UE). Dijo que “la capital de Europa no es Bruselas” sino “Roma”, y sostuvo que la capital de Bélgica, donde tienen su sede las principales instituciones del bloque, “encarna la decadencia de Europa”, “una muerte lenta, agónica y cobarde”. La explotación petrolera en Malvinas En tanto, además de anunciar la extensión de las licencias, el gobierno británico en las islas argentinas aprobó este lunes la adquisición por parte de una subsidiaria de la empresa Navitas de una participación del 65 por ciento en el área PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion. En las aguas del Atlántico sur que rodean Malvinas operan Navitas y la británica Rockhopper, socias en Sea Lion, proyecto que en diciembre pasado ingresó en fase de desarrollo con vistas a iniciar la extracción de crudo en marzo de 2028. También posee licencias exploratorias las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited y la canadiense JHI. Argentina sostiene que estos permisos son “ilegales”, denunció a esas compañías y sus accionistas, e inició procedimientos administrativos con vistas a aplicarles sanciones y tratar de impedir el avance de sus proyectos.
Seis organizaciones se presentaron ante la Corte Suprema para reclamar que no se restrinja la figura del femicidio a parejas o exparejas, en el caso por el asesinato de la joven. A diez años del crimen de Julieta González, la Corte Suprema debe resolver si mantiene la condena por femicidio contra Andrés Di Césare y el alcance que corresponde dar a esa figura penal. González fue asesinada la noche del 21 de septiembre de 2016 en Mendoza y Di Césare fue condenado a prisión perpetua por el crimen, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas. El caso llegó a la Corte Suprema y su resolución podría incidir en la interpretación del agravante de femicidio, en particular sobre si su aplicación debe quedar circunscripta a relaciones de pareja o ex pareja. En ese marco, ELA, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional Argentina, Mujeres por Mujeres, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y Fundeps se presentaron como amicus curiae ante el máximo tribunal. Las organizaciones reclamaron que no se adopte una interpretación restrictiva de la figura de femicidio que la limite a vínculos de pareja o ex pareja. La discusión se produce al cumplirse diez años del asesinato de González, ocurrido el 21 de septiembre de 2016, mientras la Corte tiene pendiente una definición sobre la condena y el alcance del agravante aplicado en el caso. Agencia NA
CNN, MS NOW y Politico presentaron una demanda tras la censura del presidente estadounidense. El vice JD Vance justificó al republicano porque “el 92 % de las noticias sobre Trump son negativas”. Las principales cadenas de televisión de Estados Unidos -ABC, CBS, Fox News y NBC- acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, después de que la Casa Blanca vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico para realizar su labor periodística. Las cuatro cadenas comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, lo que supone la distribución de imágenes a todo el mundo. Trump, que anunció la prohibición el viernes pasado, volvió a defender su postura este lunes asegurando en un mensaje en su red social, Truth Social, que la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la libertad de prensa. “Está emprendiendo un ataque contra las noticias falsas, un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido Estados Unidos de América”, sostuvo. En la misma línea, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, justificó la prohibición al alegar que alrededor del 92 por ciento de las noticias sobre Trump y su administración que difunden son negativas. “No está prohibiendo a los medios de comunicación. Lo que está diciendo es que no les dará acceso especial a la Casa Blanca si se dedican a lo que en realidad es propaganda”, aseguró Vance antes de viajar a Greensboro, en Carolina del Norte, para intervenir en un acto de campaña de las elecciones de medio mandato. Preguntado sobre si lo considera un ataque a la libertad de expresión, Vance señaló que todavía pueden informar sobre la Casa Blanca. “Aún pueden obtener los informes públicos. Aún pueden, por supuesto, hablar con personas dentro y fuera de la administración. Lo que el presidente ha dicho es que no les vamos a dar acceso especial dentro de la Casa Blanca”, defendió el vicepresidente. La cobertura televisiva de la agenda presidencial es una de las principales tareas periodísticas en Washington, y su ausencia impacta tanto a los medios como a la propia Casa Blanca. Demanda contra Trump Mientras tanto, los tres medios afectados por el veto de la Casa Blanca presentaron una demanda contra el mandatario ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C. La denuncia podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración Trump esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto. “Esta lunes, notificamos al gobierno que presentamos una demanda para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el gobierno no decide qué informa o publica la prensa”, indicaron los medios. “Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes”, aseguraron, además de decir que van a solicitar al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio. El anuncio de Trump supuso una nueva escalada en la ofensiva del mandatario contra la prensa, después de que al inicio de su mandato restringiera el acceso de la agencia Associated Press (AP) a algunos actos en la Casa Blanca por negarse a usar el nombre “golfo de América” para referirse al golfo de México. “Grave restricción” En paralelo, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó la decisión de Donald Trump al afirmar que la medida “constituye una grave restricción al ejercicio periodístico y plantea serios cuestionamientos constitucionales bajo la Primera Enmienda de Estados Unidos, que protege las libertades de expresión y de prensa”. La SIP, conformada por más de 1.300 medios del continente americano, es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en la región. “El poder público no puede utilizar el acceso a sus instalaciones como instrumento de castigo contra los medios que lo cuestionan”, señaló Pierre Manigault, presidente de la SIP. “La prensa no está para complacer al poder, sino para informar y fiscalizarlo”, remarcó Manigault, mientras que Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, subrayó: “Excluir periodistas por su cobertura es incompatible con una prensa libre y plantea un serio conflicto con las leyes fundamentales de Estados Unidos”. La SIP expresó especial preocupación porque Trump advirtió que otros medios podrían correr la misma suerte. Al ser consultado sobre posibles nuevos vetos, el republicano mencionó a los diarios The New York Times y The Washington Post, cuya cobertura cuestiona, aunque no anunció su exclusión de la Casa Blanca. Precisamente The Washington Post informó este lunes que no iba a publicar fotos de los actos previstos por Trump en Nueva York en solidaridad con los tres medios vetados. Trump mantuvo históricamente una relación tensa con la prensa, a la que acusa de mentir de forma recurrente, además de haber insultado públicamente a cronistas y haber presentado demandas millonarias contra distintos medios de comunicación. El magnate republicano vetó en su primer mandato (2017-2021) al periodista Jim Acosta de CNN, pero luego la justicia obligó a la Casa Blanca a restituirle el acceso en cuestión de días. Página/12
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo que presentará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis. Noticia en desarrollo…
El hecho ocurrió durante la madrugada en avenida 25 de Mayo al 700, en Resistencia, donde un hombre habría intentado llevarse una motocicleta. Operadores de la División Videovigilancia observaron a varias personas persiguiendo al sospechoso y dieron aviso a la División Central Despacho. De inmediato, una patrulla de la Comisaría Segunda Metropolitana llegó al lugar y logró demorarlo en inmediaciones de avenida Hernandarias y avenida 25 de Mayo. El propietario de la moto, un joven de 23 años, manifestó que el hombre había intentado llevarse el rodado a la fuerza. La motocicleta, una 110 cc, fue secuestrada y posteriormente reconocida por su dueño. El demorado, de 29 años, fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia por la causa de robo en grado de tentativa, informó la policía del Chaco.
Ocurrió en Tres Isletas. Un hombre de 34 años resultó herido con un arma blanca durante una discusión con su hermano, en una vivienda del barrio Sur. Según manifestó la víctima, su hermano de 30 años llegó al domicilio y comenzó a generar problemas por un perro, para luego atacarlo con un cuchillo y provocarle tres heridas en la zona posterior del tórax. La Policía trasladó al herido al hospital y, durante el trayecto, identificó al presunto agresor cuando caminaba por la vía pública, logrando detenerlo. Ambos fueron atendidos en el nosocomio. El hombre de 30 años quedó aprehendido y los agentes secuestraron un cuchillo y prendas de vestir vinculadas al hecho, informó la Policía del Chaco.
La supercomputadora donada a la Universidad Nacional de Córdoba triplicó su capacidad de cálculo y permitirá ampliar proyectos en astronomía, química e ingeniería. El equipo fue ensamblado por científicos y técnicos de la UNC y ya está operativo Una montaña de cajas llegó a Córdoba desde Suiza. Adentro había casi cuatro toneladas de equipamiento que alguna vez funcionó en uno de los principales centros científicos de Europa. Un mes después, ese rompecabezas tecnológico volvió a encenderse. Se llama Helvetios y triplicó la capacidad de cómputo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La supercomputadora fue donada por la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) y será inaugurada este lunes en Córdoba. El equipo permitirá ampliar simulaciones científicas y sostener nuevos proyectos en áreas como astronomía, química e ingeniería. La llegada ocurre mientras las universidades argentinas enfrentan un escenario de ajuste presupuestario. El proyecto de Presupuesto 2027 del Gobierno de Javier Milei contempla 33% menos fondos de los que las universidades reclaman para funcionar el próximo año. Helvetios, la supercomputadora que llegó a Córdoba Helvetios no es una computadora gigante en el sentido tradicional. Es un clúster formado por cientos de computadoras conectadas entre sí para trabajar como un único sistema. El equipo reúne 288 nodos de cómputo y más de 10.000 núcleos de procesamiento. Su capacidad máxima teórica alcanza los 763 billones de operaciones por segundo, de acuerdo con datos de la EPFL. El rendimiento real depende del programa utilizado y de la capacidad del software para distribuir las tareas entre las distintas máquinas. “Helvetios es muchísima RAM en muchas computadoras, conectada por una red de altísima velocidad”, explica Nicolás Wolovick, doctor en Ciencias de la Computación y director de UNC Supercómputo. El sistema suma más de 50 terabytes de memoria RAM. Wolovick estima que solo ese componente tiene un valor cercano a los USD 170.000. Los procesadores pertenecen a una generación de fines de 2017. Sin embargo, la utilidad del equipo está en la cantidad de recursos que concentra y en la velocidad con la que puede intercambiar información entre sus nodos. La diferencia es clave para determinadas investigaciones. Las CPU pueden resolver una gran variedad de tareas científicas. Las GPU, en cambio, están diseñadas para ejecutar muchas operaciones en paralelo y tienen un papel central en áreas como inteligencia artificial. “Todavía existen muchos problemas científicos que no aprovechan eficientemente las GPU y requieren un uso intensivo de CPU”, explica Dante Paz, investigador del Instituto de Astronomía Teórica y Experimental (IATE) de la UNC y el Conicet. Por eso, Helvetios permite ampliar una capacidad que los científicos ya utilizan. No se trata solamente de tener una máquina más potente, sino de disponer de más horas de cálculo para investigaciones que ya tienen programas preparados para este tipo de arquitectura. Para qué se usará Helvetios Uno de los campos que podrá aprovechar el nuevo equipo es la astronomía. Paz trabaja con simulaciones cosmológicas que permiten estudiar mediante cálculos cómo evoluciona el universo. En esas simulaciones, la gravedad conecta objetos y estructuras que se encuentran a distancias muy diferentes. Muchos de los programas utilizados para representar esas interacciones todavía dependen de procesadores CPU como los que concentra Helvetios. La nueva capacidad permitirá aumentar el tamaño y el nivel de detalle de esas simulaciones. “Gracias a Helvetios, hoy tenemos tres veces más capacidad que ayer. Eso significa que podemos sostener más tesis doctorales, desarrollar más proyectos y realizar simulaciones de mayor tamaño y mejor resolución”, resume Paz. El equipo también podrá utilizarse para investigaciones vinculadas con diseño de fármacos, ingeniería y simulaciones cosmológicas, según explicó Andrea Semadeni, embajador suizo en Argentina. La capacidad de cálculo resulta importante para problemas que una computadora convencional tardaría demasiado tiempo en resolver. Una supercomputadora divide el trabajo entre múltiples procesadores y después reúne los resultados. En términos simples, una investigación que antes debía esperar largos períodos para obtener un resultado puede utilizar una infraestructura de mayor escala y liberar recursos para nuevos proyectos. De Suiza a Argentina La historia de Helvetios en Córdoba comenzó mucho antes de que llegara la primera caja. Antonio Russo trabajó entre 2015 y 2017 en el centro de supercómputo de la UNC. Actualmente integra la EPFL, en Suiza. Cuando la institución europea decidió reemplazar el equipo, recordó al grupo cordobés. “Yo conocía al equipo de UNC Supercómputo, sabía cómo trabajan y sabía que técnicamente estaban en condiciones de agarrar ese rompecabezas enorme y hacerlo funcionar”, cuenta Russo. “La máquina dejó de tener sentido para nosotros en EPFL, pero eso no quería decir que hubiera dejado de ser útil. El desafío era encontrar un lugar donde realmente pudiera tener una segunda vida”, explica Russo. Así comenzó el traslado hacia Argentina. El equipamiento viajó en ocho cajas, con un peso total cercano a las cuatro toneladas, y llegó por vía marítima a Córdoba. Después comenzó otra etapa: ensamblar las máquinas, conectarlas, configurar el sistema y ponerlo a trabajar. El equipo de UNC Supercómputo logró completar el proceso en aproximadamente un mes. “Llegó una montaña de cajas a Córdoba y al poco tiempo Helvetios estaba nuevamente encendido y corriendo trabajos de simulación”, recuerda Russo. Para Wolovick, la experiencia no fue completamente nueva. El grupo cordobés ya tenía experiencia en armar sistemas a partir de componentes y reutilizar hardware para ampliar los recursos disponibles. “Sabemos gestionar equipos. Jamás compramos una llave en mano”, sostiene. La diferencia esta vez fue la escala. El límite de las supercomputadoras La llegada de Helvetios no resuelve por sí sola la falta de capacidad de cómputo de los centros científicos argentinos. Wolovick sostiene que existe una demanda que supera los recursos disponibles. La incorporación de Clementina XXI, instalada en el Servicio Meteorológico Nacional, tampoco eliminó las necesidades de otros centros de investigación. “La llegada del TOP500 Clementina XXI que está en SMN no cambió en nada el cómputo que se hace en Córdoba, ni en Santa Fe, ni en Rosario”, afirma. La explicación está en la cantidad de investigaciones que esperan horas de procesamiento. “Ahora tenemos Helvetios, pero necesitamos
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco expresó su preocupación ante una nueva suspensión del juicio oral por los hechos de violencia institucional ocurridos en 2020 contra integrantes de una familia Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana. El debate debía comenzar este 22 de septiembre. Sin embargo, a menos de 24 horas de su inicio, la Cámara Segunda en lo Criminal hizo lugar al pedido de la nueva defensa de uno de los imputados y fijó como nueva fecha el 5 de octubre. La causa fue elevada a juicio en abril de 2022 y, desde entonces, el inicio del debate tuvo al menos tres suspensiones formales, además de otras reprogramaciones. A más de seis años de los hechos, el juicio todavía no pudo comenzar. El Comité reconoce que el derecho de defensa y las garantías del debido proceso deben ser plenamente respetados. Sin embargo, estas garantías deben coexistir con los derechos de las víctimas. La Ley 27.372 reconoce expresamente su derecho al acceso a la justicia, al tratamiento justo y a la celeridad, y establece como principios la rápida intervención, la no revictimización y el enfoque diferencial cuando existen situaciones de vulnerabilidad, entre ellas las vinculadas con la pertenencia étnica. En este caso, las víctimas pertenecen al pueblo Qom. El Comité observa con preocupación que las sucesivas dilaciones y el modo en que se ha prolongado el proceso evidencian también una falta de adecuada perspectiva intercultural. La pertenencia de las víctimas a un pueblo indígena no puede ser considerada un dato accesorio: exige que su identidad cultural y su particular situación de vulnerabilidad sean contempladas de manera efectiva durante todo el proceso judicial. Las reiteradas postergaciones prolongan la incertidumbre de las víctimas y sus familias y comprometen derechos expresamente reconocidos por la Ley de Víctimas. El acceso efectivo a la justicia no se limita a la posibilidad de denunciar o participar de un proceso: requiere también obtener una respuesta judicial dentro de un plazo razonable. Ante esta nueva suspensión, el Comité reitera la necesidad de adoptar las medidas necesarias para que el debate pueda finalmente desarrollarse sin nuevas dilaciones, respetando las garantías de todas las partes y asegurando a las víctimas una respuesta judicial efectiva, oportuna y con perspectiva intercultural. El inicio del juicio fue reprogramado para el 5 de octubre de 2026.
El gobernador Leandro Zdero asistió este lunes el cierre de la Estudiantina 2026, una propuesta destinada a estudiantes de quinto y sexto año de escuelas de Resistencia que durante el 20 y 21 de septiembre disfrutaron de jornadas de música, juegos, competencias, shows y sorteos en el Parque Intercultural 2 de Febrero. Uno de los momentos más esperados fue la apertura del Gran Cofre. Tras elegir entre 28 llaves, los estudiantes de 5° 2ª de la Escuela N° 54 “Pablo Ricchieri” lograron encontrar la indicada y se consagraron ganadores del premio principal: un viaje a Villa Carlos Paz para todo el curso. Durante la jornada también se sortearon bicicletas, pelotas, televisores y otros premios, además de reconocimientos a la “Mejor Bandera de la Promo”, “Mejor Remera”, “Mejor Mascota” y “Mejor Coreografía”. Durante el cierre, Zdero también recordó sus años de estudiante y destacó la importancia de acompañar a los jóvenes en una etapa significativa de sus vidas.“Para mí fueron los mejores momentos de la vida y es muy lindo poder estar compartiendo aquí en el Parque con muchos estudiantes y generaciones”, expresó el Gobernador. Asimismo, valoró el esfuerzo de los jóvenes que participaron de las distintas actividades y competencias. “Ellos se prepararon antes y poder compartir con ellos es muy lindo y emotivo, que puedan venir a disfrutar hoy de su día, el Día del Estudiante”, señaló. Junto al mandatario estuvo el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín, quien destacó el acompañamiento del organismo a la propuesta con distintos premios. “Es un día muy especial para todos los estudiantes”, sostuvo, y remarcó que este tipo de actividades fortalecen el trabajo en equipo y la colaboración entre compañeros. Trabajo conjunto por la juventud La secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia, Bárbara Lösch Rosciani, resaltó la participación de los jóvenes y el trabajo articulado para llevar adelante la Estudiantina. “Esto queda para el recuerdo de todos los estudiantes y es la etapa más importante, por lo cual hay una decisión tanto del gobernador Zdero como del intendente Nikisch de trabajar juntos en pos de la juventud”, afirmó. En ese marco, destacó que el trabajo conjunto entre Provincia y Municipio permite sostener año a año esta propuesta destinada a los estudiantes de la ciudad. Participaron del cierre el secretario General de la Gobernación, Julio Ferro; el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich; la diputada Carina Botteri Disoff; la secretaria de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Resistencia, Bárbara Lösch Rosciani; la embajadora Cultural y Turística Estudiantil de Resistencia, Dafne Fernández Santander, y alumnos de quinto y sexto año de distintas instituciones educativas de la ciudad.
Según los datos correspondientes a agosto, el Indicador del Comercio Minorista/Índice de Confianza Empresaria (ICE) que elabora el INDEC se ubicó en -0,0%. Pese a esto, más del 80% de los supermercadistas no cree que la situación comercial mejore en los próximos tres meses. Según los datos dentro del semáforo que evalúa la capacidad del sector para aumentar su actividad comercial reflejó que de diez factores, nueve permanecen en amarillo o rojo. Así, el único en verde fue el de la demanda que, a pesar de mejorar, continúa siendo el factor más determinante para el sector. Tras él, el costo laboral se posiciona como la segunda restricción más importante, afectando al 20,2% de las empresas (con un leve incremento frente al 19,8% anterior). Luego se encuentra el costo de financiamiento ya que representa un obstáculo para el 6,7% del sector, cifra prácticamente estable respecto al 6,6% del trimestre previo. Según las perspectivas septiembre–noviembre, la gran mayoría del sector, con un 74,2%, proyecta que su situación comercial no experimentará cambios en los próximos tres meses. Mientras que una minoría del 6,7% prevé una degradación o empeoramiento de su situación comercial. Por último, un 19,1% de los empresarios mantiene una visión optimista y anticipa una mejora en su actividad. Ámbito
Denuncian que el organismo aranceló el despacho de productos importados de alta complejidad y dio de baja las exenciones vigentes. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) comenzó a aplicar un arancel a la importación de medicamentos de alto costo y dispositivos médicos de alta complejidad, además de eliminar las exenciones existentes. La medida, que rige a partir de la Disposición 5461/2026, según denunciaron gremios y pacientes, generó la paralización de trámites clave para pacientes que cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y encendió alarmas en el sistema de salud privado y sindical. La normativa establece una tasa sobre el despacho a plaza calculada sobre el valor FOB de la mercadería, con una alícuota general del 1,5% y una reducida del 1,25% para operaciones de mayor volumen. El esquema fija topes de 5 millones de pesos para productos médicos y de 12 millones de pesos para especialidades medicinales. Pese a su entrada en vigencia el pasado 1° de septiembre, el organismo conducido bajo la órbita del ministro de Salud, Mario Lugones, notificó de forma interna que no se aceptarán nuevas solicitudes de exención y que las ya otorgadas quedaron sin efecto, convirtiendo la cancelación de la tasa en un requisito obligatorio para continuar cualquier expediente. Sin embargo, debido a que no se definió aún el procedimiento ni el código de pago operativo para aplicar el nuevo tributo, los trámites iniciados por particulares y familias de personas con discapacidad quedaron frenados sin un canal de atención ni de resolución definido. La medida impacta de manera directa en las importaciones de mayor valor y complejidad —dispositivos médicos Clase III y IV junto a tratamientos de alto costo—, insumos que carecen de producción nacional. Diversas entidades del sector advirtieron que la disposición entra en contradicción con la Resolución 1388/97 del Ministerio de Economía, la cual exime de tasas aduaneras e importaciones a los medicamentos y bienes destinados al tratamiento o rehabilitación de personas con discapacidad. Desde ANMAT argumentan que la normativa responde al proceso de desregulación iniciado en 2025, mediante el cual el organismo dejó de intervenir en los productos de bajo riesgo (Clase I y II), concentrando los aranceles en los de mayor valor. En paralelo, la decisión suma presión financiera sobre las obras sociales y prepagas, que ya enfrentan un escenario crítico, y coincide con el debate parlamentario del Presupuesto 2027, que prevé cambios en el Nomenclador de Prestaciones Básicas de la Ley 24.901. NA
En los primeros siete meses, la Argentina exportó 403.100 toneladas por u$s2.768,6 millones. El volumen creció 6,7%, pero la facturación saltó 41,8% por los precios internacionales, mientras la menor oferta local impulsa las importaciones. La carne vacuna atraviesa 2026 con una combinación de producción local a la baja, exportaciones que mantienen volúmenes similares a los de los últimos años, pero generan muchos más dólares y, al mismo tiempo, importaciones que comenzaron a ganar terreno para cubrir parte de la menor disponibilidad de carne en el mercado interno. En los primeros siete meses del año, la Argentina exportó 403.100 toneladas de carne refrigerada y congelada por aproximadamente u$s2.768,6 millones, según el último informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC). Frente al mismo período de 2025, los embarques aumentaron 6,7% en volumen, mientras que la facturación creció 41,8%. La fuerte suba de la facturación se explica principalmente por la recuperación de los precios internacionales. En julio, por ejemplo, se enviaron al exterior 64.900 toneladas por u$s461,9 millones. El volumen creció apenas 1,8% interanual, pero los ingresos avanzaron 29,9%. El precio promedio alcanzó los u$s7.123 por tonelada, un 27,5% más que los u$s5.585 registrados doce meses antes. Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), explicó a Ámbito que el crecimiento de la facturación no responde principalmente a una mayor cantidad de carne enviada al exterior. “El aumento no se explica por el volumen de exportaciones, sino por el precio. En los últimos tres años la carne en el exterior aumentó entre 35% y 45%”, sostuvo. Según el empresario, las dificultades de producción que atraviesan diferentes mercados ganaderos contribuyeron a fortalecer los valores internacionales. Víctor Tonelli, consultor, analista de mercado y productor ganadero, señaló que la menor oferta también modificó la relación entre el mercado interno y las exportaciones. Actualmente, alrededor del 28% de la producción argentina tiene como destino la exportación, frente a niveles cercanos al 25% que se registraban durante los últimos años. “La oferta se cayó para todos. La exportación se mantuvo o subió ligeramente, pero con menos producción, y eso hace que haya menos carne disponible. Hay menos carne para todos”, explicó Tonelli. Más dólares y nuevos mercados para la carne argentina Durante junio, según el Consorcio ABC, la Argentina exportó 63.900 toneladas peso producto de carne vacuna refrigerada y congelada por u$s444,7 millones. Frente a mayo, el volumen había aumentado 7,1% y la facturación 2,3%. En julio, los embarques subieron hasta las 64.900 toneladas y generaron u$s461,9 millones, lo que marcó un nuevo avance en los ingresos del sector. Entre los destinos, China continúa siendo por amplio margen el principal comprador. Durante julio concentró el 57,9% de los embarques mensuales y, en los primeros siete meses del año, representó el 59,8% del total exportado. Hacia el gigante asiático se enviaron durante julio 21.000 toneladas de carne deshuesada por u$s126,3 millones, además de 16.500 toneladas de cortes con hueso y huesos derivados de la despostada por otros u$s46,3 millones. Sin embargo, en el acumulado anual, los despachos de carne sin hueso hacia China todavía muestran una caída interanual del 15%. Estados Unidos, en cambio, ganó terreno y quedó como segundo destino durante julio, con 11.300 toneladas entre carne refrigerada y congelada. Entre enero y junio, las ventas hacia ese mercado habían alcanzado aproximadamente 55.000 toneladas, un crecimiento del 190% frente al mismo período del año anterior. Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), esta mayor demanda continuará creciendo para 2027, ya que el organismo proyecta otras 70.000 toneladas, el volumen más alto de toda la serie. El principal uso de esta carne argentina es para la producción de hamburguesas, según indicó Tonelli. Israel también incrementó su participación luego del reinicio de la zafra kosher y recibió 7.200 toneladas durante julio, ubicándose como el tercer destino del mes. Chile, en cambio, registró una fuerte contracción: sus compras de carne disminuyeron 38,2% frente a junio y 43,9% en términos interanuales. Por otro lado, las importaciones comienzan a ganar terreno. Tonelli estimó que 2026 podría cerrar con alrededor de 30.000 toneladas peso producto de carne importada. Entre el 85% y el 90% provendría de Brasil y prácticamente el resto de Paraguay. El volumen continúa siendo reducido frente al tamaño del mercado argentino, pero representa un cambio respecto de años en los que las compras externas eran prácticamente irrelevantes. Ámbito