Por amplia mayoría, el Senado de la Nación aprobó este jueves la “Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero ‘Diana Sacayán – Lohana Berkins'”. Fuera y dentro del recinto, militantes del colectivo celebraron con emoción el nuevo avance en la ampliación de derechos en el país. La ley estipula que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero. Además, tendrá que cumplir una serie de obligaciones de “no discriminación” en el acceso a los puestos de trabajo y habrá incentivos económicos para contrataciones en el sector privado.

    Tras la media sanción de Diputados y los años de lucha de las organizaciones militantes, el tablero de la Cámara Alta marcó 55 votos a favor, 1 en contra y seis abstenciones, y la norma quedó sancionada.

    El debate comenzó a las 16, cuando tomó la palabra Norma Durango, presidenta de la Comisión Banca de la Mujer y miembro informante del proyecto: “Tenemos la oportunidad como legisladores y legisladoras de revertir una realidad de discriminación y violencia a la que se ha sometido a las personas travestis, transexuales y transgénero”, expresó. La senadora agregó: “Sancionar esta ley es reconocer la ciudadanía de esta población y quitarla de los márgenes de la discriminación”.

    Antes del inicio de la sesión, cerca del mediodía, las organizaciones nucleadas en la Campaña Nacional por el Cupo y la Inclusión Travesti Trans realizaron un pañuelazo frente al Congreso para exigir la sanción. “Hoy empezamos a escribir otro capítulo de nuestra historia, la de una Argentina más igualitaria. Nuestro colectivo va a poder acceder al trabajo formal. Esto va a repercutir en lo individual y lo colectivo”, expresó, una vez aprobada la norma, Claudia Vásquez Haro, presidenta de Otrans Argentina y de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina.

    En concreto, la norma aprobada estipula, entre otros puntos, que el Estado nacional “comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado” tiene que destinar “una proporción no inferior al uno por ciento de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero”. El proyecto recoge el antecedente del decreto firmado en septiembre del año pasado por el presidente Alberto Fernández, que había establecido que el sector público nacional debía destinar el 1 por ciento de su planta a travestis y trans.

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