El Ministerio de Educación del Chaco informó que este jueves 12 de marzo se iniciará el Ciclo Lectivo 2026 del Nivel Secundario en toda la provincia, conforme a lo establecido en el Calendario Escolar 2026. De esta manera, más de 123.000 estudiantes de escuelas secundarias volverán a las aulas en todo el territorio chaqueño. En este marco, los docentes de las instituciones educativas implementarán las acciones de la política educativa impulsada por la actual gestión, cuyo eje central está puesto en el acompañamiento de las trayectorias escolares de los estudiantes y en el fortalecimiento de la alfabetización en Lengua y Matemática. Asimismo, continúan desarrollándose instancias de capacitación docente vinculadas al Liderazgo e Innovación Educativa, el Aprendizaje Basado en Proyectos y la Educación para el Carácter, con el objetivo de fortalecer las prácticas pedagógicas y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo con la organización establecida por la cartera educativa, el jueves 12 y viernes 13 de marzo se llevará adelante el período de sensibilización destinado a los estudiantes ingresantes a primer año, tanto en las instituciones de nivel secundario común como en las escuelas técnicas. En tanto, el lunes 16 de marzo comenzarán las clases para los estudiantes de segundo a quinto año de las escuelas secundarias comunes y de segundo a sexto año en las escuelas técnicas, dando inicio formal al primer cuatrimestre del ciclo lectivo. Desde el Ministerio de Educación también aclararon que, considerando las necesidades de la comunidad educativa, se realizó una modificación puntual en el calendario vinculada al período de mesas de exámenes. En este sentido, se amplió el plazo para la recuperación de contenidos hasta el martes 10 de marzo. Por lo tanto, las mesas de exámenes se desarrollarán desde el miércoles 11 hasta el viernes 13 de marzo, sin suspensión de clases en las instituciones educativas. Con el inicio de este nuevo ciclo lectivo, el sistema educativo provincial retoma plenamente las actividades en el nivel secundario, con el objetivo de garantizar la continuidad pedagógica y fortalecer la calidad educativa en toda la provincia.
Autor: Redacción General
La administradora del puerto, Alicia Azula, aseguró que la actividad comenzó a reactivarse tras el parate por el Año Nuevo chino. También adelantó la llegada de nuevas cargas, la inauguración de un showroom comercial y gestiones para habilitar un depósito fiscal que permitiría convertir a Barranqueras en centro logístico del NEA. En declaraciones a CIUDAD TV, la administradora del Puerto de Barranqueras, Alicia Azula, brindó detalles sobre la actualidad de la terminal portuaria y destacó señales de reactivación en la actividad comercial tras una breve pausa vinculada al Año Nuevo chino. Según explicó, el principal socio comercial del puerto es el mercado asiático, especialmente China, lo que genera un impacto directo en los movimientos de carga. “Con el Año Nuevo chino hubo como un impasse, pero ahora comenzó a reactivarse la actividad”, señaló. Entre los movimientos recientes, Azula mencionó la salida de madera de urunday y la llegada de contenedores con productos de bazar destinados al mercado regional. Estas mercaderías son comercializadas por la empresa NI desde Barranqueras hacia distintos puntos del Nordeste. Además, comenzaron a arribar cargamentos de neumáticos que estaban previstos desde el año pasado. “No solo para la empresa NI, sino también para otras empresas de la provincia que están importando cubiertas”, indicó. Showroom comercial en el puerto La funcionaria también adelantó que antes de fin de marzo podría inaugurarse un nuevo showroom dentro del puerto. El espacio funcionará como lugar de exposición de productos importados. Para ello, el puerto cedió dos galpones a la empresa que opera la distribución regional. “Será un paso más en la actividad comercial que se desarrolla en Barranqueras”, sostuvo. Avanza la habilitación del depósito fiscal Otro de los proyectos en marcha es la habilitación del depósito fiscal, una infraestructura clave para ampliar los servicios logísticos del puerto. Azula explicó que el proceso demandó más tiempo del previsto debido a trámites administrativos y modificaciones legales, entre ellas cambios en el estatuto del puerto y diversas exigencias técnicas. Entre los requisitos cumplidos se incluyen: sistemas de cámaras de seguridad, iluminación especial escáner para pallets, compra de software de control y licitación de una balanza para bultos. El depósito contará con capacidad de almacenamiento bajo techo y al aire libre. Según indicó, esta infraestructura también genera expectativas en el sector del transporte aéreo, ya que podría funcionar como centro de distribución regional para mercaderías que hoy llegan por vía aérea al país. “Quieren descomprimir lo que ocurre en Ezeiza, que está colapsado por el aumento de compras online”, explicó. En ese esquema, Barranqueras podría convertirse en un nodo logístico para el Nordeste. El dragado, clave para el crecimiento Azula remarcó que el principal desafío para potenciar la actividad portuaria sigue siendo el dragado del riacho Barranqueras. Actualmente se gestiona financiamiento para completar los seis kilómetros pendientes. La inversión estimada ronda los 3,5 millones de dólares. Según explicó, la obra permitiría mejorar sustancialmente la competitividad del puerto. Como ejemplo, mencionó que una empresa local tiene almacenadas 100 mil toneladas de girasol que podrían exportarse por barcaza en lugar de transportarse por camión. “Eso implicaría un ahorro enorme en costos logísticos”, sostuvo. Ubicación estratégica en el corredor bioceánico La administradora también destacó la posición estratégica de Barranqueras dentro del corredor bioceánico que conecta Paraguay, Brasil y Chile. Desde su perspectiva, el puerto podría funcionar como un punto clave para el intercambio comercial regional, aprovechando la combinación de transporte fluvial y ferroviario. “Paraguay es un país mediterráneo sin salida al mar. Desde Barranqueras podría conectarse con Antofagasta y de allí con los mercados asiáticos”, explicó. Sin embargo, Azula reconoció su frustración por la falta de avances estructurales. “Hace 43 años que vivo en Barranqueras y hace 43 años que escucho hablar del corredor bioceánico”, expresó. Desarrollo y cuidado ambiental Consultada por los debates ambientales vinculados a las obras de dragado, Azula consideró que es necesario equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental. Recordó que la región forma parte de uno de los humedales más importantes del mundo y destacó la necesidad de estudios de impacto responsables. Al mismo tiempo, advirtió que la sedimentación del riacho Barranqueras genera problemas operativos y podría agravarse si no se realizan obras de mantenimiento. “Primero tenemos que conseguir la inversión para el dragado y después definir los detalles técnicos”, concluyó.
El Tribunal Oral Federal de Resistencia declaró extinguida la acción penal contra Rolando Javier Acuña, quien había sido imputado por evadir el pago de IVA y Ganancias entre 2015 y 2017. Fue por la aplicación de la ley de “Inocencia Fiscal”, sancionada en enero de 2026 a instancias del gobierno libertario y que elevó los montos a partir de los cuáles se considera el delito de evasión. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia dictó ayer el sobreseimiento de Rolando Javier Acuña, quien se desempeñó como presidente y director titular de la empresa PIMP S.A. —la misma firma cuya causa judicial ya había concluido con igual resultado— imputado por el delito de evasión simple en relación al Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 2015, 2016 y 2017, y al Impuesto a las Ganancias de los períodos 2015 y 2016. La resolución, firmada por el juez de Cámara Fabián Cardozo, declaró extinguida la acción penal por aplicación del principio de ley penal más benigna. La defensa de Acuña había solicitado el sobreseimiento en base a la entrada en vigencia de la Ley 27.799, publicada el 2 de enero de 2026, que modificó sustancialmente el Régimen Penal Tributario instaurado por la ley 27.430 al elevar los umbrales mínimos de punibilidad. Bajo la normativa anterior, el piso para que una conducta fuera considerada evasión simple era de $1.500.000. La nueva ley lo elevó a $100.000.000. Los montos atribuidos a Acuña —que ascendían a poco más de $1.500.000 en IVA para 2015, $2.484.276 para 2016 y $3.058.020 para 2017, más $3.914.370 y $4.970.589 en Ganancias para 2015 y 2016 respectivamente— quedaron notoriamente por debajo del nuevo umbral legal. El fiscal general de juicio, Federico Carniel, sostuvo que si bien un análisis preliminar podría indicar que la nueva ley es más benigna, esa conclusión no podía adoptarse de manera automática sin un examen integral del alcance de la reforma. Expresó además su criterio en cuanto a que la Ley 27.799 no representa un cambio en la valoración social de las conductas delictivas y que, por tanto, no debería aplicarse retroactivamente. Sin embargo, reconoció que tanto la doctrina de la Corte Suprema en el precedente “Vidal” como la propia instrucción general de ARCA —el organismo recaudador, que había propiciado el desistimiento de la acción penal en casos análogos mediante una resolución- lo conducían a no oponerse a una solución desincriminatoria. Aclaró expresamente que el sobreseimiento no implica la extinción de la deuda tributaria, que se mantiene vigente ante el organismo recaudador. El contenido jurídico por sobre el valor social de la norma El juez Cardozo, si bien señaló que el principio acusatorio le impedía continuar con el proceso una vez que el fiscal manifestó su voluntad de no perseguir la acción, desarrolló sus propias consideraciones sobre el fondo de la cuestión. Destacó que la modificación introducida por la Ley 27.799 incide directamente sobre la condición objetiva de punibilidad del delito de evasión tributaria, y que aplicar ponderaciones valorativas externas para restringir el principio de benignidad implicaría privilegiar el valor social de la norma por encima de su contenido jurídico. Citó en ese sentido el precedente “Vidal” de la Corte Suprema en el que el máximo tribunal reafirmó la operatividad del principio de benignidad incluso frente a reformas que incrementan parámetros monetarios del régimen penal tributario. En consecuencia, el tribunal declaró extinguida la acción penal, sobreseyó a Acuña sin costas y declaró que la tramitación del proceso no afecta el buen nombre y honor del imputado, en los términos del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación.
Con mucha más resolución que la que mostró para investigar el atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió avanzar en una causa contra el diputado nacional y exsecretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti. Lo llamó a indagatoria en el marco de una denuncia realizada por Waldo Wolff, quien sostuvo que Pietragalla Corti promovió el antisemitismo cuando participó, en 2023, en una actividad impulsada por Naciones Unidas en conmemoración de la Nakba, nombre con el que se conoce al éxodo forzoso de más de 700 mil palestinos entre 1947 y 1948, durante la creación del Estado de Israel. “No banalicemos el antisemitismo y la Shoá por diferencias políticas”, reclamó Pietragalla Corti. Este martes, a las 10 de la mañana, Pietragalla Corti se presentó en los tribunales de Comodoro Py para cumplir con la convocatoria de Capuchetti. La jueza decidió avanzar con la indagatoria tras un pedido del fiscal Ramiro González, que acusó al exsecretario de Derechos Humanos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público e infracción de la ley antidiscriminación. Tras dejar los tribunales, Pietragalla Corti hizo un descargo en sus redes sociales. “En el año 2023, desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, organizamos la muestra ‘Nakba: Memoria de una catástrofe continua’, conmemorando el 75° aniversario del éxodo de los refugiados palestinos, en cumplimiento de la resolución n°77/23 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, explicó Pietragalla. Luego de ese hecho, Wolff lo denunció por “expresar posiciones antisemitas en nombre del gobierno argentino”, alegando que “la posición anti Israel de este gobierno kirchnerista” es “notoria”. Además, Wolff aseguró que “la posición del Kirchnerismo de suscribir al término ‘una catástrofe’ referido a la existencia del Estado de Israel no se condice con la tradición en política ‘de los dos estados’ en política exterior de nuestro país”. Sin embargo, lo que obvió el ahora legislador de la Ciudad de Buenos Aires es que el término Nakba en árabe significa “catástrofe” o “desastre”, lo que dio origen al nombre de la muestra de la ONU. En diálogo con Página/12, Pietragalla Corti aseguró que la denuncia tiene como objetivo “condicionar para que nadie se anime a criticar políticas concretas del gobierno de Israel”, utilizando como herramienta política “un acto tan grave como el antisemitismo, que generó tanto dolor a muchísimas familias”. En ese sentido, el exsecretario afirmó: “No me siento para nada en falta porque soy coherente con los temas y las violaciones de derechos humanos”. “A 75 años del proceso de colonización, ocupación y despalestinización conocido como la Nakba, inauguramos en el Salón Julio López de la Secretaría de Derechos Humanos la muestra fotográfica ‘Memorias de una catástrofe continua’ con imágenes de archivo de la ONU”, fue el tuit de Pietragalla que despertó la indignación de Wolff. En el descargo presentado en el juzgado de Capuchetti, el diputado nacional explicó que “la palabra ‘ocupación’, que tanto molestó al denunciante y al fiscal y que tildan de ‘antisemita’”, es parte de los términos utilizados por las Naciones Unidas “en sus propias publicaciones sobre la Nakba y la cuestión palestina, a las cuales debe apegarse el Estado argentino, sobre todo su secretario de derechos humanos”. La denuncia fue presentada por Wolff en mayo de 2023. Sin embargo, el llamado a indagatoria de la jueza Capuchetti llegó el 22 de diciembre de 2025 —una semana después de que Pietragalla Corti asumiera como diputado—. Pietragalla debió presentarse mientras escala el conflicto en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. “No creo en las casualidades”, deslizó el legislador y se refirió a la situación de CFK: “Lamentablemente tenemos a la referente máxima de la oposición condenada sin pruebas, en un arresto domiciliario arbitrario, ¿qué puedo esperar a partir de ahí?”, apuntó. Además, el exsecretario de Derechos Humanos destacó que su gestión tuvo numerosas acciones en repudio a la persecución del pueblo judío: “Estuve en la casa de Ana Frank, en Holanda, con las Abuelas de Plaza de Mayo que fueron condecoradas ahí; estuvimos en Auschwitz. Con la directora del Museo Sitio ESMA, intercambiamos un montón de información con los distintos museos de Alemania. Y lo hice porque me conmueve, no calculo nada”, subrayó. A partir de la indagatoria, la jueza tiene un plazo de diez días hábiles para decidir si tiene elementos suficientes para dictar el procesamiento contra Pietragalla Corti. “No hay ningún hecho concreto para que avance esta causa, así que en estos diez días espero ser sobreseído“, afirmó. Página/12
Este jueves 12, se realizarán controles de salud, asesoramiento a la comunidad y actividades de promoción orientadas a concientizar sobre la importancia del cuidado del corazón, el control de la presión arterial, la alimentación saludable y la actividad física. Además, se brindará información sobre los principales factores de riesgo como el sedentarismo, el tabaquismo, la hipertensión y el sobrepeso. El Ministerio de Salud de la provincia continuará con el despliegue territorial del Programa de Salud Cardiovascular (PSC), acercando controles, información y acciones de prevención a distintas localidades del interior chaqueño. En esta oportunidad, el equipo del programa estará en las sedes de los municipios de las ciudades de Las Breñas, Charata y Coronel Du Graty, con el objetivo de fortalecer la detección temprana de factores de riesgo y promover hábitos saludables que contribuyan a la prevención de enfermedades cardiovasculares. Desde el Programa de Salud Cardiovascular destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia provincial que busca acercar el sistema sanitario a cada localidad, reforzando el trabajo en territorio y garantizando el acceso a controles preventivos para la población. El cronograma de visitas previsto para este jueves es el siguiente: -Las Breñas: 8:30 Hs.-Charata: 10:00 Hs.-Coronel Du Graty: 11:30 Hs. Con este tipo de operativos, el Ministerio de Salud busca fortalecer la prevención y el cuidado integral de la salud cardiovascular, promoviendo la detección temprana y el acompañamiento sanitario en toda la provincia.
La ex presidenta Cristina Kirchner deberá prestar declaración indagatoria en la Causa Cuadernos de manera presencial, luego de 13 audiencias. Será el próximo 17 de marzo a las 9, en el salón Auditorium del Tribunal. Ayer, el TOF 7 rechazó el pedido de nulidad que partió desde la defensa de la ex mandataria y de otros imputados, como el e ministro de Planificación Julio De Vido, que argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”. Para el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, los cuadernos fueron manipulados, por lo que no deberían formara parte de las pruebas en el caso. Además, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión. El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015. La fiscal Fabiana León fue quien intervino para responder a los planteos de las 68 personas imputadas que buscaron cuestionar el proceso.
En declaraciones a CIUDAD TV, la subsecretaria de Género del Chaco, Sonia Valenzuela, aseguró que no hay registros de denuncias previas de violencia de género contra David Ojeda, quién asesinó brutalmente a Juliana Frias y a su hija Diana Gómez.
Jorge “Chaquito” Espinosa operaba con celulares desde la Unidad 7 de Resistencia. También fueron condenados su madre y un transportista. Traían marihuana de Paraguay. El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó a 13 años de prisión a un hombre que ya cumplía dos condenas por narcotráfico y que, desde una cárcel federal, lideraba una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes —principalmente marihuana— desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí y otros puntos del país. El veredicto fue dado a conocer el viernes pasado y el principal condenado es Jorge Eduardo Espinosa (31), alias “Chaquito”, quien se encontraba cumpliendo una pena unificada de 10 años y 6 meses de prisión por delitos vinculados al narcotráfico en la Unidad N°7 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia. Además, el tribunal dispuso penas de 12 años de prisión para Rubén Ángel María Tabares (45), un chofer de aplicaciones, y de 8 años de prisión para la madre de Espinosa, Juana Torres (51). Espinosa fue hallado culpable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la intervención de más de tres personas, en calidad de autor. Por su parte, Tabares fue condenado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de personas, en concurso real con transporte de estupefacientes —el primer delito en calidad de partícipe necesario y el segundo como autor— y fue absuelto del delito de uso de documento público falso. En tanto, Torres fue condenada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de más de tres personas, en calidad de partícipe necesaria. En esta misma causa también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, con penas que van de los 3 a los 6 años de prisión. El debate oral había comenzado el 9 de febrero pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con la intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito Corrientes, Nicolás Marquevich. La investigación había sido llevada adelante por el fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. Los fundamentos del veredicto se darán a conocer el próximo 20 de marzo. La investigación De acuerdo con lo acreditado en la causa, las 15 personas implicadas participaron en maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes —principalmente marihuana— en distintas etapas del circuito delictivo: introducción al país, acopio, transporte y distribución comercial. También se les atribuyeron otras conductas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo del dinero proveniente de la actividad ilícita. La organización operó al menos entre mayo de 2021 y marzo de 2023, momento en que se realizaron los allanamientos y detenciones que permitieron desarticular la estructura. En esos procedimientos se secuestraron cargamentos de marihuana de 215,224 y 532,450 kilogramos, respectivamente. En agosto de 2019, Espinoza había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión. El alegato de la fiscalía Durante el alegato, la fiscal general Pourcel y la auxiliar fiscal Vargas sostuvieron que el objetivo de la organización era obtener estupefacientes —principalmente marihuana— provenientes de Paraguay para su distribución en distintas provincias del país. Explicaron que los principales integrantes operaban en las ciudades correntinas de Itatí y Corrientes capital y en la ciudad chaqueña de Resistencia, mientras que los destinos finales de la droga eran las provincias de Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Neuquén. Las representantes del MPF señalaron que pese a estar detenido en la Unidad 7 del SPF cumpliendo condenas previas, Espinosa utilizaba un teléfono celular personal y el teléfono correspondiente a ese penal federal para comunicarse con su hermano Edgardo Ezequiel Espinosa, apodado “Viru”, con quien coordinaba los viajes hacia la ciudad de Corrientes para retirar dinero y mantener contacto con el resto de los integrantes de la organización. Respecto de Tabares, indicaron que su función era facilitar vehículos para el transporte de los estupefacientes y su traslado hacia otras provincias. También describieron que la organización contaba con múltiples integrantes con roles específicos: algunos coordinaban el traslado de la droga desde las costas del río Paraná y su acopio, mientras que otros oficiaban de “maleteros” y realizaban los traslados en vehículos. Las fiscales también afirmaron que Espinosa contó con la connivencia y participación de funcionarios públicos del Servicio Penitenciario Federal que prestaban servicios en la Unidad N°7 de Resistencia, donde se encontraba detenido. En ese sentido, sostuvieron que la prueba reunida permitió establecer que la organización funcionaba como una estructura cohesionada: Espinosa dirigía las operaciones desde la cárcel, Torres administraba los fondos provenientes de la actividad ilícita y facilitaba la comunicación, mientras que Tabares aportaba la logística de transporte necesaria para trasladar los cargamentos hacia sus destinos. A ellos tres, los mencionaron en un esquema exhibido en la audiencia como “el triángulo de la impunidad”. Los roles específicos De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, Espinosa organizaba, dirigía y coordinaba las maniobras de tráfico de estupefacientes. “Espinosa no fue un eslabón más de la cadena. Fue quien decidió, organizó y ordenó. Lo hizo incluso desde el interior de una unidad penitenciaria (…) Desde la cárcel coordinó el ingreso de la droga desde Paraguay, fijó destinos, impartió instrucciones, ordenó cobros y administró ganancias. (…) Espinosa sabía perfectamente qué hacía. Sabía que se trataba
Agentes incautaron estupefacientes que se encontraban ocultos en alimentos destinados a un detenido alojado en la Comisaría Cuarta de Presidencia Roque Sáenz Peña. Durante el control de alimentos entregados por una mujer, el personal policial detectó cuatro envoltorios con sustancia vegetal escondidos en albóndigas. Ante ello se dio intervención a la División Drogas, que realizó la prueba de campo correspondiente. El análisis arrojó resultado positivo para marihuana con un peso total de 6,09 gramos, procediéndose a su secuestro y a las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley de Estupefacientes.
Efectivos de la Policía del Chaco detuvieron a un hombre tras intervenir en un hecho de violencia de género ocurrido en una vivienda de Barranqueras. El procedimiento se inició a partir de un pedido de auxilio al sistema de emergencias. Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien manifestó que su pareja no le permitía salir del domicilio y la amenazaba con un machete y un cuchillo. Minutos después, el hombre se presentó ante los efectivos portando ambas armas blancas, por lo que fue reducido y detenido. En el lugar se procedió además al secuestro de los elementos utilizados, continuándose con las actuaciones correspondientes.
Joel Borges Correa, sentenciado en Brasil a 13 años y seis meses de cárcel, podrá vivir en libertad en Argentina tras la decisión del Gobierno de Javier Milei. Joel Borges Correa se escapó de Brasil para burlar la pena de 13 años y seis meses de prisión impuesta por la justicia por participar en el asalto golpista a las sedes de la Presidencia, el Congreso y el Tribunal Supremo brasileño el 8 de enero de 2023. Este partidario del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, de 47 años, se declaró víctima de persecución política al llegar a Argentina y pidió asilo. Al igual que decenas de condenados más por el mismo delito, eligió huir a este país con la esperanza de que el Gobierno de Javier Milei se negase a extraditarlo. Acertó. Este martes, la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina (Conare) le notificó que le concedía el asilo político, lo que le permitirá vivir en libertad dentro de sus fronteras. Es la primera vez que la Conare se expide a favor de los condenados brasileños por golpismo que se encuentran en el país. La medida augura un nuevo frente de conflicto entre los dirigentes de los dos grandes países sudamericanos, Milei y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. La policía argentina detuvo a Borges Correa a finales de 2024 en la provincia argentina de San Luis (centro). Lo interceptó cuando viajaba en automóvil días después de que la Justicia argentina hubiese dictado órdenes de captura contra 61 brasileños, a petición del Tribunal Supremo de Brasil, por “atentar contra el orden democrático” tras el traspaso de mando de Jair Bolsonaro a Luiz Inácio Lula da Silva. Borges Correa estuvo encarcelado durante un año y en diciembre se le concedió el arresto domiciliario, a la espera de ser extraditado a Brasil junto a otros cuatro detenidos. Según su defensa, la Justicia argentina debe suspender ahora la causa de extradición. Cuando lo haga, le será retirada la tobillera electrónica y quedará en libertad. La Conare funciona bajo la órbita de la Dirección Nacional de Migraciones, que pertenece al Ministerio de Seguridad. Aunque sus decisiones supuestamente son autónomas, la palabra final la tiene el Ejecutivo. Por ese motivo, la decisión de dar asilo político a uno de los participantes en el asalto golpista puede tensar todavía más la relación entre Milei y Lula en un 2026 marcado por las elecciones presidenciales en Brasil. Con Jair Bolsonaro en la cárcel, donde cumple una condena a 27 años de prisión por liderar una conspiración golpista, Lula busca la reelección frente a su hijo, Flávio Bolsonaro. Milei ya ha dejado clara su preferencia política en esos comicios. “Prefiero una solución con Bolsonaro y no con el socialismo del siglo XXI”, respondió en una entrevista realizada en enero. La concesión de refugio político de la Conare fue recibida con entusiasmo por el entorno ultra brasileño. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, agradeció a Milei a través de las redes. “Es una victoria de la libertad”, dijo en un breve vídeo. Otros prófugos en condiciones similares a las de Borges Correa se ilusionan con ser los próximos beneficiados. Es el caso de los cuatro detenidos en Argentina que también tienen órdenes de extradición contra ellos: Joelton Gusmão de Oliveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Sus allegados, reunidos en la Asociación de familiares y víctimas del 8 de enero, confían en que la decisión favorable de la Conare sea la primera de muchas. “Enhorabuena a todos los que contribuyeron a esta conquista”, dijo la Asociación a través de las redes sociales. Entre los agradecimientos incluyeron a los abogados defensores, a parlamentarios locales y “a la nación Argentina”. El País
El juez Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja, por estas horas, en la notificación de las familias. Las identificaciones fueron posibles gracias a la labor del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). No hay mejor antídoto contra la negación que la evidencia. No hay bálsamo más eficaz que la verdad. Tras décadas de búsqueda, la justicia federal de Córdoba informó que identificó los restos de doce detenidos-desaparecidos en el predio donde funcionó el campo de concentración de La Perla. Las doce familias que recibirán la noticia estarán frente a una certeza —desgarradora—: la del exterminio perpetrado por la última dictadura. Para las otras familias, será la esperanza de que la búsqueda quizá las acerque a seres queridos para despedirlos y para que no exista —como dice la sobreviviente Graciela Geuna— una democracia con cuerpos insepultos. El juzgado federal Miguel Hugo Vaca Narvaja trabaja por estas horas en la notificación de los resultados a las familias de quienes fueron identificados por el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Recién cuando las familias sean informadas y se les consulte si están dispuestas a que la información se haga pública, se espera que el juzgado convoque a una conferencia de prensa para dar a conocer los nombres de los doce detenidos-desaparecidos que fueron identificados. Fuentes judiciales estiman que el anuncio podría realizarse entre el viernes de esta semana y el lunes de la próxima. “Es una noticia que confirma la importancia de la búsqueda encarada por parte de los familiares y los organismos de derechos humanos. Para las familias que lograron el hallazgo, es la confirmación de la existencia del plan sistemático. Para otras, es un punto de partida para seguir buscando. La desaparición de personas es un delito que se continúa cometiendo y, a 50 años del golpe, es una responsabilidad inexorable del Estado seguir buscando”, afirma el abogado querellante Ramiro Fresneda en diálogo con Página/12. El fiscal Facundo Trotta comparte la impresión. “Siento una enorme satisfacción de que pudimos identificar a doce personas víctimas del terrorismo de Estado que se encontraban desaparecidas y que finalmente los familiares podrán recuperar los restos de sus seres queridos. Es una noticia que nos alienta a seguir buscando”, le dice a este diario. La maquinaria del horror La Perla funcionó como centro clandestino de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) entre 1976 y 1978. Estaba ubicada en terrenos del Tercer Cuerpo de Ejército, a la vera de la Ruta 20 que une Córdoba Capital con Villa Carlos Paz. El campo de concentración dependía del Destacamento de Inteligencia 141 de Córdoba. Entre 2200 y 2500 personas estuvieron secuestradas en esa mazmorra, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria. La gran mayoría de las víctimas están desaparecidas. Teresa Meschiati, que estuvo allí secuestrada, dejó una frase contundente sobre cuál era la mecánica del exterminio en ese campo de concentración: “Así como en la ESMA se iban para arriba, nosotros nos íbamos para abajo”. En Córdoba, los vuelos de la muerte no fueron la modalidad predominante para hacer desaparecer los cuerpos de las víctimas, sino los enterramientos. En La Perla se hablaba de los pozos, del metro ochenta o de ver crecer los rabanitos desde abajo. Esos eran los eufemismos siniestros a los que recurrían los oficiales que eran dueños de la vida y de la muerte. Había toda una dinámica propia del exterminio. Los secuestrados que iban a ser “trasladados” eran preparados. Se los separaba de la cuadra donde estaba el resto de sus compañeros. Les ponían una venda en los ojos y una mordaza en la boca para que no pudieran gritar. Les sujetaban también las manos por detrás. Después eran subidos a un camión Mercedes-Benz. Con jactancia de su perversidad, los represores hablaban de los “Menéndez Benz” porque eran los vehículos que estaban al servicio de Luciano Benjamín Menéndez, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército. En los primeros meses de la dictadura, los traslados eran masivos. Las trasladadas podían ser entre 60 o 70 personas. Con el paso del tiempo, el número fue menguando. Los camiones solían llegar a las tres o cuatro de la tarde, cargaban a los prisioneros que serían asesinados y partían. En general, estaban de regreso en un lapso breve: entre 20 y 30 minutos. “Lo que daba la idea de que el lugar de fusilamiento estaba dentro de los terrenos de la misma guarnición militar”, dejó establecido el tribunal oral que estuvo a cargo de la megacausa La Perla. Hubo militares que hablaron sobre la metodología de exterminio en La Perla. Uno de ellos fue el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda, quien en 2004 presentó un reclamo porque no había sido ascendido a coronel. En ese escrito, Bruno Laborda reconoció haber actuado en La Perla e intervenido en tres fusilamientos —incluido el de una mujer que acababa de parir—. En su descargo, detalló que después de las ejecuciones arrojaban el cuerpo en un pozo y le prendían fuego. También afirmó que había participado “activamente” en la remoción de los cadáveres en 1979, meses antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitara el país para documentar las denuncias contra la dictadura. Según la versión de Bruno Laborda, se usaron máquinas del Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 para sacar los restos, que luego eran “compactados” y arrojados en las proximidades de una salina de La Rioja. Existieron también vecinos que vieron cuál era la dinámica. Tal fue el caso de José Julián Solanille, un trabajador rural que se acercó a la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y declaró luego en los juicios. Solanille habló de los camiones que se iban hacia la Loma del Torito, las explosiones que se escuchaban después y de los enterramientos que él mismo llegó a contabilizar. El trabajo del EAAF Entre septiembre y noviembre del año pasado, el EAAF estuvo excavando en la zona de Loma del Torito, que se encuentra dentro
El cabo Mauro Ponte, de 26 años y oriundo del Chaco, falleció tras sufrir un cuadro infeccioso grave mientras prestaba servicio en el Escuadrón 20 de Gendarmería en Orán. Autoridades sanitarias analizan si el caso está vinculado al hantavirus. La muerte de un joven gendarme chaqueño en la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán generó preocupación dentro de la fuerza y abrió una investigación para determinar las causas del fallecimiento. El efectivo fue identificado como Mauro Ponte, de 26 años, quien se desempeñaba como cabo de Gendarmería Nacional en el Escuadrón 20. Según trascendió, el uniformado falleció luego de presentar un cuadro infeccioso severo que podría estar relacionado con hantavirus, aunque esa hipótesis todavía no fue confirmada oficialmente. Un cuadro de salud que se agravó rápidamente De acuerdo con información difundida por medios del norte de Salta, el joven gendarme comenzó a manifestar síntomas compatibles con una infección grave mientras se encontraba en funciones. Con el paso de las horas su estado de salud se deterioró rápidamente, lo que motivó su internación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el cuadro evolucionó de manera crítica y terminó con el fallecimiento del efectivo. Las autoridades sanitarias aguardan ahora los resultados de los estudios epidemiológicos y análisis clínicos que permitirán determinar si la causa del deceso está vinculada efectivamente con hantavirus, una enfermedad viral transmitida principalmente por roedores. Reclamos por la atención médica recibida La muerte del gendarme generó profunda conmoción entre familiares, compañeros de la fuerza y vecinos, y en las últimas horas comenzaron a circular cuestionamientos sobre la atención médica que habría recibido durante el avance de la enfermedad. A través de redes sociales y mensajes difundidos entre allegados surgieron reclamos para que se investiguen posibles fallas en la asistencia sanitaria, incluyendo versiones que hablan de una presunta demora en la atención o en la derivación a centros de mayor complejidad. En ese contexto, algunos testimonios mencionaron incluso la posibilidad de abandono de persona, por lo que se espera que la situación sea analizada en el marco de las actuaciones correspondientes. Alarma por otros efectivos con síntomas La preocupación también creció luego de que trascendiera que otros dos integrantes de la fuerza estarían internados con síntomas compatibles con la misma enfermedad, lo que encendió alertas dentro de la comunidad y entre el personal del escuadrón. Ante esta situación, las autoridades sanitarias trabajan para determinar si existe un posible foco epidemiológico y descartar riesgos de contagio. Mientras tanto, la investigación continúa y se aguardan los informes médicos y epidemiológicos que permitirán establecer con precisión qué provocó la muerte del joven gendarme chaqueño. Fuente: Perfil
El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, cuestionó las críticas del mandatario al empresariado y pidió abrir un diálogo serio. El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, cuestionó las recientes declaraciones del presidente Javier Milei contra empresarios argentinos y advirtió que el país atraviesa una situación productiva que requiere diálogo y políticas para fortalecer la industria. Las declaraciones del mandatario, realizadas durante una exposición en Nueva York, volvieron a apuntar contra empresarios como Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, lo que generó repercusiones en el sector industrial. Rosato sostuvo que la Argentina necesita poner el foco en cómo recuperar la producción y el empleo, en un contexto donde numerosas pymes enfrentan caída del consumo, aumento de costos y dificultades para sostener la actividad. “Las pymes industriales estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas que están reduciendo producción, otras aplicando suspensiones y muchas que luchan día a día para no cerrar sus puertas”, afirmó en declaraciones a Agencia Noticias Argentinas. En ese sentido, señaló que la discusión pública debería centrarse en cómo fortalecer el entramado productivo argentino, que es el principal generador de empleo en el país. “El desafío de la Argentina no es atacar a quienes producen, sino generar condiciones para que la industria crezca, invierta y genere trabajo”, sostuvo el dirigente empresario. Rosato remarcó además que las pymes industriales representan uno de los pilares de la economía nacional, por lo que consideró fundamental avanzar en políticas que promuevan la producción, el mercado interno y la competitividad. “Sin industria nacional, sin pymes y sin producción, es imposible pensar en un desarrollo sostenido para la Argentina”, concluyó.
Las centrales obreras (CGT Chaco y ambas CTA), junto al arco docente y organizaciones multisectoriales, convocan a un Plenario Provincial. El encuentro se realizará este 12 de marzo, a las 9, en el camping de Camioneros en Puerto Tirol. El movimiento obrero y social del Chaco se moviliza en busca de una respuesta estratégica frente al actual escenario económico. La convocatoria, que nuclea a la CGT, ambas CTA, el arco docente y diversos sectores multisectoriales, tiene como objetivo central debatir y unificar criterios de acción ante las políticas nacionales y provinciales que afectan los ingresos y la estabilidad laboral. El camping de Camioneros en Puerto Tirol será el escenario de este encuentro, que contará con la participación de delegados sindicales de toda la provincia. “El carácter abierto de la jornada busca fortalecer la representación gremial, integrando las voces de los distintos sectores que hoy se ven impactados por el ajuste y la pérdida de derechos”, remarca la convocatoria. “Todas las organizaciones sindicales confirmaron la presencia de cada dirigente de nuestra provincia para delinear los pasos a seguir ante el organizado y sistemático ataque que llevan a cabo el gobierno nacional y el provincial. Necesitamos la unidad para dar un horizonte a los trabajadores”, sostiene la misiva. “Puntualizaremos sobre la urgencia de la acción colectiva: Como representantes del movimiento obrero, no vamos a dejar que le mientan a la gente. Estamos frente a una reforma laboral inconstitucional que no va a generar empleo, solo va a abaratar los despidos. Tenemos que estar en la calle y donde haga falta para defender nuestros derechos, porque para eso nos eligieron los trabajadores chaqueños”. “El plenario funcionará como una instancia clave para establecer un plan de acción conjunto, con el fin de proteger las instituciones democráticas y garantizar la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores en cada sector”, concluye la convocatoria.
El informe de la Consultora Politikón señala que e3l año pasado nuestra provincia exportó USD 235 millones (+8,7% interanual), pero el nivel sigue 20,9% por debajo del promedio histórico y perdió peso en el NEA: explicó solo el 21% de las exportaciones regionales (promedio histórico: 34%) y quedó tercera detrás de Misiones y Corrientes. El análisis refleja que el principal producto exportado fue el extracto de quebracho (récord histórico), mientras que la fibra de algodón mostró una fuerte caída y se mantiene muy por debajo de sus niveles históricos. Según el último informe publicado por el INDEC sobre Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) correspondientes al total de 2025, la provincia del Chaco totalizó unos USD 235 millones en exportaciones, registrando una suba del 8,7% respecto al 2024; sin embargo, dicho volumen se ubica -20,9% respecto al promedio histórico de exportaciones medidas en dólares corrientes. En el plano regional, el Chaco perdió participación En 2025, la provincia explicó el 21% de las exportaciones del NEA, cuando su promedio histórico es del 34%. De este modo, se ubicó en el tercer lugar de la región, por detrás de Misiones (USD 533 millones) y Corrientes (USD 336 millones), y solo por encima de Formosa (USD 29 millones). Históricamente, el Chaco ocupaba el segundo lugar en la región, posición que en 2025 quedó en manos de Corrientes. En términos de productos, las exportaciones de extractos curtientes y tintóreos (básicamente, extractos de quebracho) fueron las de mayor volumen en la provincia, con un total de USD 65,2 millones, mostrando un crecimiento del 11,3% respecto de 2024. Además, se destaca que este producto registró en 2025 el mayor volumen exportado desde que hay registros (desde 1993), ubicándose así por encima de su promedio histórico (+36,6%). En segundo lugar se ubicaron los cereales (mayoritariamente maíz), con USD 63,9 millones en ventas al exterior. Este rubro creció 8,4% respecto de 2024, aunque se mantiene muy por debajo de su promedio histórico (-29,0%). A su vez, las exportaciones de semillas y frutos oleaginosos (con predominio de soja) totalizaron USD 47,5 millones y crecieron 45,5% interanual, pero también se ubican por debajo de su promedio histórico (-29,8%). Más resonante es el caso de la fibra de algodón, cuyas exportaciones fueron por USD 17,9 millones: cayeron 37% respecto de 2024 y se ubican 68,7% por debajo de su promedio histórico. El resto de los productos exportados totalizaron USD 40,5 millones en 2025, con un crecimiento del 7,8% interanual y del 17,0% frente a su promedio histórico En el plano nacional, el Chaco explicó el 0,3% de las exportaciones totales del país y si bien tuvo un incremento contra 2024, como se dijo, el mismo estuvo en el lote de los más leves. Ahora bien, si se compara el dato de 2025 con el promedio histórico de exportaciones de las provincias, el Chaco presenta uno de los peores resultados: solo cuatro distritos tuvieron en 2025 ventas al exterior por debajo de su valor promedio y de esas, la del Chaco fue la segunda mayor caída (solo por encima de Catamarca). En el extremo opuesto, casos comoNeuquén, Jujuy y La Pampa presentan incrementos superiores al 100%. Visto por destinos, China fue el principal socio comercial del Chaco Allí fueron el 27,6% de las exportaciones de la provincia (por USD 65 millones) creciendo 11,0% anual: en segundo lugar quedó la Unión Europea con USD 31 millones (13,0% del total) y crecieron 20,6% vs. 2024; la región de ASEAN (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) completó elpodio con el 10,9% del total (por USD 26 millones) aunque en este caso las exportaciones chaqueñas cayeron -1,1% anual. Politikón Chaco
Los diputados Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva y María Inés Zigarán presentaron una nota formal dirigida a Martín Menem, José Peluc y Nicolás Mayoraz para que amplíen la cantidad de jornadas de audiencia pública previstas para el debate de la ley de Glaciares porque la cantidad de inscriptos desbordó todas las previsiones del gobierno. Los legisladores opositores manifestaron que ya hay más de 15 mil personas anotadas y expresaron en su nota que los días fijados originalmente para las exposiciones, limitados al 25 y 26 de marzo próximos -y con el segundo nada más que contemplado para intervenciones de forma virtual-, no serán suficientes. En el plenario de comisiones de la semana pasada, los libertarios aceptaron el mecanismo de audiencias públicas para evitar la judicialización posterior, si se incumplía el acuerdo de Escazú, cuya letra establece que la ciudadanía debe conocer el impacto de la ley y debe participar activamente de la discusión cuando se trate de afectaciones al medio ambiente. Sin embargo, el gobierno creyó que iba a poder liquidar el trámite en dos días. Los activistas del ambientalismo, los movimientos sociales y las organizaciones populares se pusieron al hombro la difusión de la convocatoria y en menos de una semana reventaron la casilla de mails del Congreso. Hasta el lunes por la tarde, había alrededor de 18 mil inscriptos y Menem, desesperado por el aluvión, habría instruido al personal administrativo que esconda la actualización de la cifra para no agigantar el escandaloso rechazo a la modificación de la ley de Glaciares. Ferraro, Selva y Zigarán advirtieron al oficialismo en esa nota que “la obligación asumida por el Estado no se agota en la mera convocatoria formal” sino que “exige adoptar las medidas necesarias para garantizar que la participación pueda ejercerse de manera real y sustantiva”. La pauta aceptada por Peluc y Mayoraz durante la discusión de comisiones había sido la de otorgar 5 minutos por expositor. Con casi 20 mil inscriptos deberían destinarse alrededor de dos meses al debate, lo cual demoraría el trámite parlamentario a niveles exasperantes para sus impulsores, entre los que se cuentan las empresas mineras, el gobierno nacional y los gobernadores de las provincias con recursos metalíferos. La Política Online
El abogado Pablo Vianello se refirió al estado de la investigación por la desaparición de Elvis Benítez, ocurrida en 2017. Explicó que la causa estuvo varios años sin avances y que en los últimos meses surgió un dato que abrió una nueva línea investigativa: la existencia de dos cuentas bancarias abiertas a nombre del joven en 2019 y 2025, cuando ya se encontraba desaparecido. Durante una entrevista en los estudios de CIUDAD TV, el letrado señaló que durante mucho tiempo el expediente permaneció sin datos que permitieran orientar la investigación. “Ya habían pasado 7 u 8 años de la desaparición de Elvis, la causa estaba bastante estancada, no había ningún hilo conector que pueda llegar a marcar una investigación o por lo menos que se produzca algún tipo de prueba”, afirmó. En ese contexto, recordó que el caso volvió a tener visibilidad el año pasado luego de declaraciones vinculadas al caso del clan Sena. “Con el desenlace del clan Sena surge una declaración en un medio radial de la mamá de Cecilia que manifiesta que habían relacionado a Elvis Benítez con César Sena”, explicó. No obstante, aclaró que los testimonios recogidos posteriormente no aportaron datos relevantes. “Toda la segunda mitad del año pasado se produjeron testimonios de esta gente, que sinceramente no aportó nada concreto a la causa”, indicó. “El hallazgo más importante de la causa” Según detalló, hacia diciembre de 2025 la Fiscalía N°3, a cargo de la fiscal Rosana Soto, ordenó nuevas medidas de investigación. Entre ellas, se solicitaron informes a empresas de telefonía y al Banco Central de la República Argentina. A partir de esas medidas surgió un dato que, según Vianello, se convirtió en el hallazgo más relevante de los últimos años en la causa. “Surge lo que hoy tomamos como el hallazgo más importante después de estos 9 años de la desaparición de Elvis Benítez: la aparición misteriosa de dos cuentas abiertas, una en septiembre del 2019 y otra en marzo del 2025”, explicó. De acuerdo con lo informado, una de esas cuentas corresponde a una cuenta sueldo y la otra a una cuenta en dólares. “Lo paradójico de todo esto es que esas cuentas fueron abiertas ya con Elvis desaparecido y no tuvieron movimientos”, sostuvo. El abogado indicó que la entidad bancaria informó que la solicitud de apertura habría sido enviada desde una dependencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en Resistencia, aunque ese dato aún debe confirmarse. “Se ha librado un oficio informativo a la ANSES de Resistencia para que informe quién fue el que pidió, por qué se pidió y cuál fue el motivo de la apertura de esta cuenta”, explicó. Vianello remarcó que la situación genera interrogantes, ya que los sistemas actuales exigen mecanismos de verificación de identidad. “Hoy para abrir una cuenta bancaria como mínimo necesitás la presencialidad del titular o bien un reconocimiento facial con las billeteras virtuales. Nada de esto puede ser posible teniendo en cuenta que estamos hablando de una persona desaparecida”, sostuvo. Ante este escenario, el abogado planteó dos hipótesis. “O alguien está usurpando la identidad de una persona desaparecida o bien estamos hablando de que Elvis está con vida”, afirmó. El origen de la solicitud bancaria también volvió a poner en foco datos que habían surgido al inicio de la causa. Según recordó, la madre de Benítez declaró en 2018 que su hijo participaba en un movimiento social y que había sufrido una agresión poco antes de desaparecer. “Ella manifestó que Elvis pertenecía a un movimiento social en el cual cobraba una beca y que había tenido una pelea por la cual había llegado gravemente herido a su casa”, relató. Según ese testimonio, el joven no quiso realizar la denuncia por temor a represalias contra su familia. En ese momento se tomó declaración a una persona señalada por familiares, aunque no se encontraron elementos que permitieran imputarla. No obstante, el abogado indicó que ahora vuelve a analizarse ese contexto porque la cooperativa donde trabajaba Benítez tenía acceso a sus datos personales y bancarios. “La única entidad que tenía acceso a los datos personales de Elvis era la cooperativa para la cual él trabajaba, que era presidida por la persona que la abuela y la madre habían mencionado como quien lo agredió dos meses antes de su desaparición”, señaló. A partir de estos elementos, Vianello consideró que la causa atraviesa un momento clave. “Hoy estamos en el momento más importante de la causa”, afirmó. La investigación ahora busca determinar quién solicitó la apertura de esas cuentas y con qué objetivo. “Necesitamos saber si esas personas que estaban utilizando los datos de Elvis Benítez para abrir estas cuentas tienen relación con la desaparición de él o si saben qué sucedió”, explicó. El abogado señaló que el paso del tiempo representa una dificultad para el avance del caso. “Tenemos una gran contra en esta investigación que es el paso del tiempo”, dijo. Recordó que una de las pocas cámaras de seguridad del lugar donde habría sido visto por última vez no registraba imágenes y que algunos testigos ya fallecieron. “En el momento en el que desapareció Elvis Benítez, la única cámara de seguridad del local donde aparentemente se lo ve por última vez no tenía forma de grabar”, indicó. También mencionó que se intenta reconstruir información a través de familiares de testigos fallecidos. A pesar de esas dificultades, el abogado consideró que el hallazgo reciente permitió retomar la investigación con un nuevo enfoque. “Las cuentas nos van a marcar el lugar hacia dónde tenemos que ir y sobre todo saber quiénes fueron los que manipularon esta información para abrirlas y con qué objetivo”, señaló. Finalmente, sostuvo que las nuevas medidas ordenadas por la fiscalía permiten mantener activa la búsqueda de respuestas. “Esto significa que la investigación sigue viva y que la justicia está trabajando. Si hay algo, lo vamos a encontrar”, concluyó.
El Senado Nacional sesionará el miércoles 18 de marzo para acelerar el tratamiento del pliego del padre del ministro de Justicia, Juan Mahiques, con el fin de que pueda permanecer por cinco años mas en la Cámara Federal de Casación Penal y no tenga que jubilarse dado que cumple 75 años. La bancada de la Libertad Avanza y bloques dialoguistas acordaron realizar esa sesión en una reunión de Labor Parlamentaria, que estuvo encabezada por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, ya que la vicepresidenta Victoria Villarruel está a cargo del Poder Ejecutivo. El principal objetivo que tiene el oficialismo es dar ingreso a los pliegos de Carlos Mahiques, seis militares, y aquellos que ingresen hasta esa fecha, según supo la Agencia Noticias Argentinas. Además se debatirán en esa sesión, dos convenios internacionales firmados con Francia y Austria, y otro rubricado Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en el 2009. Mahiques es miembro de la Cámara Federal de Casación y va a cumplir 75 años el 1 noviembre que es la edad que debería jubilarse según lo establece la Constitución Nacional, pero ahora el oficialismo promueve que pueda quedarse otros cinco años mas. En su página personal, el juez destaca que tiene “más de cinco décadas de experiencia en jurisdicción penal, seguridad pública y política criminal comparada” y que es “especialista en crimen organizado y terrorismo internacional, ha liderado causas de alta trascendencia” como la causa Amia, ya que en el 2024 dictó sentencia sobre el atentado terrorista que causó 85 muertos. No es la primera vez que un Gobierno busca evitar que un juez se jubile a los 75 ya que lo había intentado la ex presidenta Cristina Férnandez de Kirchner, cuando propuso que continué en su cargo, Ana María Figueroa, pero la Corte Suprema se lo impidió y la obligó a jubilarse, ya que no llego a tratarse ese pliego. Ahora, tras tener ingreso parlamentario, el pliego de Mahiques deberá ser tratado en la comisión de Acuerdos del Senado, que preside el riojano Juan Carlos Pagotto, quien deberá convocar en una audiencia pública al magistrado para que exponga ante los senadores.
El subsecretario de Seguridad Ciudadana de Machagai, Ernesto Saucedo, dio detalles de las acciones realizadas a partir de la confirmación de un caso de rabia canina en la localidad. Autoridades sanitarias y municipales activaron operativos de vacunación casa por casa y monitorean a las personas que tuvieron contacto con el animal. El funcionario señaló a CIUDAD TV que la situación fue informada a fines de febrero por las autoridades sanitarias. A partir de ese momento se activó un trabajo conjunto entre distintas instituciones. Saucedo explicó que existe un equipo que ya venía articulando acciones sanitarias en la ciudad conformado por Salud Pública, la Región Sanitaria y la Municipalidad de Machagai. “De manera inmediata informamos a la doctora Janina Maza, que es de Zoonosis de la provincia, a los efectos de poder articular distintos mecanismos para llevar adelante operativos de refuerzo de vacunación”, explicó. El funcionario recordó que todos los años se realizan campañas de vacunación antirrábica en la ciudad. “El año pasado, en la localidad hemos colocado alrededor de 1000 dosis de vacuna antirrábica, tanto para perros como para gatos”, detalló. Sin embargo, reconoció que en muchas ocasiones no todos los vecinos pueden acercar a sus mascotas a los puntos de vacunación. “Primero se hacen campañas de difusión donde se informa y se invita a los vecinos a que se acerquen a determinados lugares en cada barrio. Lo que notamos es que no se llega a cubrir a todos los vecinos porque a veces no les llega la información o tienen dificultad para llevar la mascota”, señaló. Por ese motivo, tras la aparición del caso positivo se decidió modificar la modalidad del operativo. “Con este refuerzo, debido a este caso, se está implementando la vacunación casa por casa, se visita al vecino en su domicilio”, explicó. Saucedo indicó además que hacía varios años que no se registraban casos de rabia en la localidad. “Hace muchos años que en la localidad no se da un caso positivo de rabia. Desde el momento en que tomamos conocimiento se articularon todos los mecanismos y se puso en funcionamiento el equipo para hacer los trabajos de prevención”, afirmó. En paralelo, se realizó una denuncia para investigar posibles responsabilidades vinculadas al manejo del animal. “Formalmente se realizó una denuncia en la Fiscalía Rural y Ambiental a cargo de la doctora María Emilia Rudas para que pueda realizar una investigación tendiente a determinar si hay alguna responsabilidad por parte de particulares que manipularon animales o medicamentos sin la debida autorización”, explicó. El caso corresponde a un cachorro de entre dos y tres meses de edad que había sido adoptado por una persona que trabaja en una zona rural. “Se trataba de un canino de corta edad, entre 2 y 3 meses. Fue adoptado por una persona que trabaja en zona rural y lo llevó primero a su domicilio en una zona que llamamos Pueblo Viejo”, relató. Según indicó, el animal estuvo en ese lugar durante un día y luego fue trasladado a un campo donde su dueño trabaja. Durante ese período tuvo contacto con varias personas. “Aproximadamente nueve personas manipularon al cachorro”, detalló. El cachorro comenzó a presentar algunos cambios de comportamiento antes de morir. “Empezó a manifestar síntomas, se mostraba un poco nervioso y cambió la mirada”, explicó. No obstante, aclaró que en animales tan jóvenes los signos pueden ser difíciles de identificar. El subsecretario también señaló que, por su edad, el animal aún no había recibido la vacuna antirrábica. “A partir de los tres o cuatro meses recién comienza la vacunación antirrábica de las mascotas, con lo cual este animalito todavía no tenía posibilidad de estar vacunado”, indicó. Respecto del origen del contagio, las autoridades analizan distintas hipótesis. Una de ellas está vinculada a la presencia de murciélagos en la zona donde el cachorro habría nacido. “Una de las hipótesis es que provenga de murciélagos, que son los principales transmisores de la enfermedad. También se maneja la hipótesis de que se le hayan dado vísceras de un animal bovino al cachorro y que el contagio haya provenido de allí”, marcó. Cuando comenzaron los síntomas, los propietarios consultaron a un veterinario que intervino en el caso. “El veterinario identificó los síntomas, tomó medidas y envió la muestra al Centro de Zoonosis de la ciudad de Resistencia, donde luego se confirmó el caso positivo para rabia”, indicó. Tras la confirmación, las autoridades sanitarias activaron un seguimiento de las personas que estuvieron en contacto con el animal. “Las nueve personas que manipularon el cachorro están en tratamiento preventivo. Se les aplicó la vacuna correspondiente y están siendo monitoreadas por Salud Pública y la Región Sanitaria Nº 2”, señaló. Según informó, hasta el momento ninguna de esas personas presentó síntomas. También se realizó un seguimiento de los animales que pudieron haber tenido contacto con el cachorro. “Hasta ahora no hay otros animales ni personas que hayan manifestado síntomas”, explicó. Saucedo indicó que el municipio continuará con los operativos de prevención en la zona. “Actualmente seguimos reforzando en toda la zona donde pudo haber estado el animal la campaña de vacunación casa por casa”, concluyó.