En su calidad de presidenta de JUFEJUS, la jueza del STJ, Emilia Valle, participó de este evento que centró su interés en el desarrollo prospectivo del sistema de justicia, promoviendo el intercambio de experiencias y conocimientos entre magistrados de Brasil y Argentina. La actividad incluyó diversos talleres de trabajo de los que participarán jueces y juezas de ambos países. Valle compartió el acto de apertura con el director del Departamento de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral Rodolfo Vigo, la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de CABA, Inés Weinberg, el juez del TSJ y secretario Institucional de JUFEJUS, Santiago Otamendi, además de Luciana Drimel Dias y Liliana Amione, coordinadoras académicas de la IV Misión CR Connection. Emilia Valle agradeció a las instituciones convocantes y remarcó que “desde JUFEJUS valoramos este espacio de intercambio que nos permite construir una mirada común y prospectiva sobre el rumbo que van tomar nuestros sistemas judiciales”. Por otra parte, agregó que “los poderes judiciales tienen desafíos pendientes en materia de acceso a justicia, eficiencia y transparencia”. Al referirse a la mediación y resolución alternativa de conflictos, destacó que “muchas veces la solución no pasa por dictar sentencia sino por generar espacios de consenso, diálogo y escucha activa lo que plantea un desafío de cooperación institucional, trabajo interdisciplinario y capacitación permanente”. Luego aseveró: “No hay calidad institucional sin formación permanente. No hay independencia judicial sin actualización técnica. No hay innovación sostenible sin capacitación sistemática”. Asimismo afirmó que “el futuro de la justicia latinoamericana no se definirá únicamente en el terreno tecnológico, sino también por nuestra capacidad de sostener instituciones sólidas, accesibles y comprometidas con los valores democráticos y el acceso efectivo a derechos”. Después agregó: “Desde Jufejus creemos firmemente en el federalismo judicial, en el intercambio de buenas prácticas y en la cooperación entre poderes judiciales, universidades y otras instituciones porque ningún proceso de transformación profunda puede construirse en soledad. Por eso son alentadoras actividades como esta donde dialogan la magistratura, la academia y la innovación para construir juntos esa justicia que nuestras sociedades demandan en el siglo XXI; esto es: una justicia más cercana, confiable, eficiente, humana, y mejor preparada para responder los desafíos de nuestro tiempo”. Durante el coloquio, magistrados y especialistas de Argentina y Brasil intercambiaron experiencias sobre la modernización de los sistemas judiciales, el impacto de la inteligencia artificial y la digitalización, y las estrategias para mejorar la calidad y celeridad del servicio de justicia. También analizaron el papel de los métodos alternativos de resolución de conflictos, destacando iniciativas innovadoras que incorporan inteligencia artificial a la mediación judicial y su contribución a la construcción de una cultura de paz. Durante la jornada, los expositores resaltaron el carácter histórico del encuentro y la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países para afrontar los desafíos de la justicia del futuro. El encuentro tuvo como objetivo promover el diálogo y el intercambio de experiencias entre profesionales del derecho de Brasil, Argentina y otros países de América Latina, fomentando la discusión sobre el desarrollo prospectivo de los sistemas de justicia. Asimismo, buscó analizar innovaciones, desafíos y oportunidades para mejorar la eficiencia y el acceso a justicia en la región, con especial énfasis en la modernización de los poderes judiciales y en el fortalecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
Autor: Redacción General
El gobernador Leandro Zdero destacó la necesidad de reconstruir la confianza entre el Estado у la ciudadanía, mediante políticas públicas transparentes у participativas. La provincia del Chaco fue sede por primera vez de la XVII Asamblea Ordinaria del Consejo Federal para la Transparencia (CFT), encuentro que reunió en Resistencia a autoridades y equipos técnicos de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para debatir y fortalecer políticas vinculadas a la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos. La apertura estuvo encabezada por el gobernador Leandro Zdero, quien remarcó la importancia de consolidar una agenda federal orientada a fortalecer la confianza entre el Estado y la ciudadanía. “El objetivo es reconstruir la confianza entre el Estado y la gente sobre la base de la transparencia, la colaboración y las políticas públicas surgidas desde el territorio”, expresó el mandatario provincial, durante la sesión plenaria desarrollada en el Salón Obligado de Casa de Gobierno. En ese marco, Zdero ratificó el compromiso del Chaco con el fortalecimiento de la gestión de datos, el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial y la protección de datos sensibles. Además, convocó a gobernadores, legisladores y organismos públicos a asumir un compromiso conjunto para elevar los estándares de transparencia en la gestión pública. “La transparencia es la que nos da la fuerza necesaria para fortalecer el vínculo y recobrar la confianza entre la gente y el Estado. Las políticas públicas deben construirse desde el territorio y junto a la ciudadanía, no desde un escritorio alejado de la realidad”, sostuvo. Por su parte, la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y presidenta del Consejo Federal para la Transparencia, Beatriz Anchorena, destacó el trabajo que viene realizando la provincia en esta materia y valoró especialmente la presentación de un índice de transparencia desarrollado por Chaco. “Chaco presentó un índice de transparencia muy interesante y está trabajando muy bien en este tema”, señaló, al tiempo que ratificó el acompañamiento de la AAIP mediante asistencia técnica y asesoramiento para continuar fortaleciendo los procesos de modernización estatal. Durante la jornada también tomó la palabra la secretaria de Coordinación de Gabinete del Chaco, Carolina Meiriño, quien manifestó el orgullo de que la provincia haya sido elegida como anfitriona del encuentro. “Esto demuestra nuestro compromiso con la transparencia como eje transversal de gobierno”, afirmó. Además, destacó iniciativas impulsadas por la gestión provincial, como las subastas públicas y los procesos de modernización administrativa, orientados a garantizar una mayor trazabilidad de los datos y facilitar el acceso ciudadano a la información pública. La Asamblea permitió intercambiar experiencias y analizar desafíos comunes relacionados con la medición de la gestión pública mediante índices de transparencia, la implementación de tableros de gobernanza de datos y el impacto de las nuevas tecnologías en la administración estatal. Asimismo, se resaltó la participación de las universidades nacionales como actores estratégicos para fortalecer la planificación institucional y promover mejores estándares de calidad democrática en la región Nordeste. Del acto participaron también la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; la secretaria ejecutiva de la AAIP, Analía Zimmermann; el vicepresidente del Consejo Federal para la Transparencia, Marcelo Trucco; la presidente de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado; y representantes de organismos de transparencia y acceso a la información de todo el país.
En los estudios de CIUDAD TV, el diputado justicialista, Luciano Moser, brindó detalles del proyecto de ley que impulsan desde el bloque opositor para declarar la emergencia de las pymes chaqueñas y los alcances de esta iniciativa que establece una serie de herramientas para contrarrestar la crisis que atraviesa el sector. Comentó que referentes del sector fueron recibidos por la Comisión de Industria y Comercio, en la que se desempeña como secretario. Y que el proyecto de ley, que alberga cuatro ejes, tiene que ver con pedidos puntuales del sector. El primer eje que aborda la iniciativa es la de facultar al Ejecutivo provincial a realizar las gestiones necesarias para “cortar” los embargos del ARCA. “Es la principal problemática que tiene las empresas es que por deudas impositivas nacionales están embargando sus cuentas. La gravedad es que si una empresa tiene más de una cuenta, el ARCA embarga todas y esto corta las cadenas de pago de las industrias”, advirtió y explicó que la idea es que se suspendan los embargos para avanzar en planes de pago flexibles. “No están pidiendo condonación de deuda, piden planes de pago”, aclaró el legislador. El segundo eje se vincula a implementar un alivio tarifario en los servicios de luz y agua, “una reducción del 50% durante un año”. “La ley propone una emergencia de todos estos puntos a mencionar durante un año para industrias pymes de la provincia”, apuntó. Un tercer punto establece créditos a tasa subsidiada, tasas blandas, a través del Nuevo banco del Chaco, para capital de trabajo, maquinaria y pagos impositivos. Recordó que la Comisión de Industria se conforma de miembros del oficialismo y la oposición “por lo que los diputados oficialistas escucharon de voz propia esta problemática”. “La situación es muy crítica, no hay tiempo, necesitamos una herramienta urgente para evitar el cierre de empresas con muchos años de trayectoria. Cuando cierra una empresa hay muchos trabajadores que quedan sin empleo. Necesitamos que la provincia crezca, necesitamos más empresas no que cierren; necesitamos más puestos de trabajo para que nuestras familias y ciudadanos tengan mejores oportunidades”, sostuvo. “Esperemos tener el consenso necesario, que el oficialismo pueda acompañar”, manifestó Moser.
En el marco de un nuevo aniversario de Ni Una Menos, Laura Martínez Cánepa, coordinadora provincial de Mumalá, advirtió sobre el impacto de los recortes en políticas de género, alertó por la disminución de denuncias y reclamó la declaración de la emergencia nacional para fortalecer la asistencia a víctimas. En diálogo con CIUDAD TV, Laura Martínez Cánepa, coordinadora provincial del movimiento, recordó que el 3 de junio de 2015 representó un punto de inflexión social frente a la problemática de la violencia machista. “Fue algo histórico en donde toda la sociedad salió a las calles y abrazó el reclamo del movimiento de mujeres, abrazó también la lucha feminista”, expresó. Según explicó, a partir de aquella movilización comenzaron a visibilizarse con mayor fuerza las situaciones de violencia de género y se abrieron debates públicos sobre normativas y políticas de protección. En ese contexto también nació el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de Mumalá, dedicado al relevamiento de datos y elaboración de informes. Martínez Cánepa presentó cifras relevadas por el observatorio entre el 3 de junio de 2015 y el 30 de mayo de 2026. Según detalló, en ese período se registraron 3096 feminicidios en el país y 115 en la provincia del Chaco. “Estas cifras parecen duras, pero son las historias y las vidas de mujeres, de jóvenes, de personas que tenían sueños, proyectos y que fueron víctimas del abandono del Estado y de la violencia machista”, afirmó. Además, señaló que 3011 niños y niñas quedaron sin sus madres como consecuencia de estos crímenes y advirtió sobre una caída en las denuncias previas realizadas por las víctimas. “El 17% de las víctimas había denunciado y desde 2023 hasta ahora el porcentaje de denuncias bajó al 9%”, indicó. En ese sentido, cuestionó los discursos instalados sobre supuestas falsas denuncias y sostuvo que actualmente el problema es la falta de acceso a mecanismos de protección. “Lo que está faltando justamente son denuncias”, afirmó, y vinculó esta situación al recorte de recursos y a la pérdida de jerarquía institucional de organismos vinculados a políticas de género. Durante la entrevista, Martínez Cánepa reiteró el pedido de aprobación del proyecto de ley para declarar la emergencia nacional por violencia de género, iniciativa impulsada en dos oportunidades. “Es necesario porque creemos que es urgente la situación que se vive”, sostuvo, y remarcó la necesidad de garantizar presupuesto y equipos interdisciplinarios para asistir a mujeres en situación de violencia en todo el país. “Tiene que haber un presupuesto acorde, tiene que haber equipos interdisciplinarios y tiene que existir un sistema que acompañe a la mujer, que no la deje sola”, expresó. La coordinadora provincial de Mumalá también cuestionó decisiones adoptadas por el Gobierno nacional y sostuvo que hubo una reducción de programas orientados al acompañamiento de víctimas de violencia de género. Entre ellos mencionó la Línea 144, de atención y asistencia, y el programa Acompañar. “La agenda de la protección de las mujeres y la lucha contra la violencia de género no es parte de la agenda de este gobierno”, afirmó. Respecto de la evolución social de la problemática, consideró que desde 2015 hubo avances en términos de conciencia colectiva, aunque advirtió señales de retroceso en los discursos públicos. “Hubo un click en la sociedad”, expresó, aunque sostuvo que actualmente observan “un retroceso en lo discursivo” vinculado a expresiones que niegan la violencia machista y afectan los consensos alcanzados. “Llamamos a la sociedad a ponerse firme y a no ceder derechos ya conquistados”, concluyó.
Las familias que atraviesan la pobreza más extrema son las que tienen hijos y viven en las zonas rurales de los departamentos de Ramón Lista (Formosa), Rivadavia (Salta), Sarmiento (Formosa), San Martín (Santiago del Estero), Santa Catalina (Santiago del Estero) y Figueroa (Santiago del Estero). Así lo refleja el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). En un contexto en que el gobierno de Javier Milei afirma que logró sacar a 15 millones de argentinos de la pobreza y muestra orgulloso una baja en la tasa de pobreza del 41,7% en el inicio de su mandato a un 28% actual según el Indec, especialistas, organizaciones y referentes territoriales cuestionan estas cifras. Precisamente, esto lo marca el informe “Índice de pobreza multidimensional extrema” realizado en exclusiva para el diario La Nación por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA). Sostienen, entre sus argumentos, que al concentrarse únicamente en los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica y en las zonas urbanas, la medición oficial no es un reflejo fiel de la realidad a la que los hogares más desfavorecidos de la Argentina profunda – esa a la que hay que embarrarse para llegar – se enfrentan todos los días. Que hay un núcleo duro de pobreza estructural que sigue siendo invisible y, por ende, está desatendido. El medio porteño contactó al Ministerio de Capital Humano de Nación para conversar sobre estos datos, pero no obtuvo respuesta. ¿Qué es lo novedoso de este estudio? Que combina los datos del Censo 2022 y los de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA-UCA) de 2023, logrando un mapa de la pobreza extrema en el país por localidades y departamentos, definida como el riesgo de concentración de inseguridad alimentaria en hogares particulares. Esto permite localizar núcleos de vulnerabilidad estructural y constituye una herramienta para el análisis territorial de desigualdades. Además, brinda una mirada nacional sobre los aspectos de la marginalidad más difíciles de superar como las condiciones materiales de la vivienda, el acceso a servicios básicos, el nivel educativo de los padres y su situación laboral. Índice de vulnerabilidad socioeconómica El índice calculado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA combina once indicadores censales vinculados a la vivienda, servicios básicos, educación, empleo y la vulnerabilidad asociada a la infancia. Se expresa en una escala de 0 a 100, donde a mayor número, mayor vulnerabilidad socioeconómica. En este relevamiento que muestra un índice del 1 al 100 (siendo 100 el nivel máximo de pobreza), el foco está puesto no en la cantidad de dinero que tiene una familia para vivir, sino en su estructura, su situación de hacinamiento, si el jefe de hogar tiene trabajo y en el acceso a derechos fundamentales, entre otras variables. De este modo, el trabajo permite trazar un panorama más fidedigno de cuál es la realidad de las comunidades más vulnerables. Falta de acceso a derechos básicos. El índice mide variables como hogares con calidad constructiva deficiente, con al menos un menor que no asiste a la escuela y con déficit sanitario, entre otras que hablan de una pobreza estructural; todas estas carencias dejan marcas en el presente y en el futuro de los niños El norte postergado El estudio revela que los peores índices de pobreza se concentran con más crudeza en el NOA (39,5) y el NEA (38,1), superando ampliamente a regiones como la pampeana (30,0), el AMBA (29,9) o la Patagonia (29,6). Allí, en los parajes más aislados del norte del país, ”todavía existen familias numerosas viviendo hacinadas en ranchos de una habitación, sin acceso al agua potable, sin luz, con el baño afuera y con niños que comen, con suerte, una vez al día”, expresa Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA y una de las autoras del informe. “Estamos hablando de que la inteligencia artificial va a venir a solucionar el mundo, mientras que en nuestro propio país hay gente que tiene que salir a cazar para comer. La pobreza más extrema es cuando el sistema no registra que existís y eso es lo que pasa en las zonas más vulnerables de la Argentina”, dice Jerónimo Chemes, fundador de La Chata Solidaria, una ONG que brinda asistencia a las familias del Impenetrable chaqueño. Sostener a los hijos A nivel provincial, las jurisdicciones con mayores índices de vulnerabilidad son Santiago del Estero (42,5), Formosa (40,9), Salta (40,9), Jujuy (40,5) y Chaco (39,1). Todas pertenecen al norte del país. En estas provincias, los porcentajes de hogares con niños y adolescentes también son los más elevados, en general por encima del 50%. Esta situación deja en evidencia que los territorios más desfavorecidos no solo presentan peores condiciones estructurales, sino también una mayor proporción de hogares con población de entre 0 y 17 años. La Nación quiso saber qué programas están implementando los gobiernos de otras provincias como Salta y Formosa para combatir la pobreza extrema, pero no obtuvo respuesta. El peso del aislamiento Hay que recorrer caminos de tierra durante varias horas para llegar. A veces, son un arenal que se come las ruedas de las motos y los autos. Otras, un barrial que frena a cualquier vehículo. También, puede ser un charco de agua que nadie se anima a cruzar. Otra de las variables que incide en la situación de emergencia de las familias es si están cerca de una ciudad o viven en el campo. En la mayor parte del país, la pobreza se intensifica en las zonas rurales. “¿Por qué lo rural tiene cifras mayores en el índice? Porque medimos indicadores que son avances civilizatorios en el ámbito del hábitat, en el mundo del trabajo y de la educación, que llegan más tempranamente a los ámbitos urbanos. En lo rural, lo más grave son las grandes barreras al desarrollo que tienen los niños pobres porque están muy limitados a acceder a la educación y a resolver problemáticas vinculadas con la salud que
El gobernador bonaerense Axel Kicillof visitó este miércoles la ciudad de Corrientes, donde se reunió con su par Juan Pablo Valdés para suscribir convenios destinados a fortalecer la cooperación entre ambas provincias en materia productiva y de integración comercial. Tras las firmas, celebradas en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno correntina, Kicillof afirmó: “Con la firma de estos acuerdos venimos a poner en valor el federalismo: con Corrientes compartimos problemas y dificultades, pero también la solidaridad y la voluntad de utilizar todas nuestras capacidades para cooperar y salir adelante”. “Estamos convencidos de que entre las jurisdicciones nos debemos mutua colaboración: en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires, quiero dejar bien claro que estamos junto al pueblo de Corrientes para acompañarlo y ayudarlo en lo que necesiten”, concluyó Kicillof. Por su parte, Valdés expresó: “Los gobernadores tenemos que dialogar y trabajar más en conjunto para fortalecer el federalismo: este es un paso muy importante en la búsqueda de respuestas ante problemáticas similares de nuestros pueblos”. Uno de los convenios promueve la incorporación de productores arroceros de Corrientes al Programa Mercados Bonaerenses. Esto contribuirá a la ampliación de los canales de comercialización de los productores locales, quienes podrán llegar sin intermediarios a mercados fijos y ferias, al mismo tiempo que permitirá a los consumidores bonaerenses acceder a nuevos productos de calidad a un precio accesible. En materia de desarrollo agropecuario, se firmó un acuerdo de cooperación técnica enfocado en el mejoramiento genético animal. A través de este mecanismo, la Provincia de Buenos Aires compartirá los avances de investigación logrados en su red de 16 Chacras experimentales, facilitando a los productores correntinos la adquisición de material genético bovino y ovino de alta calidad. El intercambio incluirá transferencia tecnológica y experiencias conjuntas para fortalecer la innovación, mejorar la productividad cárnica y potenciar la competitividad de pequeños y medianos productores. Estuvieron presentes los ministros del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso; y de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el dirigente Alberto Descalzo.
Con esta intervención, la APA continúa fortaleciendo la infraestructura hídrica provincial y consolidando acciones preventivas destinadas a reducir riesgos de anegamientos, proteger a las comunidades y mejorar la capacidad operativa del sistema de drenaje ante contingencias climáticas. La incorporación de esta bomba permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante eventos climáticos y garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema de desagües en una de las áreas estratégicas del área metropolitana. La Administración Provincial del Agua (APA) puso en funcionamiento una bomba completamente reacondicionada en la Estación de Bombeo Nº15 de Barranqueras, fortaleciendo el sistema de drenaje de excedentes hídricos en el barrio UCAL y zonas aledañas. El equipo tiene una capacidad de bombeo de 60.000 litros por minuto y forma parte del plan de mantenimiento y optimización de las defensas contra inundaciones que lleva adelante el Gobierno del Chaco. El presidente de la APA, Jorge Pilar, destacó que el organismo trabaja de manera sostenida en la ejecución del plan preventivo de inundaciones para el Gran Resistencia, complementando estas acciones con tareas de limpieza y mantenimiento de canales de drenaje en distintas regiones productivas de la provincia, en coordinación con Vialidad Provincial y los Consorcios Camineros. “Es fundamental que los equipos estén en óptimas condiciones para cumplir su función cuando sean necesarios, especialmente considerando las perspectivas vinculadas con el desarrollo del fenómeno climático de El Niño para los próximos meses”, señaló Pilar. Por su parte, el director de Sistema Hídrico de la APA, Omar Navarro, explicó que el equipo instalado corresponde a una bomba marca Flygt que fue reacondicionada integralmente y que cuenta con una capacidad de evacuación de hasta 60.000 litros de agua por minuto. La Estación de Bombeo Nº15 cumple una función clave dentro del sistema hídrico de Barranqueras, ya que permite el drenaje de la cuenca comprendida entre las avenidas 9 de Julio, Castelli, España y Mosconi. Además, recibe el aporte de un canal paralelo a las vías ferroviarias que descarga en las piletas de UCAL y se vincula posteriormente con la estación de bombeo ubicada sobre avenida Mosconi.
La concejal de Resistencia Ana María Verón se refirió al tratamiento del proyecto sobre la actividad de las personas que cuidan y lavan vehículos, anticipó posibles modificaciones para que la normativa sea aplicable y planteó alternativas de capacitación laboral. También habló de sus aspiraciones políticas para 2027, la situación de los servicios urbanos y respondió sobre la polémica por el kiosco municipal. Verón confirmó que el proyecto vinculado a cuidacoches y lavacoches aún deberá volver a discutirse en comisión antes de regresar al recinto del Concejo Deliberante, luego de que la sesión anterior fracasara por falta de quórum. En los estudios de CIUDAD TV, explicó el estado legislativo de la iniciativa, consideró que sufrirá modificaciones y sostuvo que el objetivo es lograr una herramienta “aplicable”. “Cuando una sesión cae, todo lo que está en el orden del día vuelve a comisión”, explicó la edil al referirse al proyecto sobre los cuidacoches, que había quedado incluido en el temario de una sesión que no pudo concretarse por falta de quórum. Según detalló, el expediente regresó a la comisión de Obras y Servicios Públicos, que ella preside, aunque todavía no ingresó formalmente al temario de tratamiento. “Seguramente la semana que viene ingresará al tratamiento en la comisión y dentro de la comisión uno puede ingresar las modificaciones que crea conveniente”, indicó. En ese sentido, anticipó que podría haber cambios al texto original luego de conversaciones con el Ejecutivo municipal. “La idea es sacar un proyecto superador en el sentido de que pueda ser aplicable”, sostuvo. Verón explicó que uno de los principales obstáculos radica en las competencias municipales. “El municipio no tiene el poder de policía”, señaló y remarcó que una eventual prohibición necesita incorporarse al Código Contravencional para tener herramientas de aplicación. “Si no, es una norma sin sentido porque no tiene la fuerza obligatoria”, afirmó. La concejal también se refirió a los operativos policiales recientes vinculados con personas que realizan actividades de cuidado de autos en la vía pública y aclaró que, según le informaron desde la fuerza, las actuaciones se dieron en el marco de averiguación de antecedentes y resistencia a la autoridad. “Tenemos muchas denuncias de particulares con respecto a cuestiones extorsivas o de violencia”, aseguró. No obstante, aclaró: “No son todos”, aunque señaló que existiría un relevamiento policial de entre 210 y 220 personas identificadas en esa actividad, algunas con antecedentes. Consultada sobre una propuesta de la oposición para registrar y regularizar a los cuidacoches, Verón planteó reparos y consideró que una inscripción formal implicaría reconocer la actividad. “Cuando uno hace una registración de algo lo está reconociendo una actividad”, expresó. Además, señaló que el Municipio trabaja en alternativas de inserción laboral para quienes hoy realizan tareas de cuidacoches. Según indicó, el secretario de Gobierno, Emilio Varisco, impulsa junto a la Fundación Soy Chaco capacitaciones en oficios y herramientas para emprendimientos. “No hay que romantizar la pobreza”, afirmó la concejal, y agregó: “Nosotros tenemos que crearle la oportunidad para que tenga otra salida y que no sea ese su final porque es lo que le tocó en la vida”. Escenario político y gestión legislativa En otro tramo de la entrevista, Verón confirmó públicamente su intención de competir por la Intendencia de Resistencia en 2027, aunque aclaró que acompañaría una eventual reelección del actual jefe comunal. “Yo le manifesté abiertamente mi intención de ser candidata a intendente de la ciudad de Resistencia”, reveló, al tiempo que contó que esa aspiración ya fue conversada con el intendente Roy Nikisch. Sin embargo, aclaró: “Si él decidía reelegirse en el 2027, yo sería una de las primeras que lo acompañaría”. Respecto de la ciudad, consideró que hubo mejoras en servicios, aunque reconoció cuestiones pendientes. Entre ellas, mencionó la necesidad de extender obras de ripio y reforzar la gestión de residuos. “Hay lugares donde no hemos llegado todavía”, dijo sobre la infraestructura vial y adelantó que el Municipio evalúa un convenio para ejecutar “1000 cuadras más de ripio”. Sobre la recolección de residuos, sostuvo que “la basura sigue siendo un tema pendiente”, aunque atribuyó parte de la problemática a conductas vecinales. “Tenemos vecinos que siguen sacando cualquier hora”, afirmó. Finalmente, fue consultada por la polémica generada en torno al kiosco municipal. Al respecto, señaló que el Concejo aprueba partidas presupuestarias, pero que la ejecución de obras corresponde al Ejecutivo. “Si la oposición o cualquiera considera que eso no está o hay algo oscuro y no se condice con la realidad, hay que ir a denunciar en los organismos pertinentes”, sostuvo, y remarcó que los mecanismos de control institucional deben actuar ante eventuales irregularidades.
La oposición denuncia que el libertario quiere ocultar los gastos tributarios del RIGI y que demora la revisión de la ejecución presupuestaria 2025. Fuentes libertarias justificaron el despliegue bajo la premisa de que “está bien auditar” con el argumento de la búsqueda de transparencia. Desde el peronismo alertaron que la maniobra del oficialismo es para “impedir el funcionamiento” de la OPC. Bertie Benegas Lynch mandó este martes un grupo de 10 asesores para iniciar una auditoría de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un ámbito parlamentario que coteja la ejecución presupuestaria y suele incomodar a los gobiernos de turno. Entre los legisladores al tanto de la situación, al cierre de esta nota, se expandía la información sobre la irrupción de esa tropilla parlamentaria como un acto prepotente e intimidante. La intentona del legislador trascendió porque los empleados de la Cámara Baja alertaron al instante cuando las autoridades mandaron a los supuestos auditores. “¡En este momento! 10 personas, diciendo que son enviadas por las autoridades de la HCDN, ingresan sin previo aviso en la Oficina de Presupuesto del Congreso OPC, y anuncian que empieza en el acto una auditoría integral del organismo”, decía el mensaje que llegó a LPO. Un senador peronista comentó que recibió un aviso similar. “Acaban de caer, en malón, 10 personas a la OPC diciendo que son de la Auditoría de la HCDN”, era el contenido del chat. Lo más curioso es que Martín Menem negaba en la intimidad haber sido el responsable de la delegación que se atribuía la potestad de intervenir. El desembarco de los enviados de Bertie se produjo justo el mismo día en que se constituyó la comisión bicameral de Supervisión Parlamentaria de la OPC, bajo la presidencia del propio Benegas Lynch. En esa reunión de conformación, los legisladores del gobierno impulsaron una resolución para auditar la oficina, algo que despertó la resistencia del peronista Carlos Castagneto. Como el reglamento de ese cuerpo establece que debe integrarse por el titular de la comisión de presupuesto, su vice y su secretario y también sus pares del Senado, junto al economista libertario se sentaron Castagneto, la macrista Daiana Fernández Molero, y los senadores Agustín Monteverde y Silvana Schneider. De hecho, las resoluciones que quisieron incorporar Benegas Lynch y Monteverde al debate de la bicameral no estaban previstas en el temario. Castagneto, miembro del bloque UP, se negó a discutirlas: “ni siquiera se revisó la ejecución del Presupuesto y nos quieren hacer aprobar cosas sin leer”, se quejó. Como sea, la excusa del oficialismo para emprenderla contra la OPC sería la circulación de un rumor acerca de los servicios de una consultora vinculada a un legislador que ese ámbito habría contratado. “Se pusieron nerviosos”, dice un funcionario libertario. Un opositor deslizó ante LPO que “la patoteada injustificada en la OPC es un berretín de Benegas Lynch”. “No soporta que se publiquen informes con gastos tributarios que él quiere esconder”, señaló. En la misma sintonía, el peronista Guillermo Michel había publicado el fin de semana un informe por el cual estimó en 1 punto porcentual del PBI la pérdida por gasto tributario a causa del RIGI cada 100 mil dólares que ingresen, algo que podría salir a la luz en la OPC justo cuando el gobierno vuelve a la carga con un proyecto que reedita la iniciativa contenida en la Ley Bases. Fuentes de la OPC dijeron a LPO que “la oficina reporta a la comisión bicameral y, en el mismo momento de su constitución, ayer se produjeron una serie de resoluciones que incluyen el inicio de una auditoría”. Lo que podría ocurrir en los próximos días es que, en cumplimiento de esa decisión, Menem convalide el envío de auditores. La Política Online
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) continúa avanzando en las acciones judiciales destinadas a recuperar la posesión del predio correspondiente al programa Casa Activa en la localidad de Margarita Belén. En este marco, autoridades judiciales llevaron adelante tareas de constatación y recolección de información en el lugar, un paso clave para el avance del proceso.El presidente del organismo, Fernando Berecoechea, destacó que la intervención judicial se desarrolla luego de superar distintos obstáculos administrativos que retrasaron las diligencias previstas originalmente. Según explicó, este constituye el segundo intento de constatación por parte de la Justicia. El primero debió ser reprogramado luego de que el Concejo Municipal de Margarita Belén aprobara una modificación en la nomenclatura catastral del inmueble pocos días antes de la fecha fijada para la inspección, situación que obligó a adecuar la documentación del expediente y postergar momentáneamente las actuaciones. Una vez subsanadas estas cuestiones administrativas y legales, la Justicia pudo retomar las diligencias correspondientes bajo los nuevos registros oficiales, avanzando así en la verificación de la situación del predio. Berecoechea remarcó que tanto los terrenos como las edificaciones forman parte de un convenio exclusivo entre organismos públicos y pertenecen al ámbito de competencia del IPDUV. Asimismo, recordó que el programa Casa Activa fue concebido originalmente como un complejo destinado a adultos mayores, integrado por un Centro de Día y unidades residenciales especialmente adaptadas para ese sector de la población. “El objetivo es garantizar que este proyecto pueda cumplir con la finalidad social para la que fue diseñado y financiado, brindando un espacio adecuado para la atención y el acompañamiento de los adultos mayores”, sostuvo el titular del organismo. Desde el IPDUV señalaron además que la obra permanece paralizada desde mediados de 2023, con un avance cercano al 50 por ciento de ejecución. En ese sentido, informaron que continúan las gestiones para reactivar los trabajos y finalizar la infraestructura prevista, en coordinación con los organismos competentes y las empresas contratistas involucradas. Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso de resguardar el patrimonio público y garantizar que las inversiones realizadas se traduzcan en beneficios concretos para la comunidad, respetando el destino original del programa y el marco legal vigente.
Mariano Moro, subsecretario de Ambiente, confirmó que este miércoles fue levantada la veda extraordinaria que regía para un tramo del río Paraná, tanto en costa chaqueña como correntina, debido a la presencia de un cardumen de surubíes y con el objetivo de proteger esta fauna ictícola. Aclaró que la medida no se levantó por el reclamo sectorial que llevaron a cabo en esta misma jornada un grupo de malloneros, sino porque “la subsecretaría llevó adelante la tarea de control en territorio y verificó que el efecto se había disuelto, el cardumen no estaba más y no estaban las condiciones que habían habilitado la veda extraordinaria”. Remarcó que los malloneros “pueden seguir trabajando donde se había decretado” la veda. Agradeció la participación de la Policía del Chaco, la Prefectura Naval y a la Asociación de Pescadores de la Isla del Cerrito. “Lamentablemente, hoy en día estuvimos ante un hecho de público conocimiento, con una manifestación de un sector de pescadores debajo del puente (Chaco- Corrientes)”, dijo y aclaró que la protesta “no tiene nada que ver con la veda porque no regía en esa zona”. “No tiene nada que ver con la veda ni con el levantamiento de la veda. Es un reclamo por ora vía y es lamentable que lleguemos a esta situación porque perjudica a toda la sociedad”, sostuvo. Insistió en aclarar que la veda no se levantó por el reclamo y agregó: “Queremos que la sociedad sepa que estamos trabajando, pero que no vamos a ceder a reclamos extorsivos de ningún sector”. Recordó que la veda se decretó el viernes porque había un cardumen un sector del río. “Era necesario proteger el cardumen”, sostuvo el funcionario y reconoció el respaldo de la Asociación de Pescadores de la Isla del Cerrito, zona afectada por la presencia, “que acató la medida, colaboró con nosotros para verificar cómo estaba el cardumen y una vez que pasó el evento levantamos la veda, la levantamos hoy. Se protegió el recurso”. Con el mismo énfasis, remarcó que “así como se terminaron los piquetes en la ciudad, el gobierno va a garantizar el estado de derecho y los reclamos van a ser atendidos si son ejercidos por las vías del diálogo. Pero las acciones directas y violentas no van a ser consentidas por el Gobierno y la justicia ya está actuando en este sentido”.
En detalle, el pedido de la defensa de los empresarios busca dilucidar si hay indicios de clonación de la voz de Diego Spagnuolo – extitular de la agencia nacional – o modificación mediante IA. En esta línea, el exfuncionario ya había presentado su perito de parte, cuestiono la pericia y detalló que no aportará su voz. Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática. La defensa de Jonathan y Eduardo Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina designó una perito informática, solicitó ampliar los puntos de pericia sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo en el caso ANDIS y pidió que la experta analice si el material pudo haber sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, clonación de voz o técnicas de edición digital avanzadas. En una presentación judicial, el abogado de la familia Kovalivker, Martín Magram, reclamó que la perito determine si los registros presentan “indicios de clonación de voz”, “modificación mediante inteligencia artificial”, “procesamiento mediante voice synthesis”, “deep voice manipulation” o “utilización de herramientas de postproducción automatizada”. El planteo busca que la pericia ordenada por el juez Ariel Lijo sobre los audios atribuidos a Spagnuolo en los que se describen hechos de corrupción en la ANDIS vaya más allá de la autenticidad básica de los archivos y avance sobre posibles intervenciones tecnológicas que podrían haber alterado el contenido difundido. “Dado que el material auditivo en cuestión haber sido: editado, segmentado, recompuesto, comprimido múltiples veces, retransmitido, o manipulado mediante herramientas digitales, resulta imprescindible que la fuerza pericial interviniente efectúe un análisis técnico completo bajo estándares internacionales de informática forense y acústica forense”, dice la presentación de los Kovalivker Además, la defensa pidió un análisis técnico destinado a establecer la existencia de múltiples generaciones digitales del material. En ese sentido, solicitó que se determine la “cantidad de recompresiones detectables”, el “tipo de codec utilizado”, la presencia de “alteraciones por exportación sucesiva” y posibles “incompatibilidades entre metadata y estructura digital”. Los Kovalivker designaron como perito de parte a la licenciada Cecilia Vera, una especialista en informática. Otro de los puntos incorporados apunta a reconstruir la historia de los archivos. Los abogados requirieron que se intente establecer la “secuencia temporal de edición”, identificar “puntos de corte”, eventuales “superposiciones de capas”, “inserciones no naturales” y posibles “pérdidas de continuidad lógica y acústica”. La presentación también reclama un análisis comparativo entre todas las versiones disponibles de los audios. Concretamente, pidió que se cotejen “los archivos obrantes en autos”, aquellos “difundidos en medios” y “cualquier otra versión circulante”, con el objetivo de detectar diferencias técnicas o modificaciones entre las distintas copias. Pedido de máxima preservación de la evidencia La defensa también hizo especial hincapié en la preservación de la prueba digital y solicitó medidas de resguardo para garantizar la integridad de los archivos. Entre otras cuestiones, requirió que “toda manipulación del material quede registrada”, que se documenten los accesos realizados por los especialistas y que se generen “hashes criptográficos” herramientas utilizadas para verificar que un archivo no haya sido alterado durante su análisis. Asimismo, pidió que se conserve una “bitácora completa de intervenciones” y que se evite “cualquier sobrescritura o alteración del soporte original”. Por último, reclamó que las tareas periciales se realicen únicamente sobre copias forenses verificadas y no sobre los archivos originales, una práctica habitual en investigaciones informáticas destinada a preservar la evidencia sin riesgo de modificación. Con esta propuesta de los puntos de pericia, los dueños de Droguería Suizo Argentina buscan que los expertos determinen no sólo si los audios son auténticos, sino también si pudieron haber sido editados, reconstruidos o modificados mediante herramientas digitales o inteligencia artificial. La droguería es nombrada en los audios, pero aún los Kovalivker, que fueron allanados al comienzo de la investigación, no fueron citados a indagatoria. En la causa está procesado Spagnuolo, entre otras personas. Ámbito
En un nuevo golpe al bolsillo, entraron en vigencia los aumentos previstos para Junio. En ese marco, la garrafa con carga de 10 kilos YPF que hasta este martes costaba $30.000 puesta en domicilio con servicio de repartidor, ahora tiene un valor de $32.000. Sin embargo los precios alcanzaron niveles récord en categoría tubos con carga de 45 kilos, que ahora cuesta $105.000; mientras el tubo con carga de 30 kilos se comercializa a $63.400. Las garrafas de 10 kilos como también de diferentes presentaciones, volvieron a subir en un contexto marcado por constantes aumentos de precios en productos y servicios de primera necesidad para la canasta básica de las familias. Además, se esperan fuertes aumentos para los próximos meses de invierno debido al faltante del producto por la guerra en Medio Oriente. De todos modos, hay alternativas más económicas en garrafas sin marca definida. Asimismo, también está disponible la opción de retirar en planta, donde la garrafa con carga de 10 kilos se comercializa a $25.000 según confirmaron a Periodismo365, fuentes de la empresa Ruvira Gas YPF, ubicada en Ruta Nacional Nº 16, kilómetro 181. Cabe remarcar que la última actualización se produjo el pasado 7 de marzo y la suba de este miércoles impacta directamente en los bolsillos de miles de familias y comercios gastronómicos, panaderías y otros rubros donde el gas es un insumo indispensable. Vale remarcar que la empresa Ruvira Gas YPF tiene disponible su catálogo de precios actualizado en diferentes plataformas para pedidos. Medios nacionales informan que el abastecimiento de GNL para la generación de energía eléctrica en este invierno entró en una zona de turbulencia por la guerra en Medio Oriente, dado que disparó el precio, lo cual impactará directamente en las tarifas que se pagarán durante los meses más fríos. El Gobierno nacional decidió que la importación de GNL, que antes realizaba ENARSA con fondos del Tesoro, ahora la realice una empresa privada a su costo y luego venda el fluido en el mercado interno. La estrategia fue diseñada antes de que se desatara el conflicto y con un escenario mucho más previsible que ahora se ha modificado. Sin embargo, por el momento el gobierno avanza con el mismo plan. Pese al desarrollo de Vaca Muerta, la infraestructura necesaria para el transporte no está terminada y, por ende, aún el país depende de la compra de cargamentos de GNL para sostener la demanda del invierno. Periodismo365
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó que los pagos observados por la oposición legislativa se ajustaron a los valores de mercado y descartó la existencia de perjuicio para el Estado. La actuación se originó a partir de una denuncia presentada por legisladores del Bloque Justicialista y del Frente Grande, quienes cuestionaron contrataciones realizadas entre octubre de 2024 y julio de 2025, señalando presuntas irregularidades vinculadas a sobrefacturación, direccionamiento de contrataciones y eventual perjuicio al erario público. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la Provincia del Chaco dispuso el cierre de la investigación iniciada contra el Directorio de Ecom Chaco S.A. mediante la Resolución N° 3107/26. El organismo concluyó que los pagos realizados por la empresa estatal en concepto de servicios notariales no fueron excesivos ni irrazonables, descartando la existencia de sobreprecios. Tras el análisis de documentación respaldatoria, comprobantes, actas de directorio, tablas arancelarias del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco y una auditoría con intervención del Tribunal de Cuentas, la FIA desestimó las acusaciones formuladas. Conclusiones de la investigación En los fundamentos de la resolución, el fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón sostuvo que los honorarios abonados a la profesional interviniente mantuvieron correspondencia con los valores de referencia establecidos por el Colegio de Escribanos. La auditoría determinó que los montos abonados superaron en aproximadamente un 11% el mínimo indicativo establecido por la entidad profesional, diferencia que fue considerada compatible con las prácticas habituales del mercado. A partir de estas conclusiones, la Fiscalía señaló expresamente que los importes analizados “no resultan excesivos ni irrazonables”, por lo que resolvió finalizar la investigación sin formular cargos, imputaciones ni remitir antecedentes a la Justicia Penal. El organismo también consideró que el incremento en la facturación observado durante el período investigado respondió a situaciones excepcionales de gestión, entre ellas la certificación notarial vinculada a la desvinculación formal de 86 trabajadores y la regularización de trámites institucionales ante la Inspección de Personas Jurídicas que permanecían pendientes desde 2018. Si bien la FIA validó la legalidad de las contrataciones y los montos abonados, efectuó recomendaciones orientadas a fortalecer los procedimientos internos de compras y contrataciones, sugiriendo la actualización de herramientas administrativas y mecanismos de control documental. Desde Ecom Chaco señalaron que esas mejoras forman parte de un proceso de modernización ya iniciado por la empresa. Avances en transparencia y digitalización Entre las acciones implementadas, la empresa destacó la utilización de la Subasta Electrónica Inversa, una herramienta digital que permite la competencia abierta entre proveedores mediante la reducción progresiva de precios en tiempo real. Según datos de la empresa, durante 2025 este sistema permitió generar ahorros superiores a los 300.000 dólares respecto de los valores de referencia iniciales de los procesos de compra realizados. Asimismo, Ecom Chaco informó que trabaja en la implementación de ECOMPRAS, un nuevo manual de adquisiciones y contrataciones que incorporará expedientes electrónicos trazables y mecanismos de publicación digital de los resultados de cada proceso comercial. Con el cierre de la actuación administrativa y la ausencia de observaciones sobre los montos investigados, la resolución de la FIA descartó la existencia de sobreprecios en las contrataciones que dieron origen a la denuncia.
Un joven de 22 años que cumplía tareas comunitarias por manejar borracho en la provincia de Buenos Aires volvió a estar en problemas cuando en un control se constató que de vuelta dio alcoholemia positiva. Durante el procedimiento dio una insólita justificación. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) detectó a un conductor que manejaba con 0,39g/l de alcohol en sangre durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar. En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al volante, por lo que cualquier resultado positivo constituye una infracción. Conforme a la información aportada a la Agencia Noticias Argentinas, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias por una alcoholemia positiva registrada el año pasado: “Tuve un quilombo que me hizo viral, imaginate”. Ante la consulta de los agentes sobre el resultado positivo, intentó justificar la situación argumentando que había consumido una ensalada con vinagre durante una reunión familiar y que también había tomado una copa de vino porque “me dio para probar el abuelo de ella”, en referencia a su novia. Aun así, los agentes a cargo del operativo, al ver la medición del alcoholímetro, le manifestaron de forma contundente que el resultado “no es por la ensalada. Esto es alcohol”. Vasos con alcohol dentro del vehículo y llamados desesperados Durante la fiscalización, el conductor llamó a sus padres para intentar resolver la situación: “¿Podés hablar con papá, por favor? Despertalo”, se lo escucha decir en una conversación registrada por las cámaras del operativo. Además, dentro del vehículo, donde viajaba acompañado por su novia, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas, elementos que quedaron documentados como parte del procedimiento: “Yo no lo toqué, lo compré para ella”, se excusó. Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir. También deberá afrontar una multa de hasta $2.215.000 y enfrenta una nueva inhabilitación que puede extenderse entre 3 y 18 meses.
La Libertad Avanza y los bloques opositores acordaron hoy postergar hasta la próxima semana el pliego de la jueza Verónica Michelli, que ya tiene dictamen oficializado, y tratar mañana los dictámenes de 50 candidatos a la Justicia, sumado a proyectos de fondos buitres y de propiedad privada. Además hoy se presentará en mesa de entradas el dictamen firmado por opositores donde avalan a Michelli, que fue vetada por el presidente Javier Milei por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas. Voceros señalaron que en la sesión de mañana deberá ingresar el pedido del Gobierno de retiro del pliego de Michelli y la próxima semana se pondrá a votación tanto esa solicitud que hoy no tiene los votos. Posteriormente el dictamen que podría reunir las mayorías necesarias. El debate sobre el temario se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, donde el oficialismo y los bloques dialoguistas consensuar incluir los pliegos de 50 jueces y los proyectos de pago a dos fondos buitres y de propiedad privada. El encuentro se realizó un día después que se haya disparado una fuerte interna en el oficialismo, tras la decisión de la jefa de la LLA, Patricia Bullrich, de poner su renuncia a disposición a la jefatura del bloque, luego de haber criticado el veto del Gobierno al pliego de Michelli. Bullrich hoy intentó minimizar los alcances del conflicto interno del oficialismo al afirmar que “no hay riesgo de fractura y que “las divergencias son parte de la política”. Jueces La Comisión de Acuerdos elevó para tratar en la sesión unos 73 pliegos, pero mañana se tratarán solo unos cincuenta. En lista de espera también se encuentran los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, que habían sido objetado por sus fallos que favorecieron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, y de Juan Mejuto, cercano a Justicia Legítima.
La Sala 1 de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal dictó el sobreseimiento de Mariano Cúneo Libarona, exministro de Justicia de la Nación, en el marco de una causa iniciada a principios de 2025 tras una denuncia del fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani. El tribunal resolvió revocar de esta manera la resolución de primera instancia que había rechazado la excepción de falta de acción interpuesta por la defensa del exfuncionario. El fallo contó con los votos mayoritarios de los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes determinaron la procedencia del planteo defensista al considerar que existía una “atipicidad manifiesta” en las conductas investigadas. La investigación penal penalizaba el presunto incumplimiento de deberes funcionales derivado del dictado de la Resolución 2024-377, mediante la cual la cartera de Justicia disponía la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en el ámbito jurisdiccional de Mar del Plata a partir de abril de 2025. La denuncia original argumentaba que dicha implementación se habría impulsado sin prever ni asignar los recursos económicos necesarios para garantizar su correcto funcionamiento. En su presentación ante la Cámara, la defensa técnica de C. L. sostuvo que el accionar cuestionado constituyó un acto de política criminal de competencia discrecional del Poder Ejecutivo y amparado por leyes vigentes, descartando la existencia de cualquier hipótesis delictiva. Al fundamentar su decisión de sobreseer al imputado, los magistrados Llorens y Bertuzzi argumentaron de forma contundente que el impulso normativo desarrollado por el exministro se basó en decretos del Poder Ejecutivo que estipulaban el calendario de puesta en marcha del nuevo código y en las propias obligaciones de su cargo. Según explicaron en el voto de la mayoría, resulta una contradicción jurídica insalvable reprochar penalmente la ejecución de una ley cuya estructura delictiva exige, justamente, que la norma no se cumpla. Asimismo, destacaron que el imputado obró en los límites de sus potestades respecto de un sistema de enjuiciamiento que lleva más de diez años de vigencia y que ha sido sostenido conceptualmente por las últimas cuatro administraciones nacionales. Por su parte, el tercer integrante de la Sala 1, el juez Leopoldo Bruglia, votó en disidencia parcial respecto del tratamiento inmediato del fondo de la apelación. El magistrado planteó que, atendiendo a las garantías del juez natural y dada la naturaleza de la denuncia —donde los efectos de la resolución ministerial se proyectaban concretamente en la jurisdicción marplatense—, correspondía examinar de manera preliminar la competencia territorial antes de emitir un veredicto penal. Por este motivo, propuso suspender transitoriamente el trámite y encomendar al juzgado de primera instancia que se pronuncie formalmente sobre la jurisdicción idónea para tratar el caso. Finalmente, de conformidad con las mayorías alcanzadas en el acuerdo general, el tribunal de alzada resolvió formalmente hacer lugar a la excepción por falta de acción por atipicidad manifiesta y dictar el sobreseimiento definitivo del exministro en los términos que prevé el Código Procesal Penal de la Nación. El fallo concluyó además con la expresa aclaración de que la tramitación de esta causa penal no afecta en modo alguno el buen nombre y honor del que goza el exfuncionario nacional implicado.
En el marco de un nuevo aniversario del movimiento Ni Una Menos, la diputada provincial Pía Cavana expresó su preocupación por la persistencia de los femicidios en la Argentina y reclamó fortalecer las herramientas de prevención, búsqueda y protección de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia. La legisladora recordó que, a once años de la primera movilización masiva contra la violencia machista, los indicadores continúan mostrando cifras alarmantes. Según señaló, en lo que va de 2026 se registraron 105 femicidios en el país, mientras que más de 70 niñas y niños quedaron sin su madre. Además, advirtió que el Chaco figura entre las provincias con mayores niveles de incidencia de estos delitos. “Tenemos inteligencia artificial para casi todo, pero seguimos sin inteligencia política y judicial para evitar femicidios”, afirmó Cavana al analizar la situación actual. La diputada sostuvo que uno de los principales desafíos sigue siendo la capacidad de respuesta estatal frente a situaciones de riesgo ya detectadas. En ese sentido, señaló que las denuncias, antecedentes y señales de violencia suelen estar presentes antes de los crímenes, pero muchas veces no se logra intervenir de manera eficaz para prevenirlos. Como ejemplo, mencionó el caso de Agostina, la adolescente de 14 años asesinada recientemente en Córdoba, y consideró que el hecho volvió a poner en discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda urgente ante la desaparición de niñas y adolescentes, entre ellos la Alerta Sofía. Asimismo, cuestionó que parte del debate público se concentre en la problemática de las falsas denuncias. Según indicó, distintos relevamientos judiciales muestran que este tipo de situaciones representan una proporción mínima de los casos analizados. Para Cavana, centrar la discusión en ese aspecto puede desviar la atención de las falencias existentes en los sistemas de prevención y protección de las víctimas de violencia de género. La legisladora también manifestó preocupación por la reducción de programas y dispositivos estatales destinados al abordaje de las violencias por razones de género. A su entender, el debilitamiento de equipos especializados y espacios de acompañamiento incrementa la vulnerabilidad de muchas mujeres que atraviesan situaciones de riesgo. En esa línea, planteó que la violencia de género no debe analizarse únicamente a partir de los femicidios consumados, sino también desde las condiciones estructurales que afectan la autonomía de las mujeres. Entre ellas mencionó la dependencia económica, la precarización laboral, la sobrecarga de tareas de cuidado y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de progenitores. “Hay miles de mujeres que sostienen solas a sus hijos porque los padres no cumplen con una obligación básica. También ahí hay una desigualdad estructural que condiciona proyectos de vida, limita la autonomía y dificulta salir de situaciones de violencia”, sostuvo. Finalmente, Cavana convocó a participar de las actividades y movilizaciones previstas para este 3 de junio y aseguró que los reclamos que dieron origen al movimiento Ni Una Menos continúan vigentes. Para la diputada, el desafío central sigue siendo construir mecanismos que permitan actuar antes de que la violencia llegue a sus consecuencias más extremas. “Una sociedad no retrocede únicamente cuando recorta políticas públicas; también retrocede cuando deja de reconocer las violencias que siguen atravesando la vida de miles de mujeres. Por eso seguimos marchando”, concluyó.
La vicepresidenta Victoria Villarruel recibió ayer a Verónica Michelli, la candidata a ocupar un cargo como jueza en un tribunal de La Plata. El pliego de Michelli, que ya pasó la Comisión de Acuerdos del Senado, está en discusión porque la Casa Rosada, a pedido del presidente Javier Milei, decidió retirarlo. Su razón radica en que Michelli es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, y que investiga el caso Libra, que involucra a Milei y a su hermana, Karina Milei. Esta acción de los Milei provocó que la jefa de bloque LLA en el Senado, Patricia Bullrich, saliera a desmarcarse de la decisión del Poder Ejecutivo. Villarruel se montó en esta polémica y le abrió las puertas de su despacho del primer piso de la Cámara alta a Michelli para mostrarle su apoyo.
La Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña informó que este miércoles 3 de junio recibió el segundo desembolso correspondiente al acuerdo celebrado con la Bolsa de Comercio del Chaco, por un monto de $60.858.824. Los recursos serán colocados en plazo fijo para continuar recomponiendo el fondo de emergencia. Cabe recordar que dicho acuerdo establece un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital perteneciente al Municipio, más una tasa de interés equivalente a la de un plazo fijo del Banco Nación. Este nuevo pago da continuidad al esquema previsto y permite avanzar en la recuperación íntegra de los recursos municipales, incluyendo los intereses acordados. Asimismo, tal como se realizó con el primer desembolso, se elevará al Concejo Deliberante el informe correspondiente a esta nueva transferencia recibida, a fin de mantener el debido control y seguimiento institucional del acuerdo.