Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) concluye que la fórmula de actualización jubilatoria impuesta por el gobierno de Javier Milei mediante decreto resultó inferior a la ley que derogó, y que en junio de 2026 la jubilación mínima se ubica más de $87.000 por debajo de lo que hubiera correspondido con la normativa anterior. En abril de 2024, el gobierno de Javier Milei firmó el DNU 274/2024 y reemplazó la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la Ley 27.609, vigente desde 2021, por un mecanismo de actualización mensual atado al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) mide con precisión las consecuencias de esa decisión y concluye que, a esta altura del proceso, la fórmula anterior habría resultado superadora para los haberes jubilatorios, y que fue eliminada —deliberadamente, sostiene el informe— antes de que se produjeran las mejoras que la temporalidad de su aplicación hubiera generado. La comparación entre ambas fórmulas arroja datos concretos. En septiembre de 2024, diciembre de 2024, marzo de 2025, junio de 2025 y septiembre de 2025, los aumentos que hubiera dispuesto la fórmula de la Ley 27.609 habrían sido superiores a los efectivamente otorgados por el decreto de Milei. Recién en diciembre de 2025, marzo y junio de 2026 la fórmula vigente superó a la anterior. El resultado acumulado de esa trayectoria es elocuente: en junio de 2026, con el aumento del 2,6% correspondiente al IPC de abril, la jubilación mínima sin bono se ubica en $403.327. De haber continuado la ley derogada, se ubicaría en $490.621, es decir, un 21,6% por encima. Lo llamativo es que esa conclusión no proviene únicamente del CEPA. El propio Fondo Monetario Internacional, en su última revisión del acuerdo con la Argentina, reconoció abiertamente que los cambios en la fórmula de indexación “moderaron el gasto” en jubilaciones y pensiones. El texto del organismo es explícito: “si bien los recientes cambios en la fórmula de indexación de las pensiones han moderado el gasto —haciéndolo también más predecible—, se espera que las presiones demográficas y las debilidades estructurales amplíen las brechas de financiación a medio plazo si no se modifican las políticas”. En otras palabras, el propio FMI confirma que el objetivo de la medida fue el ajuste fiscal, y advierte que el problema estructural del sistema previsional sigue sin resolverse. El deterioro del ingreso jubilatorio no se explica solo por la fórmula de actualización de los haberes. Desde marzo de 2024, el bono compensatorio que percibe el 70% de los jubilados —aquellos con los haberes más bajos— quedó congelado en $70.000. Mientras los haberes se incrementaron un 200% entre marzo de 2024 y junio de 2026, la jubilación mínima con bono incluido apenas creció un 132%. El informe del CEPA calcula que, de haber sido actualizado en la misma proporción que los haberes, ese bono debería ascender en junio de 2026 a $209.994, exactamente el triple de lo que efectivamente se paga. El resultado combinado de ambas variables —la fórmula de actualización y el congelamiento del bono— se traduce en una pérdida concreta de poder adquisitivo. En el trimestre marzo-mayo de 2026, el poder de compra de las jubilaciones sin bono se ubica 2,5% por debajo del nivel del último trimestre del gobierno anterior, y el de las jubilaciones con bono cae 18,9% respecto de ese mismo punto de comparación. El informe aclara que la comparación trimestral es la metodológicamente correcta, dada la dinámica de actualización que tenía la fórmula derogada. El gobierno tuvo además la oportunidad de revertir parcialmente ese cuadro a través de la vía legislativa, pero optó por no hacerlo. En dos ocasiones el Congreso aprobó leyes que buscaban compensar el deterioro. La primera, sancionada como Ley 27.756, incluía una recomposición por única vez del 7,2% para todos los haberes, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y una cláusula gatillo anual vinculada a la recuperación real de los salarios. Milei la vetó. La segunda, aprobada en julio de 2025, contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024, la actualización del bono previsional a $110.000 con ajuste posterior por IPC, la prórroga por dos años de la moratoria previsional y la mejora de la Prestación Universal para Adultos Mayores (PUAM), permitiendo el acceso a partir de los 60 años para mujeres y su compatibilidad con empleo registrado y pensión por viudez. Milei la vetó también. A esa sucesión de vetos se suma otro dato de impacto estructural: en marzo de 2025 venció la moratoria previsional y el Poder Ejecutivo no la prorrogó, tal como había anticipado. Las consecuencias son de largo alcance: según el informe, nueve de cada diez mujeres y ocho de cada diez varones en edad de jubilarse que no cuenten con los años de aportes requeridos deberán conformarse con la PUAM, una prestación equivalente al 80% de la jubilación mínima que, además, no es pensionable. El CEPA sintetiza el cuadro con una conclusión de fondo: al atar las jubilaciones al IPC, el sistema garantiza que los haberes no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación futura, pero impide cualquier recuperación real. El terreno perdido durante el primer trimestre de 2024 —cuando la fórmula del decreto compensó parcialmente el golpe inflacionario— no volverá a recuperarse bajo las reglas actuales. La derogación de la Ley 27.609, concluye el informe, no fue una decisión técnica neutral: fue una elección política que trasladó el costo del ajuste fiscal a los sectores más vulnerables del sistema previsional.
Autor: Redacción General
Así lo expresó la senadora y jefa de bloque de La Libertad Avanza al ingresar esta mañana a la Cámara alta. “Las divergencias son parte de la vida política”, afirmó. La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, afirmó que “de ninguna manera” hay una fractura entre ella y el Poder Ejecutivo, y minimizó sus diferencias con el presidente Javier Milei al señalar que “las divergencias son parte de la vida política”. Bullrich se refirió de ese modo a su decisión de ejercer “la objeción de conciencia” para rechazar el pedido del Gobierno de retirar el pliego -enviado por el propio Poder Ejecutivo- que propone como jueza a María Verónica Michelli, cuya designación ya fue aprobada por la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta. “De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado”, manifestó Bullrich en diálogo con el periodismo al ingresar al Senado. La legisladora, según pudo conocer la Agencia Noticias Agentinas, explicó que “el Gobierno necesita proyectos y nosotros los vamos a seguir trabajando uno por uno”, y anticipó que “este jueves vamos a tener una sesión muy importante, porque no vamos a parar nuestra labor ni por el mundial, vamos a seguir trabajando”. Respecto de la actitud del Poder Ejecutivo, de remitir al Senado el pliego de Michelli y después pedir su retiro, negó que haya existido “impericia política” y expresó que “hacía años que un Presidente enviaba pliegos (de jueces) y luego otro Presidente los sacaba”. Indicó que el Gobierno de Milei hace algo diferente “y ha decidido hacer una revolución en la Justicia”, lo cual puede “haber traído algún problema, pero lo importante también es mirar todo el panorama”. “Este es el primer Gobierno que toma la decisión de no dejar a la Justicia como está ahora, con subrogantes, con problemas, con jueces que tienen que viajar 1.000 kilómetros de un lugar a otro”, subrayó. Explicó que debido a la gran cantidad de pliegos enviados al Congreso “en la masividad puede haber habido algún problema”, pero aclaro: “Yo lo dije con claridad y punto, el Presidente lo sabe”. “Ha salido una comunicación interna de la misma Libertad Avanza que para mí es muy importante, diciendo que en el marco de los acuerdos importantes que tiene nuestro proyecto, las divergencias son parte de la vida política”, sostuvo Bullrich. Fuente: NA
En el programa “Las provincias también existen”, el profesional expuso una visión estratégica sobre las obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del Norte Grande Argentino y la integración logística y energética de América del Sur. Durante la entrevista se abordó el proyecto del puente Goya-Reconquista, iniciativa que cuenta con antecedentes y estudios ejecutivos desde hace años y que actualmente busca financiamiento e inversiones internacionales. En ese marco, se destacó la participación del intendente de Reconquista, Dr. Vallejos, en el Foro BRICS 2026 realizado en Xiamen, China, donde presentó el proyecto interprovincial de conexión vial entre Corrientes y Santa Fe, valuado en 800 millones de dólares, ante organismos de factibilidad chinos para su análisis técnico y financiero. José Sesma sostuvo que las obras de infraestructura preceden al desarrollo y remarcó que los puentes interprovinciales e internacionales deben proyectarse con carácter bimodal, incorporando tanto el componente vial como ferroviario. Explicó que la combinación de ambos sistemas permitiría reducir costos logísticos, optimizar el transporte de cargas y acelerar la amortización de las obras mediante el cobro de peajes y el transporte ferroviario de camiones. También desarrolló el concepto del sistema de “Camiones sobre trenes”, mediante el empleo de vagones espina de baja altura que permiten transportar semirremolques o incluso camiones completos. Según explicó, este modelo reduce significativamente el desgaste de rutas, disminuye el roce entre neumáticos y pavimento, baja los niveles de contaminación ambiental y mejora las condiciones laborales de los choferes, quienes podrían descansar en coches dormitorio durante los trayectos ferroviarios. En relación con el sistema ferroviario, presentó propuestas para la modernización y estandarización de las líneas de carga General Urquiza y Belgrano, mediante la unificación tecnológica de trochas, la incorporación de durmientes de polímeros reciclables con una vida útil estimada de 50 años y la ampliación de laderos dinámicos de 750 a 1.500 metros, lo que permitiría incrementar notablemente la capacidad operativa de los convoyes ferroviarios. Asimismo, explicó la necesidad de modernizar las locomotoras mediante kits de conversión de tecnología norteamericana que permitirían reemplazar motores antiguos por sistemas impulsados a Gas Natural, ya sea GNC o GNL. Señaló que esta reconversión energética posibilitaría reducir hasta un 60 % los costos operativos del transporte ferroviario, aprovechando la abundancia de Gas Natural existente en la Argentina y disminuyendo la dependencia del gasoil importado. Otro de los temas desarrollados fue la optimización logística del transporte de granos y cargas generales. Sesma cuestionó el sistema actual de vagones tolva cerealeros que retornan vacíos y propuso la utilización de Contenedores Tolva Modernos, capaces de transportar cereales y luego reutilizarse para cargas generales, eliminando así el denominado “falso flete” y mejorando la eficiencia integral del sistema ferroviario. La entrevista también abordó la problemática del transporte fluvial y el aprovechamiento de la Hidrovía Paraná–Tieté y la hidrovía Paraguay-Paraná. En ese contexto, Sesma vinculó el desarrollo regional con los proyectos energéticos estratégicos previstos en los tratados binacionales. Mencionó el interés del gobierno paraguayo y de potenciales inversiones taiwanesas vinculadas al desarrollo de proyectos de inteligencia artificial y grandes demandas energéticas, lo que revaloriza proyectos hidroeléctricos como Corpus e Itacuá. Especial énfasis puso en el Embalse Compensador Itá Corá–Itatí, contemplado en el Tratado de Yacyretá y en las leyes argentina Nº 20.646 y paraguaya Nº 433. Explicó que este proyecto permitiría no solo generar aproximadamente 16.000 MW mediante 32 turbinas tipo bulbo horizontales, sino también mejorar sustancialmente la navegabilidad del río Paraná aguas abajo de Yacyretá, eliminando problemas de estiaje y posibilitando el funcionamiento permanente del puerto de Ituzaingó durante los 365 días del año. Finalmente, Sesma presentó avances de su propuesta del Corredor Bioceánico en el Trópico de Capricornio, concebido como un corredor bimodal ferroviario y vial destinado a integrar el Norte Grande Argentino con el sur de Brasil, Paraguay, Chile y Perú, conectando el Atlántico con los puertos del Pacífico. Según explicó, se trata de un proyecto técnicamente viable, capaz de amortizarse en plazos razonables gracias a una infraestructura moderna, multimodal y energéticamente eficiente. La entrevista concluyó con una reflexión sobre la necesidad de impulsar propuestas concretas y realizables que permitan transformar al Norte Grande en un nuevo eje estratégico de desarrollo, integración y crecimiento para la Argentina y Sudamérica.
La medida alcanza a explotaciones rurales y producciones hortícolas afectadas por excesos de precipitaciones y desbordes de ríos, arroyos y cursos de agua. Los productores podrán acceder a los beneficios previstos en la legislación vigente para situaciones de emergencia y desastre agropecuario. El Ministerio de Economía oficializó este miércoles la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario para distintas zonas de la provincia de Santa Fe afectadas por intensas lluvias, excesos hídricos y desbordes de cursos de agua. La medida fue dispuesta mediante la Resolución 819/2026, publicada en el Boletín Oficial, y tendrá vigencia desde el 1° de abril hasta el 30 de septiembre de este año. La decisión alcanza a todas las explotaciones agropecuarias ubicadas en localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado que sufrieron daños como consecuencia de los eventos climáticos registrados en los últimos meses. Según la resolución, la declaración comprende a los distritos de Fortín Olmos, Garabato, Los Amores, Golondrina, Intiyaco, Cañada Ombú y Los Tábanos, en el departamento Vera; Gato Colorado, Villa Minetti, San Bernardo, Pozo Borrado, Tostado, Gregoria Pérez de Denis, Santa Margarita y Logroño, en el departamento 9 de Julio; y Villa Guillermina, en General Obligado. La medida también incorpora a la actividad hortícola desarrollada en el cinturón productivo de la ciudad de Santa Fe. En ese caso, la declaración de emergencia alcanza a los distritos Recreo, Monte Vera y Santa Fe, dentro del departamento La Capital, con excepción del subdistrito San José del Rincón, que quedó excluido de la resolución. La decisión fue adoptada luego de la recomendación de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, que analizó la situación presentada por el gobierno santafesino y avaló la aplicación de los beneficios contemplados en la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria. Además, la resolución fijó el 30 de septiembre de 2026 como fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones alcanzadas por la medida. A partir de esa declaración, los productores afectados podrán acceder a los mecanismos de asistencia previstos por la normativa nacional, siempre que acrediten su situación mediante los certificados emitidos por la autoridad provincial competente. El texto también establece que las entidades bancarias nacionales y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán instrumentar los mecanismos necesarios para que los productores comprendidos en la emergencia puedan acceder a los beneficios contemplados por la ley. Por otra parte, se instruyó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para que suscriba los convenios y actos administrativos necesarios para implementar la medida en el ámbito de sus competencias. La resolución lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo, y entró en vigencia este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial. Ámbito
El informe de la Consultora Politikón demuestra que los desempeños de los Recursos Municipales por esquema de coparticipación en la provincia del Chaco – en el 1° trimestre de 2026 – tuvieron montos brutos asignados de un total de $121.413 millones en moneda corriente, incluyendo las asignaciones del Fondo de Participación Municipal como también de los Fondos complementarios. En el período enero–marzo de 2026, en términos acumulados, estos recursos presentaron una disminución del -14,9% real contra igual período del 2025, con mermas en todos los meses transcurridos del trimestre (enero -11,9%; febrero -18,0%; y marzo -15,2%). Como se indicó, los montos detallados previamente corresponden a la asignación bruta por esquema de coparticipación, pero sobre esos se practican retenciones vinculadas principalmente a obligaciones con el INSSSEP (que explicaron el 94% de las retenciones) y otros conceptos menores (como deuda, adelantos, etc. que explicaron el 6%). Durante el período analizado, las retenciones fueron por un total de $ 28.663 millones y representaron el 23,6% de la masa bruta a distribuir; respecto al primer trimestre 2025, las retenciones sobre la coparticipación municipal crecieron 4,6% en términos reales, que contrasta con la caída del 14,9% de la masa bruta, produciendo una reducción más profunda en los montos netos percibidos como se verá más adelante. Si se lo mira mes a mes, el principal diferencial se dio en marzo, donde las retenciones crecieron al 23,2% real interanual, mientras que en enero también habían crecido pero a menor ritmo (+2,4%) y en febrero habían tenido bajas (-7,4%). Descontadas las retenciones, el monto efectivamente acreditado a los municipios en el período de enero a marzo 2026 fue de $ 92.750 millones, cifra que implica una caída del 19,5% interanuales al medirlo en términos reales. Esta caída termina siendo más grande que la merma observada para la distribución bruta debido al incremento de las retenciones. Si se observa la evolución mes a mes, en todos los analizados para este período los montos netos mostraron bajas: en enero fue de -14,3%; en febrero de -21,2% y en marzo de -25,0%. Como se mencionó, el total de fondos brutos que compusieron la Coparticipación Municipal, en el período acumulado, totalizó $ 121.413 millones, cayendo 14,9% contra igual período del 2025 en términos reales. Dentro de estos, el 94% correspondió al Fondo de Participación Municipal (por $ 114.044 millones y -14,8% real interanual) que reciben la totalidad de los municipios chaqueños, mientras que el 6% restante corresponde a los Fondos Solidario y Compensador (por $ 7.369 millones y -16,5% real interanual) que reciben quince municipios. Por su parte, las Retenciones totalizaron $ 28.663 millones en el acumulado a marzo 2026, presentando una variación real del +4,6% respecto a igual período 2025. Las aplicadas para INSSSEP explicaron el 94% del total (por $ 26.972 millones y creciendo 5,4% real interanual); y el resto de las retenciones concentró el 6% restante (por $ 1.691 millones con una baja del 7,2% real interanual). De este modo, los Montos netos acreditados a los municipios del Chaco durante el primer trimestre 2026 fueron por $ 92.750 millones, presentando una merma del 19,5% real contra igual período 2024. Si medimos esta caída a precios de marzo 2026, equivalen a una pérdida de recursos por parte de los municipios de $ 23.324 millones en el período. ¿Cómo están estos envíos respecto a años previos? Si se comparan los datos del primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2024, el Fondo de Participación Municipal bruto sufre una merma del 3,7% real mientras que los Fondos Complementarios caen 5,5%; esto produce que el total de los fondos brutos a distribuir presenten una baja del 3,8%. Por su lado, las retenciones aplicadas a INSSSEP de 2026 vs. 2024 crecen 59,1% y los otros descuentos lo hacen en +28,1%; de ese modo, el total de las retenciones aplicadas muestran una suba del 56,8%. De este modo, el total de transferencias netas de descuentos a municipios exhiben una merma de 14,0% en el primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2024. A su vez, si se comparan los datos del primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2023, el Fondo de Participación Municipal bruto cae 8,3% real y los Fondos Complementarios -8,5%, generando que el total de la masa bruta a distribuir descienda 8,4% real. Entre las retenciones, las aplicadas a INSSSEP crecen 11,6% aunque los otros descuentos disminuyen 57,6%; así, el total de las retenciones aplicadas muestran una suba del 1,8%. De este modo, el total de transferencias netas de descuentos a municipios exhiben una merma de 11,1% en el primer trimestre 2026 respecto a igual período de 2024. En términos de participación, los cinco municipios que captaron el mayor volumen de fondos en la distribución neta de retenciones fueron Resistencia (27,9% del total), Sáenz Peña (9,1%), Barranqueras (4,2%), Villa Ángela (3,6%) y Juan José Castelli (3,4%). Sin embargo, entre ellas hay diferencias respecto a su asignación bruta y el neto percibido: en los casos de Resistencia y Barranqueras, debido a un mayor peso de las retenciones, reciben menos que su asignación bruta (-0,7 puntos y -0,2 respectivamente); en cambio, Sáenz Peña ganan participación neta (+0,9 puntos); en los casos de Villa Ángela y Juan José Castelli, no hay diferencias de participación entre su asignación neta y bruta. ¿Como fue la variación de recursos por municipio? En primer lugar, los Montos Brutos mostraron caídas en los 70 municipios pero a dos velocidades: un conjunto de 67 municipios mostró una baja del 14,8%, pero otros 3 registraron bajas superiores: Machagai (-15,4%), Juan José Castelli (-16,0%) y Fontana (-16,5%). La razón detrás de esto está en la evolución de los fondos brutos por Fondo Solidario y Fondo Compensador: si bien no fueron los únicos municipios que captaron estos fondos, si mostraron un grado de retraso algo mayor en su asignación, provocando que el saldo global caiga con más fuerza. A su vez, al observar la evolución relativa de las Retenciones, el escenario es altamente heterogéneo. Por un lado, en 46 municipios
El intendente cuestionó que el Gobierno provincial haya anunciado el reinicio de la obra en la avenida Las Piedras sin convocar al municipio. También aseguró que la ciudad es discriminada en la distribución de recursos y reclamó falta de respuestas ante problemas hídricos y de infraestructura. El intendente de Barranqueras, Roberto Benítez, lanzó duras críticas contra la gestión del gobernador Leandro Zdero y denunció que el municipio sufre un constante “ninguneo” institucional por parte del Gobierno provincial. Sus declaraciones se produjeron luego del anuncio del reinicio de una obra vial en la ciudad, acto del que aseguró que la Municipalidad fue excluida. En una entrevista con CIUDAD TV, Benítez sostuvo que se trata de la obra en la avenida Las Piedras que comenzó a gestarse en 2022, cuya primera etapa se ejecutó durante 2023 y que quedó paralizada tras el cambio de gestión provincial. “Hoy vienen a anunciar nuevamente el reinicio de la obra, pero no nos invitaron ni nos hicieron participar. Es como que te invaden tu territorio”, afirmó. El jefe comunal aclaró que celebra la reactivación de cualquier proyecto de infraestructura para la ciudad, pero cuestionó las formas adoptadas por el Ejecutivo provincial. “Toda obra es importante para nuestros vecinos y ojalá se terminen todas las que están paralizadas. Lo que molesta es la falta de respeto institucional y la ausencia de coordinación”, señaló. Benítez fue más allá y aseguró que existe una contradicción entre el discurso oficial y las acciones concretas. “Hablan de coordinación, de solidaridad y de trabajo conjunto, pero después no responden a ninguno de los planteos que hacemos desde el municipio”, remarcó. “Nos sentimos discriminados” Consultado sobre la relación con la Provincia, el intendente afirmó que Barranqueras es objeto de un trato desigual. “Nos sentimos discriminados totalmente”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la crisis hídrica que atravesó la ciudad meses atrás y aseguró que no recibió asistencia provincial. También señaló que presentaron proyectos vinculados a obras de drenaje, ampliación de sistemas de bombeo y canalización sin obtener respuestas. “Barranqueras y Vilelas son el embudo de salida del agua de toda el área metropolitana. Presentamos proyectos y jamás nos contestaron”, afirmó. Además, cuestionó el destino de los recursos asignados a organismos provinciales para atender emergencias hídricas. “Se destinaron 1.500 millones de pesos al APA y nosotros no vimos respuestas en obras concretas”, expresó. Cruces por la situación de la ciudad El jefe comunal también respondió a las críticas de dirigentes provinciales y referentes opositores que participaron del acto de anuncio de la obra. “Hablan de una Barranqueras quebrada, sucia y sin gestión, pero faltan totalmente a la verdad”, afirmó. En ese sentido, defendió la administración municipal y destacó que el municipio mantiene al día el pago de salarios y aguinaldos pese a la caída de la coparticipación y la reducción de recursos. Asimismo, reconoció que la problemática de los residuos continúa siendo uno de los principales desafíos de la ciudad, aunque sostuvo que se trata de una situación que afecta a toda el área metropolitana y no exclusivamente a Barranqueras. Reclamo por la situación económica Durante la entrevista, Benítez también se refirió al contexto económico y aseguró que los municipios atraviesan una situación cada vez más compleja debido a la caída de ingresos y al deterioro de la capacidad contributiva de los vecinos. “La coparticipación baja y la gente cada vez tiene menos posibilidades de pagar tributos. Es una realidad que vivimos día a día”, explicó. Finalmente, atribuyó parte de las dificultades financieras a las políticas económicas nacionales y cuestionó la adhesión de la gestión provincial a ese esquema. “Estamos atravesando una crisis muy profunda y los municipios la sentimos todos los días”, concluyó.
El Nuevo Espacio de Participación anunció la consecución de su amplia tarea política militante, tanto en la capital chaqueña como en el interior provincial. ”En nuestro Chaco somo un partido que se ocupa y trata de dar respuestas a cada ciudadano, más aún en este momento tan delicado de la sociedad”, señalaron. ”Compartimos una reunión política junto a dirigentes y militantes de distintos puntos de la provincia, donde analizamos el contexto actual y comenzamos a delinear estrategias de trabajo de cara al próximo año electoral”, señaló el titular de la agrupación y exdiputado provincial Juan José Bergia. Agregando el reconocimiento a directivos y simpatizantes que acompañan la diaria tarea desplegada hasta el momento en diversos ámbitos y en ayuda de amplios sectores con alta vulnerabilidad. ”Delineamos los objetivos para el resto del año con compromiso, convicciones y una mirada puesta en el futuro Y, de esta manera, continuamos consolidando un proyecto político que represente las necesidades de los chaqueños y promueva el desarrollo de nuestras comunidades”, afirmó Bergia.
En diálogo con CIUDAD TV, el abogado especializado en derecho del consumidor, Ricardo Marimón anunció el lanzamiento en agosto de una diplomatura en la UNCAUs destinada a estudiantes y profesionales de la carrera de ópticos para abordar la problemática de la salud visual y la comercialización ilegal de anteojos pregraduados. El abogado especializado en derechos del consumidor Ricardo Marimón anunció este miércoles el lanzamiento en agosto de una diplomatura en la UNCAus destinada a estudiantes y profesionales de la carrera de ópticos para abordar la problemática de la salud visual y la comercialización ilegal de anteojos pregraduados. En este sentido, remarcó la importancia de concientizar a la población sobre los riesgos de adquirir estos elementos en comercios no habilitados y sin el trabajo profesional previo que se requiere. Más allá de este ámbito específico, Marimón manifestó su preocupación por la falta de difusión de normativas nacionales recientes que buscan amparar a los sectores más vulnerables de la sociedad. El especialista alertó sobre el desconocimiento generalizado de la disposición 137 del 2024 de la Secretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, la cual vino a suplantar el régimen anterior de protección para los denominados “hipervulnerables”. Según su análisis, esta carencia informativa se profundiza de forma alarmante en las zonas rurales y localidades alejadas de los centros urbanos. Con respecto a esta realidad territorial, el abogado hizo hincapié en que la crisis socioeconómica actual profundiza los desequilibrios y vuelve imperiosa la necesidad de descentralizar las campañas de asesoramiento. Marimón advirtió que no se puede esperar que las soluciones lleguen solas y apuntó hacia la urgencia de realizar un trabajo directo en las comunidades. Al respecto, enfatizó: “En el interior de la provincia del Chaco es necesario que se haga un trabajo de docencia sobre este tema, porque nuestros vulnerables en desventaja crecen a medida que la situación económica en el país los agobia”. El avance de las nuevas tecnologías y el comercio electrónico también formaron parte central del debate, siendo catalogados por el letrado como los principales focos de conflicto legal en el presente. Marimón señaló que las plataformas virtuales generan constantes abusos por la falta de prevención práctica, la escasez de información transparente y la dificultad de los usuarios para tramitar reclamos ante la desaparición de oficinas físicas. Asimismo, recomendó la cooperación con los cuerpos especializados de la policía provincial dedicados a combatir las estafas virtuales. En relación con la digitalización de los canales institucionales, criticó que el Estado obligue a realizar trámites mediante herramientas virtuales o códigos QR sin evaluar previamente si toda la población cuenta con la conectividad o el nivel de alfabetización digital necesario. Sobre este eje, dejó una firme advertencia sobre la exclusión social que genera el sistema actual: “¿Cuántos de nuestros consumidores, del impenetrable chaqueño, saben manejar las redes para hacer un reclamo de manera virtual? Eso es lo primero que se tendría que estudiar antes de innovar y creer que lo último es lo mejor”. Para finalizar, el especialista respondió consultas habituales sobre las garantías legales —precisando que corresponden seis meses para productos nuevos y tres meses para bienes usados— y los recurrentes inconvenientes que sufren los usuarios al intentar procesar la baja de servicios contratados. Frente a las maniobras de las empresas que buscan cansar al ciudadano para evitar devoluciones o cambios en compras online, el abogado instó a la población a utilizar las vías formales de defensa del consumidor y a no abandonar sus reclamos. Al cerrar el encuentro, concluyó: “Por más normas que tengamos y que sean muy buenas, si no se aplican, si no se aplica y no se educa al soberano, siempre vamos a estar en falta”.
La Municipalidad de Juan José Castelli, a través del área de Obras Públicas, continúa avanzando con el recambio y la mejora del sistema de alumbrado público en distintos sectores de la ciudad. Estas tareas tienen como objetivo optimizar la iluminación de calles, avenidas y espacios públicos, brindando mayor seguridad y mejor visibilidad para vecinos, conductores y peatones que transitan durante la noche. Con cada nueva luminaria instalada se fortalecen las condiciones de seguridad, se mejora la calidad de vida de la comunidad y se contribuye a contar con una ciudad más ordenada, moderna y segura para todos. Desde el municipio se continúa trabajando de manera planificada para llegar a cada barrio, respondiendo a las necesidades de los vecinos y mejorando los servicios esenciales en toda la ciudad.
El Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) recuerda a los adjudicatarios que el día 15 de cada mes vence la cuota correspondiente a las viviendas otorgadas por el organismo. El pago en tiempo y forma es fundamental para evitar la generación de intereses y mantener al día la situación de cada beneficiario. Desde el Instituto destacaron que el cumplimiento de esta obligación contribuye al fortalecimiento de las políticas habitacionales que lleva adelante la provincia. Cada cuota abonada permite sostener los programas de vivienda y generar nuevas oportunidades para que más familias chaqueñas puedan acceder a una solución habitacional digna. Asimismo, remarcaron que la responsabilidad de los adjudicatarios resulta clave para garantizar la continuidad de los proyectos habitacionales y promover una distribución más equitativa de los recursos destinados al acceso a la vivienda. Opciones disponibles para realizar el pago Los adjudicatarios cuentan con diferentes alternativas para abonar sus cuotas: -Nuevo Banco del Chaco: presentando DNI y número de adjudicatario, sin necesidad de contar con la boleta física. También se puede adherir al débito automático. -Lotipago y Cajas Municipales: con boletas vigentes. -Home Banking y Red Link: seleccionando la opción “IPDUV Chaco – Préstamos” e ingresando el código electrónico correspondiente. -Tu Gobierno Digital (TGD): permite generar la boleta única, pagar con tarjeta de crédito o débito y acceder a la cancelación anticipada. Finalmente, el IPDUV recomienda a los adjudicatarios mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo, donde podrán consultar vencimientos, novedades y beneficios vigentes. Para más información, se encuentran disponibles el sitio web institucional, las redes sociales oficiales y los canales de atención al público.
La intervención se inició tras la entrega voluntaria del arma por parte de la madre de un estudiante. Se trata de un artefacto de fabricación casera que fue secuestrado por la Policía para determinar su procedencia. Personal policial tomó intervención luego de que una ciudadana de 30 años, se presentara de manera espontánea en la Comisaría 12ª, junto a su hijo de 12 años, haciendo entrega voluntaria de un arma de fabricación casera compuesta por un caño galvanizado y sin cartuchos. Según manifestó, el menor había sido suspendido de una institución educativa de Villa Río Negro tras detectarse que portaba el elemento dentro del establecimiento. De acuerdo con su relato, el arma le habría sido entregada por otro estudiante fuera del colegio. Posteriormente, compareció la madre del segundo menor involucrado, quien brindó su versión de los hechos e indicó que su hijo habría recibido previamente el arma de un tercer adolescente días atrás, para luego entregársela al primer estudiante. El artefacto fue formalmente secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar la responsabilidad de las personas involucradas.
Durante este miércoles cerca de las 7, efectivos de distintas unidades de la Policía del Chaco continúan con intensos operativos de búsqueda en diversos sectores de Fontana, Puerto Tirol y zonas aledañas, llevando adelante recorridas preventivas, rastrillajes e inspecciones en puntos considerados de interés para la investigación. Los equipos permanecen desplegados en el terreno y que durante la jornada se desarrollarán nuevas tareas en diferentes áreas, con el fin de obtener información que permita avanzar en la localización del joven. La Policía del Chaco mantiene afectados al operativo todos los recursos humanos y logísticos necesarios, trabajando de manera coordinada para dar con el paradero de Axel González.
En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género. El 3 de junio de 2015, se gestó el primer #NiUnaMenos, una jornada de visibilización y denuncia, pero también de respuesta colectiva, a los femicidios y violencias hacia las mujeres y ese día se impulsó una movilización histórica, que hoy se ha convertido en un día de concientización y compromiso por una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencias. En el marco de los 11 años de ese primer #NiUnaMenos la Casa del Encuentro publicó un nuevo Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” y, transcurrida más de una década, las cifras de femicidios siguen evidenciando una problemática urgente y vigente, ya que, durante el período comprendido entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia de género: -3.073 femicidios y vinculados de mujeres y niñas -78 transfemicidios -4 lesbicidios -269 femicidios vinculados de varones adultos y niños Gracias al trabajo de la Casa del Encuentro, con apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires y Fundación Instituto Natura, se pudo conocer más sobre esta problemática crítica, pensando líneas de acción y articulaciones necesarias para erradicar la violencia de género. Los femicidios ocurren en distintos contextos y expresan múltiples formas de violenciaEn muchos casos, los hechos suceden en espacios íntimos y cotidianos, lo que refleja cómo la violencia puede instalarse dentro de vínculos cercanos y ámbitos que muchas veces se presentan en el imaginario como seguros: 978 crímenes sucedieron en la vivienda la víctima, 798 en viviendas compartidas, y 45 en los lugares de trabajo de la víctima. También el informe revela que detrás de cada caso existe una historia atravesada por violencias previas -436 víctimas habían realizado denuncias, y 188 femicidas tenían dictada medida cautelar de protección- desigualdades estructurales y redes afectivas profundamente afectadas. La problemática no solo impacta en las víctimas directas, sino también en familias, amistades, comunidades y niñeces que quedan marcadas por estas ausencias: entre el 3 de junio de 2015 y el 27 de mayo de 2026, 3.840 hijos e hijas fueron víctimas colaterales de estos crímenes. “Detrás de cada mujer y de cada adolescente que atraviesa una situación de violencia hay una historia que merece ser escuchada, una vida que merece ser cuidada y un futuro merece ser vivido en libertad. Muchas veces la violencia las aísla, les hace creer que están solas y les roba la esperanza. Por eso es tan importante acompañar, escuchar, abrazar, y construir redes de contención que les recuerden que no están solas”, afirmó Ada Beatriz Rico, Presidenta de la Asociación Civil La Casa del Encuentro. Asimismo, añadió: “Frente a la red de miedo y silencio que construye el agresor, levantemos una red de amor, solidaridad y apoyo. Que cada mujer y adolescente encuentre una mano tendida, una palabra de aliento, y la certeza que hay quienes caminarán a su lado. Porque acompañar también es una forma de transformar realidades”. “Cuando hablamos de violencia de género, solo 4 de cada 10 mujeres muestran niveles altos de conciencia sobre la problemática, según el Índice de Concientización de Violencia hacia las Mujeres de Fundación Instituto Natura. Entre los hombres, esa proporción se reduce a menos de 2 de cada 10. Más allá de las diferencias, estos resultados muestran que todavía tenemos desafíos como sociedad para reconocer las distintas formas de violencia, acompañar a quienes la atraviesan y fortalecer las redes de apoyo necesarias para prevenirla y abordarla”, afirmó Florencia Mezzadra, gerenta de dicha Fundación. En tanto, agregó: “Existe también una señal alentadora: 3 de cada 4 personas consideran que existe una responsabilidad colectiva para erradicar la violencia de género. Sin embargo, persisten barreras emocionales, institucionales y culturales que dificultan tanto la búsqueda de ayuda como la intervención de quienes podrían acompañar. Creemos que informes como el de La Casa del Encuentro contribuyen a visibilizar esta realidad y a impulsar conversaciones críticas y necesarias para transformarla”.
Este miércoles a media mañana varias embarcaciones se concentraron debajo del puente Manuel Belgrano rechazando la veda total en el Río Paraná, dispuesta por las provincias de Chaco y Corrientes. En la víspera, se registraron incidentes durante un control de agentes de fauna en una zona ribereña frente la costa chaqueña. Embarcaciones de malloneros correntinos y chaqueños se concentraron este miércoles, sobre el canal de navegación del Río Paraná, alrededor de las 9.30 los pescadores llevaron adelante la protesta para rechazar la veda total de pesca que fue dispuesta por las provincias de Corrientes y Chaco. En la jornada de este martes un grupo de pescadores impidió un procedimiento de control, embistió una embarcación oficial y amenazó a agentes ambientales y policías. El operativo se realizaba en el marco de la veda extraordinaria dispuesta por Corrientes y Chaco para proteger una concentración de surubíes. Corrientes Hoy
Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino se hicieron eco de trascendidos públicos según los cuales “la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilidad de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello”. Los diputados nacionales de la oposición Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, Mónica Frade y Juan Marino le reclamaron al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que disponga de manera “urgente” los recursos necesarios para “garantizar la continuidad de la investigación” judicial del caso $Libra que lleva adelante la Unidad Especial de Investigación de Ciberdelincuencia (UFECI). Los cuatro legisladores, que fueron parte de la comisión investigadora del caso Libra, se hicieron eco de trascendidos públicos según los cuales “la UFECI habría manifestado encontrarse imposibilidad de cumplir determinadas medidas de análisis y trazabilidad de activos virtuales requeridas en el marco de dicha investigación por carecer de las herramientas tecnológicas y licencias informáticas necesarias para ello”. “Tal limitación afectaría el cumplimiento de medidas de prueba orientadas a reconstruir el recorrido de los fondos y analizar las billeteras virtuales involucradas, comprometiendo el avance de la una investigación de evidente trascendencia institucional”, concluyeron. Según remarcaron, “ninguna limitación tecnológica o administrativa debe impedir el desarrollo de medidas probatorias relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados”. “Por ello, solicitamos tenga a bien arbitrar, con carácter urgente, los medios y recursos necesarios para proveer a la UFECI de las herramientas requeridas para el cumplimiento de las tareas encomendadas por el fiscal interviniente”, finalizaron. “Si se frena la investigación por falta de recursos, eso es impunidad”, denunció Ferraro en su cuenta de la red social X, donde compartió la nota enviada a Casal. Para el diputado de la Coalición Cívica, “es inadmisible que la investigación judicial de $Libra pueda verse frenada porque las unidades especializadas no cuentan con los recursos o herramientas tecnológicas necesarias para seguir la ruta del dinero y analizar las billeteras virtuales involucradas”. “Sobre todo, teniendo en cuenta que se investiga al Presidente y es la causa judicial de mayor trascendencia institucional del país”, indicó. A su entender, “la falta de medios no puede convertirse en una excusa para paralizar una causa ni en un obstáculo para conocer la verdad y denegar justicia”. elDiarioAR
El informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal revela un panorama mixto para la provincia: bajas significativas en delitos contra la propiedad, pero alzas preocupantes en delitos sexuales, estupefacientes y trata de personas. El Ministerio de Seguridad de la Nación publicó el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) correspondiente al año 2025. Los datos para la provincia del Chaco muestran avances notables en la reducción de robos, hurtos y homicidios, pero encendieron alarmas en materia de abuso sexual, estupefacientes y trata de personas. La mayor caída se registró en los robos, que pasaron de 5.801 a 3.995 hechos, una reducción del 31,5% en términos absolutos. Medidos en tasa cada 100.000 habitantes, descendieron de 483,1 a 330,8. Las tentativas de robo también cayeron un 24,8% (de 480 a 363 casos), y los hurtos —incluyendo tentativas— bajaron un 26,9%, pasando de 8.747 a 6.428 hechos. Los homicidios dolosos se redujeron de 57 a 52 víctimas (−9,3%), llevando la tasa de 4,7 a 4,3 cada 100.000 habitantes. Vale señalar que la tasa chaqueña sigue siendo más alta que la media nacional, que se ubica en 3,6. En materia de delitos contra la propiedad, las estafas no virtuales tuvieron una baja pronunciada del 48,7% (de 390 a 201 hechos), y las estafas asistidas virtualmente cayeron un 51,2% (de 163 a 80). Las amenazas también disminuyeron un 13,2% (de 2.603 a 2.273). El dato más preocupante es el alza en los delitos contra la integridad sexual. Las violaciones registradas pasaron de 131 a 154 víctimas (+16,9%), y los abusos sexuales simples crecieron un 6% (de 301 a 321 casos). Los ciberdelitos sexuales vinculados a menores aumentaron un 47% (de 23 a 34 casos), aunque en valores absolutos aún son bajos. En el rubro de estupefacientes, la tenencia simple creció un 32,7%, pasando de 676 a 902 hechos. También subieron los delitos clasificados bajo “otros delitos de la Ley 23.737” en un 76,9% (de 136 a 242). En contrapartida, la siembra y producción bajó un 43,2% y el contrabando de drogas cayó un 35,1%. La trata de personas simple registró 41 víctimas en 2025 contra 30 en 2024, un incremento del 35,9%. También creció la categoría “otros delitos contra la libertad” en un 3,2% (de 211 a 219 víctimas). Los suicidios consumados aumentaron de 111 a 143 casos (+27,7%), llevando la tasa de 10 a 12,8 cada 100.000 habitantes. Este dato, si bien no es un hecho delictivo, forma parte del informe SNIC como indicador de muertes violentas. En términos nacionales, la caída en robos y hurtos también fue una tendencia generalizada: todas las provincias registraron bajas en robos. Sin embargo, la magnitud de la reducción en el Chaco fue de las más pronunciadas del país. En homicidios, la baja nacional fue del 7,2%, mientras que Chaco redujo un 9,3%, por encima del promedio. En el capítulo de delitos sexuales, el aumento chaqueño contrasta con la tendencia nacional, que mostró una leve baja del 5,1%. La tasa chaqueña de delitos contra la integridad sexual (56,8 cada 100.000 hab.) continúa por debajo del promedio nacional. El alza en tenencia de estupefacientes se replica en varias provincias del norte del país, en un contexto de mayor actividad de control y detección por parte de las fuerzas de seguridad federales, que a partir de 2025 comenzaron a reportar datos con desagregación departamental. Una aclaración metodológica importante: el informe advierte que las variaciones pueden responder en parte a cambios en los sistemas de registro, especialmente porque en 2025 las fuerzas federales comenzaron a reportar datos con desagregación departamental, lo que modificó algunos valores provinciales respecto a publicaciones anteriores.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, arribará hoy a Corrientes en una visita que combinará actividades institucionales, académicas y políticas. La agenda incluirá la firma de convenios de cooperación con el Gobierno provincial, encuentros con distintos sectores de la sociedad y la presentación de su libro “De Smith a Keynes” en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). La llegada del Mandatario bonaerense se enmarca en la gira federal que viene realizando por distintas provincias argentinas y adquiere relevancia por el contexto político nacional, marcado por las tensiones entre las administraciones provinciales y el Gobierno nacional. Uno de los momentos centrales de la jornada será la reunión prevista con el gobernador Juan Pablo Valdés. Según anunció el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, ambos mandatarios abordarán cuestiones vinculadas al desarrollo productivo, la cooperación institucional y las problemáticas comunes que enfrentan las provincias en el actual escenario económico. Además, antes de la presentación de su libro, Kicillof encabezará la firma de una serie de convenios de cooperación entre las provincias de Buenos Aires y Corrientes. Los acuerdos comprenderán áreas estratégicas como Seguridad, Desarrollo Agrario y Gobierno, con el objetivo de fortalecer el intercambio de experiencias y la articulación entre ambas administraciones. Antes de entrevistarse con el Gobernador visitará la ciudad de Empedrado y mantendrá una reunión con los dirigentes de las filiales locales de la Confederación General del Trabajo y la Central de Trabajadores de Argentina en la sede de ATSA, cuyo referente local, Guido Tello, es titular de la CGT correntina. Lo llamativo es que no participará de reuniones con dirigentes oficiales del Partido Justicialista, ya que no fue invitado a visitar la sede provincial, actualmente conducida por la senadora Ana Almirón que responde a Cristina Fernández de Kirchner. La actividad académica principal se desarrollará a las 17 en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE, en el Campus Deodoro Roca de la capital correntina. Allí, Kicillof expondrá sobre los principales conceptos abordados en “De Smith a Keynes”, una obra en la que analiza las transformaciones del pensamiento económico y el papel del Estado en los procesos de desarrollo. Se espera además que el Mandatario se refiera a temas de actualidad vinculados con la situación económica nacional, el federalismo, la distribución de recursos entre Nación y provincias y los desafíos productivos del país. Sin embargo, la visita excede el plano académico e institucional. Para el espacio político que encabeza Kicillof, Corrientes representa uno de los territorios donde el peronismo enfrenta mayores dificultades para consolidar una estructura competitiva. En ese contexto, la presencia del gobernador bonaerense será observada como una señal del interés de su sector por fortalecer su presencia en la provincia. En marzo de este año, el mandatario envió a dos dirigentes con amplia experiencia territorial, el exintendente de Florencio Varela Julio Pereyra y el exintendente de Ituzaingó Alberto Descalzo, con la misión de colaborar en la organización del Movimiento Derecho al Futuro Corrientes. Ambos mantuvieron reuniones con dirigentes políticos, sindicales y sociales de distintos puntos de la provincia. Fuente: Diario Época
El Gobierno nacional anunció una transformación en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) que permitirá que talleres mecánicos privados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una tarea que hasta ahora estaba concentrada en plantas específicamente habilitadas para ese fin. La renovación viene acompañada de novedades que benefician al usuario. La medida fue confirmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien informó que desde este miércoles quedará abierto el registro para que establecimientos particulares puedan solicitar la autorización correspondiente. Fin del sistema exclusivo La novedad fue difundida por Adorni a través de sus redes sociales, donde destacó que el nuevo esquema busca ampliar la oferta de lugares habilitados para realizar el trámite obligatorio. “A partir de mañana, se abre el registro de inscripción para que talleres mecánicos particulares habilitados puedan realizar la Revisión Técnica Obligatoria. Se termina el monopolio de las plantas de VTV. Fin”, escribió el funcionario.Con esta decisión, el Ejecutivo busca modificar un sistema que durante años funcionó a través de plantas exclusivas destinadas a efectuar los controles técnicos exigidos para circular. La principal modificación consiste en que los propietarios de vehículos ya no dependerán únicamente de las plantas de verificación tradicionales para realizar la revisión obligatoria. Una vez habilitados, los talleres mecánicos privados podrán ofrecer el servicio y emitir las certificaciones correspondientes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades. Desde el Gobierno consideran que esta apertura permitirá incrementar la competencia dentro del sector y facilitar el acceso al trámite para millones de conductores. Además, sostienen que una mayor cantidad de establecimientos autorizados podría contribuir a disminuir demoras, ampliar la cobertura territorial y reducir los tiempos de espera para obtener turnos. Cómo funcionará el nuevo registro Según se informó, el proceso de inscripción comenzará esta semana y estará dirigido a talleres interesados en incorporarse al sistema de revisiones técnicas obligatorias.Los establecimientos deberán acreditar una serie de condiciones técnicas y administrativas para poder operar dentro del nuevo esquema. Las autoridades nacionales deberán definir en los próximos días cuáles serán los requisitos específicos vinculados al equipamiento, la capacitación del personal y los procedimientos de control que deberán cumplir los nuevos centros habilitados. Pese a la modificación en los lugares donde podrá realizarse la revisión, la obligación de someter los vehículos a los controles técnicos periódicos continuará vigente. La intención oficial es ampliar la red de prestadores sin alterar los estándares de seguridad exigidos para la circulación de automóviles, motocicletas y vehículos de transporte. Por ese motivo, el nuevo sistema incluirá mecanismos de fiscalización y supervisión para verificar que las inspecciones se desarrollen bajo criterios equivalentes a los actualmente vigentes. Un cambio con impacto nacional La medida representa una de las reformas más importantes en materia de control vehicular de los últimos años y podría modificar significativamente la experiencia de los usuarios. Hasta ahora, la mayoría de los conductores debía acudir a plantas específicas para cumplir con la VTV o la RTO, dependiendo de la jurisdicción correspondiente. Con la incorporación de talleres particulares habilitados, el Gobierno apuesta a generar una red más amplia de centros de revisión técnica, con mayor disponibilidad de turnos y una oferta de servicios más descentralizada. Qué falta definir Aunque el anuncio ya fue realizado, todavía restan conocerse aspectos centrales de la implementación. Entre ellos figuran los criterios de habilitación, los protocolos de inspección, los sistemas de auditoría y las condiciones que deberán reunir los talleres para integrarse al nuevo esquema. También será necesario establecer los mecanismos que permitan garantizar la calidad de los controles y evitar diferencias entre los distintos establecimientos autorizados. Mientras avanzan esas definiciones, el registro comenzará a recibir solicitudes de talleres interesados en incorporarse a un sistema que, de concretarse plenamente, cambiará la forma en que millones de argentinos realizan la revisión técnica obligatoria de sus vehículos. Ámbito
Por medio del Decreto N°423/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se dispuso una reducción de la alícuota del derecho de exportación para ciertas mercaderías de las cadenas de granos de soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada. Las autoridades remarcaron que la medida buscará impulsar las exportaciones y consolidar la inserción internacional de la Argentina El Gobierno nacional estableció nuevas alícuotas para el Derecho de Exportación (D.E.) aplicables a varios productos agrícolas y biocombustibles. Según explicaron las autoridades, se trata de una medida escalonada que buscará promover y proteger al sector agroindustrial. De la misma manera, se anunció la reducción de la alícuota para productos del biodiésel, entre ellos, los obtenidos de aceites de colza, cártamo, Brassica Carinata y Camelina Sativa, a niveles equivalentes a los de la exportación de aceites, con la finalidad de diversificar y ampliar mercados. Además, se establecieron nuevos aranceles para los productos detallados en los anexos I, II y III. De todas ellas, solo la mercadería incluida en el primer apartado comenzará a abonar esos porcentajes desde este 4 de junio. Esto se debe a que, para los sectores comprendidos en los apartados II y III, se realizará una reducción gradual mes a mes. De esta manera, se deberá realizar un nuevo cálculo según el período en el que se realizara el embarque de la producción destinada a la exportación. De acuerdo con las autoridades, la medida tiene como propósito promover, proteger y conservar las actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como los recursos naturales y las especies animales o vegetales. En línea con esto, el Poder Ejecutivo argumentó que la transformación de la política económica nacional requiere “adoptar medidas que permitan optimizar el uso de los recursos del Estado para acompañar el programa de estabilización macroeconómica”. De la misma manera, mencionaron que los Decretos Nros. 526/25 y 877/25 ya habían reducido de forma permanente los derechos de exportación de los complejos de soja, girasol, maíz, cebada, trigo y sorgo, incluyendo sus subproductos; apuntaron que esas normas buscaron mejorar la situación económica de todos los actores de las cadenas de valor, incentivando el aumento de las exportaciones y el ingreso de divisas al país. Por esto, el Gobierno nacional sostuvo que es necesario seguir generando condiciones favorables para la producción y el comercio exterior, facilitar la apertura de nuevos mercados y dotar de certidumbre a productores, elaboradores y exportadores. También afirmaron que los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo que debería eliminarse y que, en la medida en que el superávit fiscal lo permita, se irán reduciendo gradualmente hasta su desaparición. Al mismo tiempo que señalaron al sector agroindustrial como una de las principales fuentes de generación de divisas, desarrollo regional y empleo a través de las exportaciones, remarcaron que se trata de un programa gradual, previsible y verificable de reducción de los derechos de exportación para brindar certidumbre, promover la inversión, incrementar la producción y consolidar la inserción internacional de la Argentina. En este sentido, se prevé un esquema diferenciado según los ciclos productivos: uno de aplicación inmediata para los cultivos de invierno, dada la proximidad de la siembra, y otro para los de verano, con un cronograma posterior. Según indicaron, estos períodos fueron diseñados para que, al momento de la comercialización, las reducciones de derechos de exportación estén vigentes, compatibilizando el compromiso de eliminación con una trayectoria gradual que no comprometa el equilibrio fiscal. La medida busca fortalecer la competitividad de las cadenas de valor agroindustriales, alineando la política comercial con los principios de libertad y apertura, e impulsar el crecimiento del sector. Asimismo, dispusieron que la medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial y que debe ser comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso y a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su archivo. Infobae
El pasado 22 de mayo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de Nelson David Gusak, ocurrida en septiembre de 2025 y caratulada judicialmente como “muerte dudosa”. La presentación fue realizada con el patrocinio legal de Manuela González y Alberto Cuellar. En el escrito judicial, el CPTCh sostuvo que el planteo “se formula primigeniamente contra trabajadores policiales que podrían haber intervenido/actuado en carácter de autores, cómplices, instigadores o encubridores del hecho de desaparición de Gusak Nelson David”. La intervención del organismo se produce en el marco de una investigación atravesada por fuertes cuestionamientos de la familia respecto del accionar policial y múltiples dudas aún no esclarecidas sobre lo ocurrido con el joven. Testimonios y denuncias sobre el accionar policial Nelson Gusak tenía 26 años cuando desapareció. La última vez que fue visto fue el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Zampa, en jurisdicción de la Comisaría Séptima de Resistencia. Desde entonces, su madre, Silvina Espinosa, inició una búsqueda sostenida a partir de recorridos propios, testimonios de vecinos y allegados, y reiterados reclamos ante distintas dependencias policiales y judiciales. Su reconstrucción de los hechos comenzó a partir del relato de jóvenes que estuvieron con Nelson en una vivienda ubicada sobre calle 8, cerca de la casa de su mamá, donde se estaba alojando. Según esos testimonios, efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron en el lugar ese día. Tres de los jóvenes que acompañaban a Nelson fueron detenidos por el supuesto robo de un carro y recuperaron la libertad al día siguiente, luego de que cámaras de seguridad confirmaran que los autores del hecho habían sido otras personas. En declaraciones incorporadas a la causa judicial, uno de los jóvenes detenidos, afirmó que al momento del procedimiento Nelson permanecía dentro de la vivienda y que los policías “le daban y ni se movía”, señalando además que el joven habría quedado en el lugar cuando ellos fueron trasladados a la comisaría. “A mi hijo le empezaron a pegar patadas y piñas”, sostuvo Silvina Espinosa en referencia a los relatos brindados por quienes estuvieron con Nelson antes de su desaparición. La madre del joven denunció además reiteradas situaciones de hostigamiento durante el transcurso de la búsqueda. “La policía venía a mi casa a cualquier hora y me llevaba a declarar a la Comisaría Quinta, a ver si podía agregar algo”, relató. En una de esas oportunidades, aseguró haber permanecido desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Silvina recordó además una frase que, según afirma, le manifestó un efectivo policial durante una de las entrevistas realizadas en el marco de la búsqueda: “A lo mejor aparece con un tiro en la espalda por cuatrero. A lo mejor está perseguido o escondido”. La familia sostiene que estas situaciones disminuyeron tras la intervención de la abogada Gabriela Bertoya. El celular, las contradicciones y las sospechas sobre la investigación Uno de los puntos señalados por la familia y retomados en la presentación judicial del Comité es la aparición del teléfono celular de Nelson meses después de la desaparición. Según relataron, Silvina insistía desde hacía tiempo en que el dispositivo se encontraba en la Comisaría Séptima. Finalmente, el celular apareció tras distintas gestiones vinculadas a la causa. De acuerdo con declaraciones incorporadas al expediente, el teléfono habría sido secuestrado durante el procedimiento policial en el que fueron detenidos tres jóvenes allegados a Nelson. Sin embargo, la familia sostiene que durante meses distintos efectivos policiales negaron conocer el paradero del aparato. La propia Silvina Espinosa denunció ante el Comité que, cuando insistía en recuperar el celular de su hijo, un funcionario policial le respondió: “¿Para qué querés el celular de tu hijo si lo que estás buscando es tu hijo, no su celular?”. Cuando el hermano mayor de Nelson acudió a reconocer el equipo, observó que el aparato se encontraba encendido y reseteado. Para la familia, esto constituye un indicio de manipulación posterior de la información almacenada en el dispositivo. Restos óseos, pericias y cuestionamientos de la familia A fines de abril de 2026 fueron hallados restos óseos en una zona de monte ubicada en inmediaciones de avenida Nicaragua y calle 19, en el sector sur de Resistencia. Silvina sostiene que se enteró del hallazgo a través de vecinos y publicaciones difundidas en redes sociales, sin haber recibido previamente información oficial por parte de las autoridades judiciales o policiales. “Ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie se acercó a decirnos nada”, afirmó. La familia también cuestiona distintas irregularidades vinculadas al lugar del hallazgo. Según relataron, el predio nunca fue preservado adecuadamente y continuó teniendo circulación permanente de personas incluso después de los rastrillajes. “Nunca hubo una cinta de no pasar. Nunca vallaron el lugar”, recordó Marisa Gusak, hermana de Nelson. Otro de los puntos que genera dudas para la familia es el hallazgo del cráneo, que fue encontrado por los propios familiares durante un rastrillaje organizado por ellos mismos, realizado después de un operativo policial en la zona. Según relataron, el cráneo se encontraba a sólo quince metros y a simple vista del lugar donde previamente habían sido hallados otros restos óseos. Además, cuestionan el estado de la dentadura encontrada, ya que, según señalaron, Nelson conservaba todas sus piezas dentales al momento de su desaparición. Para la familia, ese faltante abre interrogantes sobre la posibilidad de lesiones previas a la muerte, cuestión que esperan pueda ser esclarecida mediante las pericias forenses. Hasta el momento, los restos óseos continúan pendientes de identificación definitiva mediante estudios genéticos. Según informes forenses incorporados a la causa, fueron analizados 131 restos óseos y los especialistas concluyeron que serían compatibles con un varón de entre 20 y 30 años. No obstante, señalaron que la identificación definitiva sólo podrá establecerse mediante estudios de ADN y otras pericias complementarias. El informe forense también indicó que no fue posible determinar científicamente la causa ni la fecha de muerte debido a que el esqueleto se encuentra incompleto. Silvina