El ministro de Economía argentino culpó a las familias por la mora. Los bancos públicos siguen refinanciando deudas con tasas de hasta 174 por ciento y las fintech ya cobran más de 400 por ciento anual. Luis Caputo salió a justificar el fuerte aumento de la morosidad en el sistema financiero con una frase que cayó mal incluso dentro de algunos bancos: dijo que las familias “pensaron que la inflación iba a licuar las deudas” y por eso se sobreendeudaron. La explicación oficial intenta correr el foco del deterioro salarial y del costo financiero récord que enfrentan millones de trabajadores para llegar a fin de mes. El problema para el ministro es que, mientras les pide públicamente a los bancos que “extiendan plazos y cobren tasas bajas”, el propio Banco Nación mantiene líneas de refinanciación con costos difíciles de asociar a cualquier idea de alivio financiero. Una de las líneas más utilizadas para refinanciar pasivos es “Consolidación de Deuda”, destinada justamente a clientes complicados con préstamos o tarjetas. Allí, la tasa efectiva anual más IVA alcanza el 114,21 por ciento para deudores morosos. Traducido: un trabajador que ya no puede pagar sus obligaciones debe salir de la crisis tomando una deuda todavía más cara. La contradicción quedó expuesta en las propias declaraciones del ministro. “Nosotros hablamos con los bancos en el caso de la mora y dijimos que traten de extender los plazos y cobrar tasas bajas. Algunos ya lo están haciendo, pero otros no. Son decisiones privadas”, afirmó Caputo. El problema es que uno de los bancos que no parece haber escuchado la recomendación es justamente el principal banco público del país. El Banco Ciudad tampoco aparece demasiado alineado con la idea de “tasas bajas”. Para asalariados que cobran el sueldo en la entidad, el costo financiero total ronda el 114,21 por ciento anual. Para clientes de mercado abierto, directamente escala hasta el 174,30 por ciento. En los bancos privados el panorama es todavía más agresivo. Dependiendo del perfil del cliente y del nivel de riesgo asignado, las tasas para préstamos personales se ubican entre el 100 y el 300 por ciento anual. Es decir, la supuesta baja de tasas que celebra el Gobierno parece haberse quedado en los títulos financieros y no llegó a las ventanillas. Mientras tanto, empieza a expandirse otra modalidad todavía más riesgosa: los adelantos de corto plazo. Son mini préstamos pensados para personas que no llegan a fin de mes y necesitan cubrir gastos inmediatos durante 7, 14 o 28 días. En esos casos, muchas Fintechs y bancos digitales cobran tasas que, anualizadas, superan el 400 por ciento. El usuario suele no percibir el costo total porque paga intereses por períodos cortos. Pero cuando el mecanismo se vuelve recurrente -tomar un adelanto para cancelar el anterior- la deuda empieza a crecer como una bola de nieve. Un especialista de riesgo de un importante banco explicó a este medio que la baja de tasas “no se dio en los sectores justamente más comprometidos con la mora”. Según sostuvo, las entidades financieras entienden que mientras no mejoren el salario real y el nivel de actividad, la capacidad de pago seguirá deteriorándose. “La lógica hoy es que preferible que algunos clientes caigan en la mora antes que seguir prestar barato y aumentar el riesgo”, resumió. La frase revela el verdadero clima que existe en buena parte del sistema financiero detrás del optimismo oficial. De hecho, la reducción de tasas para personas físicas aparece sólo en segmentos muy específicos y con perfiles de bajo riesgo. Es decir: se les presta a quienes probablemente nunca entren en mora, mientras se endurecen las condiciones para quienes ya están endeudados. Caputo salió a justificar el fuerte aumento de la morosidad en el sistema financiero con una frase que cayó mal incluso dentro de algunos bancos: dijo que las familias “pensaron que la inflación iba a licuar las deudas” y por eso se sobreendeudaron Eso termina chocando con el objetivo que dice perseguir Caputo. El Gobierno asegura que quiere reactivar el crédito privado, pero los bancos responden ajustando filtros, achicando universos y refinanciando cada vez menos. El trasfondo es que la mora dejó de ser un fenómeno aislado. En los bancos reconocen que crecieron con fuerza los atrasos en tarjetas de crédito, préstamos personales y financiamiento de consumo, especialmente entre asalariados y sectores medios. Ahí aparece otro problema para el relato oficial: si la economía realmente estuviera atravesando una recuperación sólida, el endeudamiento para cubrir gastos básicos no debería seguir creciendo a este ritmo. Caputo insiste en que “lo peor ya pasó” y que la inflación seguirá bajando. Pero en la calle el termómetro parece marcar otra cosa: cada vez más trabajadores refinancian tarjetas, patean vencimientos o toman adelantos para poder terminar el mes. Y mientras el ministro les pide a los bancos que sean más flexibles, las entidades parecen haber llegado a otra conclusión bastante menos optimista: el problema ya no es prestar caro. El problema es a quién prestarle. La Política Online
Autor: Redacción General
La Universidad Nacional del Chaco Austral llevó adelante una nueva acción territorial en la localidad de Corzuela, mediante un operativo integral de atención médica y control nutricional destinado a la comunidad. La actividad se desarrolló junto al municipio local, encabezado por el intendente Rafael Carrara, y contó con la participación de estudiantes y docentes de las carreras del área de salud, quienes realizaron tareas de atención primaria. Durante la jornada se brindaron servicios de pediatría, obstetricia, medicina general y asesoramiento nutricional, alcanzando a más de 70 personas atendidas. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestmann, quien acompañó activamente la jornada, destacó el compromiso social de la universidad y el valor formativo que este tipo de experiencias representa para los estudiantes. “Se estuvo trabajando en atención primaria de la salud. Los estudiantes realizaron un trabajo impresionante junto a los docentes de la carrera”, expresó. Asimismo, señaló que gran parte de las consultas estuvieron relacionadas con cuadros virales propios de la época del año y los cambios de temperatura. “Fue una gran experiencia para nuestros jóvenes poder realizar estas prácticas y brindar un servicio tan importante para la comunidad”, agregó. En paralelo, profesionales y estudiantes del área de Nutrición desarrollaron actividades de concientización sobre alimentación saludable y prevención de enfermedades, promoviendo hábitos orientados al cuidado integral de la salud. Desde la Universidad remarcaron que estas acciones formaron parte de las políticas de extensión universitaria impulsadas por la institución, fortaleciendo el vínculo con la comunidad y acercando conocimiento, prevención y atención a distintos puntos de la provincia. La comunidad de Corzuela acompañó activamente la iniciativa, destacando la importancia de este tipo de operativos para mejorar el acceso a servicios de salud y promoción comunitaria.
La mujer de 43 años acusada de hacerse pasar por médica en hospitales públicos del Chaco será trasladada en las próximas horas a la provincia para quedar a disposición de la Justicia chaqueña en la causa por presunta usurpación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina. El operativo comenzó este viernes a las 11.30, cuando personal de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña retiró a la detenida del Destacamento de Policía Femenina de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, para emprender viaje hacia Presidencia Roque Sáenz Peña. Junto a ella también trasladarán un teléfono celular marca Redmi, que será incorporado al expediente judicial. La llegada está prevista entre las 2 y las 3 de la madrugada del sábado. La sospechosa había sido detenida el pasado 27 de abril en Villa Lynch, donde permanecía oculta en la vivienda de su pareja, un agente de la Policía Federal Argentina. Según trascendió, el traslado se demoró nueve días debido a que restaba la autorización del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín. La investigación sostiene que la mujer habría ejercido ilegalmente la medicina entre agosto de 2024 y abril de 2026 en hospitales públicos de Quitilipi y Presidencia de la Plaza. De acuerdo a la causa, utilizaba la matrícula profesional de un médico para atender pacientes, recetar medicamentos y firmar certificados de defunción. La pesquisa comenzó luego de que se detectara su presencia en cronogramas oficiales de guardias médicas. Cuando la maniobra salió a la luz, la acusada abordó un micro rumbo a Buenos Aires y permaneció prófuga hasta ser localizada por las fuerzas de seguridad. Para encontrarla, los investigadores siguieron sus movimientos mediante cámaras de seguridad, operaciones realizadas con una billetera virtual y actividad en redes sociales. Así lograron establecer que se encontraba en el partido bonaerense de Tres de Febrero junto a su pareja. Durante los allanamientos realizados en Chaco, la Policía secuestró distintos elementos vinculados a la actividad médica, entre ellos uniformes sanitarios, bisturíes, agujas, jeringas, sondas y documentación hospitalaria. También encontraron restos de papeles quemados con sellos del Hospital “Dr. Emilio F. Rodríguez” de Quitilipi. Con el traslado previsto para este fin de semana, la Justicia chaqueña podrá avanzar en la investigación y tomar nuevas medidas en la causa.
La primera audiencia por el reclamo de acceso al agua potable expuso la situación que atraviesan cientos de familias del sur de Resistencia. La Justicia amplió el alcance del caso, sumó a nuevos organismos del Estado, pidió informes sanitarios y realizará una inspección en el barrio para verificar las denuncias de los vecinos. La crisis del agua en el barrio Zampa dejó de ser un reclamo aislado y comenzó a escalar con mayor presión sobre distintos organismos del Estado provincial y municipal. Este viernes, la Justicia chaqueña avanzó con nuevas medidas tras la primera audiencia realizada por la denuncia impulsada por vecinos del sur de Resistencia, quienes reclaman desde hace años por la falta de acceso regular y seguro al agua potable. La audiencia se desarrolló en el Juzgado Civil y Comercial N°21, a cargo del juez Julián Flores, y dejó expuesta la gravedad de una problemática que afecta a más de mil familias del barrio Zampa, una de las zonas más golpeadas por la crisis hídrica en la capital chaqueña. “Antes el servicio era malo, pero había. Hoy directamente no hay o no se puede consumir”, describen vecinos del barrio, donde muchas familias aseguran que terminan recurriendo a conexiones improvisadas cercanas a cunetas para poder cocinar, higienizarse o sostener tareas básicas del hogar. Durante la audiencia, los vecinos remarcaron que la situación ya tiene consecuencias directas sobre la salud de las familias. Entre las principales preocupaciones aparecen problemas gastrointestinales, afecciones en la piel y complicaciones que afectan especialmente a niños y adultos mayores. “Hay días en los que directamente no tenemos agua. Y cuando sale, sale turbia, con olor. Ya no sabemos qué hacer para que nos escuchen”, relató una vecina durante el proceso de organización del reclamo colectivo. A partir de lo planteado por las familias, la Justicia resolvió ampliar el alcance del reclamo y sumar formalmente al Municipio de Resistencia, la Administración Provincial del Agua (APA) y el Ministerio de Infraestructura provincial, además de Sameep, para que intervengan y den respuestas sobre la situación denunciada. La decisión dejó expuesto que el conflicto ya no recae únicamente sobre la empresa encargada del servicio, sino que involucra responsabilidades más amplias vinculadas a la infraestructura, la planificación urbana y el control del acceso al agua potable. Además, el juzgado ordenó solicitar un informe sanitario al Centro de Salud de Villa Libertad para evaluar el impacto de la crisis en los vecinos y confirmó que realizará una inspección presencial en el barrio junto a las partes involucradas para constatar las condiciones denunciadas por las familias. Del encuentro participaron representantes de Sameep, de la Defensoría del Pueblo del Chaco y de la Fiscalía de Estado, esta última en representación del gobernador Leandro Zdero, quienes debieron asistir ante el avance del reclamo vecinal y las medidas impulsadas por la Justicia. El acompañamiento legal de los vecinos estuvo a cargo de Juan Pablo Núñez, como parte del equipo jurídico que sostiene la representación legal del reclamo colectivo para exigir respuestas urgentes frente a una problemática que desde hace años afecta la vida cotidiana de cientos de familias del sur de Resistencia.
La resolución de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, tras un reclamo del Sindicato de Peones de Taxis, argumenta que las plataformas digitales no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias que rigen para el resto del sector de transporte de pasajeros. Ahora, tienen las mismas obligaciones. Cuáles son. Los conductores que trabajan con aplicaciones de transporte como Uber, Cabify y DiDi en la Ciudad de Buenos Aires ahora deberán tramitar una licencia profesional y contar con seguros especiales para poder seguir trabajando. La medida surge de un reciente fallo de la Justicia porteña que busca igualar las reglas con las que ya cumplen taxis y remises. La resolución fue tomada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad, luego de un reclamo impulsado por el Sindicato de Peones de Taxis. Los jueces entendieron que las plataformas digitales prestan un servicio de transporte de pasajeros y que, por lo tanto, no pueden funcionar por fuera de los controles y exigencias que rigen para el resto del sector. En la práctica, esto implica un cambio importante para miles de choferes que hasta ahora manejaban utilizando una licencia común. Según el fallo, mientras no exista una ley específica que regule a Uber, Cabify y DiDi, sus conductores deberán cumplir los mismos requisitos que los taxistas, incluyendo habilitaciones, seguros y licencias profesionales. Qué cambia para los conductores de Uber, Cabify y Didi El fallo judicial sostiene que las aplicaciones no pueden seguir operando en un “vacío legal” que les permita evitar controles regulatorios. Los magistrados remarcaron que taxis y remises afrontan costos, trámites y exigencias que las plataformas digitales no tenían hasta ahora, generando una situación desigual. De esta manera, los conductores que trabajen con apps de transporte deberán adaptarse a nuevas condiciones para seguir prestando servicio en la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales requisitos que pasan a ser obligatorios aparecen: -Licencia de conducir profesional. -Seguros específicos para transporte de pasajeros. -Cobertura para pasajeros, conductor y responsabilidad civil. -Cumplimiento de controles y habilitaciones similares a taxis y remises. -Adecuación a futuras regulaciones que dicte la Ciudad. Los jueces Mariana Díaz, Fernando Enrique Juan Lima y Marcelo López Alfonsín consideraron que Uber y otras aplicaciones forman parte de un “servicio global de transporte” y no solamente de una plataforma tecnológica. Para fundamentar esa postura, incluso citaron antecedentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El fallo también cuestionó duramente al Gobierno porteño por haber permitido durante años una “apariencia de regularidad” en el funcionamiento de las plataformas. Según la resolución, la Ciudad calificaba a Uber como un servicio clandestino, pero al mismo tiempo permitía su publicidad en espacios públicos y no avanzaba con controles efectivos. Además de exigir nuevas obligaciones para los conductores, la Justicia ordenó que el Gobierno de la Ciudad avance sobre otros aspectos vinculados a las plataformas digitales. Entre ellos, iniciar procedimientos para cobrar impuestos locales a las empresas y realizar campañas de difusión para advertir a los usuarios sobre posibles riesgos relacionados con seguros o licencias. Otro de los puntos relevantes es que, mientras siga existiendo esta diferencia regulatoria, el Gobierno porteño no podrá cobrarles a los taxistas determinados aranceles administrativos relacionados con licencias y trámites de operación. La Cámara entendió que no puede exigirse un esquema de costos más pesado para un sector mientras otro compite sin obligaciones equivalentes. elDiarioAR
En un muy mal día para los activos argentinos, los ADRs en Nueva York sufren fuertes caídas lideradas por Mercado Libre que cede más de 9%. El último balance de la compañía no es del agrado de los inversores que castigan el valor de la acción. En tanto, el MERVAL en Buenos Aires también muestra el listado en rojo y cae 1%. En cambio los títulos de la deuda ofrecen resultados favorable y el riesgo país cede a 515 puntos.
“Mientras el RIGI ya suma proyectos aprobados por US$ 27.210 millones, la Inversión Extranjera Directa (IED) real mostró una salida neta de US$ 4.687 millones en el cuarto trimestre del 2025”, señaló el economista Cristian Buteler. El economista Christián Buteler contrastó los anuncios de inversiones realizados por el gobierno con los reales números informados por el Banco Central y marcó la contradicción entre el relato y los hechos. “Mientras el RIGI ya suma proyectos aprobados por US$ 27.210 millones, la Inversión Extranjera Directa (IED) real mostró una salida neta de US$ 4.687 millones en el cuarto trimestre del 2025”, señaló el economista. Esto responde a que los anuncios no se concretan en forma inmediata sino que son procesos de distintas etapas. El Gobierno pretende mostrar una “avalancha de dólares”, pero en cambio los desembolsos de las empresas son en etapas y durante varios años. El Banco Central informó ayer que en el último trimestre de 2025 se registró un egreso neto de inversión extranjera directa (IED) por US$ 4.687 millones durante el cuarto trimestre de 2025. Este resultado se explica principalmente por el pago de deudas comerciales que las empresas locales mantienen con sus casas matrices o firmas vinculadas en el exterior. La reducción de esta deuda fue consecuencia de la “cancelación de los adelantos de cobros de exportaciones del sector agroexportador” que se habían producido en septiembre de ese año. Esta situación se dio en el marco de una baja temporal a cero de los derechos de exportación establecida por el Decreto 682/2025. Según el sector de “Industria manufacturera” fue el que más impacto recibió por esta medida, con un saldo negativo de US$ 3.795 millones en transacciones de deuda. El reporte oficial -que procesó Agencia Noticias Argentinas – detalla que este sector es el “principal sector exportador de oleaginosas y cereales” del país. Pese a la salida global, ingresaron al país US$ 1.111 millones por aportes de capital, de los cuales el “93% correspondió a aportes en efectivo”. Los sectores que captaron la mayor parte de estos fondos fueron los intermediarios financieros y la industria manufacturera. Por otro lado, la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras en el país alcanzó los US$ 241 millones en el período analizado. En cuanto al origen de los fondos, las mayores salidas netas de dinero se dirigieron hacia Suiza, Reino Unido y Países Bajos. En contrapartida, Australia se destacó entre los países con ingresos netos hacia la Argentina. Al cierre del año, el stock total de inversión extranjera en el país, denominado posición pasiva bruta, fue de US$ 181.037 millones. Los principales países inversores en Argentina son Estados Unidos (18%), España (14%) y Países Bajos (12%), los cuales concentran el 44% del total de las tenencias. Por sectores, la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras representan la mayor parte de la inversión acumulada.
El gobernador de la provincia, Leandro Zdero, recibió a la embajadora de Paraguay, Helena Concepción Felip Salazar, y al cónsul Fabio López, en una reunión de trabajo orientada a fortalecer los vínculos históricos, comerciales y culturales entre pueblos hermanos. Del encuentro participaron también la secretaria de Coordinación de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario General de Gobernación, Julio Ferro; el ministro de Hacienda, Alejandro Abraam y el presidente de la Agencia Chaco, Martín Braillard Poccard. Durante la reunión se avanzó en una agenda conjunta enfocada en potenciar el comercio regional y consolidar al Chaco como una herramienta estratégica para el desarrollo, la integración y la generación de nuevas oportunidades para las empresas de la región. En ese marco, el gobernador Leandro Zdero destacó la importancia de que la provincia se consolide como el hub logístico del Cono Sur, aprovechando la ubicación estratégica del territorio chaqueño y su infraestructura de conectividad. Los puertos chaqueños sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay y la conectividad ferroviaria fueron señalados como herramientas fundamentales para fortalecer la integración regional, impulsar una verdadera conexión bioceánica y generar una logística más eficiente, competitiva y sustentable para el norte argentino y Paraguay. Asimismo, el mandatario provincial remarcó que el Chaco posee el potencial necesario para transformarse en un nodo clave para el movimiento de mercaderías, integrando mercados, reduciendo costos logísticos y mejorando la competitividad de las economías regionales.Durante el encuentro también se analizaron mecanismos para fortalecer la llegada de inversiones paraguayas a la provincia y facilitar que más empresas chaqueñas puedan exportar y comercializar sus productos y servicios en Paraguay. Finalmente, las autoridades dialogaron sobre intercambio cultural e invitaron a la representación diplomática paraguaya a participar de la Bienal del Chaco, reafirmando la importancia de continuar construyendo una relación basada en la cooperación, la integración y el crecimiento compartido.
La jueza federal Macarena Marra Giménez dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba 81 artículos de la Ley 27.802 al considerar que el fuero laboral era incompetente y que el planteo requiere un análisis de fondo incompatible con una resolución provisoria. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°12 dejó sin efecto la medida cautelar que había suspendido la vigencia de 81 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, en una causa iniciada por la CGT contra el Estado Nacional. La resolución fue firmada por la jueza federal Macarena Marra Giménez, quien sostuvo que el magistrado laboral que había dictado la cautelar carecía de competencia y que no estaban reunidos los requisitos legales para mantener la suspensión de la norma. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la magistrada resolvió “dejar sin efecto la medida cautelar otorgada mediante resolución del 30/3/2026, que suspendió 81 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802”. El fallo recordó que la Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativo Federal había definido previamente que la competencia correspondía al fuero contencioso administrativo y no al laboral. En ese marco, Marra Giménez citó la Ley 26.854 de medidas cautelares contra el Estado, que establece que “los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia”. La resolución cuestionó además el alcance de la cautelar dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N°63, que había suspendido artículos vinculados con contratos laborales, indemnizaciones, negociación colectiva, huelga, actividad sindical, vacaciones, jornada laboral y modalidades de contratación. La jueza señaló que “la accionante persigue a título cautelar la suspensión de 81 artículos de la ley de modernización laboral N°27.802, mediante los cuales se regulan una amplia gama de cuestiones de una variedad y complejidad tal que excede el estrecho ámbito de apreciación del remedio preliminar deducido”. Asimismo, remarcó que analizar la constitucionalidad de ese conjunto de normas en una instancia cautelar implicaría adelantar criterio sobre la cuestión de fondo y sostuvo que “realizar un examen a título cautelar sobre la arbitrariedad o inconstitucionalidad de 81 artículos de una ley dictada por el Congreso Nacional resultaría un claro abuso del instituto cautelar”. La magistrada también enfatizó que “las leyes gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente” y consideró que el planteo de la CGT requiere “un examen profundo de estudio sobre los derechos involucrados”. El fallo añadió que no existía peligro en la demora que justificara mantener la suspensión de la ley, debido a que la causa tramita bajo el procedimiento sumarísimo, con plazos abreviados para arribar a una sentencia definitiva. Finalmente, la jueza aclaró que la decisión no implica adelantar opinión sobre la constitucionalidad de la reforma laboral ni sobre la legitimación de la CGT para impulsar la demanda colectiva, cuestiones que serán resueltas en la sentencia definitiva.
A siete kilómetros del centro de Ushuaia está el basurero que recibe los residuos de la ciudad más austral de Argentina. El lugar, evitado por sus habitantes, es, en cambio, un punto de peregrinación de observadores de aves de todo el mundo. Llegan en busca de una figurita difícil, el matamico blanco. Los restos de comida atraen a esta elegante ave carroñera, de color oscuro, garganta blanca y una intensa franja naranja en la cara. Por allí pasaron varios de los cerca de 150 turistas que el 1 de abril se embarcaron en el MV Hondius rumbo al archipiélago de Cabo Verde, entre ellos el matrimonio holandés que fue el primero en presentar síntomas de hantavirus en alta mar. Se sospecha que ellos pudieron transmitírselo a otros ocupantes de la embarcación. Hasta ahora hay ocho casos detectados por la Organización Mundial de la Salud. Tres de ellos han fallecido. Fuentes oficiales confirmaron a El País que ese basurero es uno de los lugares donde los epidemiólogos buscan rastros de roedores infectados. Las autoridades provinciales y la población local aguardan los resultados con escepticismo. En primer lugar, porque nunca se ha registrado un caso de hantavirus en Ushuaia ni en ningún otro lugar de la provincia a la que pertenece, Tierra del Fuego. Además, el recinto está vallado, por lo que los turistas que se acercan a ver aves no lo hacen entre los residuos, sino desde fuera, o por un sendero. El hantavirus se contrae al inhalar partículas de heces, orina o saliva de un roedor infectado: el riesgo en espacios abiertos como un vertedero es inferior al que de lugares cerrados con escasa ventilación, como un depósito, una granja o las instalaciones de un camping. El brote más letal en Argentina Argentina sufre su temporada más letal de hantavirus: 101 infectados y 32 muertos, según el último boletín epidemiológico nacional. Los infectólogos piden extremar las medidas de prevención y la vigilancia epidemiológica. Aquellos familiarizados con la variante Andes sur creen que es difícil, aunque no imposible, que haya casos sin detectar. “Acá no tenemos otras enfermedades con síntomas parecidos que puedan confundirse”, dice Enzo Lavarra, médico del hospital de Esquel. Comienza a manifestarse como una gripe – fiebre alta, dolores musculares, fatiga o vómitos -, pero los casos más graves degeneran rápido en síndrome pulmonar por hantavirus, con complicaciones cardiorrespiratorias y una tasa de mortalidad que supera el 30%. En el MV Hondius, el primer pasajero murió el 11 de abril. La segunda, el 26 de ese mes. La tercera, el 2 de mayo. Solo hay una especie de roedor que sea reservorio de la variante Andes sur del hantavirus, el Oligoryzomys longicaudatus. Su hábitat son las zonas boscosas y de sotobosque del centro de la Patagonia chilena y argentina, unos mil kilómetros al norte de Ushuaia. Allí, el hantavirus es endémico. El Ministerio de Salud provincial no ha respondido a las consultas de este medio sobre el vertedero. La información facilitada insiste en la ausencia de registros del virus en la zona. El guía ornitológico Esteban Daniels cuenta que hizo de guía de aves por Ushuaia y sus alrededores de algunos de los turistas a bordo del crucero, aunque no de la pareja holandesa. El vertedero es uno de los puntos de avistamiento habituales por la gran cantidad de especies que convoca, pero Daniels duda que haya sido el origen del foco. “No tiene mucho sentido que se hable del basural, en todo caso puede haber ratas, no ratones”, opina. “Vive gente cerca y nunca se supo de ningún caso”, agrega una fotógrafa. Otros residentes cuentan que al lado del vertedero pasa una ciclovía transitada y no lejos de allí hay una playa a la que suelen ir. Nadie se enfermó de hantavirus. La ciudad sigue la noticia entre la indiferencia del resto de Argentina y cierto temor por el impacto que tendrá el brote del crucero en el turismo, la principal fuente de ingresos local. Entre noviembre y abril, los meses más cálidos del hemisferio sur, el MV Hondius, un buque polar, lleva pasajeros a conocer la Antártida desde Ushuaia. Cuando termina la temporada, atraviesa el Atlántico hacia el norte con escalas en islas remotas como las Sándwich, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión. Ese itinerario anual atrae a “observadores de aves, fotógrafos y gente a la que le gustan los lugares extremos”, detalla Daniels. Los viajeros esperaban avistar especies endémicas de la zona, como el rasconcillo de Tristán de Acuña o el gigantesco albatros de Tristán, entre muchas otras otras. Una investigación abierta El Ministerio de Sanidad de Argentina informó el jueves que hasta el momento no ha sido posible confirmar el origen del contagio. La investigación continúa abierta. Se sabe que la pareja de jubilados holandeses, de 69 y 70 años, pasó cuatro meses recorriendo Argentina, Chile y Uruguay por carretera. Los primeros síntomas comenzaron a los pocos días de navegación, lo que permite inferir que pudieron contagiarse en tierra firme hasta tres semanas antes por el período de incubación del patógeno. El País
En diálogo con CIUDAD TV, la intendenta de Pampa del Infierno, Glenda Seifert, celebró como un hecho histórico para la provincia del Chaco la primera exportación de carne ovina hacia Asia. “La verdad que un día muy feliz el día de ayer”, expresó la funcionaria. La intendenta destacó que esta operación fue posible gracias al trabajo conjunto con la empresa Ovechas, que se hizo cargo del frigorífico en Pampa del Infierno, y al programa Progano, clave en la provisión de animales. “El Progano fue uno de los proveedores de estos ovinos”, señaló Seifert, y agregó que también se compró producción a distintos criadores de localidades como Presisdencia de la Plaza, Charata, Gancedo, y también de zonas limítrofes de Santiago del Estero. “Esta es la primera carga de nueve que van a salir del frigorífico a los distintos países árabes y asiáticos”, adelantó la intendenta, visiblemente emocionada. Explicó que el proceso incluyó todos los controles sanitarios en la aduana de Pampa del Infierno y que la mercadería partió luego al puerto de Buenos Aires. En ese marco, agradeció al gobernador Leandro Zdero por haber escuchado la necesidad de reactivar el frigorífico y los CEDEPROS en El Impenetrable chaqueño. Seifert subrayó el impacto profundo que esta apertura comercial tiene sobre los pequeños productores de la región. “Veníamos del trueque donde la gente tenía que cambiar un cabrito o una oveja por una bolsa de harina. Hoy tienen un mercado internacional con un precio sumamente importante”, remarcó. Y añadió: “Pueden vender su producción a buen precio y generarse con su trabajo el sustento diario. Es un cambio sustancial en la vida de los pequeños productores”. La intendenta recordó que el frigorífico estuvo paralizado durante mucho tiempo y que el programa Progano permaneció “frizado durante 16 años”. Sin embargo, destacó la insistencia de su gestión y la decisión política del gobernador para revertir esa situación. “Nosotros siempre creímos y confiamos en el potencial de la región en cuanto a la cría de ganado menor”, afirmó. También agradeció a los inversores como Yasef Becher y a los empleados del frigorífico que mantuvieron las instalaciones en condiciones pese a la inactividad. Por último, Seifert anticipó que en las próximas cargas se exportará también carne caprina, consolidando así una nueva etapa productiva para la provincia. “Podemos decir que la carne chaqueña hoy va a estar en la mesa del mundo”, concluyó.
La percepción global de Estados Unidos se ha deteriorado por segundo año consecutivo y ahora es peor que la de Rusia, según un estudio anual sobre democracia publicado el viernes, mientras las políticas del presidente estadounidense Donald Trump siguen poniendo a prueba severamente la alianza de la OTAN. La Fundación Alianza de las Democracias, con sede en Dinamarca y que encargó la encuesta, afirmó que Estados Unidos fue el país más mencionado, después de Rusia e Israel, como la mayor amenaza para el mundo. La encuesta no detalló los criterios utilizados, pero la Alianza indicó que su objetivo es defender y promover los valores democráticos. “El rápido declive de la percepción de Estados Unidos en todo el mundo es triste, pero no sorprendente”, dijo Anders Fogh Rasmussen, fundador de la alianza y ex secretario general de la OTAN. “La política exterior estadounidense de los últimos 18 meses ha puesto en entredicho, entre otras cosas, la relación transatlántica, ha impuesto aranceles generalizados y ha amenazado con invadir el territorio de un aliado de la OTAN”, añadió. Los aranceles de Trump, sus repetidas amenazas de controlar Groenlandia, miembro de la OTAN a través de Dinamarca, el recorte de la ayuda estadounidense a Ucrania, así como la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y el consiguiente aumento de los precios del petróleo, han desestabilizado profundamente las relaciones transatlánticas. Enfurecido porque los países europeos se negaron a enviar sus armadas para abrir el estrecho de Ormuz al transporte marítimo mundial tras el inicio de la guerra aérea contra Irán, Trump dijo en abril que consideraba retirarse de la OTAN, debilitando aún más la alianza. La encuesta del Índice de Percepción de la Democracia, que clasifica la percepción de los países del -100% al +100%, mostró que la percepción neta de Estados Unidos había caído del +22% de hace dos años al -16%, situándose por detrás de Rusia (-11%) y China (+7%). No ofreció ninguna razón para el sentimiento positivo hacia China. La empresa de encuestas Nira Data realizó el sondeo entre el 19 de marzo y el 21 de abril, con más de 94.000 encuestados en 98 países. Las percepciones sobre los países se midieron en una muestra de 46.600 encuestados en 85 países. El informe se publicó antes de la Cumbre de la Democracia de Copenhague, que tendrá lugar el 12 de mayo. Reuters
El Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos bloqueó este jueves la imposición de un arancel global del 10 % a la mayoría de las importaciones, al considerar que el presidente Donald Trump invocó «de forma incorrecta» una ley comercial de hace décadas para aplicar estos gravámenes. El tribunal determinó que Trump utilizó de manera indebida una legislación comercial antigua al imponer los aranceles el pasado febrero, poco después de que otro paquete de medidas similares fuera anulado por el Tribunal Supremo. Según el fallo del Tribunal de Comercio, que tiene su sede en Nueva York, el Ejecutivo excedió los límites de la normativa al aplicar de forma generalizada un arancel a productos procedentes de prácticamente todos los países. Sin embargo, el futuro del litigio permanece abierto, dado que el Gobierno ya había previsto que el arancel global funcionara como una medida temporal destinada a ganar tiempo mientras se exploraban otras bases legales para imponer aranceles más duraderos. El marco normativo de los aranceles El arancel del 10 % se aplica desde el 24 de febrero bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, con una vigencia de 150 días, por lo que expira el próximo 23 de julio. Después de esto solo podrá ser prorrogado por el Congreso. Según The New York Times, se espera que la Administración de Trump recurra el fallo, lo que podría prolongar el conflicto. No obstante, una derrota definitiva obligaría al Ejecutivo a devolver los ingresos recaudados bajo esos aranceles, una cifra que se sitúa en torno a los 166.000 millones de dólares, según estimaciones. Tras la anulación previa de medidas arancelarias por parte del Tribunal Supremo, la Administración recurrió a una disposición poco utilizada de la Ley de Comercio de 1974 conocida como sección 122. Sin embargo, el Tribunal de Comercio subraya que esta disposición solo permite la imposición temporal de aranceles limitados, en circunstancias específicas vinculadas a desequilibrios graves en la balanza de pagos o a situaciones de inestabilidad en el sistema financiero internacional. El fallo recuerda además que esta norma permite gravámenes de hasta el 15 % durante un máximo de 150 días, tras lo cual su continuidad depende de autorización del Congreso. EFE
Un proyecto presentado por Jorge Taiana reclama frenar el proceso para concesionar la Vía Navegable Troncal/Río Paraná hasta que se esclarezcan las denuncias por irregularidades. La presentación apunta al uso de un supuesto informe atribuido a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido usada como aval del proceso licitatorio. El diputado nacional Jorge Taiana presentó este jueves un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para pedir la suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía, en medio de denuncias por presuntas irregularidades técnicas, jurídicas, ambientales e institucionales. El planteo pone el foco en la supuesta utilización de documentación apócrifa atribuida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que habría sido usada como aval del proceso licitatorio. La iniciativa apunta contra la Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1/2025, convocada mediante la Resolución 67/2025, para la concesión de la Vía Navegable Troncal/Río Paraná. En el texto, Taiana reclama que el Poder Ejecutivo suspenda la continuidad del procedimiento hasta que se esclarezcan las denuncias radicadas ante la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA). El proyecto sostiene que el proceso se encuentra bajo sospecha por el presunto uso de documentación falsa, la falta de estudios de impacto ambiental adecuados, el posible direccionamiento de los pliegos y la afectación de las facultades de control y participación de las provincias ribereñas. También advierte por el desmantelamiento de organismos federales de control sobre una infraestructura considerada estratégica para el comercio exterior argentino. Nuevas pruebas ante la PIA por el informe atribuido a la UNCTAD El pedido legislativo se apoya, además, en una nueva presentación realizada el 6 de mayo de 2026 ante la PIA, donde se aportaron elementos vinculados a la presunta falsedad de instrumentos públicos en el marco de la licitación. Según ese escrito, en el expediente ya se encuentran acumuladas denuncias por presunta violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, administración fraudulenta en perjuicio del Estado y confección o uso de instrumentos públicos reputados falsos. La nueva presentación ante la PIA fue realizada por DTA Engenharia LTDA., con intervención del abogado Eduardo Barcesat en representación de la firma brasileña. El planteo se sumó a una denuncia previa de integrantes de la Comisión Canal Magdalena, encabezada por el ingeniero José María Lojo, quien también advirtió públicamente sobre las presuntas irregularidades en el proceso. “Hay pruebas de que la licitación de la Vía Navegable Troncal se basa en estudios apócrifos”, sostuvo. En esa línea, Lojo reclamó frenar el trámite administrativo y afirmó que es “urgente detener el proceso licitatorio de la VTN para evitar que el efecto de los delitos denunciados se consumen en perjuicio de los productores y consumidores argentinos”. El punto central de la denuncia es un supuesto “informe técnico” atribuido a expertos de la UNCTAD, organismo de la ONU, que habría sido utilizado como respaldo del proceso licitatorio. De acuerdo con la presentación, ese documento carecería de la carátula propia de un informe emanado de ese organismo, no identificaría a los expertos que participaron en su elaboración y no tendría idoneidad suficiente en materia de impacto ambiental, uno de los puntos sensibles de una obra de dragado de esta magnitud. El comunicado también sostiene que una investigación realizada por una empresa internacional especializada en delitos informáticos describió mecanismos que impedirían rastrear quién encargó la supuesta experticia, quiénes fueron los profesionales que la elaboraron y firmaron digitalmente, y qué antecedentes técnicos tenían. Además, señala que tanto la ONU como la UNCTAD habrían sido requeridas para reconocer o informar sobre la autoría del documento, pero no habrían brindado respuesta hasta la ampliación de la denuncia. En esa misma línea, el proyecto de Taiana afirma que el informe técnico-forense detectó que los documentos fueron generados mediante Microsoft Word Office 365 y que no responderían a los formatos institucionales habituales de Naciones Unidas. También advierte que los archivos no contienen firmas digitales criptográficas válidas, mientras que las firmas visibles serían imágenes insertadas compatibles con montajes gráficos o recortes digitales. Según el texto, tampoco existirían códigos de serie, ISBN, avisos editoriales ni otros elementos característicos de publicaciones oficiales de la UNCTAD. Para Taiana, la eventual utilización de documentación falsa o adulterada en una licitación pública internacional que definiría por décadas la principal vía de navegación del país compromete la legalidad administrativa, la transparencia de la contratación pública y la confianza institucional en el proceso. Cuestionamientos ambientales, económicos y de soberanía Además del eje documental, el proyecto advierte sobre la ausencia de estudios de impacto ambiental integrales respecto de la profundización del calado del Río Paraná, proyectada entre 40 y 44 pies. De acuerdo al planteo, distintas presentaciones judiciales y técnicas alertaron sobre posibles riesgos para el acceso al agua potable, los sistemas cloacales, la fauna ictícola y los ecosistemas ribereños. Taiana también cuestiona la disolución del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable, al considerar que implicaría un retroceso en la participación de las provincias ribereñas y una pérdida de capacidad de fiscalización estatal sobre la vía navegable. El proyecto remarca que se trata de una infraestructura central para el comercio exterior argentino, por donde circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del país. En el plano económico, el texto objeta las condiciones previstas en los pliegos y advierte que la implementación de bandas tarifarias con precios mínimos y máximos podría desnaturalizar el concepto de concesión a riesgo empresario. Bajo esa línea, el esquema terminaría funcionando como una garantía de ingresos mínimos para el concesionario, con costos absorbidos por productores y usuarios de la vía navegable. La denuncia presentada ante la PIA también señala un posible favorecimiento a empresas extranjeras de origen belga, entre ellas Jan De Nul, actual operadora del dragado y balizamiento de la Hidrovía. Además, cuestiona que el informe atribuido a la UNCTAD propiciaría que la obra sea realizada por una tercera persona jurídica creada exclusivamente para la adjudicación, lo que, según la presentación, podría reducir la responsabilidad patrimonial frente a eventuales daños. El documento
La senadora es acusada de orquestar un plan para instalar ese mito y coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas de abuso sexual. Un amplio arco de referentes de derechos humanos, juristas y profesionales de la salud denunciaron penalmente a la senadora Carolina Losada por orquestar un plan para instalar el mito de que existen falsas denuncias contra abusadores sexuales de niñas, niños y adolescentes, y por coaccionar a profesionales de la salud para que no atiendan a víctimas de abuso sexual. “Las denuncias falsas no existen. Lo que hay es falta de denuncias y esto es porque denunciar es un laberinto cruel, caro y en general muy poco exitoso”, apuntó una de las denunciantes. La denuncia fue presentada ante la justicia federal y alcanza también al senador Juan Carlos Pagotto y al exministro Mariano Cúneo Libarona. Está encabezada por el exjuez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora consulta de la UBA Dora Barrancos, y fue firmada por una larga lista de referentes en derechos humanos, entre ellos, Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira. Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt. Se acusa a Losada de liderar una operación sistemática destinada a intimidar a profesionales que asisten a niños víctimas de abusos sexuales y de realizar apología del crimen al ensalzar a condenados por pedofilia. Específicamente, los delitos son: coacciones, encubrimiento agravado, apología del crimen, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La maniobra, dice la denuncia, opera simultáneamente en la ciudad de Buenos Aires y en Santa Fe, pero tiene efectos en todo el país. El epicentro es el despacho de la senadora santafecina, que impulsa un proyecto de ley que ya fracasó dos veces, basado “en un fenómeno inexistente en la República Argentina”. “Hay dos situaciones muy concretas que impulsan la presentación de esta denuncia. Una tiene que ver con detener el proceso que llevaría a convertir en ley un instrumento legal al servicio de castigar, disciplinar y volver a invisibilizar las violencias contra mujeres, niñas, niños y adolescentes”, dijo Hendel, secretaria de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidades de La Matanza, a Página/12. “En segundo lugar, esta denuncia invisibiliza a quienes están promoviendo esta ley lo que buscan es garantizar la impunidad de los violentos, algo que el sistema judicial desde su profunda misoginia viene demostrando desde hace mucho tiempo. Primero con los femicidios denominados en expedientes como crímenes pasionales. Y en las últimas décadas con las madres protectoras a las cuales invisibilizan y castigan legalmente sacándoles la posibilidad de maternar y cuidar. El mayor delito de ellas ha sido creerles a sus hijas e hijos, no denuncian falsamente”, agregó. “Carolina Losada está llevando adelante un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”, dice la denuncia. Además, “la operación se dirige a presionar a los tribunales” que tienen que resolver casos que todavía no están firmes en el ámbito penal o que están en trámite ante los fueros de familia. Las y los firmantes recuerdan que las llamadas “falsas denuncias” en el exterior del país son estadísticamente insignificantes; que en España, por ejemplo, las investigaciones del Consejo de Estado de ese país informó entre los años 2009 y 2021 la posibilidad de falsas denuncias sobre violencia de género sobre 1.055.912 casos el resultado es del 0,0084%. Es decir sin incidencia estadística alguna. Además, explican que en Argentina, las falsas denuncias ya están previstas en la ley desde 1949. “Es importante destacar que, sobre falsas denuncias de toda clase de delitos, si bien no se cuenta con estadísticas oficiales, en términos generales se manejan cifras por debajo del 1 por ciento. La característica de esa estimación es que se refiere mayormente a delitos económicos. Respecto de la falsa denuncia de abusos sexuales contra las infancias y adolescencias, no hay un solo caso”, apuntan. Acusan a Losada también de hacer un “inédito desfile de pedófilos” por el Senado, “a quienes atribuyó la calidad de héroes que resultan víctimas del ‘hembrismo’”. Entre ellos, Diego Guacci, exentrenador de la Selección Argentina de fútbol femenino. Ninguno de esos casos resultó ser una falsa denuncia. También la denuncian por haber fomentado revictimizaciones públicas. Se destaca el caso de Jazmín Carro, una joven que fue llevada al estrado del Senado en noviembre del 2024 para retractarse de haber denunciado a su padre, quien en realidad ya estaba condenado a 15 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante e incesto. También el de jugadoras de fútbol que fueron expuestas como paradigma de las falsas denuncias por haber denunciado a Guacci por diversos “hechos delictivos contra su integridad sexual y psicológica”. El 29 de abril pasado, en el Salón Auditorio del Senado de la Nación, varias de las afectadas testimoniaron sobre la maniobra y dieron a conocer las agresiones de todo tipo incluidas exigencias de contenido sexual de parte de Diego Guacci. “Quedó al descubierto en especial la intención de disciplinar y disuadir a toda aquella jugadora de fútbol o practicante de deportes a fin de que ante agresiones sexuales se abstenga de denunciar”, se lee en el documento. En esa jornada, Camila Gómez Ares, una de las jugadoras que se animó a denunciar, dijo: “El mensaje que están dando es triste y peligroso: si hablás vas a terminar peor de lo que estabas. Quieren que las futuras generaciones de jugadoras vean nuestro caso y digan: mejor me callo. Si el resultado de denunciar es quedar más desprotegida que antes, la impunidad va a seguir ganando. No podemos permitir que el futuro del fútbol femenino sea el silencio por miedo.” –¿Por qué fue necesario recurrir a la justicia en este caso? -preguntó Página 12 a Rozanski. –Siempre han existido los discursos mendaces sobre cuestiones de género
La medida solicitada por el senador por San Cristóbal interpuesta por Felipe Michlig fue aceptada por un Juzgado Federal de Rafaela. Otorgó tres meses para devolver condiciones de seguridad al camino de jurisdicción nacional. La Justicia Federal hizo lugar a la medida cautelar interpuesta por el senador de la provincia de Santa Fe, Felipe Michlig, para la realización de tareas urgentes sobre la Ruta Nacional 34, que sufre la falta de elementales trabajos por parte de la Dirección Nacional de Vialidad con el consiguiente peligro para sus usuarios, según publicó el diario El Litoral. Un parte de prensa del legislador radical explica que «la demandada deberá cumplir de forma inmediata» con tareas de mantenimiento mínimo indispensables, sobre Ruta Nacional N° 34, en el tramo vial comprendido entre las localidades de Curupaity, Monigotes y Palacios». En el marco de los autos caratulados: «Michilig, Felipe Enrique c/ Dirección Nacional de Vialidad s/ Amparo Ley 16.986″, Expediente No FRO 34534/2025», el Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Rafaela, a cargo del Dr. Aurelio Cuello Murúa, resolvió hacer lugar a la medida cautelar ante la acción promovida por el presidente provisional del Senado. AntecedentesLa resolución judicial determina «hacer lugar a la medida cautelar solicitada, por un plazo de 3 meses, y en consecuencia, ordenar a la Dirección Nacional de Vialidad Y Corredores Viales SA, para que realicen de forma inmediata tareas de mantenimiento mínimo indispensables, tales como iluminación, señalización horizontal y vertical, bacheo provisorio, limpieza, reparación y acondicionamiento de banquinas y desagües», en el tramo vial señalado de aproximadamente 50 kilómetros. Además, el juez exige que «en el plazo de 10 días, acredite en estos autos inicio de cumplimiento». Cabe recordar que, a fines del pasado mes de diciembre, con el patrocinio de los abogados Hugo Parma y Arturo Ferrero, el accionante Felipe Michlig, en su doble carácter de senador provincial y de usuario habitual de la Ruta Nacional Nº 34, por tener domicilio en la localidad de Ambrosetti, Provincia de Santa Fe, llevó adelante la presentación ante la justicia. Su objetivo fue que se ordene a la demandada a «realizar, en forma urgente, inmediata y definitiva, la reparación integral y la presentación de un plan de operación y mantenimiento del tramo vial» ya citado. El objeto principal de la acción promovida en tribunales es «la reparación integral y la presentación de un plan de operación» lo cual «se resolverá al dictarse sentencia definitiva», explicó el abogado Parma. Agregó que «ahora se hizo lugar a la medida cautelar cuyo despacho se pidió en relación con las tareas más urgentes en el marco de la acción de amparo (en cuanto al mantenimiento)». La rotonda de ArrufóPor otra parte, también se recordó desde la oficina de prensa del senador radical que Michlig había solicitado, en carácter de urgente, un «permiso de uso» para que -ante la inacción del gobierno nacional- el gobierno de la Provincia de Santa Fe lleve adelante de inmediato obras viales necesarias, como la construcción de una rotonda, con su sistema iluminación, en la intersección de las rutas Nacional N° 34 y Provincial N° 39, en jurisdicción de la localidad de Arrufó, Provincia de Santa Fe». El senador llevó a cabo manifestaciones desde su banca en la Cámara, que incluyeron videos de accidentes graves, y tras su prédica narró que también que por fin la autorización había llegado. Ahora, el abogado que lleva adelante el reclamo ante la justicia explicó que hay un vínculo entre esos pedidos formales y la presentación ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela. El Dr. Parma dijo que el tema fue resuelto «al otorgar la DNV -en los días siguientes a la notificación del inicio de la demanda- el permiso para la realización de la obra, cuya inversión corre a cargo de la Provincia». Y al respecto su colega Ferrero explicó que «iniciamos en diciembre el amparo, ante la mora de la administración nacional y en enero la DNV autorizó la obra, por eso, cuando contestaron la demanda (luego de la feria judicial), dijeron que era una cuestión abstracta, pues ahí la autorizaron, pero lo hicieron luego de que presentamos el recurso de amparo», subrayó. Fuente: El Ciudadano
La Justicia de Corrientes resolvió imputar y otorgarle la prisión domiciliaria al abogado José Codazzi en la causa por la desaparición de “N” en la provincia de Corrientes. Durante su declaración, admitió que llevó a Josías Santos Regis y a su hijo en su camioneta particular hasta Goya. Las autoridades nacionales tuvieron que activar el Alerta Sofía. En la audiencia desarrollada este jueves, el juez Jorge Gustavo Vallejos decidió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía contra Codazzi, quien se encuentra imputado por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de menores en grado de partícipe necesario en concurso real. Asimismo, el magistrado hizo lugar a una medida de coerción menos gravosa planteada por la defensa y ordenó el arresto domiciliario del imputado hasta la realización del juicio, destaca el escrito del Poder Judicial de Corrientes. Sobre esta medida, informaron que deberá cumplirse en la vivienda ubicada en lacorrentina ciudad de Esquina, supo la Agencia Noticias Argentinas. Además, la resolución impuso una serie de condiciones y controles: Para el cumplimiento de lo dictado por el juez, se impuso comunicar la medida a distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos la Jefatura de Policía, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Registro Nacional de Reincidencia. La detención de Codazzi ocurrió el lunes pasado por la noche, a 24 horas del inicio de la búsqueda, luego de que en su declaración confirme que trasladó al padre y a su hijo desde Esquina hasta el municipio de San Isidro, en Goya.A su vez, explicó que la relación con Santos Regis surge de una defensa previa y que el sujeto le alquilaba la vivienda. Lo curioso de su participación es que también estuvo sospechado en el caso Loan Peña, el niño que se encuentra desaparecido desde junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes. En este caso, fue señalado por ser el abogado de Laudelina Peña (tía de Loan) y llevarla junto con el diputado Diego Pellegrini de noche hasta una fiscalía en la ciudad de Corrientes para que declare en el fuero provincial y señale que la desaparición del pequeño sucedió tras un accidente de auto. NA
El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, José Galassi, cuestionó con dureza a la Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial luego de que declarara la inconstitucionalidad del artículo 3 de la nueva ley de honorarios profesionales del Chaco. Según sostuvo, existe una “embestida” de un sector de la magistratura contra la norma sancionada recientemente por la Legislatura provincial. La polémica se desató luego de que los jueces Fernando Heñin y Diego Derewicki resolvieran que los honorarios de un caso debían regularse bajo la ley anterior, al considerar que aplicar la nueva normativa a procesos en trámite implica una retroactividad que afecta derechos adquiridos y vulnera garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad. En declaraciones a CIUDAD TV, Galassi aseguró que la resolución “implica un grave apartamiento al texto expreso de la ley vigente” y advirtió sobre una supuesta afectación a principios básicos del sistema republicano. “Ya venimos con maniobras desde un grupo de magistrados de nuestra provincia. Antes de la promulgación de la ley hubo un intento de veto parcial impulsado por la Asociación de Magistrados y ahora esto viene a ser un paso más de esa conducta inapropiada”, afirmó. El titular del Colegio de Abogados defendió la constitucionalidad del artículo cuestionado y remarcó que la ley 4228-C fue elaborada durante dos años con participación de las seis circunscripciones judiciales de la provincia. “La norma es clara y establece con absoluta claridad que la ley se aplica a todos los procesos en trámite que no tengan regulación firme y consentida. No afecta derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas”, sostuvo. Además, apuntó directamente contra el criterio adoptado por la Cámara y acusó a algunos jueces de extralimitarse en sus funciones. “Se quieren poner en paladines de legisladores para generar una ley paralela, la que ellos quieren cumplir. No están respetando a la Cámara de Diputados como poder independiente del Estado”, expresó. Galassi también cuestionó que la declaración de inconstitucionalidad carece de fundamentos sólidos y recordó que, según jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tipo de decisiones constituyen “el último recurso del orden jurídico”. “La Corte fue muy clara: la inconstitucionalidad solo procede ante una contradicción manifiesta e insalvable con la Constitución, y eso acá no ocurre”, señaló. Durante la entrevista, el abogado insistió en que la nueva ley busca “dignificar y jerarquizar” la labor profesional y actualizar honorarios que, según dijo, estaban “totalmente desfasados” frente a la realidad económica. “Esto viene a desnudar lo que desde el Colegio veníamos denunciando hace años respecto a la discrecionalidad que tenían algunos jueces con la regulación de honorarios”, afirmó. En otro tramo de sus declaraciones, Galassi negó que la actualización arancelaria limite el acceso a la Justicia y recordó que el Estado cuenta con defensorías públicas gratuitas para quienes no pueden afrontar la contratación de un abogado particular. “El acceso a la Justicia está garantizado. Nosotros somos abogados privados y acordamos con los clientes cómo se pagan los honorarios. Decir que esta ley perjudica a la gente es un argumento falso y sin fundamento”, sostuvo. Por último, adelantó que la próxima semana las instituciones de abogados de toda la provincia se reunirán en Presidencia Roque Sáenz Peña para avanzar en la conformación del Observatorio creado por la nueva ley, desde donde buscarán monitorear la aplicación del régimen arancelario.
El material bibliográfico está destinados a alumnos de primer grado. Un carpincho y un guacamayo rojo son los protagonistas de la historia didáctica para que los niños aprendan a leer y escribir, fortaleciendo la educación emocional. En un acto encabezado por la Ministra de Educación, Ana Miño, se realizó este jueves el lanzamiento oficial de “Tami y Peperina”, la bibliografía que utilizarán niños y docentes de primer grado en este ciclo 2026 para aprender a leer y escribir. Se trata de un libro de alfabetización inicial para primer grado, diseñado íntegramente por equipos técnicos correntinos, que tiene como objetivo central garantizar que cada niño del territorio pueda leer y escribir desde sus primeros años de escolaridad. Así, un carpincho y un guacamayo rojo, serán los protagonistas esta vez de una historia didáctica que los niños de primer grado tendrán de aliados para esa etapa fundamental en el aprendizaje. En el marco del acto de lanzamiento esta obra, la ministra Ana Miño destacó la importancia de la nueva herramienta pedagógica destinada a fortalecer los procesos de lectura y escritura en las escuelas primarias de la provincia. Durante su discurso, la funcionaria explicó que el material surge en el marco del programa “Corrientes Aprende” y remarcó que fue “íntegramente escrito y diseñado” por el equipo técnico del ministerio. “Es un trabajo propio, hecho por nuestro equipo y también pensado desde nuestra realidad, pensado en nuestros estudiantes y en nuestras escuelas”, expresó Miño.La ministra señaló además que este libro no solamente enseñará a leer y escribir, sino que incorporará contenidos vinculados a la educación ambiental, el desarrollo emocional y la identidad correntina. “Creo que todos sabemos que no hay desarrollo ni igualdad de oportunidades si no tenemos una base sólida en alfabetización”, sostuvo la titular de la cartera educativa, quien remarcó el compromiso del ministerio con docentes, equipos técnicos y familias para garantizar aprendizajes fundamentales. Presencia en el aula y alcance territorial La prioridad de este proyecto es su alcance provincial y su presencia efectiva en el aula. El material está destinado a los alumnos de primer grado de Corrientes. La entrega simbólica realizada a escuelas como la N°1 “Manuel Belgrano”, la Escuela del Centenario y el Instituto “Fe y Alegría”, entre otras, marca el inicio de una distribución masiva que busca que las hojas de este libro “cobren vida” en cada rincón de la provincia, transformando el desafío de enseñar en aprendizaje concreto. ¿Para qué un libro propio? El propósito de esta obra es fortalecer la alfabetización inicial como el pilar del pensamiento crítico y la ciudadanía. Bajo el marco del Plan de Compromiso por la Alfabetización, se pretende que este libro funcione como una guía pedagógica que combine la oralidad, la lectura y la escritura. A través de un enfoque integral, “Tami y Peperina” no solo enseña letras y sonidos (conciencia fonológica), sino que también fortalece la educación emocional y el conocimiento del entorno, preparando a los niños para un mundo letrado. Identidad y producción local Lo que distingue a esta bibliografía es su profundo sentido de identidad. Los protagonistas, Tami (una carpincho del Iberá) y Peperina (un guacamayo rojo), introducen a los alumnos en la educación ambiental y el cuidado del patrimonio natural. Producido por la Dirección de Planeamiento e Investigación Educativa, el libro representa un acto de soberanía pedagógica: es material creado por docentes correntinos para niños correntinos, asegurando que el derecho a la educación de calidad esté arraigado en la realidad local. Corrientes Hoy
Una muestra de fe inquebrantable, los peregrinos José Zacarías y Osmar Romero, este último reconocido en la comunidad itateña como el instructor de Taekwondo, culminaron con éxito una travesía en bicicletas que unió distancias geográficas y profundos sentimientos religiosos. Tras seis días de marcha, los devotos arribaron ayer jueves a su destino para encontrarse con la imagen de la Virgen gaucha de Luján y de la “Tierna Madre” de Itatí. La travesía comenzó el pasado viernes 1° de mayo, cuando ambos partieron desde los pies de la Basílica de Nuestra Señora de Itatí. Con el objetivo claro y el espíritu fortalecido, recorrieron un trayecto de casi mil kilómetros, enfrentando el cansancio físico propio de una marcha de tal magnitud, impulsados por la disciplina y la fe. El esfuerzo dio sus frutos al llegar junto a la Imagen de María de Luján y la Peregrina de Itatí, donde participaron de la celebración de la Santa Misa. Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió hacia el final de la liturgia, cuando el sacerdote celebrante nombró formalmente a los dos peregrinos ante la asamblea, destacando su sacrificio y el testimonio brindado durante estos seis días de camino. Corrientes Hoy/Noticias Itateñas