Por segunda rueda consecutiva, el rojo vuelve a aparecer en las pantallas del mercado financiero argentino. Luego de que las acciones y los bonos tuvieran un enero “ideal”, desde que arrancó febrero la tendencia cambió y tiende a la baja, en un contexto de clima internacional más adverso y la polémica que se generó en torno a la renuncia de Marco Lavagna al Indec. Este martes la Bolsa porteña cede 1,8% y cotiza en 3.050.886 unidades, equivalentes a US$2034 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,1%). En el panel principal, las mayores bajas de la jornada se observan en las acciones de Sociedad Comercial del Plata (-5,3%), Edenor (-4,4%) y Aluar (-4,3%). La tendencia es más notoria entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York, en sintonía con la caída que presentan los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Globant se hunden 12%, seguidos por Edenor (-5,3%), Irsa (-3,8%) y Mercado Libre (-3,7%). Mientras tanto, el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1445,54, equivalente a una baja diaria de $6,02 (-0,41%). De esta manera, quedó a una distancia del 8,5% del techo de la banda de flotación, que actualmente se ubica en $1569,40. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista cerró a $1465, una baja de $5 frente al cierre anterior (-0,3%). En cambio, el precio promedio del mercado es de $1467,88, de acuerdo con el relevamiento que hace el Banco Central (BCRA) sobre las principales entidades financieras del país. Los tipos de cambio financieros, en cambio, operan al alza. El dólar MEP aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1459,66, unos $9,43 más que ayer (+0,7%). El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1499,48, un incremento de $4,72 frente al cierre anterior (+0,3%). Los bonos soberanos operan en terreno negativo en casi toda la curva de vencimientos. Los Bonares muestran caídas del 0,88% (AL35D) y los Globales, de hasta 0,75% (GD46D). El riesgo país rebota una unidad y se ubica en 496 puntos básicos (+0,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. “La reacción inicial de los inversores a los ponderadores en el IPC está reflejando un limitado efecto en los instrumentos financieros. Esto podría estar anticipando que, de fondo, sigue el apetito, al priorizarse las mejoras desde la macro. La expectativa está puesta principalmente en la acumulación de reservas, en avances en el proceso de desinflación y en un repunte más generalizado en la actividad económica para sostener la confianza de los agentes”, dijo Gustavo Ber, economista de Estudio Ber. “La continuidad del proceso de acumulación de reservas resulta clave para profundizar la compresión del riesgo país y mejorar la percepción de solvencia de la Argentina. Existe una relación directa y significativa entre el nivel de reservas internacionales y el riesgo país. En su última emisión en los mercados internacionales, Ecuador presentaba un stock de reservas relativo y un nivel de riesgo país similares a los que exhibe actualmente la Argentina, lo que sugiere que una eventual salida al mercado podría encontrarse relativamente próxima”, señalaron desde la consultora económica Analytica. Sin embargo, este lunes el presidente Javier Milei expresó que por el momento el Gobierno no quiere volver a los mercados internacionales de deuda. En el plan oficialista, la intención es buscar financiamiento mediante otras vías y tener una “escasez de bonos soberanos”, lo que permitiría acelerar la baja del riesgo país. La Nación
Autor: Redacción General
Así como pasó con el “IPC del Congreso” en el kirchnerismo, se difundirá el cálculo de inflación con la canasta suspendida. Un riesgo político y económico. El gobierno ya está constatando en carne propia el costo de haber pospuesto la aplicación del nuevo IPC para el momento en que -según la definición de Toto Caputo- “el proceso de desinflación esté consolidado”. Y ese costo es la pérdida de credibilidad, algo potencialmente grave para un presidente que, como Javier Milei, ha declarado que la baja de la inflación es la “job description” que le encomendó el electorado. Ni bien se conoció la noticia de la salida de Marco Lavagna del Indec y la justificación de Caputo, comenzó a verse en los medios y las redes sociales una catarata de críticas por parte de economistas de todas las tendencias, que le reprochaban a Caputo el haber supeditado un cambio metodológico a una cuestión de oportunismo político. Peor aun, dirigentes políticos vinculados al kirchnerismo, que en su momento habían avalado tácitamente la falsificación estadística que se hizo en el Indec entre 2007 y 2015, no perdieron la oportunidad y también se sumaron a la acusación de que “la inflación la dibuja Caputo”. La polémica recién empieza, e implica varios riesgos y situaciones políticamente incómodas para el gobierno. Una situación altamente probable es que economistas independientes empiecen a publicar todos los meses el IPC calculado sobre la base de la nueva canasta cuya aplicación quedó en suspenso. El lunes, después de las declaraciones de Caputo, corrieron versiones en el sentido de que, con el cambio estadístico, el IPC de enero daría una cifra superior al 2,8% de diciembre -se habla incluso de hasta un 3,4%-, mientras que, según adelantó el propio ministro, con la metodología vigente habrá un IPC de 2,5%. El cálculo con la metodología nueva no es difícil de hacer: basta con tomar las mismas variaciones de la canasta del Indec pero cambiando las ponderaciones. Así, por ejemplo, el rubro “vivienda, electricidad, gas y otros”, que se calcula como un 9,4% del presupuesto familiar, pasaría a tener una ponderación de 14,5%. De la misma manera, la categoría “comunicaciones”, donde se incluye la conexión a internet y telefonía móvil, pasaría a significar un 5,1% de la canasta, lejos del 2,8% que se refleja hoy. En sentido contrario, el rubro de alimentos, tradicionalmente el de mayor peso en el presupuesto familiar, pasaría del actual 26,9% a un 22,7%. Estos cambios llevan inevitablemente a una suba del IPC en un momento de la economía en el que los servicios están aumentando más rápido que los bienes. Dicho en palabras de Caputo, todavía no se completó el cambio de precios relativos -sobre todo, por la necesidad de una mayor suba de tarifas de servicios públicos, algo imprescindible para que no se ponga en riesgo el equilibrio fiscal. El potencial de un índice paralelo Hasta ahora, se han hecho esos cálculos, aunque no han tenido gran difusión. En 2024, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%. Mientras que en 2025, el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%. La mayor diferencia del primer año de la gestión Milei obedece a que fue un momento de fuerte suba de tarifas -aumentaron un 248% frente a 94% del rubro alimentos-. Al aplicar una canasta con mayor ponderación de bienes que se servicios, ese “tarifazo” se ve atenuado en el promedio. Pero si se hubiese aplicado la nueva metodología, el IPC habría reflejado con mayor fidelidad el impacto en el presupuesto familiar. En 2025, en cambio, los aumentos fueron más uniformes entre los rubros de la canasta, por lo que no hay una diferencia significativa entre la metodología vieja y la nueva. Pero, para 2026, hay posibilidades de que la situación se torne más parecida a la de 2024. Todavía hay un margen de suba de los servicios públicos y precios regulados, que había estado relativamente contenido en el último trimestre y que empezará a sentirse a partir de febrero. Es decir, hay probabilidad de que en 2026 el IPC con la nueva canasta arroje cifras más altas que las de la metodología vigente. Crisis política a la vista Y la oportunidad política está al alcance de la mano para cualquier crítico del gobierno: elaborar todos los meses un “IPC blue” que refleje cuál es la inflación “paralela” a la del relevamiento oficial. No sólo es fácil de hacer, sino que resulta tentador desde el punto de vista político. Y, por cierto, tiene un antecedente histórico con la “inflación del Congreso”. En el mandato de Cristina Kirchner, un grupo de diputados opositores, liderados por Patricia Bullrich, elaboraban un promedio de la inflación estimada por una serie de consultoras, e informaban todos los meses. En general, el número del Congreso daba más del doble del registro oficial del Indec. Y ese índice adquirió popularidad, al punto que se lo usó como referencia de ajuste de precio en varios rubros. El propio Axel Kicillof, siendo ministro, mostraba estadísticas en las que incluía la “inflación Pato Bullrich”. No era el único indicador alternativo. Otro de peso era el elaborado por los asesores económicos de la central sindical CGT. Para no entrar en polémica con Cristina, lo presentaban como “inflación de la góndola”, dando a entender que no necesariamente se mantenía la misma ponderación de la canasta del Indec. Lo cierto es que también ese índice daba más del doble del oficial, y se usaba de hecho en las negociaciones de ajuste salarial. ¿Qué pasaría ahora si se demorase varios meses la aplicación de la nueva canasta del Indec porque el gobierno considera que “no se completó el proceso de desinflación”, pero al mismo tiempo se hiciera público un indicador alternativo que gozara de mayor credibilidad que el IPC oficial? A juzgar por el antecedente histórico, sería un problema político grave. Si fuera cierto que el IPC de enero daba 3,4% con la nueva metodología, entonces se daría la situación
En un trabajo conjunto, la Administración Provincial del Agua (APA), la Municipalidad de Resistencia y la Policía del Chaco llevaron adelante un operativo de erradicación de un asentamiento y de un basural ubicados en un canal central de desagüe del Río Negro. Las tareas se desarrollaron en el asentamiento Ávalos, en la zona de proyección de calle Ávalos y avenida Martina, donde se desplegó maquinaria pesada y camiones municipales para la remoción de residuos y la liberación del canal obstruido. El operativo tuvo como objetivo principal mejorar el escurrimiento del agua, prevenir anegamientos ante lluvias intensas y reforzar las condiciones de salubridad, seguridad ambiental y orden urbano en el sector. Desde los organismos intervinientes destacaron la importancia de este tipo de acciones coordinadas para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de drenaje, proteger el ambiente y brindar mayor seguridad a los vecinos de la zona.
Máximo Pisetta Báez, chaqueño y vicepresidente del Movimiento Nacional Pyme (MONAPY), describió en detalle en CIUDAD TV el corazón del reclamo de las pequeñas y medianas empresas frente a la Ley de Bases y el DNU 70/2023. ”Aunque se habla de una ‘modernización laboral’, existe una brecha enorme entre lo que negocian las cúpulas y la realidad de una Pyme en el interior del país”, disparó. ”Lo mío es defender a la estructura productiva, defender al que trabaja, al que produce, al empresario y al empleado. Porque no estoy hablando de defender solo al empresario, sino también al empleado que es el que nos ayuda a ganar plata, para decirlo crudamente. Entonces, no hago una defensa del empresariado, pero claramente se necesita una reforma laboral”, explicó a modo de presentación. Representatividad y lobby El dirigente apuntó que los puntos clave de lo que se está debatiendo o pergueñando tiene las ausencias de organizaciones como el MONAPY, y sólo aparecen las representaciones del Estado, la Unión Industrial Argentinay la CGT. Se quejó con firmeza que las PyMEs, a pesar de representar el 99% de las unidades productivas en Argentina según datos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, a menudo quedan fuera de la “letra chica” que define su operatividad diaria. ”Claramente ustedes habrán leído o habrán visto quiénes estuvieron sentados en la mesa del diseño de la nueva reforma o de modernización laboral. Está sentados el sector de las grandes empresas y el sindicalismo. ¿Ustedes saben cuál es el el sector que más empleo genera?: las pymes. Y no estamos ni tenemos representación. O sea, estamos ausentes en el diseño, en la conformación de lo que vamos a hacer con la reforma laboral”, recisó Pisetta Báez. Reconoció que, ”la reforma busca atacar las multas por falta de registro de trabajo en blanco” -, lo cual alivia la contingencia del despido. Sin embargo, eso actúa sobre el final de la relación laboral. Indicando que el reclamo del sector que representa es conocer cuál es el incentivo que el gobierno propone para el inicio de la generación de trabajocon una medida apuntada a formalizar a los 10 millones de personas ‘en negro’. ”Hay un tema y si ustedes lo analizan se van a dar cuenta muy rápido. Es decir, somos el sector que genera el 43% del Producto Bruto Interno (PBI) que provoca siete de cada diez puestos de empleo y, por sobre todas las cosas, el sector que se encuentra generando riqueza y valor. Estamos hablando de un proceso que también ocurre allá en los últimos pueblitos de la Argentina profunda, y donde las grandes empresas llegan solo con sus productos, no producen”, resaltó el vicepresidente de MONAPY. Insistiendo en ratificar que, somos, digamos, el principal actor de la economía”. ”Nosotros no tenemos ni por cerca el poder de lobby que tienen las grandes empresas. Pero sí somos una montaña de hormigas que estamos diseminadas por todo el país y, obviamente, cada uno está haciendo lo que puede”, agregó. Admitiendo que cada firma Pyme no cuentan dentro de las mismas con una estructura jurídica y contable. ”Las grandes empresas tienen una conformación distinta, una espalda y músculo distintos, y así se juntan entre cinco o seis tipos y tienen un poder de lobby descomunal que pueden inclusive – y han hecho y lo muestra la historia argentina – poder cambiar gobiernos”, afirmó. El proyecto de Ley Integral Pyme del MONAPY Máximo Pisetta Báez, en ese sentido, enfocó sus apreciaciones sobre esta iniciativa sectorial que, a diferencia de la reforma general que busca el gobierno libertario, es una norma integral que apunta a atacar cinco factores claves: financiamiento, presión tributaria, burocracia, litigiosidad y la falta de incentivos a la contratación. ”Si no estamos sentados en el diseño del principal objetivo que tiene la Argentina, que es qué vamos a hacer con el empleo y los 10 millones de trabajadores en negro, lo que vemos es seguir generando más el empleo informal que el formal”, aseguró. Revelando que, ”nosotros vimos el borrador o lo que ya está plasmado y, más allá de algún que otro punto en el tema de la litigiosidad o la contingencia del despido, que ocurre cuando una relación laboral ya está plasmada o que ya se produjo, no vemos nada que podamos decir que a partir de ahora se generarán dos millones de puestos de empleo por año. No hay en esta reforma nada de eso”. ”Dentro del MONAPY habíamos divisado y realizado un estudio profundo con el equipo técnico donde se logró sacar a la luz que los problemas troncales que atravesaban a todo el sector, desde el pizero al de la metal mecánica, a todos. Eran cinco puntos cruciales”, lamentó. El contexto recesivo El dirigente empresario recordó, además, los datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) que confirman que la caída del consumo y la falta de crédito están golpeando la estructura productiva, provocando el cierre de miles de unidades en los últimos meses. ”La gran pregunta que queda en el aire es si el Gobierno abrirá canales para que el sector que genera el 70% del empleo tenga voz propia en el Congreso Nacional”, resaltó. ”Yo no vengo ni soy la contra para nada, y quiero que a Milei le vaya bien, pero necesitamos en la Argentina generar producción y trabajo. Porque hay una cuestión muy simple, muchachos: no hay forma de que un país pueda salir adelante sin industrias y sin producción”, finalizó Pisetta Báez.
Desde el Departamento de Antecedentes Personales informaron los valores de los distintos certificados y trámites administrativos, que incluyen antecedentes personales, verificaciones vehiculares, peritajes y documentación vinculada a empresas de seguridad privada. La medida alcanza a una amplia gama de gestiones habituales realizadas por la ciudadanía y forma parte de la adecuación de costos prevista para el año en curso. Nuevos valores vigentes desde el 1 de febrero de 2026 Certificado de conducta: $2.880 Certificado de domicilio: $1.728 Información sumaria: $2.304 Actas por colisión de tránsito: $8.640 Verificación de automóviles y similares: $9.600 verificación de motos y similares: $4.800 Verificación fuera de planta: $17.280 Grabado RPA: $4.800 Grabado RPM: $2.400 Informes sobre peritajes de motos: $2.400 Informes sobre peritajes de autos: $4.800 Constancias de peritajes para revisión técnica: $4.800 Oficios de vehículos y motos secuestrados por el municipio: $2.400 Visado del certificado de aptitud psicofísica del personal de empresas de seguridad privada: $5.760 Examen de aptitud psicofísica con visado del certificado para empresas de seguridad privada: $17.280 Desde el organismo remarcaron que el incremento alcanza, entre otros, a los certificados de domicilio, información sumaria, antecedentes personales y verificaciones, e instaron a la comunidad a tener en cuenta los nuevos valores al momento de iniciar los trámites correspondientes durante el 2026.
El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) aprobó una adecuación presupuestaria del 211,27% para un proyecto de infraestructura de internet en barrios populares presentado por la empresa ARGENGRAFT, elevando el financiamiento total del Aporte No Reembolsable a 888 millones 639 mil 908 pesos. La Resolución 17 de 2026, publicada hoy en el Boletín Oficial y a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, destina 538 millones 886 mil 968 pesos a los ítems pendientes de ejecución del Plan de Inversiones del proyecto correspondiente al período noviembre 2023 – noviembre 2025, presentado por ARGENGRAFT Sociedad de Responsabilidad Limitada, con CUIT 30-71137089-3. El proyecto había sido aprobado originalmente mediante Resolución del ENACOM 1.656 de 2023, que adjudicó a la firma un Aporte No Reembolsable de 349 millones 752 mil 940 pesos para su ejecución en el marco del Programa para el Desarrollo de Infraestructura para Internet Destinado a Villas y Asentamientos Inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, conocido como Programa RENABAP. De acuerdo con los considerandos de la norma, la firma presentó la solicitud de adecuación acompañando los presupuestos actualizados relativos a los ítems aún no ejecutados, en cumplimiento de los lineamientos vigentes aprobados por Resolución del ENACOM 1.860 de 2022. Estos lineamientos establecen el procedimiento para la adecuación de los presupuestos asignados a los ítems del Plan de Inversiones. La Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo del ENACOM verificó la documentación presentada y determinó una variación del 211,27 por ciento, estableciendo que el monto de ajuste aplicable a los ítems pendientes asciende a los 538 millones 886 mil 968 pesos, de acuerdo con lo previsto en el punto 10 de los lineamientos aprobados. El Programa RENABAP fue aprobado mediante Resolución del ENACOM 726 de 2020 y prorrogado por Resolución 1.409 de 2022. La convocatoria para la presentación de proyectos de despliegue y mejora de redes de acceso a internet de banda ancha en barrios y asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares fue establecida mediante Resolución 950 de 2020, y su vigencia fue modificada a través de las Resoluciones 159 de 2021, 370 de 2021, 1.736 de 2021 y 1.409 de 2022. El Pliego de Bases y Condiciones que rige estos proyectos fue sustituido por Resolución 1.967 de 2022, que estableció que los proyectos adjudicados bajo las resoluciones previas continuarán rigiéndose por el Pliego vigente al momento de su adjudicación hasta la finalización de los mismos. El Decreto 6 de 2025 ordenó la disolución del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, manteniendo vigente la política pública prevista por la Ley 27.078 y la obligación de realizar los aportes correspondientes. Posteriormente, la Resolución del Enacom 3 de 2025 estableció que los licenciatarios de servicios TIC deben continuar realizando el aporte según la forma y mecanismos utilizados, y el Decreto 312 de 2025 asignó al Enacom la recaudación y administración de dichos fondos.
El Ministerio Público de París confirmó que el registro de la sede tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social. La sede de la red social X fue allanada por las autoridades francesas que, además, citaron a Elon Musk para que comparezca ante la Justicia el próximo 20 de abril para un interrogatorio. Así lo anunció la Fiscalía de Francia en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas y la investigación que está a cargo de la Dirección General de la Gendarmería Nacional (DGGN), se produce tras dos denuncias realizadas el 12 de enero de 2025 y el 9 de julio de 2025, respectivamente. “Se han enviado citaciones para audiciones voluntarias el 20 de abril de 2026, en París, al señor Elon Musk y a la señora Linda Yaccarino”, informó la fiscalía de París en el escrito. La investigación se inició a principios de 2025 y la misma busca determinar la responsabilidad de la empresa en la manipulación algorítmica que afecta el debate democrático, así como su presunta complicidad en delitos graves que incluyen la difusión de pornografía infantil y la propagación de contenido negacionista a través de su inteligencia artificial, Grok. En tanto, medios internacionales destacan que el Ministerio Público de París confirmó que la entrada y registro en la sede nacional de X tiene como objetivo recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de la red social y, además, se citó a Musk y a Linda Yaccarino para el próximo 20 de abril de 2026 bajo la figura de audición voluntaria. Según la fiscal Laure Beccuau, este procedimiento busca ofrecer a los directivos la oportunidad de explicar su postura y detallar las medidas de cumplimiento normativo que pretenden implementar para ajustarse a la legislación local.
En declaraciones a CIUDAD TV, el veterinario Javier Aranda explicó cuáles son las precauciones que se deben tener con las mascotas durante las jornadas de temperaturas extremas. El veterinario Javier Aranda aseguró que para hacer frente a las temperaturas extremas en esta parte del país y evitar los golpes de calor las mascotas deben tener “los mismos cuidados que los adultos mayores o los niños”. “Muchas veces los de pelaje negro son mucho más propensos a tener los golpes de calor porque el color negro y el color oscuro absorben mucho más la luz”, explicó el especialista. En ese sentido, recordó que “los perros no transpiran, no sudan como nosotros”. “Los perros eliminan el calor o la sudoración a través de la respiración y de los pulpejos y muchas veces ese problema se ve superado con la temperatura del cuerpo cuando tienen un golpe de calor que sube demasiado la temperatura del cuerpo, no pueden eliminar la suficiente cantidad de calor a través de la respiración y entonces ahí es donde empieza el problema”, describió Aranda. El veterinario desaconsejó rapar a las mascotas al advertir que “muchas veces ese pelo largo forma como una capa aislante de la temperatura externa y cuanto más mullida, más aislante es”. “Muchas veces si nosotros se lo cortamos lo estamos exponiendo al animal al calor externo entonces yo no recomiendo el corte de pelo, sobre todo en el verano”, subrayó. Admitió que si se trata de una cuestión estética, “le pegamos una cortada de pelo al perro, le rebajamos un poco y podemos mantenerlo así pero no al ras de la piel porque encima muchas veces se producen lesiones en la piel y sobre todo la máquina lo que hace es irrita esa piel”. Noticia en desarrollo…
Un cuerpo de 40 brigadistas forestales con autobombas, camionetas y UTVs ya trabajan en la zona. Fue a pedido de la Agencia Federal de Emergencias. Axel Kicillof envió un contingente de brigadistas y equipamiento pesado para combatir el fuego en Chubut. A pedido de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el gobierno provincial desplegó un operativo de asistencia inmediata para colaborar en la extinción de los incendios forestales que afectan al sur del país. El ministerio de Seguridad movilizó un cuerpo de 40 combatientes especializados en incendios forestales. Según se informó, este equipo de élite está compuesto por motosierristas, motobombistas y personal táctico, todos certificados y equipados para operar en terrenos de alta complejidad y difícil acceso. El despliegue busca garantizar la efectividad del operativo en la compleja topografía de Chubut. Además, la provincia de Buenos Aires envió una flota de 17 vehículos adaptados para la emergencia. El parque automotor desplegado incluye 14 camionetas para transporte rápido y logística. Un camión autobomba 4×4 URO diseñado específicamente para penetración profunda en terrenos hostiles y dos vehículos UTV con kit forestal, esenciales para llegar a las “zonas rojas” donde los vehículos convencionales no pueden acceder. El contingente bonaerense tiene como objetivo prioritario el incendio de Puerto Patriada y el sector de Laguna Villarino, en Chubut, donde el comportamiento del fuego tiene comportamiento extremo. Allí, las altas temperaturas del fin de semana con fuertes ráfagas de viento complicaron aún más el comportamiento del fuego. El gobierno de Ignacio Torres decidió en las últimas horas cortar la ruta provincial 71 desde el tramo Cholila hasta el empalme con la ruta nacional 40. En tanto, el incendio en Puerto Patriada continúa contenido en un 85%, de acuerdo al informe emitido este domingo por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego del Chubut. El organismo precisó que el sector del arroyo El Blanco permanece activo en todo su perímetro. Desde el gobierno señalaron que la situación se volvió especialmente compleja luego de las 16 horas del domingo, cuando el aumento repentino del viento generó reactivaciones severas. “Esta colaboración constituye un ejemplo de solidaridad y profesionalismo en el marco de la emergencia climática que afecta la región patagónica”, destaca el informe oficial de la operación, subrayando la capacidad operativa de las instituciones de emergencia bonaerenses para actuar más allá de sus fronteras. LPO
Durante enero de 2026, los vencimientos de títulos públicos provinciales alcanzaron un total de $ 417.856 millones, presentando una variación del 0,5% interanual en términos reales y -60,1% respecto al mes previo. Chaco enfrentó el mes pasado vencimientos por $ 37.313 millones y colocó un bono y Letras por unos $ 94.418 millones, según el informe de la Consultora Politikón. Visto por el tipo de servicio enfrentado, el 78% de los pagos correspondientes a amortización de capital y el 22% a intereses. Por su lado, al observar por tipo de instrumento, el 67% de los vencimientos fueron por Letras y el 33% a Bonos; finalmente, visto por moneda de pago, el 63% de los pagos fueron en pesos y el 37% en dólares. Vencimientos de títulos públicos, por jurisdicción La provincia de Buenos Aires concentró el 50,1% del total de los vencimientos de títulos públicos provinciales de enero por un total $ 209.532 millones que surgen de pagos de dos instrumentos en pesos (Letras LBE26 y LBO26); en segundo lugar quedó la provincia de Córdoba con vencimientos por $ 66.417 millones (15,9% del total) por vencimientos instrumentos en dólares (CO26 y CO32D). La provincia de Chubut se ubicó en el tercer lugar con vencimientos por $ 43.857 millones (10,5% del total) por pago de servicios del bono en dólares (PUL26); la provincia de Neuquén le sigue en el ranking con $ 37.341 millones (8,9% del mes) que derivan del pago de servicio de capital y renta de una Letra en dólares (BNA26). La provincia del Chaco enfrentó vencimientos por $ 37.313 millones (8,9% del total) por dos pagos de un Bono local (BLL26) y tres Letras de Tesorería (BLE26, BL2E6 y BL3E6); y la provincia de Entre Ríos por otros $ 12.027 millones (2,9%) de dos bonos en pesos (ERL26 y ERE27). Más atrás, se posicionó la provincia de Tierra del Fuego con vencimientos por $ 8.364 millones (2,0%) por pago de servicios de su bono internacional en dólares (TFU27) y la provincia de La Rioja con $ 2.472 millones (0,6%) por tres bonos en pesos (PROR3, RIE27 y RIL32), estos dos últimos nominados en dólares pero pagaderos en pesos.Finalmente, Misiones y Río Negro registraron vencimientos menores y entre ambos explican solo el 0,1% del total del mes (por $ 534 millones). Vencimientos en moneda extranjera En el mes de análisis, cuatro provincias enfrentaron vencimientos en moneda extranjera. CÓRDOBA. Bonos en dólares CHUBUT. Bono en dólares NEUQUÉN. Letras en dólares TIERRA DEL FUEGO. Bono en dólares De este modo, el total efectivamente pagado en moneda extranjera (dólares en todos los casos) durante enero 2026 fue por USD 107.735.520 (37% del total del mes). Emisiones de títulos públicos provinciales. Enero 2026 Por otro lado, en enero de 2026 solo dos provincias realizaron colocaciones en el mercado por un total de $ 361.574 millones (-21,7% real interanual y -84,6% real mensual). En ese marco, la provincia de Buenos Aires explicó el 74% de las colocaciones del mes por un total de $ 267.156 millones que surgen de la colocación de tres Letras del Tesoro (todas a descuento). Luego, la provincia del Chaco colocó unos $ 94.418 millones (26% del mes) correspondiente a un bono en pesos (TAMAR con margen); y tres reaperturas de Letras de Tesorería. Politikón Chaco
El inicio de la construcción del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico abre una oportunidad estratégica para fortalecer la economía local y optimizar el uso de los recursos destinados a la salud. El avance de la obra del Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico (IACCO) no solo representa un paso fundamental para ampliar el acceso a la salud en la provincia, sino que también abre un escenario de impacto económico positivo para el Chaco. Actualmente, una parte significativa de los recursos destinados a la atención de patologías cardiológicas y oncológicas de alta complejidad se canaliza a través de derivaciones a centros ubicados en otras provincias. Esos traslados implican costos elevados asociados a prácticas médicas, logística, alojamiento y transporte, que hoy se realizan fuera del territorio chaqueño. La construcción de IACCO comienza a sentar las bases para revertir esa dinámica. Al contar con un centro de alta complejidad en la provincia, una porción sustancial de esos recursos podrá permanecer y circular en la economía local, fortaleciendo el sistema de salud y generando un efecto multiplicador en distintos sectores vinculados a la actividad sanitaria, científica y tecnológica. En ese sentido, el proyecto se inscribe en una mirada integral del desarrollo: invertir en salud también es invertir en eficiencia, en uso responsable de los recursos y en crecimiento económico. La obra del IACCO habilita un modelo que busca mejorar la atención médica y, al mismo tiempo, contribuir a un sistema más sostenible para la provincia. Para transformar el sueño en realidad es fundamental el aporte de diferentes sectores que en forma colaborativa se suman para mantener el avance sostenido de una obra que permitirá fortalecer el sistema de salud de la provincia y la región. Con la obra ya en marcha, el Instituto comienza a consolidarse como una respuesta estructural a una necesidad sanitaria histórica y como una oportunidad para que el Chaco fortalezca su capacidad de resolver, dentro de su propio territorio, demandas que durante años debieron atenderse fuera de la provincia. El Instituto de Alta Complejidad Cardiológico y Oncológico es una institución privada sin fines de lucro impulsada por la iniciativa compartida referentes y profesionales médicos y la Fundación Los Dinosaurios, integrada por empleados y ex empleados del Nuevo Banco del Chaco, con el objetivo de dar respuesta a una necesidad histórica de la comunidad y fortalecer el sistema de salud provincial.
El intendente de Machagai cuestionó el proyecto oficial y pidió escuchar a todos los sectores para lograr una actualización normativa que proteja a los trabajadores y contemple las necesidades de las pymes. Desde el corazón productivo del Chaco, el intendente de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García, sentó postura en torno a la reforma laboral que impulsa el gobierno nacional en torno a la pidió seriedad y amplitud en el debate. “Sí es necesario actualizar nuestra legislación laboral, pero hay que hacerlo desde una perspectiva global y no a las apuradas como busca el gobierno libertario”, afirmó el referente peronista, marcando una postura proactiva pero firme en defensa de la sociedad. García, que viene de participar de la reunión en la que la Federación Argentina de Municipios (FAM) analizó la iniciativa, insistió en que no se puede sacar de manera improvisada y apresurada una ley tan crucial. “Atendamos las posturas de todos los sectores, de los trabajadores y de los empresarios, especialmente las pymes”, propuso, subrayando la necesidad de resguardar los derechos conquistados sin ignorar la urgencia de modernizar el marco laboral para formalizar a millones de trabajadores informales. García hizo hincapié en varios artículos del proyecto (126, 128, 130, 131 y 132) que ya han sido cuestionados seriamente por el empresariado por poco claros, limitar la productividad, atacar derechos laborales consagrados en la Constitución y propender a una mayor litigiosidad e inequidad. Su llamado se nutre del alerta emitido por la FAM, de la que forma parte, que advierte que el proyecto oficial “no genera empleos, sino que acelera despidos” y representa un retroceso histórico. Sin embargo, “Juanchi” amplía el foco: también recoge los reparos de las cámaras empresarias chaqueñas, que señalan graves riesgos de imprevisibilidad y conflictividad en artículos clave del texto oficial. “Este proyecto, así como está, va contra derechos ya consagrados y podría generar más litigiosidad que la actual”, explicó el intendente, haciendo eco de las observaciones de FECHACO y la CAME sobre artículos que debilitan la negociación colectiva y abren espacio a desigualdades salariales.“Hay que mejorar la ley, pero dando perspectiva a todos. Propiciamos que el tema se discuta más en ámbitos que incluyan a las pymes”, enfatizó. García cerró con un principio rector: “Creemos firmemente en la actualización, pero sin improvisar. El resguardo del trabajador y sus derechos, junto a la protección del capital de las pymes y una modernización genuina, deben ser pilares irrenunciables de cualquier consenso posible”. De esta manera, “Juanchi” García, desde el interior profundo de la provincia, se pone al frente de un llamado al diálogo que busca evitar tanto la regresión como la precipitación.
El director del Hospital “4 de Junio” de Presidencia Roque Sáenz Peña, Jaime César Etchelouz, denunció que recibió amenazas de muerte a través de audios enviados por el secretario general de ATE, en el contexto de un conflicto administrativo que involucra a personal del hospital y la aplicación de normas laborales. El caso ya está bajo investigación judicial. Según la denuncia presentada por Jaime César Etchelouz ante la Comisaría Cuarta de la Ciudad Termal, los mensajes intimidatorios provinieron de Ricardo Luna, quien ocupa la secretaría general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Sáenz Peña. De acuerdo con lo reportado por medios locales, la disputa surgió a partir de una notificación administrativa emitida por el área de Recursos Humanos del hospital, donde se instaba a que cierto personal cumpliera con sus horarios laborales habituales al no contar con licencia gremial vigente. En la declaración policial, Etchelouz sostuvo que los audios enviados por Luna contenían expresiones directas que ponían en riesgo su integridad física. El funcionario dejó constancia de que las amenazas fueron explícitas y que los archivos de audio se encuentran a disposición de la Justicia como prueba del hecho. Tras evaluar la gravedad de la situación, el director solicitó formalmente una prohibición de acceso y acercamiento por parte de Ricardo Luna hacia su persona. El procedimiento policial incluyó la certificación de la denuncia y la recepción de los elementos probatorios aportados por Etchelouz. Las actuaciones ya quedaron a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación y analizar la posible adopción de medidas legales. El director expresó su intención de impulsar acciones penales contra el dirigente de ATE y dejó registro de la existencia de los audios intimidatorios. Infobae
Lo confirmó este lunes 2 de febrero el interventor de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC), será, según el funcionario, del 8% de impacto para los usuarios. Es cuando hay mayor demanda ya que está a pleno la temporada estival con temperaturas que ascienden hasta 40°. El interventor de la DPEC, Pablo Cuenca, fue consultado este lunes 2 de febrero en una radio de la ciudad de Corrientes por un aumento de la tarifa eléctrica en la provincia y confirmó que habrá una variación en la tarifa eléctrica a partir de este mes. Explicó que el viernes pasado (30 de enero) la Secretaría de Energía de la Nación publicó los nuevos precios estacionales, lo que implica un incremento aproximado del 8% en la tarifa final para los usuarios, mientras que el precio mayorista de la energía sube alrededor de un 20%. “El ajuste no lo dispone la Provincia, sino el Estado nacional. Es parte del esquema de actualización mensual que se viene aplicando desde hace más de un año”, aclaró. Hay que recordar que el último bimestre de 2025: noviembre y diciembre ya se habían aplicado subas de alrededor del 15%. Corrientes Hoy
Las asociaciones patronales y la CGT llegaron a una coincidencia inesperada: lo ideal sería que la reforma laboral pase para marzo, para poder tratarla con tranquilidad en las sesiones ordinarias del Congreso. Las entidades empresarias temen que una aprobación exprés deje flancos que deriven en más litigiosidad, mientras el peronismo espera a los gobernadores. Son demasiados los puntos importantes que siguen en el aire. El titular de la CAME, Ricardo Diab, reclamó la semana pasada al gobierno modificaciones nada menos que en uno de los artículos que definen el espíritu del proyecto, el de la ultraactividad de los convenios colectivos. Explicó que la eliminación de esa cláusula implicaría “la caída de los convenios laborales y empezar de nuevo a reformularlos” para que “después, lógicamente, el Estado lo homologue o no”. “Sabemos que hay muchos convenios que seguramente están muy desactualizados, pero en el caso nuestro lo actualizamos continuamente y no tenemos conflicto alguno, no vemos necesidad de tener que darle baja y empezar todo de nuevo”, argumentó. Diab comentó en ese reportaje que también reclamaban cambios al gobierno en otros cinco artículos de la ley y que esperaban respuesta sobre esas solicitudes. Fuentes de la CGT deslizaron a LPO que esos pedidos de los empresarios podrían colocarlos en la misma senda, en la búsqueda de posponer el debate de la reforma para las sesiones ordinarias. Para las patronales, dicen en Azopardo, no sería confiable un tratamiento exprés de la reforma porque desataría una ola de litigios judiciales. En efecto, los sindicalistas y los opositores del Congreso ya se preparan para impugnar en la Justicia los aspectos más polémicos d ela reforma y por esto Patricia Bullrich se jactó ante los senadores que el Gobierno ya tenía el compromiso de “los camariatas” del fuero laboral, que rechazarán las impugnaciones a la norma. La opción de llevar la discusión a las sesiones ordinarias no es descabellada para los dirigentes gremiales porque, según deslizó un senador peronista, “admiten que hay cosas que se podrían conversar con el Gobierno”. Pero, además, los senadores dialoguistas tampoco se sienten cómodos con el apresuramiento de Patricia Bullrich por darle media sanción al proyecto la semana que viene. Una senadora dialoguista anticipó a LPO que no estará este martes en la reunión con la jefa de bloque libertario y los presidentes de las bancadas aliadas. “Ya hicimos nuestros planteos para los cambios y hasta que no nos respondan no vamos a ir”, hizo saber a sus interlocutores. El itinerario que fijó Bullrich parece demasiado ajustado: este martes la esperan sus pares del Senado, a excepción de los líderes de los bloques peronistas, en las oficinas de la UCR para que conteste si Diego Santilli y Luis Toto Caputo aceptan las modificaciones formuladas. Y para el miércoles, la exministra de Seguridad deberá llevar el saldo de su conversación con los senadores a la mesa política del gobierno. Los gobernadores, por su parte, tienen reservada la sala del CFI también el miércoles. El peronismo espera el resultado de ese encuentro para saber cuántas voluntades puede juntar en recinto para frenar la reforma o, en todo caso, si cuenta con fuerza suficiente para retacear el quórum. José Mayans cuenta con un piso de 28 legisladores, si todos están alineados en medio de tensiones y diferencias internas cada vez más agudas, y solo puede bloquear las intenciones del oficialismo si se pliegan los senadores que responden a los gobernadores. El formoseño habría sido claro con los enviados de los gobernadores que se acercaron para pedirle ayuda por la emergencia ígnea en la Patagonia. “Ustedes vienen a pedir solidaridad para conseguir 20 mil millones por los incendios pero le regalan a Milei 12 mil millones con la reforma laboral”, habría respondido. Como sea, también hay legisladores del oficialismo que observan con preocupación la reforma laboral, por sus inconsistencias técnicas y la debilidad con que nacería si se promulga sin un debate profundo entre los sindicatos y las patronales. La Política Online
La empresa energética reitera a la comunidad una serie de recomendaciones fundamentales para prevenir incendios y evitar daños en la infraestructura eléctrica, recordando que prevenir es cuidar a todos y que evitar el fuego es una responsabilidad compartida. Desde la empresa advirtieron que la quema de pastizales, residuos o basura en zonas cercanas a líneas eléctricas representa un riesgo grave, ya que los incendios pueden provocar daños en transformadores, cables y postes, generando cortes del suministro que afectan a miles de chaqueños. En ese sentido, se solicita a la población no realizar quemas de ningún tipo y mantener limpios los alrededores de las líneas eléctricas, postes y subestaciones, especialmente durante períodos de altas temperaturas y sequía, cuando el riesgo de incendios se incrementa considerablemente. Asimismo, Secheep recuerda que ante la detección de cualquier foco de incendio es fundamental dar aviso inmediato a los organismos de emergencia correspondientes: 911 -Policía, 100 -Bomberos y 103 -Defensa Civil. “El cuidado de la infraestructura eléctrica es clave para garantizar un servicio seguro y continuo para todos los usuarios”, señalaron desde la empresa, remarcando la importancia del compromiso ciudadano para prevenir situaciones que ponen en riesgo tanto el suministro eléctrico como la seguridad de las personas.
El presidente de Estados Unidos ha exigido a la Universidad de Harvard una compensación de 1.000 millones de dólares en concepto de «daños y «perjuicios» después de que el diario The New York Time informara que el Gobierno había desistido de pedir 200 millones al centro universitario para acabar con el contencioso que mantienen. En un mensaje en su red Truth Social publicado la pasada madrugada Trump aseguró que «el artículo del New York Times sobre la Universidad de Harvard fue completamente erróneo». Y en otro inmediatamente anterior, tras insultar al responsable de la prestigiosa Universidad, señala que «ahora estamos exigiendo mil millones de dólares en daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver, en el futuro, con la Universidad de Harvard». Enfrentamiento entre Trump y Harvard El enfrentamiento de Trump con la Universidad de Harvard se inició con el comienzo de su segundo mandato en la Casa Blanca, cuando el mandatario decidió congelar más de 2.000 millones de dólares de fondos federales concedidos al centro por realizar una supuesta política antisemita. La medida, que también afectó a otros centros universitarios, fue revocada judicialmente, lo que animó a Trump a seguir presionando a Harvard con demandas aunque, según The New York Times, el Ejecutivo finalmente se había rendido. «Exijo que los imbéciles que arruinaron el Times, que cambien su historia de inmediato. ¡VEAN LA VERDAD A CONTINUACIÓN! Además, al igual que con los resultados electorales, mal anunciados por el Times, donde se equivocaron por completo, ¡mis resultados en las encuestas son excelentes! La cobertura del New York Times sobre mí es deliberadamente errónea. ¡Pronto veremos cómo me va en mi demanda contra estos estafadores! ¡NOTICIAS FALSAS!», precisó Trump. Según el presidente estadounidense, la «Universidad de Harvard, fuertemente antisemita, ha estado alimentando con muchas ‘tonterías’ al New York Times. ¡Harvard se ha portado muy mal durante mucho tiempo!». En su opinión, la Universidad «quería implementar un concepto complejo de capacitación laboral, pero fue rechazado por ser totalmente inadecuado y, en nuestra opinión, no habría tenido éxito». Para Trump, debería ser un caso penal Para Trump, su contencioso con Harvard «debería ser un caso penal, no civil, y Harvard tendrá que asumir las consecuencias de sus fechorías» y por eso le exige una compensación de 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros) al tiempo que le recuerda que su actividad docente «depende de la financiación federal». Harvard es una de las universidades que han visto amenazada su financiación por los informes del denominado ‘Grupo de trabajo federal para combatir el antisemitismo’ creado por Trump, organismo que le acusa de ‘discriminación positiva’ y de no dar cabida a lo que el Gobierno califica como «diversidad de ideas». A principios de 2025 el Gobierno de Trump exigió a Harvard supervisar sus admisiones, la contratación y la ideología de los estudiantes y el personal, algo a lo que la universidad se negó, lo que propició la congelación de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales para la entidad. Harvard interpuso una demanda en la que argumentó que el recorte de fondos afectaba a programas de investigación médica, científica y tecnológica, y Trump redobló su presión intentando prohibir al centro la matriculación de estudiantes extranjeros, medida que fue también bloqueada por la institución. EFE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes. Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubái y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno. Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años. Para ello, ha explicado que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores. Sánchez ya había anunciado su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes ha concretado las medidas que va a poner en marcha su Gobierno. Así, ha asegurado que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de las que son responsables. Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posibles infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram. Sánchez ha anunciado igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado «una huella de odio y polarización». De la misma forma, el presidente del Gobierno ha informado de que España se ha unido a cinco países europeos en la ‘Coalición de los Dispuestos Digitales’ para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales. Según el presidente del Gobierno, la primera reunión de esta coalición se va a hacer efectiva en los próximos días. Sánchez ha considerado necesarias esas medidas y ese esfuerzo conjunto debido a que las redes sociales se han convertido en «un estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio». TikTok acusado de tolerar cuentas maliciosas Como ejemplo, ha recordado que TikTok ha sido acusado de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial, Instagram de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo, y Facebook se ha usado para «desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales». También ha lamentado que la semana pasada el propietario de ‘X’, Elon Musk, «a pesar de ser emigrante, ha utilizado su cuenta personal para amplificar desinformación sobre una decisión soberana» del Gobierno español, la regularización de medio millón de inmigrantes. Por todo ello ha insistido en que es necesario «recuperar el control» y asegurarse de que las plataformas cumplen las normas como todos los demás, algo que ha admitido que no va a ser fácil porque las redes sociales y sus empresas son más ricas y poderosas que muchos países, incluida España. «Pero su poder y su influencia no nos deben dar miedo, porque nuestra determinación -ha añadido- es mayor que su riqueza». En la misma línea, ha garantizado que España va a tener «tolerancia cero» en estas cuestiones y va a defender su soberanía digital. EFE
ProPublica identificó a los dos efectivos de la Patrulla Fronteriza implicados en la muerte de Alex Pretti, en un caso que profundizó las críticas al despliegue ordenado por Donald Trump. Una investigación del medio ProPublica reveló la identidad de los dos agentes del ICE involucrados en la muerte de Alex Pretti, un enfermero de terapia intensiva, baleado por la espalda durante un operativo en Minneapolis. El hecho reavivó la polémica por el despliegue federal impulsado por Donald Trump en ciudades gobernadas por demócratas. El medio de investigación sin fines de lucroi dentificó este domingo a los dos efectivos que participaron del operativo en el que, el pasado 24 de enero, Pretti recibió diez disparos por la espalda. La publicación se conoció luego de varios días de hermetismo oficial, en los que las autoridades migratorias se negaron a difundir los nombres de los agentes involucrados, una decisión que desató una fuerte controversia política e institucional en Estados Unidos. Origen latino De acuerdo con la investigación periodística, los agentes son Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35. Ambos son de origen hispano y fueron enviados a Minnesota desde el sur de Texas como parte de la Operación Metro Surge, un despliegue federal ordenado por la Casa Blanca para reforzar la presencia de fuerzas migratorias en ciudades bajo gobiernos demócratas. Según los datos recopilados por ProPublica, Ochoa ingresó a la Patrulla Fronteriza en 2018, mientras que Gutiérrez se incorporó en 2014 y actualmente integra la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. El informe también aporta detalles sobre el perfil de Ochoa. Es diplomado en derecho penal y, de acuerdo con el testimonio de su exesposa, Angélica Ochoa, siempre manifestó su intención de trabajar en la Patrulla Fronteriza. Tras la separación de la pareja en 2021, el agente se convirtió —según ese testimonio— en un aficionado a las armas de fuego y llegó a poseer alrededor de 25 rifles, pistolas y escopetas. Ambos agentes se encuentran actualmente suspendidos de sus funciones, mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales por el episodio. El asesinato de Pretti se convirtió en la segunda muerte de un ciudadano estadounidense atribuida a fuerzas migratorias federales desde el inicio del nuevo operativo impulsado por el gobierno de Trump. El 7 de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) mató a tiros a la poeta Renée Good, también en el marco de protestas vecinales contra la presencia de unos tres mil agentes federales en la ciudad de Minneapolis. Tanto Pretti como Good participaban activamente de esas manifestaciones diarias, surgidas como respuesta al endurecimiento de la política migratoria y al aumento de los operativos en la ciudad. Cómo avanzan las pesquisas por el crimen del enfermero en Minneapolis Según reconstrucciones elaboradas a partir de testimonios y material audiovisual, Pretti se interpuso entre un grupo de agentes y una mujer a la que intentaban identificar. El enfermero portaba un arma, algo permitido por la legislación de Minnesota, pero no llegó a exhibirla ni a utilizarla. En una de sus manos sostenía su teléfono celular, con el que registraba el procedimiento. De acuerdo con la reconstrucción, los agentes lo redujeron, lo rociaron con gas pimienta y, una vez que ya estaba desarmado, efectuaron los disparos que le causaron la muerte mientras permanecía en el suelo. En los días posteriores al hecho, distintas figuras del oficialismo —entre ellas la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el jefe de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y el propio Donald Trump— atribuyeron inicialmente la responsabilidad de lo ocurrido a la víctima. Esas declaraciones generaron un amplio rechazo y derivaron en pedidos de explicaciones desde distintos sectores del Congreso. Legisladores demócratas y republicanos reclamaron mayor transparencia en la investigación y cuestionaron la rapidez con la que se emitieron definiciones oficiales cuando todavía no se habían esclarecido las circunstancias del tiroteo. En una nota aclaratoria incluida en su artículo, ProPublica defendió la decisión de publicar los nombres de los agentes. El medio sostuvo que pocas investigaciones requieren tanto escrutinio público como aquella en la que dos agentes enmascarados dispararon diez veces contra un hombre que ya estaba reducido en el suelo. En ese sentido, citó la opinión de congresistas, fiscales generales estatales y exfuncionarios federales, quienes coincidieron en que mantener en reserva la identidad de los agentes tras un tiroteo público constituye una desviación de los protocolos policiales habituales. A diferencia de lo ocurrido en el caso de Pretti, la identidad del agente que mató a Renée Good sí fue difundida por las autoridades. Se trata de Jonathan Ross, quien, según la versión oficial, disparó después de que la víctima intentara atropellarlo con su automóvil. Sin embargo, los videos registrados por testigos y por el propio agente muestran que Good intentaba alejarse del lugar. Sus últimas palabras, pronunciadas tras recibir tres disparos a quemarropa, fueron registradas por testigos y se convirtieron en un nuevo eje del debate público sobre el uso de la fuerza por parte de las agencias federales. Ámbito
Tal cual anticipó Ámbito, la recaudación tributaria de enero registró una caída del orden del 7,6% real anual, al totalizar $18,33 billones. El resultado, reportado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se explica por una fuerte baja de los ingresos del IVA en un contexto de menor actividad. En términos nominales, los ingresos crecieron 22%. De esta forma, la pérdida de recursos impactó en una retracción de los envíos de coparticipación de impuestos a las provincias del orden del 8%, lo cual complica las negociaciones con los gobernadores por la reforma laboral que contiene una rebaja del Impuesto a las Ganancias de las empresas. El organismo indicó que la caída se explicó por la merma en los ingresos de derechos de importación, comparado con el año pasado en el que hubo un fuerte incremento. De alguna manera admite que hay menos actividad que el año pasado: una economía que crece demanda más importaciones. En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), se reportaron ingresos por $6,2 billones, con una mejora nominal del 16,4%. El componente impositivo creció 28%, pero el componente aduanero cayó 7,6%. Por su lado, el Impuesto a las Ganancias aportó $3,4 billones, con un incremento del 32,4% nominal, lo que implica, en términos reales, casi la misma suma que el año pasado. El Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios también se mostró estancado en términos reales. Subió 31,9% en términos nominales hasta $1,4 billones. Este impuesto es sincrónico con la actividad del mes, a diferencia del IVA, que muestra lo producido por la facturación del mes anterior. Por otro lado, la recaudación de la Seguridad Social registró una leve baja. En términos nominales creció 27%, contra una inflación del período estimada en 32% (estimación de la Fundación Libertad y Progreso). Sumó $5,4 billones. El retraso de los salarios, junto con la caída del empleo registrado del sector privado, estaría generando la pérdida de recursos. En cambio, los derechos de exportación solo crecieron 21%, hasta $426.834 millones, también muy por debajo de la evolución de los precios. ARCA indica que influyó la rebaja de retenciones al agro. En tanto, los derechos de importación apenas subieron 14,8% nominal, por un total de $571.440 millones. Por otro lado, el Impuesto a los Bienes Personales generó un importe apenas testimonial de $54.758 millones, con un incremento nominal del 14,2%. Sexta caída consecutiva de la recaudación Según indica el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional total habría descendido un 7,4% real interanual durante enero de 2026. “Al excluir la recaudación por tributos vinculados al comercio exterior, la caída sería del 6%”, señaló el informe. “En enero de 2026 se registró la sexta caída real interanual consecutiva de la recaudación tributaria nacional total”. señaló el reporte Analizando por tributo, la recaudación que más habría caído sería la de derechos de exportación, que lo habría hecho en un 40,6% real interanual, donde incidió de manera negativa la eliminación de carga tributaria al sector agropecuario. Ámbito